Reforma del Estado sin pacto social

Magdalena Gómez

El proyecto de ley de reforma del Estado, aprobado en el Senado por unanimidad el pasado 13 de febrero y remitido a la Cámara de Diputados, es un claro indicador de que la llamada clase política sigue sin asumir que la crisis del sistema la incluye y que el movimiento social ya no está dispuesto a avalar sus componendas por más que se arrope en la bandera de la democracia representativa.

El referido proyecto define un procedimiento y un contenido para la reforma del Estado. En el primer caso propone la creación de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, integrada por ambas cámaras con participación de un representante del Poder Ejecutivo federal y los presidentes de los partidos políticos nacionales. La sociedad civil y el movimiento político y social, e incluso las bases de los partidos tendrían cabida mediante "la consulta pública"

El contenido "obligatorio" de la supuesta reforma del Estado se concentra en los temas: régimen de Estado y de gobierno; democracia y sistema electoral; federalismo; reforma del Poder Judicial; reforma hacendaria, y garantías sociales.

Nada de democracia participativa, plebiscito, referendo, iniciativa popular, revocación del mandato; nada que altere el monopolio de la llamada democracia representativa traducida al poder exclusivo de los partidos, nada de abrogar las contrarreformas agraria de 1992 e indígena de 2001; nada de reconocer jerarquía por encima de la Constitución a los tratados internacionales de derechos humanos, nada de revisar el procedimiento de reformas a la Carta Magna; en fin, nada que altere las reglas del juego "internas" de los partidos.

Se trata de una agenda que se precisaría en función de los arreglos del PRIAN (los siameses Partido Revolucionario Institucional y Partido Acción Nacional) mientras que el de la Revolución Democrática (PRD) "obtendría" algún párrafo o un artículo que lo obligaría a avalar las reformas que verdaderamente interesan a los sectores hegemónicos, como ha sucedido tantas veces y pasó en 2001, cuando se incorporó la propuesta perredista en materia de discriminación y a cambio apoyó el conjunto de la contrarreforma indígena.

Paralelamente a la aprobación del referido proyecto de ley, se realizó en días previos el Diálogo Nacional, con la participación de un amplísimo abanico de organizaciones sociales, sindicales, de jóvenes, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Atenco, el Sindicato Mexicano de Electricistas, entre muchos otros.

En el Diálogo Nacional se caracterizó con rigor la profunda crisis política, la ilegitimidad del calderonismo y la necesidad de impulsar un nuevo pacto social, el cual, una vez consolidado, daría lugar a un nuevo constituyente. Ahí se piensa en términos de refundación más que de reforma. Como vemos en el caso de los legisladores y partidos políticos, pretenden poner la carreta delante de los bueyes y darse un barniz de legitimidad con su consulta pública, pues para hacer reformas de todo tipo en realidad no requieren formalmente del andamiaje previsto en su proyecto de ley.

Es de suponer que ya está cocinado el acuerdo para que la Cámara de Diputados les apruebe "su ley". Por lo pronto, esta vía no parece interesar a quienes caminan hacia la construcción de un nuevo proyecto de nación que recupere soberanía, resguarde y proteja recursos naturales, dé prioridad a derechos económicos sociales y culturales, así como civiles y políticos, además de que proporcione la base para detener la avalancha neoliberal. Ninguna de estas dimensiones se observa en los llamados temas obligados definidos por el Senado.

Falta ver cuál será la agenda de la convención nacional democrática (CND), que se reunirá en marzo, y si definirá una postura frente a la reforma del Estado que perfila la ley que comentamos. Sin embargo, ya se observan serias incongruencias: ¿el PRD y el Frente Amplio Progresista (FAP) van a llamar a la participación amplia, incluida la propia CND, para "reformar al Estado" en un proyecto donde está representado el Poder Ejecutivo federal? ¿Cuál es la forma específica de resistencia de esas fuerzas?

Aquella idea de que el espacio legislativo del PRD y el FAP fueran un puente tendido hacia la CND y otras fuerzas de oposición aparece sin sustento, pues ya "acordaron" un procedimiento y una agenda de la reforma del Estado sin la participación y expresión de la CND.

El Diálogo Nacional y las más diversas expresiones de movimientos sociales y políticos que están activos, como la APPO, ya han definido la ruta de la resistencia y la construcción de un pacto social que no aparece en sintonía con las claves de la clase política.Todo ese caudal político y social ya no está para ser simplemente "consultado", sino que demanda su derecho primigenio a la toma de decisiones fundamentales para el país, y lo hará no precisamente en sus foros, sino ante todo en las calles, en sus tiempos, con sus fuerzas y a su modo.