Pese a acuerdo, se elevará precio del kilo de tortilla hasta $10

El gobierno de Calderón apoya a monopolios de intermediarios, se queja la UNIMTAC
En Jalisco y Michoacán, el producto se vende en 13 pesos o más, señala el líder Lorenzo Mejía

GABRIEL LEON ZARAGOZA

La Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías AC (UNIMTAC) informó que, pese a la existencia de un pacto impulsado por el gobierno federal, a partir de la próxima semana sus 80 mil agremiados empezarán a modificar el precio actual del kilo de tortilla y en la zona centro el kilogramo podría pasar de los 8.50 pesos hasta los diez.

La organización destacó que entre los motivos de su decisión están el que el gobierno calderonista asume medidas "contraproducentes" para el sector, como apoyar a los monopolios comerciales dedicados al intermediarismo.

En entrevista con este diario, el dirigente de los molineros y tortilleros, Lorenzo Mejía, aseguró que hay puntos de venta del país como Jalisco y Michoacán, donde los altos costos de las toneladas del grano y la presencia de intermediarios hicieron que el kilogramo de tortilla ya se venda hasta en 13 o más pesos.

Señaló que "por necesidades de sobrevivencia" de manera paulatina en las 32 entidades de la República el precio del kilogramo de la tortilla empezará a modificarse, debido a que existen regiones donde los pequeños empresarios del ramo tiene pactados precios de grano o tienen compras en común, "que es la forma que los productores tienen para apoyarse" y que empiezan a desarrollar ante la ausencia de un apoyo oficial.

Mejía Morales lamentó que el gobierno federal aún no haya entendido que el apoyo al intermediarismo en la distribución y venta del grano, que es lo que ha venido promoviendo Felipe Calderón, afecta directamente a los consumidores.

Además de que los llamados pactos del maíz y la tortilla son "medidas contraproducentes" para la pequeña industria del ramo e impulsores sólo de las grandes cadenas comerciales con venta de alimentos, como las tiendas departamentales que por su infraestructura expenden tortillas a precios menores y "dañando en su entorno a por lo menos cuatro tortillerías".

"Si nos ceñimos al pacto de la tortilla (éste) es una falsedad. Los cambios en los preciso del maíz están fluctuando y el gobierno federal no está generando un verdadero análisis (comercial) en el precio de la tortilla", comentó.

Agregó que con este acuerdo político, recientemente firmado por segunda ocasión en lo que va de la presente administración, el gobierno federal evita que haya una compra directa de granos y por ende que se termine el intermediarismo, lo cual, dijo, genera desequilibrios comerciales en todo el país.

De persistir la falta de equilibrios comerciales, apuntó que "en una primera fase será despedidos 50 mil trabajadores de este sector", porque sus agremiados ya enfrentan el dilema de subir el precio de la tortilla o cerrar sus negocios.

En la platica, el dirigente aceptó que sólo los 31 gobiernos estatales y del Distrito Federal "están tomando cartas en el asunto" para generar "alternativas a favor de la cadena productiva".

"Definitivamente, los gobiernos de los estados están tomando cartas en el asunto. No se dejan llevar por el pacto presidencial y por el contrario están generando alternativas a favor de la cadena productiva", puntualizó.

Aclaró que en su plan de acción para impulsar al sector no se contempla las movilizaciones, sino mantener sus demandas esenciales, "que las autoridades federales hagan su trabajo de ser facilitadores, es decir, que nos enlacen directamente con los productores de maíz; que nos quiten el intermediarismo y que no nos regalen absolutamente nada, sólo que nos faciliten apoyos para la adquisición de maquinaria para modernizar nuestros negocios y reducir los costos de producción".

Por otra parte, en un comunicado, el dirigente de la UNIMTAC advirtió que el pacto relanzado el pasado 25 de abril, "presionado por el gobierno federa para establecer el precio final de la tortilla en 8.50 pesos por kilo, es una acción ilegal en un mercado libre, sustentada en la intimidación de los órganos gubernamentales y en un campaña de mentiras para limpiar la imagen de acaparadores del grano y de empresas de coyotaje, que se están enriqueciendo inmoralmente".

Explicó que la economía del grueso de la población se vería favorecida si el gobierno de Calderón dejara de favorecer a "un puñado de mercenarios" y de intervenir para impedir "el libre actuar de las fuerzas del mercado".