Los agentes de la DEA operan en México con toda libertad y hasta con el beneplácito y colaboración del gobierno. Como si fueran mexicanos. Espían, detienen sospechosos, manejan a los policías de la PGR y atestiguan cómo aplican torturas; ellos mismos interrogan a los detenidos y se llevan celosamente la información a su búnker de Reforma 265. Los miembros de la agencia antidrogas estadunidense conocen bien las deficiencias y torpezas de los investigadores locales y llenan los vacíos en su provecho. No les preocupa la ley, porque se saben impunes: tienen permiso del presidente Felipe Calderón.
La Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA) opera en México como si estuviera en su país: participa en detenciones, interroga, interviene comunicaciones, infiltra a sus soplones y, lo más grave, incluso atestigua torturas aplicadas por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR).
El aumento de la presencia de la DEA en México –autorizado por el gobierno de Felipe Calderón– se ha traducido en la participación de sus agentes en operativos en todo el país, incluido el Distrito Federal, donde han organizado hasta detenciones de presuntos traficantes.
Su gran aliada ha sido la PGR, que integra sus averiguaciones previas con la información que le proporciona la DEA y permite a sus agentes interrogar a los detenidos y llevar la información así obtenida a sus propias bases de datos. Además, gestiona la extradición a Estados Unidos de los investigados por la DEA, aun cuando las incriminaciones se hagan bajo tortura.
La PGR no es la única en facilitar su operación. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le da cobertura operativa al brindarle a sus agentes camionetas con placas de esa dependencia para participar en detenciones. A la colaboración también se ha sumado la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuyos policías adaptan sus informes para avalar las investigaciones de los estadunidenses. Ha tenido apoyo hasta de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, según varios acusados por la agencia.
Uno a la cuenta de la agencia
En el haber de ese organismo en México se cuenta el fallecimiento de al menos un inculpado por sus investigaciones: el mexicano-estadunidense Orlando Mijares Estévez, quien murió el domingo 17 en el Reclusorio Norte, tras tres años encarcelado, por falta de atención médica y a quien nunca se le comprobó el delito de lavado de dinero que le fincó la PGR a partir de las acusaciones de la DEA.
Mijares Estévez, de origen cubano, fue uno de los detenidos por la PGR a finales de 2007 luego de que durante el primer año de gobierno de Calderón la DEA desplegó una intensa actividad en México para desarticular una célula del cártel colombiano del Norte del Valle.
Clave para esa operación fue la infiltración del narcotraficante colombiano Juan Carlos Umbacia, quien tras ser declarado culpable en Estados Unidos de haber conspirado para traficar cocaína entre finales de los ochenta y principios de la década pasada, se convirtió en 2003 en informante de la agencia. En 2005, Umbacia se infiltró en el cártel del Norte del Valle para detectar sus operaciones en Estados Unidos, México y Colombia.
Para operar en México, la DEA se apoyó en Édgar Enrique Bayardo del Villar, entonces jefe de la Tercera Sección, Estado Mayor, de la Policía Federal Preventiva, hoy Policía Federal.
Bayardo fue detenido en octubre de 2008 como resultado de la Operación Limpieza. Fue procesado bajo la acusación de trabajar para Ismael El Mayo Zambada, del cártel de Sinaloa, y asesinado en el Distrito Federal en diciembre de 2009 cuando era testigo protegido de la PGR con el nombre clave de Tigre.
Como varios de los infiltrados por Umbacia eran residentes en México, el colombiano también operó en el Distrito Federal hasta que agentes de la DEA, el 30 de noviembre de 2007, participaron en la detención de Joaquín Alejandro Senderos Higuera, a quien el Departamento de Justicia de Estados Unidos requiere en extradición como presunto responsable de lavar dinero para el cártel colombiano.
A instancias de la DEA, Senderos está encarcelado en el Reclusorio Norte acusado por la PGR de delincuencia organizada y lavado de dinero. Después de tres años y ocho meses de proceso aún no ha sido sentenciado, pero la PGR tramita desde finales del año pasado su extradición, gestionada por la entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y actual procuradora, Marisela Morales Ibáñez, ante el Juzgado Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF.
