Los bueyes y la carreta

León García Soler

En su torre de marfil, Alan Greenspan fue oráculo de la Reserva Federal; el Mago de Oz ante cuyas palabras se inclinaban los dueños del dinero, y los simples mortales conteníamos el aliento en espera de los efectos económicos que predecían los dígitos dictados para fijar las tasas de interés del imperio. El prime rate y el rechinar de los ejes de las carretas del subdesarrollo o las economías a horcajadas, "en vías de desarrollo".

El hombrecillo de la magia se retiró. Hoy viaja por el mundo y predica la sabiduría acumulada en décadas de dictador de la economía global. Vino a México y sentenció la catástrofe del ingreso público si no damos vía libre a la inversión extranjera en Pemex. La expropiación y nacionalización del petróleo, punto de partida del progreso y del auge del capitalismo en México. Hoy los timoratos dicen que no viene el capital del que habla Greenspan porque Pemex es del Estado y nuestras leyes permiten la expropiación. Terquedad ignara contra certeza jurídica. Dondequiera que se ha constituido un Estado-nación, las leyes fundamentales establecen la facultad soberana de expropiar, de ejercer lo que los juristas anglosajones llaman emminent domain, el dominio eminente sobre la propiedad privada.

Donde impera la economía de mercado, donde la democracia es sinónimo de capitalismo y receta para enderezar entuertos ajenos; donde aceptamos y acatamos el consenso de Washington, ahí también puede el gobiernos expropiar en favor del interés común y fincar sobre terrenos registrados como sacrosanta propiedad privada.

El formidable señor Greenspan no trajo a cuento el pecado original mexicano de la expropiación petrolera. Lo suyo es la moneda, el capital y su flujo, rentas fijas o inversiones de riesgo. La del petróleo es una industria de riesgo, de alto riesgo. Y altos rendimientos. Los miedos que alientan los patrocinadores de prédicas capitalistas nada tienen que ver con que Pemex sea del Estado: la apabullante mayoría de las grandes empresas petroleras son de propiedad estatal. En Noruega, en Arabia Saudita, en Irán, en Rusia, en Brasil, en Venezuela. En fin, los timoratos nativos gritan que no fluye el capital porque Pemex es del Estado. Pero desde los primeros instantes del petróleo nacionalizado hubo y hay capital privado invertido en trabajos de exploración, perforación, refinación y distribución de crudo y gas. Lo que se debatía en la señorial reunión donde el señor Greenspan nos anunció el agotamiento de las reservas si no damos paso a la inversión extranjera, capital y tecnología para explotar los depósitos en mares profundos del Golfo de México, era la catástrofe fiscal, desplome del ingreso, de la hacienda pública. Pemex paga impuestos que equivalen a algo más de 40 por ciento del total recaudado por un ineficaz sistema que capta entre 10 y 11 por ciento del PIB.

Dicho en términos de lego: Pemex no puede crecer y aumentar su capacidad de exploración, producción, refinación y construcción de ductos, porque el fisco se queda con todo. Y, para colmo, la autonomía de gestión y el nuevo régimen fiscal indispensables para evitar el deterioro de Pemex, sólo podrían hacerse si Hacienda encuentra fuentes de ingreso que suplan lo que dejaría de ingresar por el nuevo régimen fiscal de Pemex. Y, de paso, dejar la parálisis de una recaudación apenas superior a 10 por ciento del PIB. En los países de la Unión Europea el ingreso fiscal es de entre 20 y 30 por ciento del respectivo producto interno bruto. Los del sur pobre, en Centroamérica, por ejemplo, captan 16, 17 y algunos 20 por ciento.

Vuelvo al lenguaje de lego. El problema de Pemex es fiscal: lo ordeñan. Acierta el señor Greenspan, la catástrofe sería para la hacienda pública. De eso sabe. Las tasas impositivas, el régimen al que está sujeto Pemex impiden que se invierta y podrían (no hay certidumbre fatal) conducir al agotamiento de las reservas probadas, dado el incremento en la producción de crudo y el acelerado descenso de los campos marítimos en explotación frente a Campeche y Tabasco. Acierta el gran oráculo de la Reserva Federal. Pero puso la carreta de Pemex adelante de los bueyes de la reforma hacendaria y la disponibilidad de capital. Si a las empresas extranjeras del gran capital dispuesto al riesgo las someten al régimen fiscal de Pemex y a un sistema de presupuesto anual, sin horizonte para la inversión a largo plazo, se les atoraría la carreta y los bueyes de la inversión se irían a la barranca.

Los legisladores panistas se reunieron con el presidente Calderón y recibieron adelantos de la iniciativa de reforma fiscal que presentará el titular del Ejecutivo ante la Cámara de Diputados. Plácida posición plural cuando se trata del poder de la bolsa, que debiera ser del Congreso y nadie disputa al Ejecutivo. Al inconcebible Vicente Fox le aprobaron por unanimidad los presupuestos diseñados ostentosamente por Paco Gil. Por hacer ruido, reviven el espantajo del IVA a medicinas y alimentos. Para curarse en salud aseguran que la reforma no contempla dichos impuestos. Y nadie sabe si habrá avances en materia de participaciones de las entidades de la República federal. Del centralismo de 1824 al de 1929 y, con el vuelco finisecular, vuelta al origen, con la opción de la Conago y los espacios de poder real para gobernadores que podrían reclamar voz y voto en la distribución del ingreso.

Lo extraño es que en el antiguo régimen, sin excluir los años del priato tardío, los diputados y senadores del Congreso de la Unión tuvieron las facultades y la representación necesarias para dictar el cómo y el cuánto de las participaciones del ingreso y para el gasto público. Hoy, el Poder Legislativo hace contrapeso retórico y simbólico al Ejecutivo; el deber de oponerse lo cumplen en la fantasía de lo absoluto, detrás del espejo. La obsesión litigiosa los impulsa a acudir al Poder Judicial; a llevar conflictos políticos a una Suprema Corte a la que han puesto al filo de legislar y en riesgo de dictar sentencias políticas.

La Corte resolvió la inconstitucionalidad de la llamada ley Televisa, preservó la certidumbre jurídica en asunto de interés capital, en el que el brillo del poder mediático pareció ocultar que estaba en juego la facultad soberana del Estado de otorgar o negar una concesión. Vino lo del IFE y se reafirmó la separación de poderes, así como la precisión de ejercer exclusivamente las facultades que la ley les señala.

Pero en plena tormenta anual del magisterio y tras el alto costo del abuso del poder para eliminar adversarios (en el caso de Ulises Ruiz, el presunto operador electoral de Roberto Madrazo), el pleno de la Corte discute si tiene la facultad de investigar posibles violaciones a las garantías individuales. El ministro Genaro Góngora se erigió en tribuno del pueblo: "La sociedad oaxaqueña está esperando justicia. Hay heridas que no han cerrado y es un foco que en cualquier momento puede estallar. El trance social no ha concluido y es necesaria nuestra intervención."

No hablaba el senador Góngora. ¿Puede la Corte "intervenir" directamente? ¿Puede declarar desaparecidos los poderes del estado libre y soberano de Oaxaca?

¡Cuidado! Separación de poderes. Pesos y contrapesos. Sin la vacuidad del presidencialismo ilustrado que se declaró fiel de la balanza.