México, como en Colombia en los 80

Anthony Placido, jefe de la DEA

J. JESúS ESQUIVEL

Ninguno de los capos mexicanos de la droga se siente verdaderamente amenazado por la guerra desatada en su contra por el gobierno de Felipe Calderón, porque les resulta fácil comprar protección de las propias autoridades, lamenta el jefe de Operaciones de Inteligencia de la DEA, Anthony P. Placido. Si bien afirma que México ganará esta lucha, advierte que antes de eso los ciudadanos "pagarán un precio alto" por la narcoviolencia. En entrevista con Proceso, Placido revela una de las preocupaciones actuales de Washington: las reiteradas alusiones a los nexos criminales de los colaboradores más cercanos del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

WASHINGTON.- Para la Agencia Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), la narcoviolencia y el grave problema de corrupción por narcotráfico en las más altas esferas del gobierno mexicano se deben a que "ninguno de los capos de los cárteles de la droga" se considera realmente en riesgo ante las acciones del presidente Felipe Calderón.Y "la razón principal por la que no se sienten amenazados es porque tienen un amplio poder de corrupción que les brinda un tipo de inmunidad, digamos, garantizada", explica Anthony P. Placido, el jefe de Operaciones de Inteligencia de la DEA, en entrevista con Proceso.Añade que el gobierno de Calderón se esfuerza para erradicar la corrupción por narcotráfico, pero acabar con esa práctica, dice, tomará tiempo y provocará luchas sangrientas."La situación que vive México en estos momentos es similar a la que se vivió en Colombia a principios de la década de los ochenta", afirma. Y vaticina: "El reto del gobierno mexicano es transformar una amenaza a la seguridad nacional en un problema que pueda ser resuelto por la policía civil. Y, desde nuestro punto de vista, ese es el rumbo que está siguiendo México, pero tomará tiempo y se requerirá de un mayor sacrificio de la gente en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Culiacán y otros puntos del estado de Sinaloa donde hay demasiada violencia. Allí la situación empeorará un poco antes de que se resuelva el problema".Placido refiere que la DEA incluso podría aceptar acuerdos con narcotraficantes mexicanos, similares a los que pactó en Colombia para facilitar que los capos se entreguen, aunque, dice, por ahora no ve condiciones para ello."Si están dispuestos a rendirse en términos que sean aceptables para nosotros, estaríamos felices de aceptar sus propuestas, (pero) ninguna de las organizaciones criminales mexicanas se rendiría en estos momentos, a menos que se sientan realmente amenazadas por las operaciones del gobierno mexicano."A finales de los años ochenta y durante casi toda la década de los noventa, varios capos de los principales cárteles de Colombia (Medellín, Cali y Norte del Valle) negociaron, por medio de la DEA, su rendición ante las autoridades estadunidenses."La gente que por años ha estado involucrada en el narcotráfico y acepta cooperar ofreciendo información y evidencias para resolver el problema, puede recibir una reducción en su sentencia, y eso, creo, es una de las formas más apropiadas para acceder a negociar con los narcotraficantes", subraya el encargado de planear y operar las acciones de la DEA contra el narcotráfico a escala mundial.
El inquietante García Luna
El narcotráfico en México, indica Placido, cuenta con un poder de corrupción gubernamental que le proporciona ventajas, lo cual le preocupa mucho al gobierno de Estados Unidos. Explica que por esa razón en el Congreso estadunidense hay voces que rechazan respaldar abiertamente a las autoridades mexicanas en una lucha común. De hecho, apunta, decenas de legisladores en el Capitolio se oponen ahora a darle a México los mil 400 millones de dólares pactados como parte de la Iniciativa Mérida."Nos preocupa, por ejemplo, que de manera constante se mencione que varios de los colaboradores más cercanos del secretario (de Seguridad Pública) Genaro García Luna podrían estar involucrados con grupos criminales como el de los (hermanos) Beltrán Leyva", acota, y evita dar nombres o más detalles sobre este rumor que inquieta al gobierno de Barack Obama.El jefe de Operaciones de Inteligencia de la DEA señala que, pese a ello, el gobierno de Obama confía en Calderón porque está actuando con transparencia y determinación en el desmantelamiento de las redes gubernamentales corrompidas por el crimen organizado."Honestamente, el gobierno de Estados Unidos no estaría invirtiendo mil 400 millones de dólares en la Iniciativa Mérida si no estuviéramos seguros de que se está moviendo en la dirección correcta", destaca Placido, que también fue jefe en México de la DEA:
–¿Cuál es el cártel más poderoso de México?
–La federación del cártel de Sinaloa es la más asesina y poderosa. Ciertamente, el cártel del Golfo sigue siendo violento; el de los Arellano Félix está luchando por su sobrevivencia, apoyado en una sola pata; las facciones del cártel de Sinaloa, como la de los Beltrán Leyva, se están alineando con Vicente Carrillo Fuentes (del cártel de Juárez). Pero sin duda podemos decir que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán son los capos más poderosos de México.Las más recientes investigaciones de la DEA sobre la federación del cártel de Sinaloa, que lideran El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán, concluyen que esta organización criminal controla toda la costa del Pacífico y las principales rutas del trasiego de cocaína y heroína de México. "Les da más poder el hecho de que son los dueños absolutos de las zonas de arribo a México de la cocaína procedente de Sudamérica, pero además poseen el lucrativo mercado de la mariguana, que les permite conseguir mucho dinero en efectivo y les cubre las pérdidas que sufren cuando se les confiscan los cargamentos de cocaína, heroína y otras drogas aquí en Estados Unidos o en México", subraya.Con todo, Placido no comparte el punto de vista del Comando del Estado Mayor Conjunto del Pentágono según el cual México es un "Estado fallido" por su incapacidad para contener al narcotráfico."No creo que estemos cerca siquiera de decir que el gobierno de México ha fracasado y que los narcotraficantes han salido victoriosos, o que México es una tierra sin leyes y sin un gobierno que lo controle… No hay duda que en México hay mucha violencia, pero es el resultado de los esfuerzos del gobierno para detener el poder y la impunidad del narcotráfico", afirma Placido, quien hace una pausa para recapacitar en lo que dice y luego hace una anotación: "Ciertamente, sí podría aplicarse lo del Estado fallido a lugares de México como Ciudad Juárez o Tijuana, donde hay un muy alto nivel de violencia. Pero al decir esto no quiero que se piense de ninguna forma que intento minimizar el gran problema de la violencia que sufren los mexicanos en otros lugares del país."Mi pronóstico sobre lo que puede pasar en México es que la gente primero pagará un precio alto por esta violencia, pero el gobierno va a ganar la guerra y romperá el circulo de impunidad que disfruta el narcotráfico y acabará con su influencia de corrupción y poder de intimidación."
Penetración en EU
Al jefe de Operaciones de Inteligencia de la DEA se le inquiere sobre la presencia de los cárteles mexicanos en 195 ciudades de Estados Unidos. Responde que la DEA y otras agencias federales de su país están haciendo todo lo posible por desmantelar a estas células, aunque reconoce que se expanden con rapidez y que es cada vez más difícil descubrirlas."Son una fuerza poderosa en Estados Unidos", acepta Placido, y explica que a partir de que los narcotraficantes colombianos comenzaron a utilizar a los operadores mexicanos para transportar droga en este país, grupos como el de los Arellano Félix, el de Vicente Carrillo Fuentes y el de El Chapo Guzmán empezaron a convertirse en los dueños absolutos del mercado estadunidense.Por ejemplo, dice, "el mercado de drogas de Miami se proveía de los cargamentos que metían los colombianos por barco o por aviones procedentes de varios puntos del Caribe y Sudamérica. Actualmente esta droga es llevada por los narcotraficantes mexicanos en camiones de carga que salen de varios puntos de la frontera con México; El Paso, Texas, es uno de ellos", ejemplifica Placido, quien señala a Atlanta, Georgia, y a Los Ángeles, California, como dos ciudades donde los cárteles de México tienen un dominio "muy consolidado", y desde donde lanzan sus redes de distribución para las costas este y oeste."Aquí están activos todos los cárteles mexicanos. Entre ellos están compitiendo por el control de las ciudades, pero aún no se desata una guerra sangrienta como la que hay en México por esta situación; digamos que aquí son menos violentos", añade.Sentado ante una pequeña mesa redonda en el noveno piso de las oficinas centrales de la DEA, Placido no se atreve en esta ocasión a pronosticar cuándo podría ser arrestado El Chapo Guzmán, uno de los criminales más buscados por la agencia estadunidense. Considera que, ante la ola de narcoviolencia que afecta a casi todos los estados de la República Mexicana, no es este el momento indicado para hacer sus acostumbrados vaticinios. Y revela:"Han sido varias, muchas, las ocasiones que (en territorio mexicano) hemos estado muy cerca y a punto de atrapar a El Chapo; pero al final algo pasa que nos impide su detención. Por alguna razón (El Chapo) recibe algún pitazo de que estamos cerca de él y se escapa en el momento preciso."Aclara que en todas las operaciones de este tipo los agentes de la DEA van siempre acompañados de agentes federales y de soldados mexicanos, quienes son los encargados de ejecutar los arrestos.Y advierte: "Nosotros simplemente proveemos de información de inteligencia, como parte de las acciones bilaterales y compromisos de intercambio de información que mantenemos con México en la guerra contra el narcotráfico". Para el jefe de Operaciones de Inteligencia de la DEA, "el éxito de México (en esta lucha) es el éxito de Estados Unidos, pero sin duda este triunfo se consolidará el día que arrestemos a los capos del narcotráfico mexicano y cuando sean extraditados a Estados Unidos".

Ciudad Juárez: 319 ejecuciones desde enero

PATRICIA DáVILA

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Y el crimen organizado cumplió su amenaza…La mañana del viernes 20 ejecutó a dos policías municipales cuando se aprestaban a iniciar su jornada laboral.