Además de Senderos, la funcionaria solicitó la detención con fines de extradición de otras seis personas, todas colombianas, a las que Estados Unidos les finca los cargos de lavado de dinero y conspiración para traficar cocaína. Los cargos están contenidos en la causa penal 3-10-cr-073-K, abierta en Dallas por la corte federal para el distrito norte de Texas.
La petición de Morales, a la que este semanario tuvo acceso, está elaborada con la información obtenida por el infiltrado de la DEA, aunque la SIEDO asegura que realizaba su propia investigación desde enero de 2007.
Entre los requeridos por Estados Unidos está Harold Mauricio Poveda Ortega, El Conejo, señalado por la PGR como el principal proveedor de cocaína del cártel del Norte del Valle a la organización de los hermanos Arturo Beltrán Leyva.
Poveda fue detenido en noviembre de 2010, dos años después de que se escapó de un operativo de la Policía Federal en una residencia del Desierto de los Leones. En ese operativo participó Bayardo como inspector de la corporación policial que depende del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
A pesar de que en el expediente de extradición se transcribe parte de las conversaciones del infiltrado de la DEA, la PGR consignó ante el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF la causa penal 22/2008/II, supuestamente elaborada a partir de una “denuncia anónima” contra Senderos y otras seis personas.
Bayardo, a su servicio
El 30 de noviembre de 2007, Joaquín Alejandro Senderos Higuera, administrador de empresas graduado en la Universidad de Stanford y fundador de varias compañias de operaciones internacionales, se había encontrado para comer con dos amigos en el restaurante El Cabrito Asador, en la esquina de Luis Moya y Arcos de Belén, en el centro de la Ciudad de México.
Alrededor de las cuatro y media de la tarde Bayardo entró al restaurante. Mencionó en voz alta el nombre de Joaquín Senderos y pasó por su mesa pero siguió de frente. El requerido también alzó la voz y le dijo: “Por acá, por favor”.
Sin identificarse, Bayardo le soltó: “Soy policía judicial. Necesito que me acompañe para aclarar unas situaciones de su amigo Horley Rengifo”. Senderos accedió porque se trataba de quien le había comprado una franquicia de su empresa de alimentos naturales no perecederos Life & Victory, que operaba bajo el esquema empresarial de multiniveles.
Horley Rengifo Pareja, nacido en 1968 en Neiba Huila, Colombia, y establecido en México, había comprado la franquicia para distribuir los productos en Valle del Cauca desde la ciudad de Cali, “pero sólo nos pagó 15 mil dólares y nos quedó a deber casi 190 mil más”, cuenta Senderos en entrevista.
En cuanto Senderos se identificó, Bayardo le quitó su teléfono celular y su aparato de radiocomunicación. Uno de los amigos de Senderos increpó a Bayardo: “¿Cómo sabemos que es policía y no un secuestrador?”. El policía se alteró: “Cállese y no se meta, si no quiere que también me lo lleve”. Se abrió el saco y le mostró la pistola que llevaba en la cintura.
Cuando salió del restaurante detenido sin ninguna orden judicial, Senderos vio dos camionetas blancas tipo VAN con placas de la SRE. Notó que en ellas viajaban por lo menos 10 estadunidenses. Se encaminaron hacia las instalaciones de la SIEDO, en Reforma 75.
Lo presentaron en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, ante el fiscal José Luis Marmolejo, conocido como Licenciado Dolor o Doctor Muerte. Ahí se abrió la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/186/2007.
En la SIEDO los agentes de la DEA interrogaron a Senderos durante casi media hora: “Exactamente en la puerta de mitad madera y mitad vidrio de acceso a la oficina de Marmolejo. Me pidieron mis datos generales, si había estado en Estados Unidos, a qué había ido, en qué lugares había estado, si tenía negocios, si sabía por qué estaba en la SIEDO”.
Tras el interrogatorio “me hicieron tocar el piano” en sus laptops, dice al referirse a la toma de las huellas de los 10 dedos. Recuerda a un agente de la DEA de origen puertorriqueño, “muy alto y moreno”.
