Decretos vs monopolios en medicamentos

Carlos Fernández-Vega

Tímida actuación del inquilino de Los Pinos

El mercado farmacéutico, oligopólico

A golpe de decretos, acuerdos, pactos y conexos, el inquilino de Los Pinos aprieta el paso para aparentar que cumple con sus prometidas "cien acciones para los primeros cien días de gobierno". Ayer tocó el turno al "compromiso para garantizar la suficiencia, disponibilidad y precio justo de los medicamentos", por medio del cual, eventualmente, se lograría todo lo involucrado en esa kilométrica denominación, al tiempo que combatiría la aberrante concentración que se observa en este sector.

Lamentablemente, por decreto difícilmente se logran los objetivos, porque, como prácticamente toda la actividad económica en México, el sector de los fármacos y su comercialización está concentrado en unas cuentas manos, de tal suerte que la "suficiencia y disponibilidad" depende de unos cuantos laboratorios trasnacionales y un par de distribuidores. Además, los "precios justos" no existen; sólo aquellos impuestos por monopolios, duopolios u oligopolios, según sea el caso. Y éste es uno de ellos, independientemente que desde 1990 el gobierno liberó los precios de los medicamentos.

El discurso sobre el combate a los monopolios fue una de las estrategias de la campaña electoral calderonista, pero ya en Los Pinos la actuación en este sentido ha sido por demás tímida, y no será precisamente por medio de actos pomposos como desmoronará a la decena de laboratorios trasnacionales que dictan la pauta en México, ni mucho menos meterá en orden al duopolio de la distribución de medicamentos (Casa Saba, que hace poco adquirió a Marzam, uno de sus competidores, y Nacional de Drogas, Nadro; más de 60 por ciento del mercado es dominado por este par).

De acuerdo con la información disponible (Secretaría de Salud, 2005), en México existen 224 laboratorios de medicamentos o productos biológicos que pertenecen a 200 empresas; 46 de ellas forman parte, como subsidiarias, de un pequeño grupo de consorcios con capital mayoritariamente extranjero, y las restantes son de accionistas predominantemente mexicanos, que se "pelean" un mercado valuado en cerca de 12 mil 500 millones de dólares anuales. Alrededor de ellos sobreviven algunos fabricantes de fármacos (principios activos) y aproximadamente 600 proveedores de insumos.

De ellos depende la disponibilidad y abasto "suficiente" de medicamentos. El "precio justo", sin embargo, es un galimatías. Para un mismo producto se cobra un precio distinto, y en ocasiones la diferencia es abismal. Alrededor de la mitad de las medicinas en número de unidades es adquirida por instituciones de seguridad social (sólo uno de cada tres mexicanos tiene acceso a ellas) a precios inferiores entre 33 y 64 por ciento a los prevalecientes en el mercado privado.

Un par de semanas atrás, en la Cámara de Diputados se presentó un análisis, vestido de iniciativa con proyecto de decreto (Lorena Martínez Rodríguez, de la fracción tricolor) que ofrece un panorama sobre lo que a los mexicanos les cuesta el acceso a las medicinas: de acuerdo con estimaciones del Instituto de Salud Pública y la Fundación Mexicana Para la Salud, el financiamiento del sistema de salud proviene de los hogares, pero existen tres métodos de pago: impuestos federales, seguridad social y gasto de bolsillo, siendo este último el mas recurrente.

Como medio de financiamiento, el gasto de bolsillo es insuficiente, ineficiente e inequitativo. En México, el gasto publico en salud representa 20 por ciento, el restante 80 por ciento es gasto del consumidor, principalmente la población no derechohabiente. De acuerdo con indicadores de la distribución del ingreso y gasto por quintiles, se estima que en el primero de ellos, que concentra a 20 por ciento de la población más pobre, 92 por ciento no tiene seguridad social; del quintil segundo, 65 por ciento. Esto significa que es en los primeros dos quintiles donde se observa el mayor porcentaje de población que no es derechohabiente y que equivale a casi 32 millones de mexicanos.

En México y la gran mayoría de los países en desarrollo, la protección de patentes para el sector farmacéutico influye en una serie de distorsiones de este mercado; trae un efecto negativo para el acceso a los nuevos productos desarrollados por la industria farmacéutica y otorga ventajas a las trasnacionales farmacéuticas, a través del establecimiento de patentes por 20 años, que les permite establecer precios elevados en el lanzamiento de productos y legitima los abusos. Esto permite que el precio sea impuesto en el mercado y no por las fuerzas del mercado. En otras palabras, la tendencia actual en la innovación e investigación de nuevos medicamentos llevan a la concentración de sectores altamente lucrativos, sin importar las enfermedades y padecimientos de la mayoría de la población, que no les representa una atractiva rentabilidad financiera.

El mercado de los medicamentos es oligopólico, puesto que de las 224 empresas dedicadas a la producción de estos, 46 son de capital extranjero y diez de estas últimas controlan 35 por ciento del mercado. Este mercado a nivel internacional estima su valor en 522 mil millones de dólares. Las 10 empresas trasnacionales que acaparan el mercado mexicano, absorben más de 41 por ciento de los ingresos que genera esta industria en el mundo. Entonces, ¿"precio justo" o acciones justas para combatir los monopolios?

Las rebanadas del pastel

Felices porque "ya firmamos un acuerdo transfronterizo de apertura paulatina para que los camioneros mexicanos ingresen a territorio estadunidense" en el marco del TLC, al actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, se le olvida que exactamente lo mismo (firma de acuerdo, discurso y felicidad) dijeron sus predecesores en el cargo y en los hechos nada pasó, no obstante que el propio tratado estableció 1995 como el año de apertura de fronteras para los transportistas mexicanos... Un enorme beso a Camila la texana, por su primera velita.

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