La advertencia fue hecha dos días antes al secretario de Seguridad Pública Municipal, Roberto Orduña Cruz.Con esos dos casos son ya 319 las ejecuciones en esta ciudad entre el 1 de enero y el viernes 20. El año pasado cerró con mil 607 muertes producto del crimen organizado, lo que la convirtió en la ciudad más violenta del país. De las bajas registradas en 2008, 71 eran policías, la mayoría municipales; ahora, en menos de dos meses suman 18 los uniformados caídos.El mayor saldo rojo, en esta tierra controlada por Vicente El Viceroy Carrillo Fuentes, ocurrió en el rancho El Vergel la madrugada del martes 10. Fue un enfrentamiento entre militares y sicarios del cártel de Sinaloa en el que fallecieron 21 personas. Tres días después hubo otro encuentro en este mismo lugar. El resultado: tres sicarios muertos.A esa violenta semana, le siguió otra igual.El martes 17 el director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, el militar Sacramento Pérez Serrano, y tres de sus escoltas fueron asesinados a balazos. Los uniformados viajaban en la patrulla 205 del sector Babícora por avenida Ejército Nacional cuando a la altura de la “zona dorada”, llamada así por la concentración de centros comerciales, hoteles y restaurantes exclusivos que se localizan ahí, fueron interceptados por un grupo de sicarios armados con rifles AK-47. Los agentes no tuvieron tiempo de contestar la agresión. Eran las 4:40 de la tarde.A la mañana siguiente, tres mensajes escritos sobre cartulinas color naranja aparecieron en tres de los puntos más concurridos de esta cuidad: calles de Plutarco Elías Calles y Paseo Triunfo de la República; Francisco Márquez y Paseo Triunfo de la República, y Pedro Rosales de León y Tecnológico. Todas tenían un narcomensaje amenazador:“Secretario de la Seguridad Roberto Orduña Cruz, si no renuncia a su cargo vamos a matar un agente cada 48 horas, por corrupto y por apoyar a un grupo del crimen organizado.”La respuesta del alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, llegó en menos de dos horas después de las cuatro ejecuciones: “Cuatro elementos de la policía municipal fueron abatidos por las balas del crimen organizado. Los emboscaron cuando se encontraban en servicio… Fueron víctimas del odio fraticida de los que viven fuera de la ley y que pretenden doblegar a la autoridad con sus actos terroristas…”.Luego, envió un mensaje al narco: “De ninguna manera se va a remover al mayor (Orduña Cruz)”. Y ratificó al militar en su cargo.Sólo que la amenaza de los narcos sí se cumplió. Y el viernes 20 cayeron dos policías: César Iván Portillo y el custodio del penal Juan Pablo Ruiz. Ambos se dirigían a su trabajo. Momentos después, en su despacho, encontró la renuncia de su secretario de Seguridad.
Horas de terror
Para los agentes municipales de Juárez, esas 48 horas no fueron de “terror”, pero sí de “preocupación constante” debido a una situación de violencia real, admite Reyes Ferriz en entrevista con Proceso.
–Si tomamos en cuenta que en estas dos últimas semanas el cártel de Sinaloa es el que ha sufrido las bajas, la lectura es que la amenaza y el ataque es venganza de El Chapo.
–No tengo la información para entender por qué lado vino.
–¿Qué sigue ahora?
–Seguiremos con la limpia en la corporación. Debemos detener la influencia que (el crimen organizado) había logrado. El director operativo y el secretario fueron parte importante en este proceso.En cuanto a la posibilidad de una desbandada de policías a causa del temor derivado de la guerra contra los narcos, Reyes Ferriz asegura que hay una preocupación muy fuerte, “pero no habrá una desbandada”.Reyes Ferriz, quien cuenta con un comando de 2 mil 500 soldados y 400 policías federales, admite que ésta es la primera vez que un grupo delictivo amenaza públicamente a un gobierno y cumple. Es también la primera vez que un gobierno asume el desafío, dice.El grado de violencia alcanzado en Juárez generó una serie de enfrentamientos verbales entre el gobernador José Reyes Baeza y la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, en la que terció el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. El lunes 16, la canciller afirmó que la violencia sólo se concentra en Chihuahua, Baja California y Sinaloa. Su afirmación motivó que, el jueves 19, el mandatario publicara una carta abierta en la que afirmó que la violencia existe en todo el país. El viernes 20, Gómez Mont respondió al gobernador Reyes Baeza: “Concuerdo con usted en que la violencia que se vive en su entidad es el resultado de ‘años de desinterés en el tema’ y que sólo puede ser enfrentada mediante una ‘lucha legítima y necesaria’ contra el crimen organizado.” l

El dogma de la opacidad

DANIEL LIZáRRAGA

La “seguridad nacional” es el nuevo pretexto para que el gobierno federal restrinja el acceso a la información que debería ser pública, y con ello abre la puerta a los abusos y violaciones a los derechos humanos, advierten especialistas internacionales. Para Juan Pablo Guerrero, comisionado del IFAI, Felipe Calderón no cree en la transparencia ni en la rendición de cuentas.
Las estadísticas lo demuestran: en 2007 hubo 4 mil 222 solicitudes rechazadas y en 2008 se elevaron a 8 mil 208.

Los enfrentamientos en las calles entre sicarios y militares, las ejecuciones a cualquier hora del día y las investigaciones sobre la infiltración del narcotráfico en las estructuras oficiales han provocado que el gobierno de Felipe Calderón esté cerrando los archivos que, desde 2002, eran públicos por ley. La excusa: motivos de seguridad nacional. El resultado: policías en uniformes sin rostro, entes anónimos como servidores públicos y estadísticas convertidas en material sensible.De acuerdo con resoluciones, solicitudes de acceso a documentos oficiales y los debates de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) revisados por Proceso, el punto de quiebre fue el 8 de mayo de 2008, cuando fue asesinado Édgar Eusebio Millán Gómez, coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP), a quien las autoridades consideraban “el cerebro” en la estrategia contra los cárteles de las drogas.A partir de ese momento, el gobierno restringe cada vez más el acceso ciudadano a la información pública hasta llegar al máximo grado de opacidad: empujar una reforma legal para impedir que nunca más se vuelva a conocer el contenido de las averiguaciones previas, aun cuando ya estén cerradas.El comisionado del IFAI Juan Pablo Guerrero asegura que ese comportamiento del gobierno de Felipe Calderón afecta la vida cotidiana de la gente, nulifica el control ciudadano sobre los órganos de seguridad y, sobre todo, impone una política de cerrazón que recuerda los excesos durante la pasada administración del presidente de Estados Unidos, George W. Bush.Un ejemplo, dice, fue el caso de la empresa de Transportes Fralucs, con sede en Mexicali, que en el verano de 2008 pretendía obtener copias de la bitácora de accidentes carreteros en San Luis Río Colorado, Sonora, para efectuar un trámite. La respuesta de la Policía Federal de Caminos (PFC, ahora incorporada a la PFP) fue que los nombres de los oficiales, los números de reportes, los folios de los accidentes, los números de motor y los sitios de los percances, entre otros datos, deberían estar bajo resguardo por seguridad nacional. Ni Guerrero ni los otros cuatro comisionados del IFAI supieron que, en realidad, Fralucs le seguía los pasos a un comandante apellidado Valderrama, quien estaba lucrando con la información: utilizaba grúas de su propiedad para mover automóviles averiados en accidentes que él mismo reportaba o escuchaba en la radio de su patrulla.La solicitud de la empresa podía resolverse en 20 días hábiles, pero demoró más de cinco meses, hasta que intervino el IFAI. La PFC respondió que los números de reportes tenían que eliminarse para no poner en riesgo la seguridad y la salud de sus oficiales. Incluso afirmó que, si esos datos caían en manos de la delincuencia, quedaría al descubierto información sensible para la corporación.En el caso de los nombres sucedió algo parecido: la PFC alegó que no podía proporcionarlos sin el consentimiento de sus propios elementos y, además, que podrían poner en riesgo sus vidas, pues ya estaban en marcha los operativos contra la inseguridad.A pesar de esta renuencia a entregar información, la empresa Fralucs presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra el oficial Valderrama, luego de una resolución del IFAI. Aun así, la mayoría de los comisionados –excepto Juan Pablo Guerrero– consideraron que los nombres sí son reservados.Entrevistado vía telefónica, Luciano Jiménez, uno de los directivos de esa empresa de transportes, explicó: “El nombre comercial del negocio del oficial Valderrama es Grúas El Cora. No es justo que cuando nos estaban impidiendo trabajar, el gobierno meta el pie, tratando de retener las pruebas”.
Riesgos
Para Juan Pablo Guerrero, cerrar archivos por razones de seguridad nacional se ha convertido en un dogma, como sucedía hasta hace poco en Estados Unidos.“¿Qué ganó Bush con eso? Nada sustancial. La cerrazón no fortaleció sus esquemas de seguridad. Prueba de ello es que su sucesor, Barack Obama, decidió abrir los archivos en cuanto entró a la Casa Blanca. Ante la duda, deben abrirse los expedientes, les dijo a sus colaboradores. La transparencia no merma la seguridad nacional”, asegura en entrevista.Kate Doyle, una de las especialistas más reconocidas en el ámbito internacional y quien ha trabajado para el Nacional Security Archive en la apertura de archivos clasificados y en localización de documentos supuestamente desaparecidos, dijo a este semanario que en Estados Unidos la opacidad informativa causó un “problema terrible”.Luego de los ataques terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York, “la gente aceptó la excusa de que casi cualquier documento fuera reservado. En las calles había miedo. Hoy, a ocho años de distancia, es posible conocer historias de tortura, secuestros y detenciones ilegales cometidas por agentes del gobierno”, explicó.Desde su perspectiva, el gobierno de Bush encubrió operaciones estratégicas ilegales, utilizando como fachada la lucha contra el terrorismo y poniendo como pretexto la seguridad nacional.Doyle, quien participó como perito en los juicios contra el expresidente peruano Alberto Fujimori, advirtió que en cualquier democracia se deben encontrar formas de apertura para que la gente debata las políticas del gobierno. Lo peor que puede pasar, asegura, es quedarse sólo con lo que dicen las autoridades y asumirlo como una verdad absoluta. En Estados Unidos, se llegó a un punto tal que el hablar en contra de los secretos del gobierno de Bush era tanto como ser traidor a la patria.
El absurdo
El comisionado Juan Pablo Guerrero sostiene que esa cerrazón es absurda. Poner como pretexto la seguridad nacional no sólo afecta la vida cotidiana, “también se destruye la confianza en las autoridades y transforma a quienes velan por nuestro bienestar en uniformes sin rostro, en policías anónimos”.Eso ya ocurre: la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) eliminó de su directorio alrededor de 260 nombres, incluidos jefes de departamentos y directores de área, desde que se recrudecieron los ataques contra las corporaciones policiacas.En el Portal de Obligaciones de Transparencia de la SSP aparece la leyenda Información Reservada en el espacio donde deberían estar los nombres y apellidos de esos funcionarios.Cuando una ciudadana solicitó a través del IFAI los nombres de quienes participan en la lucha contra la delincuencia organizada, la SSP negó la información por razones de seguridad nacional.En un escrito fechado el 6 de agosto de 2008, la dependencia que encabeza Genaro García Luna respondió: “Un aspecto que no puede soslayarse es que todos los miembros de la institución corren el riesgo frente a la delincuencia por la responsabilidad directa de prevenir el delito en todas sus manifestaciones. Recientemente han perdido la vida elementos operativos y administrativos que, evidentemente, por sus funciones, representan objetivos claros del crimen organizado”.Sin embargo, entre los nombres omitidos hay algunos que no tienen relación alguna con los operativos contra la delincuencia organizada. El comisionado Juan Pablo Guerrero, encargado de desahogar el caso, determinó que la SSP sólo debería reservar los nombres de los agentes encargados de los operativos y de las tareas de inteligencia; los demás son públicos, incluidos los encargados de manejar recursos públicos y los altos mandos que ya hayan aparecido en algún comunicado, según la resolución 2792/08.Aun así, la SSP mantiene bajo reserva la identidad de esos servidores públicos. Para el comisionado, el argumento de la dependencia es falso:“¿Es creíble que los integrantes de las bandas de secuestradores usen las solicitudes de acceso para allegarse información estratégica? Sabemos que ellos han infiltrado todos los sectores. Suponer que anularán los riesgos eliminando los nombres en internet me parece francamente ingenuo de su parte.”
–¿Qué importancia tiene conocer esos nombres?
–La transparencia genera seguridad y certeza. Además, permite que la sociedad esté mejor informada. Al abstraernos de todo lo que tenga que ver con la lucha contra el narcotráfico, se pierde una oportunidad para que la sociedad colabore con el gobierno.
Candados
La batalla legal desde la administración de Calderón contra la transparencia no es menor. La Procuraduría General de la República (PGR) inició 12 juicios contra el IFAI cuando los comisionados intentaron obligarlos a abrir sus averiguaciones previas ya concluidas o en los casos en que decidieron no ejercitar acción penal, por lo que denunció el desacato ante la Secretaría de la Función Pública.Peor aún, la PGR promovió con éxito una reforma legal para evitar que sus investigaciones sean sometidas al escrutinio público. Así, desde diciembre del año pasado, las averiguaciones previas realizadas por el Ministerio Público (MP) en las que se haya decidido el no ejercicio de la acción penal, ya no podrán ser conocidas, al menos en el mediano plazo. Un ejemplo es el caso de la exseñorita Sinaloa, Laura Elena Zúñiga, quien fue liberada el pasado 30 de enero.Cualquiera que desee enterarse de su contenido deberá esperar a que pase un período igual al delito que se perseguía más un lapso de entre dos y 12 años impuesto por el propio Ministerio Público. Y además sólo recibirá una “versión pública”.Pero las investigaciones en las que alguien sea consignado ante un juez quedarán en total reserva. Esas averiguaciones previas no podrán conocerse jamás, según el artículo 16 del renovado Código Federal de Procedimientos Penales.Una semana después de aprobada esta reforma, el IFAI consideró que “dificultará la rendición de cuentas por parte de la PGR y hará prácticamente nugatorio el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información” en esta materia En entrevista, el comisionado Juan Pablo Guerrero sostiene que se trata de una flagrante violación a la Constitución que, además, representa un grave retroceso en materia de acceso a la información. “Significa un duro golpe para la gente, ya que pierde formas de control sobre quienes llevan sobre sus hombros la lucha contra la delincuencia. Es un asunto muy delicado”.Y explica: “Si se nos permitiera acceder a una averiguación ya concluida, sabríamos con precisión cómo actuó una banda de secuestradores. Con ello la gente podría estar pendiente, crear sus propias formas de autodefensa, denunciar. Esa es una manera diferente de utilizar información estratégica. No podemos asumir siempre, bajo cualquier circunstancia, que la transparencia merma las capacidades del gobierno para proveer seguridad. Eso es un pretexto.“Si no se hubiera aprobado esa reforma, sólo diría que el gobierno de Felipe Calderón le metió freno a la rendición de cuentas; pero ante esa enmienda legal, está acreditado el retroceso: Felipe Calderón no cree en esto de la transparencia. Ya lo demostró.”En el caso de la actual administración federal, tampoco es novedad. Guerrero recuerda que, como secretario de Energía en el sexenio de Vicente Fox, Calderón buscó la intervención del Poder Judicial en 2004 para detener una resolución. El abogado de esa instancia era César Nava, quien ahora se perfila para la coordinación de los diputados panistas en la próxima legislatura.
–¿Qué percibe desde dentro del IFAI respecto del gobierno?
–No hay un sólo funcionario que sea interlocutor con el IFAI. Con la llegada de Germán Martínez a la Secretaría de la Función Pública se tuvo diálogo por algún momento, pero se perdió al ser relevado de ese cargo.“En términos generales, con las reformas respecto del tratamiento de las averiguaciones previas, se creó un régimen de excepción en un contexto tan complicado como lo es el combate a la inseguridad. ¿Cuándo podríamos saber más o menos qué pasó? Quizá cuando el juicio termine. No obstante, el trabajo del MP no se verá nunca. Además, las versiones públicas irán sin nombres, ni siquiera con el apellido del agente del MP.”
–Si se libera a un secuestrador, ¿qué no vamos a saber?
–Si se atrapa a alguno de los responsables de los secuestros del hijo de Alejandro Martí o de la hija de Nelson Vargas, y las autoridades lo sueltan, nunca sabremos cómo llegó el MP a esa conclusión. No sabremos ni su nombre. No hay un solo país con ley de acceso que suponga que la investigación policiaca nunca será pública.
Combate turbio
El pasado 6 de febrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad contra estas reformas legales, aduciendo que se violó el libre acceso a la información plasmado en la Constitución y, además, se les impedirá verificar el respeto a las garantías individuales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó estudiar el asunto, y su resolución –en cualquier sentido– afectará a toda la administración pública federal.Por lo pronto, el Ejército también se niega a difundir los nombres y cargos de los elementos que integran los 101 batallones de infantería, a pesar de que la identidad de algunos soldados aparezca en los comunicados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según consta en el expediente 4485/08.En general, las instituciones encargadas de la seguridad pública –la PGR, la SSP y la Sedena– han rechazado solicitudes de acceso a la información que piden datos estadísticos sobre el número de personas ejecutadas y decapitadas, o de las bajas en la cruzada emprendida por las autoridades federales contra el narcotráfico, así como del número de personas enviadas a prisión, sus nombres y su ubicación.Pero no son las únicas dependencias que practican la opacidad. Durante el gobierno calderonista se han incrementado las respuestas de organismos públicos que niegan la información a los solicitantes: en 2007, fueron 4 mil 222 los rechazos; en 2008, se elevaron a 8 mil 208.