Los estadunidenses también interrogaron a Samuel Jiménez Roldán, su chofer, a quien Bayardo y otros dos agentes de la SIEDO habían detenido en las oficinas de Senderos y a quien golpearon hasta que los llevó al restaurante. “Después de hablar conmigo el puertorriqueño se jaló a Samuel. Pero sólo hablaron unos tres minutos. Samuel estaba aterrado”, recuerda.
Esa noche también fueron interrogados en la SIEDO tres colombianos que Bayardo había detenido en una casa de las Lomas: Horley Rengifo Pareja –inquilino de la casa–, Roberto Mario Angulo Isaza, a quien la DEA identifica como El Costeño, y Carlos Ariel Montoya, quien acababa de llegar de Colombia pero que fue liberado poco después.
También estaba Tito Miller Parra Izasa, a quien el mismo Bayardo había detenido una noche antes, el 29 de noviembre, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando se disponía a volar junto con su esposa a Colombia. Junto con él fue detenido Ricardo Martínez Rodríguez.
Los detenidos declararon actividades económicas en México. Ricardo Martínez se naturalizó mexicano… Está con Senderos en el Reclusorio Norte.
En sus declaraciones ministeriales afirman haber sido torturados por Bayardo y el propio Marmolejo en la SIEDO. Los peritajes médicos realizados dos años después a petición de Senderos para desacreditar las acusaciones en su contra confirmaron que, de acuerdo con el Protocolo de Estambul, todos padecen secuelas de tortura física y psicológica.
Senderos asegura que no todos los agentes de la DEA fueron testigos de la tortura: “Sólo cuatro o cinco, pero entre los principales había dos anglosajones; uno de ellos vestido de traje, que parecía y actuaba como jefe”.
La presencia de la DEA la hizo saber Senderos al contralor del Poder Judicial de la Federación en diciembre de 2010 mediante un escrito en el que relata la forma en que los abogados defensores se coludieron con Bayardo y los agentes del Ministerio Público Federal para inculparlo:
“De casi tres horas que pasé declarando frente a los ministerios públicos y los agentes de la DEA, el licenciado Javier Ramiro Lara Salinas (abogado defensor) no pasó ni 15 minutos en total conmigo, entre sus idas y venidas que ahora comprendo eran para ir con Horley Rengifo Pareja y (el ministerio público) José Luis Martínez Pérez y luego regresar conmigo.”
La presencia de los agentes de la DEA en la PGR también es mencionada por Angélica María Hernández Ramírez, esposa de Tito Miller Parra Izasa. En una declaración jurada en Cali, Colombia, el 10 de julio de 2009 ante la Fiscalía General de la Nación –equivalente a la PGR– dijo sobre las personas que estuvieron en la SIEDO el 30 de noviembre de 2007:
“Los nombres que recuerdo son José Luis Martínez, Alejandro Zito López, Édgar Ballardo (sic), Conchita, que luego supe que era del Ministerio Público, José Luis Marmolejo, que era el jefe de la unidad de lavado de activos, Aldo Martínez, Iván Reyes, Aarón Arturo Mateos y Giovanny Villagrana. Había gente de la AFI y de la DEA.”
En las actas ministeriales Zito López aparece como agente del Ministerio Público, mientras que Iván Reyes y Giovanny Villagrana como efectivos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), dependencia de la PGR.
Eduardo Alberto Torres Jaramillo, también colombiano y detenido en el DF el 16 de diciembre de ese año como parte del operativo, declaró al perito médico:
“José Luis Martínez fue el que me tomó la declaración. Era la oficina de Marmolejo, en ese lugar fue donde me torturaron. Llegó una persona que dijo ser licenciado y que se llamaba José Luis Pérez. Yo le pedí que me oyera, le quería explicar mi caso. Me respondió. ‘Ya estás aquí, es mejor que colabores’. Se levantó y se despidió de ellos y me dio la impresión de que eran cuates, como dicen ustedes aquí en México.
