Pérdida de derechos humanos laborales

Miguel Concha

Franz J. Hinkelammert, uno de los analistas más lúcidos de la realidad social actual de América Latina, explica que en la era de la globalización neoliberal las burocracias públicas, es decir aquellas que deben cumplir con las obligaciones de un Estado democrático y de derecho, están subordinadas a las burocracias privadas, que sirven a la expansión de los intereses económicos del capital trasnacional y sus socios criollos. Ello trae como consecuencia la pérdida progresiva de los derechos a la vida, la salud, la educación, la alimentación y la vivienda de las personas concretas, y entre ellos en primer lugar los derechos laborales, que están estrechamente relacionados con aquéllos, pues son vistos como interferencias y como obstáculos para el actual proceso de acumulación y concentración capitalista.

Esto ha traído también como consecuencia la reducción de los derechos humanos al solo derecho de propiedad privada, pues las burocracias privadas únicamente tienen clientes, es decir, sujetos con capacidad económica para actuar en el mercado, mientras que las burocracias públicas son las que deberían atender la responsabilidad política de tener ciudadanos. Frente a esto, Hinkelammert propone entre otras cosas rescatar mediante acciones asociativas la opinión pública crítica, reivindicar desde abajo los derechos humanos integrales, recuperar la democracia y fortalecer los movimientos sociales.

Todo esto ha venido siendo coincidentemente puesto de manifiesto por el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) desde 1997, por medio de sus 10 informes, sobre todo en el de este año, que por un lado tiene la virtud de hacer un balance minucioso y objetivo de las faltas de cumplimiento de los derechos laborales por el anterior gobierno, y de pronosticar las más precarias condiciones para su realización en el actual, sobre todo en razón de la terquedad por mantener la impuesta política económica y social, en beneficio de los grandes empresarios; y por otro de recoger y analizar las distintas acciones que con la colaboración de otros organismos de la sociedad civil han emprendido los trabajadores y sus sindicatos, para motivar, apoyar y sostener la resistencia.

Todo ello lo hemos visto también de alguna manera reflejado en las manifestaciones y protestas de los pasados 1º y 2 de mayo. Para el Cereal la inserción definitiva del sector empresarial en el gobierno durante el sexenio de Vicente Fox, y su decidida participación pública en las pasadas elecciones del 2 de julio a favor del Partido Acción Nacional y su candidato, confirma la hipótesis de que la política económica y social actual del país "se define en función de los beneficios del poder empresarial o, en el peor de los casos, es el poder empresarial el que realmente define la política económica y social del país".

Esta mutua interrelación funcional y estructural entre agentes económicos y agentes políticos, no por cierto sin contradicciones internas de ellos mismos, configura el campo político-económico de nuestro país. Sin embargo -enfatiza el Cereal-, es el poder empresarial el que domina el terreno propiamente político. Y esto explica la "opción preferencial" que desde principios de los 80 han hecho los presidentes de México por el modelo económico neoliberal). A ello se debe que durante el sexenio pasado se haya también dado una violación sistemática de los derechos laborales, no obstante las promesas en sentido contrario.

Con datos verificables y el análisis de casos paradigmáticos, como debe hacerse en este tipo de informes, el Cereal muestra que en el gobierno foxista se violaron flagrantemente el derecho a un empleo estable, a condiciones satisfactorias de trabajo, al salario digno, a la contratación colectiva, al derecho de huelga y a la libertad sindical. Con ello "incumplió con lo dispuesto en los principales ordenamientos jurídicos, como la Constitución Política y la Ley Federal del Trabajo", y violó también "diferentes instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, que han sido ratificados por el Estado mexicano, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical".

Peor aún, el pasado sexenio se caracterizó "por la criminalización de los movimientos sindicales, y la represión fue el mejor mecanismo de 'negociación' que encontró el Ejecutivo federal para alcanzar la 'paz laboral' que se había propuesto desde el inicio". Al final de su informe el Cereal reitera una serie de recomendaciones generales y particulares pertinentes a los órganos del Estado, al movimiento sindical, a las empresas y a sindicatos como el de petroleros, el de electricistas y la sección 22 del SNTE. Entre las primeras destaca la ratificación de otros instrumentos internacionales de protección a los derechos laborales ya firmados, la eliminación de reservas en los ya aprobados, y su incorporación exigible en el orden jurídico mexicano.