–¿Qué está pasando?


–se le pregunta a Guerrero.


–La inexistencia de la información es la coartada para darle la vuelta al IFAI. Es decir, si los obligas a buscar un documento y ellos dicen que no está, queda poco por hacer. El gobierno de Calderón ha aprovechado al máximo esa excusa para eludir la rendición de cuentas.“En 2008, prácticamente una de cada 10 de las respuestas emitidas por dependencias –9.1%– declaró la inexistencia de información.”


–¿Cuál es el caso de la Presidencia de la República?


–Es sintomático: se ha declarado la inexistencia del nombramiento, ratificación o rechazo de los comisionados del IFAI; de las deliberaciones y decisiones relacionadas con los violentos y lamentables sucesos de Atenco; del desafuero del exjefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador; de los documentos personales que se llevó Vicente Fox en su mudanza, y del sustento documental de la declaración del presidente Calderón en relación con la muerte de Ernestina Ascencio en la sierra de Zongolica. Para Guerrero, está plenamente acreditado que el presidente Felipe Calderón no cree en la transparencia ni en la rendición de cuentas. Los dos primeros años de su gobierno, dice, se han caracterizado por el freno y el retroceso.

Sospechosa iniciativa de Calderón

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Una iniciativa de ley del Ejecutivo que está por aprobarse en la Cámara de Diputados puso al descubierto cómo el gobierno de Felipe Calderón protege a los implicados en las redes del empresario Zhenli Ye Gon y de los hijastros del expresidente Vicente Fox.A finales del año pasado, Calderón envió al Congreso la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas susceptibles de desvío para la fabricación de Armas Químicas.

En esa iniciativa se propone que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) se encargue del control de esas sustancias a través de una Dirección de Autoridad Nacional que en la práctica ya opera Jesús Mao Cervantes y que pasa por encima de las facultades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El nuevo mando del Cisen ha gozado, desde el sexenio de Fox, de puestos creados ex profeso; por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le creó una dirección especial en la Administración General de Aduanas, donde estuvo al tanto de las importaciones de Ye Gon y de los hijos de Marta Sahagún.Ahora, Calderón lo quiere como la "Autoridad Nacional" encargada de coordinar a todas las dependencias e instancias de la administración pública federal involucradas en el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México para la no proliferación de armas químicas. A pesar de que el Congreso aún no ha sancionado la ley, que crea en el Cisen la figura de la Autoridad Nacional, Mao Cervantes ya opera como tal. Incluso ha representado a México con ese cargo en reuniones de Naciones Unidas y ante la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA).En diciembre de 2007 participó en Ginebra como la "Autoridad Nacional" de México en una reunión de los Estados parte de la Convención para la prohibición, producción y acopio de armas biológicas y tóxicas y para su destrucción. Su participación quedó registrada en el Report of the implementation support unit, número BWC/MSP/2007/3, fechado en Ginebra el 4 de diciembre de 2007 y en el que se enlistaron todas las autoridades nacionales responsables del cumplimiento de la convención.En diciembre pasado recibió, con ese mismo cargo, a una delegación de la OIEA que se trasladó al puerto de Veracruz para supervisar el cumplimiento por parte de México de las normas en materia de seguridad nuclear y protección ambiental, incluidas las operaciones y el transporte de material radioactivo.
Protegido en el foxismo
La ley propuesta por Calderón ya fue aprobada por el Senado y está programada para votarse el martes 24 en la Cámara de Diputados, donde el jueves 19 quedó en suspenso luego de que el PRD, el PT y Convergencia se ausentaron de la sesión y así evitaron integrar el quórum legal de votación, que es de 251 diputados.En el Senado fue promovida por Felipe González, senador del PAN por Aguascalientes e integrante de la comisión bicameral de Seguridad Nacional. En la Cámara de Diputados fue dictaminada sólo por la comisión de Gobernación, que preside el exsecretario de Gobernación y ahora diputado panista Diódoro Carrasco Altamirano. La autoría de la ley es atribuida al propio Mao Cervantes, quien tras huir en 2001 de Venezuela se incorporó a la SHCP. Lo acogió el entonces administrador general de Aduanas, José Guzmán Montalvo, allegado del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz e implicado en las actividades de Ye Gon y los hijos de Sahagún.No fue extraño que le dieran refugio en Hacienda. Su madre, Amada Cervantes de Mao, fue secretaria privada de Luis Manuel Gutiérrez Levy, oficial mayor de Hacienda en el sexenio de Fox y quien antes de Guzmán Montalvo estuvo a cargo de la Administración General de Aduanas. Ahí trabajaron juntos.Guzmán Montalvo primero tuvo a Jesús Mao Cervantes como su secretario particular y después lo nombró administrador central de Enlace Operativo y Seguridad en Aduanas. Ese puesto existió sólo mientras el ahora funcionario del Cisen trabajó en Aduanas, incluido el primer año del gobierno de Calderón.De acuerdo con el actual titular de Aduanas, Juan José Bravo Moisés, Mao Cervantes dejó de ser funcionario aduanero en febrero de 2007. La razón de su salida fue que "no era la persona adecuada para ese puesto", aunque desempeñó actividades aduanales varios años. Ahora, de acuerdo con el directorio del Sistema de Administración Tributaria, ya no existe la Administración Central de Enlace Operativo y Seguridad en Aduanas. Sin embargo, Mao Cervantes era el administrador de esa oficina cuando estalló el escándalo de las alegadas importaciones ilegales de pseudoefedrina de Zhenli Ye Gon, en diciembre de 2006. De acuerdo con Bravo Moisés, Mao renunció semanas antes de que se diera a conocer, el 15 de marzo de 2007, la incautación de más de 205 millones de dólares en la residencia de Ye Gon en Lomas de Chapultepec.Como funcionario de Aduanas, Mao Cervantes formó parte del grupo de colaboradores de Guzmán Montalvo que facilitó la importación de mercancías de contrabando por parte de los hijastros de Fox y su entrega a la fundación Vamos México, de Marta Sahagún.Según publicó Proceso (1518 y 1605) con base en los documentos de la comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó los negocios de los hijastros de Fox, en ese grupo estaba también Juan Carlos López Rodríguez, amigo de Guzmán Montalvo y representante de la empresa Free Trade Logistik Zone. A partir de su relación con Manuel Bribiesca Sahagún, participaba en el trámite de esas mercancías. Además, el hermano de López Rodríguez, Humberto, fue uno de los agentes aduanales a los que recurrió Ye Gon para la importación de efedrina y pseudoefedrina.Semanas después de su salida de Aduanas, Mao Cervantes fue acogido por Guillermo Valdés Castellanos, el director del Cisen.
Fraude en Venezuela
A finales de 2001, Mao Cervantes se fugó de Venezuela, donde fue acusado por la Fiscalía Nacional de estafar a más de 14 mil personas con 31 mil 308 millones de dólares a través de la empresa Astrotel, en complicidad con los también mexicanos Lorenzo Amescua y Jesús Hernández Roig. En 2004 el fiscal venezolano José Benigno Rojas acusó de "flagrancia bancaria" a los tres por el manejo fraudulento de 67 millones de bolívares, equivalentes a los más de 30 mil millones de dólares. Astrotel, propiedad del trío de mexicanos, captaba clientes a través de la línea 1900 con la oferta de grandes intereses mensuales. Según la prensa venezolana, entre los estafados están más de 2 mil elementos de la Policía Metropolitana de Venezuela y el exjefe nacional de Investigaciones, el comisario Orlando Gutiérrez Rojas.Las investigaciones demostraron que Mao Cervantes y sus socios transferían los fondos a cuentas personales en dólares y los sacaban de Venezuela. En teoría, Chao Cervantes es buscado por la Interpol, cuya oficina en México forma parte de la Procuraduría General de la República (PGR). Información obtenida por Proceso indica que en Venezuela a Mao se le sigue considerando prófugo.El nombramiento de Mao Cervantes en el Cisen fue dado a conocer el jueves 12 por el diputado del PRD Alfonso Suárez del Real, durante la discusión del dictamen de la Ley. Ahí, el legislador rechazó la propuesta presidencial por considerar que la Ley Federal de Armas y Explosivos faculta a la Sedena para controlar y vigilar las actividades y operaciones industriales y comerciales que se realicen con armas, municiones, explosivos, artificios y sustancias químicas. Para el diputado, con esa iniciativa el Cisen rebasa las facultades que le otorga la Ley de Seguridad Nacional, pues pasa de ser una instancia técnica a participar en procesos administrativos que le corresponden a la Sedena. Cuenta que cuando la iniciativa llegó a la Cámara de Diputados, en diciembre pasado, solicitó la opinión de la dependencia. "La Sedena –continúa el diputado– le envío el oficio 5596, del expediente 108/414, al enlace de la Secretaría de Gobernación con el gobierno federal... dice que después de revisar la minuta con proyecto de decreto 'no se tiene inconveniente de que se continúe su proceso legislativo'."
–¿Qué interés puede tener una persona como Mao Cervantes para tener acceso a ese tipo de autorizaciones?
–se le pregunta.
–Si es la misma persona (con cuestionados antecedentes en Aduanas y en Venezuela), nos ponemos en una situación muy riesgosa... El único interés es el de tener control para que, junto con sus compañeros de la Administración General de Aduanas, que sabemos es una coladera por donde pasa todo, tenga la seguridad de que el Ejército no se va a enterar del tipo de precursores que estén entrando al país y quién los está comprando y vendiendo.