“A la segunda mañana en la oficina de Marmolejo me ordenó que me sentara en el sofá. Estaba ahí una persona blanca y alta. Marmolejo me dijo que era de la DEA y ese señor me dijo que tenía que colaborar. En ese momento mandan traer a (Carlos) Thorné (también colombiano acusado de pertenecer al cártel del Norte del Valle), lo cachetean y le dicen que yo (ya) había hablado…”
En sus declaraciones al perito los detenidos coinciden en que fueron torturados en la oficina de Marmolejo. Horley Rengifo dijo que cuando fue detenido en su casa por Bayardo le metieron la cabeza a la taza del baño. Le echaron loción en los ojos y agua mineral en la nariz. También le pidieron 1 millón de dólares. Ya en la oficina de Marmolejo lo volvieron a torturar y lo amenazaron con matar a su esposa y a su hija, que en ese momento estaban retenidas en la SIEDO.
Tito Miller, que al momento de su detención fue golpeado por Bayardo, acusó a Marmolejo de pedirle 1 millón de dólares: de lo contrario iba a torturar a su esposa, que estaba embarazada, “y sacarle el bebé de una patada”. José Luis Martínez le decía: “esté tranquilo, ¿qué no ve que yo voy a ser el padrino de su hija?”.
Tito fue torturado en la SIEDO, dice Ricardo Martínez, quien señala: “Llegó un señor Marmolejo. Me dijo: ‘Vas a tener que firmar esos papeles. Si no los firmas, vamos a estrenar con usted la tortura de los siete nudos… es una cuerda gruesa con siete nudos que vamos apretando uno por uno hasta que te matamos, te echamos en una bolsa y te tiramos en un basurero’. Entonces firmé”.
El búnker de Reforma
La declaración de guerra al narcotráfico de Calderón facilitó la entrada de agentes estadunidenses de la DEA y de otras agencias y, por primera vez, de servicios de inteligencia militar. En total nueve agencias civiles y militares están desde finales del año pasado concentradas en Reforma 265, a unos pasos de la embajada de Estados Unidos en México (Proceso 1776), cerca también de la PGR.
A diferencia de Colombia, donde la estrategia contra el narcotráfico implicó la participación directa de militares estadunidenses en ese territorio, en México ha consistido en un amplio despliegue de efectivos de esas agencias y de cientos de colaboradores mexicanos.
La propia DEA ha admitido que sólo en dos años, entre 2007 y principios de 2009, unos 120 colaboradores o informantes suyos y del Buró Federal de Investigaciones (FBI) han sido asesinados por narcotraficantes, de acuerdo con los cables de WikiLeaks publicados por el diario La Jornada.
El hecho más grave hasta ahora ha sido el asesinato del agente Jaime Zapata, en febrero pasado, en San Luis Potosí. Apenas el pasado 1 de julio, en la ciudad de Chihuahua aparecieron narcopintas contra la DEA: “Pinchis gringos (D.E.A.) mierdas. Ya los tenemos ubicados y sabemos quienes son y donde anden les vamos a mochar la cabeza mierdas”.
La PGR reservó para 12 años el dato sobre el número de agentes de la DEA en el país, pero según funcionarios de la Procuraduría, el gobierno estadunidense ya tiene en México unos 500 efectivos de diversas agencias, según publicó el 18 de abril pasado el periódico Excélsior. Requerida por Proceso, la embajada de Estados Unidos en México señaló el viernes 22 que no puede dar información “que pueda poner en riesgo (la) seguridad” de sus agentes.
En 2005 sólo había 60 de ellos. En el primer año de gobierno de Calderón su número llegó a 227, informó el entonces director de la DEA, Anthony Placido, ante el Congreso estadunidense. Desde entonces no se ha capturado a ningún jefe del narcotráfico en México en la que el organismo estadunidense haya estado ausente.
Washington invade México poco a poco…
WASHINGTON.- Con el pretexto de intercambiar información de inteligencia con sus contrapartes mexicanas en el contexto de la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos incrementará en México el número de militares y agentes de la CIA y la DEA.
“Una expansión expedita en México de la presencia de enlaces de las agencias federales para colocar al personal estadunidense en los lugares donde operan los cárteles permitiría tener una colaboración más cercana con nuestros aliados de las agencias federales mexicanas”, establece el punto A del capítulo 5 –“Investigaciones y procesos judiciales”– de la Estrategia Nacional Antinarcóticos para la Frontera Sur, que el martes 19 dio a conocer el gobierno de Barack Obama.
La idea de aumentar la presencia de agentes estadunidenses en territorio mexicano es sólo una propuesta, pero según funcionarios mexicanos y estadunidenses consultados por Proceso, el tema ya se negoció y se amarró con el gobierno de Calderón.
“Si no fuera así, el punto A no se hubiera publicado en la Estrategia”, dice a Proceso un funcionario del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca.
“Al Congreso le tenemos que presentar un documento con propuestas viables a fin de que apruebe el dinero para financiarlo; aumentar la presencia de agentes en México es un aspecto previamente negociado (con las autoridades mexicanas)”, añade el funcionario del gobierno de Obama que habló a condición de mantener el anonimato.
Agrega que después de casi tres años de apoyar a Calderón en su guerra contra el narcotráfico con la herramienta de la cooperación bilateral que heredó del gobierno de George W. Bush –antes llamada Iniciativa Mérida y ahora, Más allá de Mérida–, Obama quiere sacar ventaja de las necesidades y fracasos del gobierno mexicano imponiendo condiciones.
“Las agencias estadunidenses de aplicación de la ley, con el consentimiento del gobierno de México, trabajarían para incrementar la presencia de sus enlaces en ciudades mexicanas clave a lo largo de la frontera y en otras localidades, con el propósito de apoyar las investigaciones y procesos judiciales contra las organizaciones criminales trasnacionales”, subraya el punto A del capítulo 5 de la Estrategia, que dio a conocer la Oficina Nacional de Políticas para el Control de las Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca.
El documento subraya que la petición de aumento del número de sus agentes en territorio mexicano obedece al “impacto directo que tienen en Estados Unidos el tráfico de drogas y las actividades criminales relacionadas”.
En su Estrategia Nacional el gobierno de Obama se muestra muy cauto y nunca dice que el pretendido incremento de sus agentes en México es para respaldar a Calderón en su guerra contra el narcotráfico. Aclara que es para contener los efectos de ésta en Estados Unidos.
El pretexto del 11 de septiembre
En el sexenio de Vicente Fox, luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la Casa Blanca convenció al gobierno mexicano de que le permitiera aumentar el número de sus agentes en territorio mexicano, supuestamente para impedir que los terroristas ingresaran a Estados Unidos por su frontera sur.
Fox aceptó, pero limitó la presencia de los agentes estadunidenses a los estados de la frontera norte, donde presuntamente sólo se dedicarían a vigilar y contener cualquier intento de ingreso de presuntos terroristas a su país.
No fue sino hasta el final del sexenio anterior cuando el entonces presidente Bush logró dar un primer paso que después se multiplicaría con la llegada de Calderón a Los Pinos: La Subsecretaría para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) firmó la carta de aceptación de ocho nuevos agentes de la Administración Antidrogas (DEA) para apoyar la lucha bilateral contra el narcotráfico.
A partir de noviembre de 2006 y hasta la fecha, oficialmente y con el consentimiento de Los Pinos, la DEA tiene en México 54 agentes. Todos están registrados ante la SRE como liaisons (enlaces) de la embajada estadunidense.
La guerra que inició Calderón contra el narcotráfico más que debilitar las estructuras de los cárteles de la droga y pese al respaldo de Estados Unidos con la Iniciativa Mérida, dejó que México aceptara más condiciones impuestas por Washington, como la de contar con un centro de espionaje en la misma capital mexicana (Proceso 1776).
En agosto del año pasado comenzó de manera oficial sus funciones la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI) en Reforma 265. Desde ahí, en un edificio a 250 metros de la embajada de Estados Unidos, operan con toda libertad decenas de agentes estadunidenses (el número preciso se mantiene como información confidencial y como secreto de seguridad nacional).
Pese a que se supone que la OBI fue creada para respaldar a Calderón en su lucha contra el narcotráfico, este centro se destaca por tener muchos agentes dedicados al espionaje internacional más que a contener o desmantelar el crimen organizado mexicano.
A unos metros del Ángel de la Independencia el centro de espionaje concentra personal del Pentágono asignado a la Agencia de Inteligencia Militar (DIA), a la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA).