Maniatados

IFRAUDE

ÁLVARO DELGADO

El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, al igual que el resto de los integrantes del Consejo General, niega que intereses partidistas determinen la sospechosa tolerancia del organismo hacia el incumplimiento del Cofipe por parte de Televisa y TV Azteca. Sin embargo, sus antecedentes profesionales y políticos, así como su actuación, son congruentes: “En la práctica salen del IFE, por unanimidad o por un gran consenso, propuestas que son claramente partidarias”, dice un exfuncionario electoral.En apogeo las críticas por el perdón del Instituto Federal Electoral (IFE) a las televisoras por violaciones a la ley, el viernes 13, y cuando se desahogaba el proceso por otros incumplimientos legales, el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, y el senador priista Jorge Mendoza, representante de Televisión Azteca, se reunieron sigilosamente con Leonardo Valdés, presidente del organismo.

En los encuentros en la oficina de Valdés, celebrados por separado la tarde del miércoles 18 y la mañana del jueves 19, ambos reiteraron los alegatos de inocencia que habían expuesto sus respectivos equipos de abogados en la audiencia del segundo proceso sancionador iniciado por el IFE por omisiones de ambos consorcios en la transmisión de promocionales que ordena la ley.Pero para entonces las multas por 4.2 millones de pesos ya estaban en marcha –materializadas, por unanimidad de los consejeros, en la sesión del viernes 20–, y en las reuniones sólo se formalizó el compromiso de establecer un canal de diálogo de las dos televisoras con el presidente del Comité de Radio y Televisión, Virgilio Andrade, y el secretario ejecutivo, Jacobo Molina.“Fueron reuniones cordiales, en las que intercambiamos diversas opiniones, pero fundamentalmente tuvieron como objetivo estandarizar esta relación”, asegura Valdés al confirmar a Proceso las reuniones, y añade que, “si bien las televisoras pueden tener diálogo con la y los consejeros de manera permanente”, el IFE requiere conductos sobre todo para resolver cuestiones de carácter técnico.


–¿Hay un compromiso para iniciar una etapa de colaboración?


–Yo creo que sí. Ambos concesionarios han comprendido que es muy importante la corresponsabilidad en esta materia y me han expresado a mí personalmente su decisión. Yo espero que esa expresión se concrete en la solución de los problemas específicos que se vayan planteando y sobre todo el acatamiento de la ley y en el reconocimiento de la autoridad que el IFE tiene en esta materia.Pero aclara: “Si a pesar de este diálogo, de este esfuerzo de la autoridad para que podamos salir adelante en la aplicación de esta reforma, algún concesionario o permisionario incumple con la ley o con la normatividad, el IFE volverá a iniciar procedimientos sancionadores y, si es el caso, volverá a imponer sanciones. ¡De eso no me cabe la menor duda!


–¿Dice usted que el IFE no será rehén de intereses privados?


–¡Nunca!En entrevista al finalizar la sesión del viernes 20, en la que se aprobaron por unanimidad los dos proyectos de sanción a Televisa y Televisión Azteca –cuya violación a la ley sienta un precedente en el caso de la primera empresa y en la segunda se acreditó reincidencia–, Valdés niega que la autoridad del IFE se haya menguado con el perdón del viernes 13.“La fortaleza o la debilidad del IFE no se juega en una decisión, se juega en una cadena de decisiones en distintas materias”, sentencia, y dice ignorar si los consejeros electorales que ese día se pronunciaron, por mayoría, por sobreseer el proceso sancionador contra las dos empresas recibieron presiones del gobierno de Felipe Calderón, inclusive con argumentos de que por seguridad nacional debía perdonárseles, porque podrían dinamitar la elección.“Yo no tengo conocimiento de este tipo de cuestiones, no me lo ha comentado ningún consejero electoral, no me han acreditado o dicho que hubiera habido alguna presión de alguna persona del gobierno federal.” El IFE –añade– tiene una comunicación con instancias del gobierno federal y él mismo se comunica con Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, “pero en ningún momento yo podría decir que ninguno de los consejeros me haya compartido que haya sido presionado por ninguna gente externa al IFE”.


Democracia trigarante


En la entrevista, la tarde del viernes 20, Valdés niega también que los consejeros que votaron el viernes 13 por sobreseer las violaciones a la ley de las televisoras hayan obedecido a los intereses de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionarios Institucional (PRI), con los que se les identifica por haberlos impulsado al cargo.“Esa interpretación está muy lejos de lo que está sucediendo en el IFE. Después de este año de trabajo con la mayoría de los consejeros electorales y en los últimos meses con los consejeros y la consejera que se incorporaron en el mes de agosto del año pasado, puedo acreditar que cada uno de mis compañeros toma las decisiones con lealtad a su interpretación jurídica y por supuesto no son, ni remotamente, defensores de intereses diversos a los de la institución.”Y añade: “Me parece que son versiones y análisis a los que tienen derecho los formadores de opinión. Pero yo, en la vida cotidiana en esta institución, no podría acompañar ese tipo de razonamientos.”Sin embargo, y tal como ocurrió desde que fueron electos en la Cámara de Diputados desde el 2003, los más antiguos, y desde agosto, los más recientes, los actuales consejeros –incluyendo el propio Valdés– han sido identificados con los tres principales partidos políticos.“Ese es el principal problema del IFE”, asegura Lorenzo Córdova Vianello, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experto en materia electoral, quien advierte que los consejeros, ante el desafío de las televisoras, actuaron como representantes de intereses políticos, como lo han venido haciendo desde la integración de 2003.En el Consejo General presidido por José Woldenberg, entre 1996 y 2003, también se dio una integración con propuestas de los tres principales partidos, porque así lo establece la Constitución, “pero ninguno de esos consejeros durante su desempeño se asumió como representante de intereses partidistas”, afirma.“Lo que sucede en el Consejo encabezado por Luis Carlos Ugalde y en el actual que preside Leonardo Valdés –y lo que pasó el viernes 13 así lo demuestra–, es que una cosa es que los consejeros sean propuestos por los partidos y otra que los propios consejeros asuman que su papel es el de representar determinados intereses políticos, es decir, que su papel es fungir como correas de transmisión.”A su vez, el expresidente del IFE en Jalisco, Esteban Garaiz, quien presentó a Ugalde su renuncia a 14 años de trabajo en la institución por considerar que las elecciones de 2006 no fueron “limpias ni equitativas”, afirma que el origen del problema del Consejo General son las cuotas partidarias. “Este problema está en la raíz y no sólo en 2003, sino en la raíz de la reforma o por lo menos la aplicación de la reforma: En la práctica salen, por unanimidad o por un gran consenso, propuestas que son claramente partidarias, y esa es una práctica perversa e insana para la democracia mexicana.”Organizador de las elecciones federales de 1994 en la zona de conflicto zapatista en Chiapas, y en el 2000 en todo ese estado, Garaiz Izarra afirma que esto ha implicado un retroceso político que denomina la democracia trigarante: “La independencia trigarante fue la más completa y absoluta traición a los ideales de los insurgentes, y me temo que también tenemos una democracia trigarante, que ha traicionado la esencia de los ideales de una democracia auténtica, con un órgano realmente autónomo de Estado.”


Militancia pasiva


Y es que el actual Consejo General está integrado por consejeros que asumieron el cargo tras la controvertida elección de noviembre de 2003, sólo con los votos de PRI y PAN: Marco Antonio Gómez Alcántar, Arturo Sánchez Gutiérrez y Virgilio Andrade Martínez, quienes concluyen sus encargos el próximo año.El primero fue propuesto por el Partido Verde Ecologista de México, presidido por Jorge Emilio González, de quien fue asesor legal, y sus posiciones son a menudo coincidentes con las de ese partido que, en la sesión del viernes 13, actuó como defensor de los concesionarios a través del senador Arturo Escobar. Inclusive, en la sesión del viernes 20, aun cuando votó a favor de la sanciones a Televisa y Televisión Azteca, Gómez Alcántar cuestionó el sustento jurídico para acusar a Televisión Azteca de reincidencia y asumió como suyos los argumentos de Televisa que pusieron en entredicho la personalidad jurídica de un abogado del IFE, Ángel Cabrera, en el procedimiento sancionador.Miembro, como Gómez, del Comité de Radio y Televisión, que tiene la interlocución con los concesionarios, Sánchez Gutiérrez fue propuesto como consejero por el PAN y tiene estrecha relación con Calderón y el también exconsejero Juan Molinar Horcasitas, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), su compadre.Andrade Martínez, por su parte, es un priista confeso: Fue representante suplente del PRI ante el Consejo General, en 1994, y así lo exhibe en su currículum público, aunque asegura que las decisiones que él y sus compañeros toman en el IFE no están subordinadas a su filiación partidista.“No existe eso. Lo que hemos visto en cada votación es un conjunto de posturas que pueden ser divergentes, pero que en todo caso han manifestado la genuina razón del voto. En el caso de las televisoras, los consejeros que hicieron mayoría pusieron en la mesa la genuina razón de no entrar al fondo.”