A su vez, el Departamento de Justicia tiene ahí a agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), de la DEA –además de los 54 registrados oficialmente por el gobierno mexicano– y del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). El Departamento de Seguridad Interior está representado por agentes de Inteligencia de la Guardia Costera (CGI) y de la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio (ICE).
Los efectivos de la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y Asuntos Financieros (TFI) representan al Departamento del Tesoro.
Sin restricciones
La Estrategia Nacional de la ONDCP –cuya cabeza es Gil Kerlikowske, El Zar Antidrogas de la Casa Blanca– no estipula cuántos agentes más quiere meter Obama a México ni el nombre de las agencias de inteligencia o federales a las que pertenecen. Lo único que informa al respecto es que debe ser personal del “Departamento de Justicia, Seguridad Interior, del Tesoro, Salud y del Pentágono”. Pero efectivos de esas dependencias federales ya están en la OBI.
Fuentes del gobierno mexicano consultadas por Proceso explican que este incremento de agentes federales estadunidenses, aunque “todavía no se acepta de manera oficial en un papel”, es algo que podría consolidarse antes de que acabe el sexenio de Calderón.
“Desde que aumentó la presencia de agentes de Estados Unidos en México y comenzó a funcionar el centro de intercambio de información de inteligencia, subió el número de detenciones de capos del narco. Desde esa perspectiva no veo razón por la cual el presidente Calderón le diga que no al gobierno de Estados Unidos”, admite el funcionario mexicano que pide el anonimato.
De acuerdo con un reporte fechado en febrero de 2009, que el auditor general de la DEA entregó al Congreso federal de su país (Proceso 1742), durante los primeros 18 meses del sexenio de Calderón se autorizó el ingreso de casi 50% más agentes y la apertura de otras tres oficinas de la administración antinarcóticos.
Los efectivos estadunidenses que trabajan en México –sobre todo los que se concentran en la OBI– no tienen ninguna restricción para realizar operaciones que no están relacionadas con el combate al narcotráfico y el crimen organizado. Son los únicos encargados de operar y manejar el equipo especializado con el que se espía y vigila con satélites y otras tecnologías vanguardistas del Pentágono todo lo que ocurre en México y posiblemente más allá de la frontera sur.
Pese a que en la OBI hay personal del gobierno federal mexicano, sus contrapartes estadunidenses no están obligadas a intercambiar con ellos información de inteligencia concerniente a otros rubros. La Estrategia Nacional de la ONDCP establece que Washington quiere más agentes en México para resguardar y garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos, no para contener el saldo de muerte y desolación que ha dejado la lucha militarizada contra el narcotráfico.
Los intereses de Washington están por encima de los casi 50 mil muertos que ha dejado la narcoviolencia en México en poco más de cuatro años. El ejemplo más claro es el asesinato del agente del ICE Jaime Zapata ocurrido el pasado 15 de febrero en una carretera de San Luis Potosí. Pocos días después de este asesinato, el gobierno de Calderón arrestó a los presuntos autores del crimen, quienes presumiblemente son zetas.
“Cuando mataron a Zapata, de Washington recibimos la orden de entrar a México para encontrar a los responsables”, dice a Proceso un agente de la Oficina del Sheriff de El Paso, Texas, quien coordinó parte del cumplimiento de la orden federal.
“Entraron a México decenas de agentes del ICE, la DEA, el FBI, el Pentágono… de todas las agencias federales y hasta estatales y locales”, anota el policía de El Paso.
Tras la solicitud de Suárez Coppel al contralor en Pemex, la Función Pública inició la investigación de tres contratos y un convenio modificatorio de monto entre Exploración y Producción y Global Drillings Fluids de México, por el posible conflicto de intereses y tráfico de influencias. Se trata de las contrataciones 423020819, 423020808, 423010800 y 423026803.
Sin embargo, detalla el reporte de la Auditoría Superior, “las empresas presentaron el juicio de amparo 948/2005 en contra de la resolución dictada el 24 de junio de 2005”. Esto motivó que, el 3 de agosto de 2005, la Función Pública emitiera la circular CI-S-PEP-013/2005, para modificar el plazo de la inhabilitación a sólo tres meses.
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