–¿Sigue usted militando en el PRI?


–Aquí ya no podemos estar militando. Los consejeros del IFE perdemos militancia simple y sencillamente por la condición de ser consejeros. Así de simple.


–¿Pero formalmente renunció a su militancia?


–No es relevante renunciar. Lo relevante es ejercer la condición de consejero y demostrar con las votaciones que se es imparcial.


–Terminando su encargo, ¿retomará su militancia?


–Terminando el encargo tendría que ver cuál es mi futuro profesional. Eso es lo que tendría que ver.

Pura especulación

En febrero de 2008, y como parte de la renovación escalonada del Consejo General, fue electo como presidente Leonardo Valdés y los dos únicos consejeros que durarán en el cargo hasta 2016: Benito Nacif Hernández y Marco Antonio Baños Martínez.Nacif, amigo íntimo de Ugalde y detractor de la reforma electoral de 2007 que ahora le corresponde aplicar, fue propuesto por el PAN, de algunos de cuyos gobiernos ha sido asesor, como el de Naucalpan, Estado de México. Baños, quien ha trabajado en el IFE durante casi 15 años, está identificado con el senador Manlio Fabio Beltrones, uno de cuyos principales asesores es el exdiputado Felipe Solís Acero, transitorio secretario ejecutivo del IFE con Woldenberg.Esta relación, aclara Baños, nada influye en las posiciones que asume, como en la propuesta que formuló, en la sesión del viernes 13, para sobreseer el proyecto de sanciones del secretario ejecutivo:“Quiero ser muy claro: Yo no recibí ninguna llamada de ningún personaje importante de la vida pública de nuestro país, ni tampoco recibí ninguna llamada ni tuve ninguna entrevista con representantes de las televisoras, y por tanto mi decisión corresponde única y exclusivamente al análisis que yo formulé sobre el caso concreto y sobre el expediente que integró el secretario ejecutivo.”Baños afirma que no tiene patrocinios ni padrinos políticos: “No tengo ningún otro patrocinio que no sea sujetar mi comportamiento a lo que dice la ley y a lo que estoy obligado como consejero electoral”.Recuerda que él fue electo por la Cámara de Diputados en un proceso de selección –que “ha sido el más transparente que yo recuerde”–, y ahora sólo actúa conforme a sus convicciones. “Los votos que he emitido como consejero electoral siempre han estado en el marco de lo que establece la legislación”.Añade: “Yo no diré jamás una mentira respecto de mi pasado profesional. Sí trabajé en algún momento en la Secretaría de Gobernación, en la que el senador Beltrones fue subsecretario, como también trabajé con el senador Arturo Núñez, el señor Felipe Solís, con José Woldenberg y con otros muchos personajes.”Con tres lustros en el IFE, se asume como un servidor público de carrera en el mundo electoral: “En ese sentido decir que uno vota nada más porque tiene amistades o cercanías con una persona, es estar simplemente en el mundo de la especulación. Porque, si somos justos, no he visto ninguna prueba que demuestre que yo he estado respondiendo a los intereses de un determinado partido político, de una empresa o de un personaje político importante del país.”


–Deja abierta la sospecha su conducta el viernes 13.


–Pero esa apertura está en el mundo de la especulación y nadie la puede mostrar, porque no hay pruebas de algo que no se hizo.


En agosto del año pasado concluyó la integración del actual Consejo General: La única mujer consejera es María Macarita Elizondo Gasperín, propuesta por el PAN y con una larga trayectoria en el Poder Judicial, quien en el caso de la sesión del viernes 13 no apoyó la propuesta de sancionar a las televisoras, pero tampoco el sobreseimiento del consejero Baños, sino declarar infundados los procedimientos sancionadores.Otro de los consejeros que ingresaron al Consejo General fue Alfredo Figueroa Fernández, propuesto por el PRD, quien se desempeñó como consejero del IFE en Puebla desde 1999, y quien hizo una dura crítica al poder de las televisoras por lo que el senador Escobar lo tildó de “enemigo de los concesionarios”. El consejero Francisco Javier Guerrero Aguirre es militante priista allegado a Emilio Gamboa Patrón, coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, quien lo impulsó al cargo. l

Propuesta bloqueada

JESúS CANTú

Al aprobar las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), el Senado de la República cancela la posibilidad de que la autoridad revoque una concesión por violaciones graves y sistemáticas a la legislación electoral. También elimina la posibilidad de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) acuerde suspender “la transmisión del tiempo comercializable correspondiente a una hora y hasta el que corresponda por 36 horas” en el caso de la publicidad encubierta, cada vez más utilizada por actores políticos y concesionarios.Los legisladores suprimieron de la propuesta original del senador Ricardo García Cervantes la fracción V del artículo 12-A (relativa a las facultades del IFE) que señalaba:“Comunicar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la comisión de infracciones por parte de los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, a efecto de que aplique las sanciones que le corresponda imponer conforme a esta Ley, o las que habiendo sido impuestas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral requieran la intervención de la citada Secretaría.”Así mismo, la aplicación de la fracción IV del inciso “f” del párrafo 1 del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que contempla la citada sanción, requiere que intervenga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), pues el texto dice que se podrá castigar “con la suspensión por la autoridad competente, previo acuerdo del Consejo General, de la transmisión del tiempo comercializable…”.A fin de permitir que la sanción se aplique de acuerdo con el criterio del titular de la SCT, los legisladores eliminaron otras reformas de la propuesta de García Cervantes, pero en particular la de un nuevo artículo, el 104-TER, que en el tercer párrafo señalaba: “… la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a solicitud fundada y motivada por acuerdo del Consejo General, ordenará a los infractores la suspensión de la transmisión del tiempo comercializable correspondiente a una hora y hasta el que corresponda por 36 horas…”.También modificaron la redacción del nuevo artículo 107, que indica en general que en caso de que el Instituto Federal Electoral considere que se han cometido infracciones graves y sistemáticas “dará cuenta a la autoridad competente, para los efectos correspondientes”.En la propuesta del senador se complementaba, sin lugar a interpretación diversa, la disposición del Cofipe para que el Consejo General decida cuándo procede la suspensión; sin embargo, corresponde a la SCT aplicar la sanción.
Límites a la ley
El planteamiento de García Cervantes daba mayor sentido a la fracción V del mismo artículo del Cofipe, en el cual se indica que si una vez aplicada la suspensión referida en la fracción IV el infractor reincide, el Consejo General debe dar aviso “a la autoridad competente para que aplique la sanción que proceda conforme a la ley de la materia”.Además, precisaba: “El Consejo General del Instituto Federal Electoral podrá solicitar por acuerdo fundado y motivado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la revocación de la concesión o permiso, en los términos de los artículos 31 y 37 de la presente Ley. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes resolverá lo conducente”.La iniciativa original no dejaba lugar a interpretaciones. En el caso de infracciones reiteradas de “venta de tiempo de transmisión, en cualquier modalidad de programación, a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos…” o “difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al Instituto Federal Electoral”, el Consejo General de este organismo era el responsable de acordar que se suspendiera la transmisión del tiempo comercializable hasta por 36 horas. En caso de reincidencia, esta autoridad estaba facultada para solicitar ante la SCT el revocamiento de la concesión.En la propuesta de García Cervantes, el Consejo General del IFE podría sancionar, con la suspensión de la transmisión del tiempo comercializable la difusión de la propaganda encubierta que se ha expandido en noticiarios, revistas televisivas y hasta en telenovelas; y, en caso de reincidencia, solicitar a la SCT la revocación de la concesión.Con las reformas aprobadas por los senadores, incluso la suspensión que acuerde el Consejo del IFE está sujeta a interpretación por parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y de la SCT. Obviamente, no existe la posibilidad de solicitar que sea revocada la concesión.Incluso cuando haya materia para la revocación, el titular de la SCT tampoco la puede aplicar, pues los senadores también eliminaron la reforma al artículo 31 de la LFRT que proponía incluir entre las cláusulas de revocación de las concesiones una fracción IX que señalaba: “Incumplir, en forma grave y reiterada, las disposiciones establecidas por la Base III del artículo 41 de la Constitución y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de radio y televisión, acceso de los partidos políticos a sus prerrogativas en dichos medios, o respecto de las prohibiciones establecidas para los particulares y entes públicos en dichos ordenamientos”.La iniciativa aprobada por el Senado es un complemento a la controvertida reforma de noviembre de 2007, pero sobre todo, establece límites a las sanciones y a la actuación del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Las multas serán por un máximo de 100 mil salarios mínimos (aproximadamente 5 millones 300 mil pesos) y corresponderá al consejo cobrarlas.En caso de “infracciones graves y sistemáticas” (que obviamente no basta con que sean reiteradas, sino que además debe haber patrones) se dará vista a la “autoridad competente” para los “efectos correspondientes”. Éstos serán inocuos, pues los senadores también se cuidaron de no incluir en las infracciones explícitas ni en las sanciones establecidas en la LFRT la suspensión de la transmisión del tiempo comercializable.En esa reforma hay avances, pues se establece la aplicación supletoria del Cofipe, así como el reconocimiento de la autoridad del Instituto Federal Electoral en la Ley Federal de Radio y Televisión; sin embargo, a cambio de esos logros se protege a los concesionarios, pues todo queda a discreción del titular de la SCT. l

Carpinteyro: Enemiga del Estado

JENARO VILLAMIL

En su intento por deslindarse de las conversaciones telefónicas que lo exhiben, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, enfiló sus acusaciones hacia la exsubsecretaria Purificación Carpinteyro, a quien acusa de filtrar las grabaciones. Pero ella contraataca: Téllez tiene "visos de paranoia"… Quien hasta hace tres semanas era amiga del presidente Calderón y ahora es, según ella, "enemiga del Estado", dice a Proceso: el escándalo de las intercepciones telefónicas de Téllez constituye "una cortina de humo" en medio de una "zona de guerra entre Telmex y Televisa" por el gran negocio de las telecomunicaciones.



“No soy la chica de Cipol ni tengo una central de inteligencia. Seguramente si la tuviera, tendría una gran base de clientes, pero no es el caso”, sentencia Purificación Carpinteyro, exsubsecretaria de Comunicaciones y Transportes.Nombrada por el presidente Felipe Calderón para ese cargo, al que renunció el pasado 30 de enero, Carpinteyro no tiene interlocución con su excolega de la Escuela Libre de Derecho desde el último encuentro que tuvo con el mandatario, el día 20 del mismo mes. Ahora se considera a sí misma como “enemiga del Estado” por enfrentar las acusaciones penales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ante la Procuraduría General de la República. Carpinteyro advierte que lo sucedido con el escándalo de las intercepciones telefónicas de Luis Téllez constituye “una cortina de humo” en medio de una “zona de guerra entre Telmex y Televisa” que está afectando al sector de las telecomunicaciones.“Sabemos que si Telmex busca el cambio de título de concesión para dar servicios convergentes de triple play y que si Cablevisión y Cablemás, ambas de Televisa, están luchando a través de Canitec para hacer hasta lo imposible por evitar que eso suceda, para cualquiera es evidente que sí existe esta zona de guerra, en la cual hay dos claros grupos poderosos que están llevando esta pelea para proteger sus intereses”, reseña.En menos de tres semanas, Carpinteyro pasó de tener “diferencias irreconciliables” con el titular de la SCT a ser acusada por esta dependencia, donde laboró cinco meses, como presunta responsable de los delitos de intercepción de llamadas telefónicas y divulgación de sus contenidos en los medios electrónicos.En entrevista con Proceso, Carpinteyro niega ser la autora de estas grabaciones, reitera que sólo conoció las ocho llamadas telefónicas divulgadas el viernes 13 en Reporte Índigo por medio del presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, y contraataca: Téllez tiene “visos de paranoia” y “un terrible problema de desconfianza”.

Pistas de “guerra sucia”

Entre el jueves 19 y el viernes 20 aparecieron otras pistas que apuntan hacia una guerra sucia de anónimos y “filtraciones” contra el titular de la SCT. El jueves 19, el periódico Excélsior divulgó otra serie de tres conversaciones telefónicas entre Téllez y el secretario del Trabajo, Javier Lozano, presidente de la Cofetel en el sexenio de Ernesto Zedillo y cuyo nombre se menciona insistentemente para ocupar la titularidad de la SCT.En esas llamadas, Téllez se lanza contra el exsubsecretario de Comunicaciones y Transportes Jorge Álvarez Hoth, quien publicó en Reforma una serie de artículos en los que documenta la violación de la SCT al amparo de Telcel en la disputa con Axtel por las tarifas del programa El que Llama Paga.Simultáneamente, circuló una “carta anónima” dirigida a Téllez en la que se hace una breve y críptica reseña de otras posibles llamadas telefónicas en las cuales el titular de la SCT se queja de los priistas, critica a la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, se burla del titular de la Secretaría de Hacienda, Agustín Carstens, se queja ante la falta de sensibilidad en Los Pinos, hace recomendaciones al concesionario Pancho González para ganar licitaciones, negocia con Diego Fernández de Cevallos, acusa a Emilio Gamboa Patrón de haber “regalado” a amigos de Carlos Salinas concesiones de radio y da instrucciones a sus colaboradores para “maquillar” cifras del presupuesto o darle “todos los apoyos necesarios” a Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous, comisionados de Cofetel que estuvieron en el equipo de Téllez.En una de sus partes más delicadas ese anónimo advierte:“Además, te encanta lo ilegal y te quejas de ello, te indigna que te hayan grabado, pero tú ordenaste a Ricardo (Ríos, su secretario privado) para que hable con el almirante (José Luis) Figueroa (responsable de seguridad interna en la SCT) para que investigue a Carpinteyro, la sigan y la graben. Si en realidad Purificación está tan loca como dices, es tan mala y perversa… o se trata de otra de tus mentiras como la que te aventaste de Carlos Salinas.”En su programa radiofónico, Joaquín López Dóriga destacó el jueves 19 que este texto circuló en los correos electrónicos del Senado. Sin embargo, la oficina del presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la fracción del PRI en esa Cámara, Manlio Fabio Beltrones, negó que un escrito de esta naturaleza hubiera llegado a alguno de los 28 senadores de su fracción. Tampoco llegó a su correo electrónico, dijo. Los senadores del PRD y del PAN, así como reporteros de la fuente consultados, rechazaron que se hubiera distribuido o conocido en el Senado el anónimo que leyó López Dóriga.En su edición del viernes 20, Excélsior publicó una versión más extensa de este anónimo, aun con partes omitidas. La rúbrica, dirigida a Luis Téllez, es una clara amenaza: “Voy a hacer de tu vida una vida miserable.”En los tres últimos párrafos de este texto se lanzan otras advertencias contra el titular de la SCT, a quien retan a que renuncie antes de que se conozcan nuevas grabaciones:“¿Y por qué tapas a Cerisola? ¿Por qué dices que le vas a pedir al secretario de la Función Pública que no se metan con él? ¿Qué es lo que estás ocultando? ¿Estás encubriendo algún delito?“Bueno, bueno, tenemos mucho, mucho más, pero lo más delicado lo dejamos para la próxima.“Esperamos que renuncies antes de convertir tu vida en un verdadero escándalo…“Por último, Teddy bear, te quiero decir que… seguramente vas a negar todo. Recuerda que tenemos las grabaciones de todo lo aquí escrito y las haremos llegar desde el extranjero, a toda la sociedad.”A diferencia de hace una semana, la SCT no reaccionó ante este anónimo; tampoco lo acreditó ni anunció investigación alguna.Por el contrario, el jueves 19 el titular de la Unidad Jurídica de la dependencia, Gerardo Sánchez Henkel, orientó sus baterías contra la exsubsecretaria. Declaró a un programa radiofónico que otro anónimo, llegado vía e-mail a la secretaría, era de Carpinteyro, ya que contenía palabras en portugués y “ella tiene la nacionalidad brasileña”.Según el acta de nacimiento del Registro Civil, cuya copia tiene Proceso, Purificación Carpinteyro Calderón nació en el Sanatorio Español de la Ciudad de México, es hija de padres mexicanos y tiene nacionalidad mexicana.La exfuncionaria admite que las principales diferencias entre ella y Téllez surgieron a raíz del litigio entre Axtel y Telcel. “No estuve de acuerdo con la decisión tomada por la SCT. Había una suspensión que fue notificada por Cofetel. El punto fue si la decisión adoptada implicaba una violación a la suspensión. Con posterioridad, encargué un estudio jurídico al despacho de Julio Esponda para que me diera una opinión al respecto”, relata.El despacho concluyó que “es altamente probable que se resuelva que se violó la suspensión” (Proceso 1685). El litigio está siendo revisado en un tribunal colegiado, como segunda instancia.

La ruta de las grabaciones

¿Cómo le llegaron las grabaciones? se le pregunta a Carpinteyro.“En una conversación con el arquitecto Héctor Osuna, presidente de la Cofetel, le hago el comentario de que me enteré que el secretario de Comunicaciones le había dicho al presidente que había un ‘hoyo’ de mil millones de pesos en Correos Mexicanos”, responde.

–¿Existía ese “hoyo” presupuestal?

–No había un “hoyo”. Hay una gran diferencia entre no haber alcanzado las expectativas de ingresos que estaban presupuestados, a que exista un “hoyo”. Era parte del presupuesto de ingresos, una proyección de cuáles iban a ser. No se concretó por infinidad de motivos, entre ellos, por la crisis económica. Distintos clientes corporativos nos habían dado un estimado de 15% de crecimiento y no crecieron, disminuyeron. La crisis comenzó a impactar prácticamente a todas las empresas del sector público y privado. No llegamos a la meta. Eso no es muy diferente a que haya un “hoyo”; decirlo implica que hubo corrupción.

–¿Cómo se enteró de que el presidente sabía de ese faltante?–La diputada panista de Chiapas Martha Cecilia (Díaz Gordillo) me habló para decirme que en una gira con el presidente ella le había sugerido que se promovieran las nuevas tiendas de Correos. El presidente le dice que eso no será posible porque habían encontrado “un hoyo de mil millones de pesos”.“Obviamente, Téllez había informado de manera desvirtuada al presidente y se lo comento a Osuna. Él me dijo: ‘Ay, qué curioso, porque a mí me llegó de forma anónima una cinta en donde Téllez afirma, entre otras muchas cosas, que tenía que decir que había un ‘hoyo de mil millones de pesos en Correos’.“Tenía la oportunidad de tener una reunión privada con el presidente y pensé que era el momento adecuado de mostrarle estas cintas, puesto que yo quería decirle al presidente que le estaban dando información mentirosa y desvirtuada.”

–¿Fue la reunión del 20 de enero?

–Sí.

–¿Cómo reaccionó el presidente?

–Desafortunadamente, esperaba que se diera una reunión donde sólo estuviéramos el presidente y yo. Pero estaban convocados dos secretarios de Estado (Luis Téllez y Fernando Gómez Mont), la jefa del gabinete (Patricia Flores) y el director jurídico de Presidencia (Miguel Alessio). El presidente me dijo que eran ilegales esas grabaciones y que, por favor, en todo caso entregara al secretario de Gobernación las cintas.

–¿Fueron las únicas grabaciones que entregó?

–Sí, fueron las únicas.

–¿Usted las filtró a la prensa?–No.–¿Por qué entonces la insistencia de la SCT de que usted primero las grabó y luego las distribuyó?–Si yo renuncio con una relación deteriorada y desgastada, irreconciliable, tal como lo digo en mi carta, ¿no cree que si mi intención era filtrarlas lo hubiera hecho antes?... ¿Por qué las iba a filtrar si el presidente, el secretario de Gobernación y todo el mundo sabían que las tenía? Claro que no fui yo quien filtró esa grabación.

–¿Usted las grabó?

–Para poder hacer intercepción telefónica se requiere de equipos sumamente sofisticados que difícilmente yo tengo. Por supuesto, no los grabé. Me dio mucha risa una columna periodística que leí hace una semana en donde me llamaban la señora Cipol y decían que la KGB, la CIA y la agencia británica de espionaje me estaban buscando para hacerme una oferta de trabajo.“Las grabaciones llegaron a mis manos de la forma que he relatado. Yo le comenté a Héctor Osuna que iba a ir con el presidente y que creía que las debía conocer.”

–¿No se las había entregado Osuna antes al presidente?

–Hacía más de un año que él no tenía una reunión con el presidente.Por su parte, Osuna declaró en otro programa radiofónico, el jueves 19, que no tenía “nada que ver” con las grabaciones. “Yo creo que vale la pena que este asunto lo ventilemos con quien la autoridad designe. Yo no tengo ningún problema en el asunto”, afirmó Osuna al periodista Sergio Sarmiento.

La ruptura con Téllez

Purificación Carpinteyro asegura que el quiebre en su relación con Téllez ocurrió en una reunión en su oficina, cuando éste le gritó y la acusó de mentirle tres veces en menos de 24 horas. Recuerda que eran cuestiones irrelevantes, como que ella había tenido una cena con el senador Manlio Fabio Beltrones, que había citado a Alfredo Elías Ayub (director de la Comisión Federal de Electricidad) para hablar de la fibra óptica o que se había reunido con alguien de MVS.“Lo hizo de manera muy grosera, que le mandé una carta. Le dije que me parecía que las relaciones personales y profesionales, con independencia de jerarquías, se tenían que basar en el respeto. Que si bien quedaba constancia de que él no tenía respeto para mi persona, y que lo que en ese momento debía hacer era presentar mi renuncia, no lo haría en tanto el presidente Calderón no me lo pidiera. Yo estaba segura que estaba siendo un estorbo para otros planes.”

–¿Fue antes del 9 de enero, fecha de la emisión del reglamento interno de la SCT que le otorga amplias facultades a Téllez?

–Sí.

–Una versión de su renuncia es que usted estuvo en desacuerdo con el reglamento porque le restaba atribuciones a la subsecretaría.

–Eso no tiene ningún fundamento por la sencilla razón de que las atribuciones se le dan a la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y que depende directamente de la subsecretaría, por lo tanto, son responsabilidades de la propia subsecretaría.“Si bien no estoy de acuerdo con los términos del reglamento, la verdad es que no lo conocí hasta que fue publicado y ya la relación con Téllez estaba muy, muy desgastada. Ya era una situación irreconciliable.”

–Usted presentó un plan para el sector de telecomunicaciones. ¿Le expresó su desacuerdo el secretario?

–Presentamos un plan que comprende seis puntos para transformar el sector y que no son fáciles de implementar. El secretario me manifestó estar de acuerdo y posteriormente me demostró que no lo estaba. Siempre existió esta falta de confianza necesaria para que el funcionario público pueda operar.

–¿Es paranoia?

–No soy psiquiatra para evaluarlo, pero según la definición que existe en el diccionario, eso aparenta.

–También se corrió el rumor de que usted llegaba a la subsecretaría con la intención de desbancarlo. ¿Qué tanto influyó esta percepción?

–Probablemente ese fue uno de los factores que más desgastó la relación en el ánimo del secretario. “Ahora, tampoco hay que descartar una buena dosis de misoginia. Por los desafortunados rumores que se generan en relación con una mujer que tiene una determinada posición, él simplemente utilizó este tipo de chismes. Incluso, diciendo que era yo la que las propalaba.”

–Usted está demandada. ¿Ya le notificaron?

–Primero, no sé si la denuncia esté hecha en contra mía. No me han notificado.

–¿Cómo interpreta el comunicado de la Secretaría de Gobernación?

–Acreditan que les entregué las grabaciones.

–¿No es ambiguo?

–No. Creo que eso deja claro que se procederá conforme a derecho. Es legítimo que se haga una investigación.

–¿Cómo es su relación ahora con el presidente?

–No hay una relación.

–¿Espera usted algún encuentro?

–Estimo que no es necesario…

–Detrás de esto, ¿ve usted un pleito entre Telmex y Televisa?

–Definitivamente. l

Serrat defiende legitimidad de Chávez

El cantautor catalán se encuentra en esta ciudad vecina a Santiago para abrir la noche del lunes la 50ma. edición del Festival de la Canción de Viña del Mar. En una conferencia de prensa, Serrat se dio tiempo para elogiar los vinos chilenos y destacar que ahora en el festival "el glamour tiene mucho peso, quizás más que la música". También respondió preguntas sobre Chávez y el referendo que éste ganó recientemente aprobando una enmienda constitucional que le permite buscar su reelección indefinidamente. "Chávez ha planteado unas elecciones, las ha ganado, unas elecciones limpias y abiertas", dijo Serrat. "Hay una respuesta de la gente y eso es inexorable". Añadió que el líder venezolano "no ha llegado al poder por otro mecanismo que por las urnas. Todas las reformas que impone las impone por las urnas". Agregó que "la oposición democrática al gobierno de Chávez debería ... sacar sus conclusiones" de esas elecciones. Serrat participó en el festival en 1970 y 1971, y nuevamente recién en 1993, ya que tuvo prohibido su ingreso al país durante la larga dictadura del general Augusto Poinochet, entre 1973 y 1990.

Devaluación política en México

http://www.youtube.com/watch?v=y6wzaC0fAvY

Distribuyen video de quejas contra Calderón

Internautas distribuyen un video de un asalariado quejándose por la situación económica del país y haciendo responsable al PAN y a Felipe Calderón. El video tiene ya miles de descargas en YouTube.

Ciudadanos perciben mal el gobierno de Calderón: encuesta

Internautas distribuyen un video de un asalariado quejándose por la situación económica del país y haciendo responsable al PAN y a Felipe Calderón. El video tiene ya miles de descargas en YouTube.
El video fue grabado de manera espontánea en Ciudad Obregón, Sonora, y muestra a un trabajador asalariado quejándose de la crisis económica ya que no puede comprar un hot dog.
Este es el video:

http://www.youtube.com/watch?v=onku0PuXYQM

Pedirán destitución de Gabriela Cuevas

Vecinos de la delegación Miguel Hidalgo pedirán el retiro del cargo de la delegada panista de esta demarcación, Gabriela Cuevas.
Cuevas comparecerá el martes 24 de febrero ante la Asamblea Legislativa del DF. De acuerdo con el precandidato a diputado federal por Convergencia, y vecino de Miguel Hidalgo, Rubén Fernández Lima, los vecinos pedirán que le retiren el cargo a Cuevas "en virtud de los agravios a la ciudadanía."
De acuerdo con Fernández Lima, quien forma parte del grupo de vecinos de Miguel Hidalgo que se opone a la realización de las obras viales, las acciones de oposición para continuar la obra vial fueron exitosas. "El Gobierno de la Ciudad intervino y suspendió las obras", aseguró.
Fernández Lima dio a conocer a SDP que a sólo un metro de profundidad del lugar en donde Gabriela Cuevas pretendía hacer un deprimido hay ductos de gas y de alta tensión, por lo cual las obras que pretendía realizar la delegada panista ponían en riesgo a los vecinos de la delegación.

El capitalismo es el camino del Crimen y la Impunidad

Ricardo Andrade Jardí

Y mientras el usurpador fecal insiste en echar la culpa a todo dios, de sus incapacidades, sin entender que el problema de su incompetencia es él, unas presuntas declaraciones atribuidas a los más altos ejecutivos de Bimbo (México) sostienen que, el usurpador, no puede más y que es muy probable que no logre terminar su "mandato".
Nadie mejor para declarar, suponiendo sin conceder que se haya dicho así, que los mismos sujetos que avalaron lo que hoy ellos mismos denominan como "fraude patriótico por México". Pero la incapacidad de fecal es deslumbrante como rayo de sol, no hace falta que los empresarios chatarra que lo impusieron, lo declaren, es por el bien de México que fecal debería irse lo más pronto posible.
Más de 8 mil (8,000) ejecutados, sin contar a la familia acribillada en un retén del Ejército, o los líderes campesinos de Guerrero, hoy desaparecidos, y que sus familiares buscan entre los muertos ejecutados por el "crimen organizado", el cual puede organizarse gracias al amparo que la IMPUNIDAD institucional les otorga, con instrumentos como el FOBAPROA, que es la patente de corso para legalizar la estructura misma de la tecnomafia (des)gobernante, que en cifras, conservadoras, en los últimos 20 años, ha conducido al país a un verdadero genocidio, sin precedente en nuestra historia: cientos de miles de ciudadanos que son expulsados de sus lugares de origen para ir a trabajar a los peores centros de explotación, "legalizados" como maquiladoras, que no fábricas, donde dejan entre 5 y 15 años de vida miles de carenciados, siempre bajo la amenaza del despido y sin ninguna garantía de ley que los proteja del abuso; cientos de mujeres asesinadas con absoluta IMPUNIDAD y complicidad oficial; cientos de miles de asesinados que, sin investigación previa, pasan a engrosar la lista de ejecutados o de ese padecimiento en el que se ha convertido, junto al infarto y la diabetes, el ajuste de cuentas, como la principal causa de muerte natural; cientos de indígenas a los que se les arrebata su cultura y su identidad junto a sus tierras, para dar paso al "progreso" que, como siempre, sólo beneficia a unos cuantos y deteriora el medio ambiente con una rapidez sumamente alármate, llegando ya a puntos sin retorno; fondos de retiro de millones de trabajadores que desaparecen en el manto de la IMPUNIDAD institucional, sin que nadie atine a hacer justicia y, mucho menos, a reparar el daño; empresarios ladrones que buscan y legalizan pretextos para ganar todo, despojando del todo a los trabajadores, no sin antes socializar todas sus deudas, pero personalizando todas, todas las ganancias...
En el camino del neoliberalismo, se registran los crímenes más atroces contra la humanidad, la violencia más inaudita y el desprecio absoluto por la vida humana; el neoliberalismo es semillero de las macro mafias tecnócratas, de la desestatificación de las ganancias y la estatización de las pérdidas, de los saqueos patrimoniales más inmundos, del aplastamiento de las culturas regionales y locales por la cultura global de la hamburcolademocracia.
Es hora de que empecemos a prepararnos y accionar en lo individual y lo colectivo, disponiéndonos para resistir, toda la rapiña que prometen, los que hoy no han hecho más que robarnos, humillarnos y asesinarnos, para rescatarnos de su mega crisis financiera, la que sea como sea, es ya el inicio de una nueva era; de nuestra disposición (como sociedad participativa) dependerá dar el giro de timón que nos aleje del depredador capitalismo asesino, abriendo otras alternativas de dignidad y justicia para todos.

Geopiratería imperialista en el proyecto México Indígena

Jorge A. Franco Cáceres

El pasado viernes 20 de febrero, recibimos la impactante comunicación de Aldo González y Derechos Indígenas de UNOSJO, S. C., en la que alerta a la comunidad de investigadores científicos y sociales sobre "El saqueo de los saberes tradicionales zapotecas sobre sus tierras y territorio, realizado a través del Proyecto México Indígena en comunidades de la Sierra Juárez, mismo que ha desatado una polémica internacional sobre la ética de los investigadores sociales al intervenir en comunidades indígenas". En atención a la enorme delicadeza de la cuestión, a la que en UNOSJO, S. C. ha denominado geopiratería y a la que nosotros reconocemos de interés imperialista, procedemos a presentar desde las páginas de POR ESTO! una síntesis de esta cuestión sobre lo que actualmente sucede con este patrimonio cultural intangible de las comunidades indígenas de México

Geopiratería
Acostumbrados a escuchar nombres de ciudades o lugares en lenguas indígenas, la mayoría de las veces sin conocer sus significados, no damos importancia al conocimiento cultural y geográfico que encierran estas palabras. ¿Quién sabe el significado de Oaxaca? Aparentemente es una palabra de origen nahua (huaxyacac) que significa "lugar de huajes". Durante la Colonia, los españoles la usaron para este lugar, aunque podemos decir que su origen es la traducción al nahuatl de una palabra zapoteca que significa lo mismo.
"Las palabras en lenguas originarias que se usan para denominar los lugares son el conocimiento cultural y geográfico sobre el terreno, que nuestros pueblos han acumulado por miles de años". Este conocimiento ha sido menospreciado en México al imponerse la cultura occidental sobre las culturas originarias. El Proyecto Estadounidense México Indígena nos indica que los investigadores "yankis" conocen bien la importancia que tienen los saberes acumulados por las culturas originarias y, en consecuencia, están muy interesados en investigar el "conocimiento humano sobre el terreno" para diseñar su política exterior de marcado perfil imperialista.

Sociedad Geográfica Americana (AGS) y la ética de sus investigadores sociales
Después de la publicación del primer informe de UNOSJO, S. C. en periódicos, revistas y foros alrededor del mundo, iniciaron discusiones sobre la cuestión de la ética entre académicos norteamericanos que temen un daño a sus disciplinas por el comportamiento de sus colegas de la Universidad de Kansas. Y aunque "Jerome Dobson, presidente de la AGS, con gran disgusto dice en su carta que el Proyecto México Indígena ha sido respetuoso del código de ética que su sociedad ha establecido para todas sus investigaciones", UNOSJO, S. C. señala varias apreciaciones sobre esta falsa afirmación.
1) "El punto E., del código de ética de la AGS, establece que ninguna información debe ser adquirida a través del engaño o tergiversación, y el punto G. expresa que las fuentes originales de financiamiento de las expediciones financiadas por la AGS serán públicamente transparentes".
UNOSJO, S. C. afirma que "la gente de las comunidades donde se llevó a cabo el proyecto de mapeo, no estaba informada del financiamiento proporcionado por la Oficina Militar de Estudios Foráneos (FMSO) que pertenece al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ni del involucramiento de la empresa armamentista Radiance Technologies en su manejo. Tampoco supo de los reportes mensuales que se mandaron sobre el trabajo en sus comunidades al FMSO, accesible exclusivamente en línea, según información proporcionada por el ex presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Yagila que fungió durante 2006 y 2007". También señala que "los logotipos del FMSO y de Radiance Technologies no aparecen en las mapas que el equipo de México Indígena entregó a Tiltepec y Yagila en diciembre de 2008; sin embargo, al menos el logotipo de la FMSO sí aparece en los mapas preliminares de Zoogochi y Yagila, mostrados en las diapositivas 38 y 39 de la presentación, lo que hace concluir que los logotipos fueron removidos deliberadamente para engañar a los comuneros".
2) "En el punto J. de su código de ética se estipula que todos los resultados de las expediciones realizadas por la AGS, incluyendo reportes, artículos y sitios de web, deben ser publicados y accesibles para todos, incluyendo los gobiernos, y las agencias gubernamentales y los países de donde fue obtenida la información".
Al respecto, UNOSJO, S. C. señala que "en la Sierra Juárez de Oaxaca se habla zapoteco y español. Si los reportes, artículos y sitios web del proyecto están publicados exclusivamente en inglés, se viola el punto J. del código de ética de la Sociedad Americana de Geógrafos". Inclusive, en el cuadro 23 de la presentación en inglés de AGS, "el equipo de geógrafos utilizó los nombres de los comuneros de Yagila para ilustrar cómo funciona la ubicación de parcelas individuales; aunque en la carta que escribió el Sr. Dobson, como reacción a nuestro boletín anterior, afirma que la gente de Yagila demandó expresamente que no fueran publicados". ¿Por qué no destruyeron estos datos? y ¿por qué los usaron en las presentaciones AGS?
UNOSJO, S. C. declara que "estamos gravemente preocupados porque los nombres de los comuneros sigan siendo utilizados. Con esta acción, se está violando claramente la voluntad de la gente que apoyó el proyecto y además los puntos E., J., y O. del código de ética de la AGS, que afirma que escolares y miembros de las expediciones tienen que proteger la confidencialidad de cualquier sujeto humano involucrado en la investigación. En la reciente publicación de AGS, de fotos de gente de las comunidades, incluyendo integrantes de la UNOSJO, S. C., también vemos una clara violación de este último punto".
3) Finalmente en el punto N. de su código de ética, "la AGS establece que los miembros de las expediciones deben actuar de una manera que respete las culturas del país donde hacen sus investigaciones; que sus acciones no deben afectar negativamente a la gente o al medio ambiente de los países donde hacen sus investigaciones, y que si faltan significativamente a estos principios, la expedición puede ser cancelada o individuos pueden ser sacados".

Respaldo a comunidades y pueblos indígenas frente a la geopiratería imperialista
Compartimos con UNOSJO, S. C. y las comunidades zapotecas afectadas en sus derechos culturales, que las numerosas faltas de los investigadores de AGS a su código de ética son bastante graves y perjudiciales para los pueblos y comunidades indígenas de México y que en consecuencia la AGS y su Proyecto México Indígena deben suspender sus trabajos en México y retirarse.
Respaldamos el llamado a las comunidades y pueblos indígenas para que sea, desde estos mismos pueblos y comunidades, donde se definan las investigaciones o prospecciones que se tengan o no se tengan que hacer en sus tierras y territorios. Y también que sea allí, donde se definan quién las realiza y las metodologías que se tengan que emplear, para no seguir siendo objetos de estudio de investigadores estafadores como los de AGS que, en un afán aparente de hacer investigación científica "pura" desde proyectos como México Indígena, se han dedicado a saquear información vital de los pueblos y comunidades indígenas para utilizarla con fines imperialistas contrarios a sus tradiciones ancestrales y sus derechos patrimoniales.

¿Puede la Democracia Participativa revitalizar la política?

Michael Löwy

Desde sus orígenes en Grecia, la democracia se consideró como la participación directa de todos los ciudadanos en las deliberaciones y decisiones. Este es el mismo principio que defiende el fundador del pensamiento democrático moderno, Jean-Jacques Rousseau. Es con las grandes revoluciones modernas, en Inglaterra, Estados Unidos y Francia, que la práctica de la democracia representativa se establecerá. Ella es, en cierta medida, inevitable en las grandes sociedades modernas. Las perversiones de la representación no datan de nuestros días, pero han sido considerablemente agravadas durante el reinado del neoliberalismo: con la formación de una casta política cerrada y con frecuencia corrupta, sumisa a los intereses de las élites privilegiadas, con la exclusión de las mujeres y los inmigrantes, y así sucesivamente (¡la lista es larga!).
La democracia participativa, tal y como funciona, principalmente en algunas de las comunidades indígenas autogestivas en América Latina --por ejemplo, en las regiones zapatistas en Chiapas--, es una nueva forma de gestión política que rompe con las estructuras burocráticas oficiales. Es un ejemplo fascinante, pero que se presta difícilmente a una gestión a nivel nacional.
Otro caso de una figura interesante de ella, el más conocido internacionalmente, es, por supuesto, el presupuesto participativo en algunas ciudades brasileñas dirigidas por coaliciones de la izquierda --por ejemplo, en Porto Alegre. También hay un intento de ampliar el presupuesto participativo en otra provincia de Brasil, Río Grande do Sul, con el gobernador de izquierda Olivio Dutra.
Estas son algunas experiencias importantes, pero con algunos límites: participación minoritaria, de gestión puramente local y de sólo una parte de los recursos municipales. En todo caso, estos intentos son más interesantes que sus equivalentes en Europa, donde, con raras excepciones, se trata de consejos meramente consultivos y que no toman decisiones.
Aparece así, poco a poco, la idea de que la democracia representativa debe combinarse con formas de democracia directa, lo que permite la participación directa de los ciudadanos en las deliberaciones y las decisiones políticas que les afectan.
Esta idea me parece fértil y prometedora, aunque las modalidades están todavía en gran medida por definir.
Pero la crisis de la democracia representativa parlamentaria actual y sus fuentes estructurales, son de raíces más profundas: la incapacidad de las estructuras políticas establecidas, parlamentarias o de otra índole, para hacer frente con eficacia los problemas económicos y sociales. En la lógica del capitalismo neoliberal, las decisiones reales son cada vez menos adoptadas por los "representantes electos", y cada vez más por los mercados financieros, los principales bancos y empresas multinacionales, y en lo que respecta a esos países del Sur, el FMI y el Banco Mundial.
¡No se podrá salvar la democracia política si no es con el establecimiento de la democracia económica!

Traducción: Andrés Lund Medina (Rebelión)

Alertas en rojo como grito de alarma

María Teresa Jardí

Cada día, algún grito de alarma se suma al del día anterior. A eso que se llama partido Verde que, todos saben, es el juguete de Jorgito, el hijito de su dueño Jorge González Torres, por el solo hecho de pedir la pena de muerte, con el atraso que esto evidencia de cara al mundo, tendría que cancelársele de inmediato su registro. Ningún pueblo que aspire a vivir en algo menos dramático que la dictadura, probadamente inaceptable siempre, debe permitir que nadie, bajo ninguna circunstancia, se ubique por encima de la ley, ni tampoco puede permitir hasta el infinito el cambio de leyes para endurecerlas y, menos aún, cuando ni siquiera sabe si con las más benévolas, cabalmente aplicadas, sería suficiente para combatir la delincuencia.
Sin ir más lejos, lo mismo venía ayer publicado en una nota de nuestro diario dicho por AMLO y también, lo están diciendo otros que pasaron por eso, como los colombianos, y a los que no funcionó el proceso.
El problema de la violencia no es un problema policiaco. Es un problema político que tiene que ver con malas decisiones tomadas desde la cabeza, de por quien además usurpa el poder Ejecutivo, malas decisiones avaladas a cambio de corrupción e impunidad por todos los partidos y como con partidos, es que se establecen los gobiernos en las "democracias" y es ahí donde está el problema de México.
Se pudrieron los partidos o al menos, claramente, están podridas sus dirigencias. Se corrompieron y lo mismo no legislan porque así se los ordena Televisa, que legislan siguiendo las ordenes de ese monopolio, convertido antes, por los partidos políticos, en el dueño absoluto del Poder en México.
Alarma leer que el Ejército quiere combatir al crimen organizado "sin restricciones legales". Defensora he sido de la necesidad de su uso temporal y con reglas para combatir, mínimamente, la delincuencia. Uso temporal apegado a derecho y bajo su absoluta responsabilidad, debido al nivel de corrupción al que se dejó llegar a las instituciones procuradoras de justicia en nuestro país. Lo que tampoco se ha hecho porque se prefirió mezclar, con el origen de la necesidad de sacar, es decir, con la corrupta policía, que no tenemos, algo así como poner manzanas buenas encima de las podridas, a sabiendas de que se pudrirán también las buenas. Lo que de suyo debiera despertar, por sí solo, mil luces de alerta. Porque no es tampoco que al Ejército se le haya dado facultades para combatir el lavado de dinero ni la corrupción sin límite que a los políticos alcanza y sin lo cual, combatir a los narcos no deja de ser una farsa.
Así como no tenemos policía, tampoco tenemos instituciones procuradoras de justicia y también nos han dejado sin un Poder Judicial que aplique la justicia y empeñados están en acabar con la credibilidad que le resta al Ejército Nacional. Porque del paralelo, que nadie habla, bien a bien tampoco se sabe en qué anda, además de mantener a un usurpador, por la fuerza de sus armas, como titular de un Ejecutivo que no ganó en las urnas.
No tenemos instituciones y no se combate la delincuencia que ha sentado sus reales en la silla misma, usurpada hoy de Ejecutivo Federal.
Bien a bien nadie sabe si los encapuchados, y los no encapuchados porque, vamos, hasta la más abominable de las televisoras, muestra acabada del daño que se le hace a un país al permitir a sujetos, individuos, corporaciones, instituciones... por encima de la ley, ha mostrado tomas de personas no encapuchadas al lado de las encapuchadas, que bien podrían ser simplemente jóvenes hartos de tanta injusticia y no delincuentes "pagados por el narco"; personas comunes y corrientes, en una manifestación pública, para exigir lo que el gobierno ha renunciado a hacer: Justicia, jóvenes comunes y corrientes con capuchas para no ser tan fácilmente reconocidos para evitar represalias. E incluso si fueran empleados de "los narcos", lo que tendrían que estar analizando los partidos: es el costo del acarreo que tantos "votos" comprados les deja.
Las luces rojas de alerta se encienden, como un grito de alarma, ante el hecho de que el Ejército Nacional preste sus armas --- eso sí descargadas, faltaba más--- para que jueguen con ellas niños en un evento que el Ejército sabe que va a ser televisado y documentado por los medios escritos. A convencer para lo que viene suena la cosa, encapuchados incluidos, que también pueden ser pagados para generar lo que la usurpación, que ha perdido el control del Estado, negocie, porque así le convenga, incluso para garantizarse su no paso por la cárcel en el futuro que se aproxima.