Impunidad de Estado

Miguel Concha

Un día como hoy, hace 33 años, el líder comunitario Rosendo Radilla viajaba en autobús de Atoyac de Alvarez a Chilpancingo. Fue detenido cerca de Zacualpan por efectivos apostados en un retén militar. Lo acompañaba su hijo de 11 años. Tras estos hechos, su familia jamás volvió a verlo.

Radilla fue presidente municipal de Atoyac de 1955 a 1956, simpatizante de los movimientos sociales encabezados por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez y, sobre todo, un hombre querido y respetado por su comunidad, gracias a la importante labor social que desarrolló a favor de los campesinos. Fue también autor de diversos corridos, en los que vertía su visión política y sus ideales sociales.

Después de siete años de no estar todos juntos, el pasado domingo sus 11 hijos se reunieron en la casa familiar de Chilpancingo. Sentados en la sala, escucharon las cintas con los corridos compuestos por Radilla, grabadas en esa misma estancia por el autor hace más de tres décadas. Se trató de un encuentro muy emotivo, en el que intercambiaron dolorosas vivencias.

Radilla es uno de los 470 casos registrados de desapariciones forzadas, solamente en Atoyac, durante la guerra sucia de los años 70. Se trató de una práctica sistemática de control y exterminio de las movilizaciones sociales por parte del Estado que, pese a estar suficientemente documentada, jamás ha sido reconocida oficialmente. Aunque las primeras desapariciones de la guerra sucia datan del año 1967, no fueron denunciadas formalmente sino hasta 1990, cuando se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El silencio de los agraviados se debió, en gran medida, a los sentimientos de temor, indefensión e impotencia que, atizados por el gobierno, imperaban en la vida de esa pequeña comunidad campesina, como parte sustancial del terrorismo de Estado.

En 2001, coincidiendo con el estrenado “gobierno de la alternancia”, la CNDH publicó su recomendación 26/2001, en la que preveía la creación de una fiscalía que abordara los crímenes del pasado. El entonces presidente instruyó a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) para que investigara los hechos ocurridos durante la guerra sucia. A lo largo de su gestión, ésta recibió otras denuncias, aparte de los casos ya consignados en el expediente de la CNDH. La Femospp trabajó durante casi seis años en la integración de un archivo histórico, y logró documentar varios casos de desaparición forzada. Desarrolló también acciones tendientes a conocer el paradero de las víctimas y a deslindar responsabilidades. Sin embargo, inesperadamente cerró en el último mes del gobierno foxista, dejando inconclusas las labores de esclarecimiento histórico y sanción de los responsables de este capítulo trágico.

Como se sabe, los resultados alcanzados por la Femospp fueron decepcionantes, pues el mayor de ellos fue el arraigo domiciliario del ex presidente Echeverría, levantado meses después en virtud de que un juez dictó la suspensión definitiva de la acción penal; y la presentación, casi en secreto, de un informe final, que pasó sin pena ni gloria ante la opinión pública.

Con relación al asunto de Rosendo Radilla, la Femospp finalmente logró, después de años de gestiones en los fueros civil y militar, una orden de aprehensión en contra del general Francisco Quirós Hermosillo, encarcelado previamente por delitos contra la salud, la cual fue sobreseída, ya que su otorgamiento “coincidió” con el fallecimiento del indiciado. A pesar de que entre los cientos de que se tiene conocimiento, su caso es uno de los más destacados y documentados, la familia Radilla Martínez no ha encontrado justicia ante las instancias nacionales. Son varios los documentos con sellos oficiales en los que se habla de la desaparición de Rosendo, así como los testimonios de gente que afirma haberlo visto en cuarteles militares. Ello no obstante, no han llegado a Atoyac ni el reconocimiento verdadero de los hechos, ni la responsabilidad del Estado en los mismos, y mucho menos la reparación personal, familiar y social del daño.

Hay que insistir: Radilla fue uno más de una multitud que fue objeto de prácticas abominables y víctima de violaciones graves a los derechos humanos. Hacerle justicia es sentar precedentes jurídicos, para que las más de 600 familias afectadas por esos hechos puedan encontrarla en sus respectivos casos. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), en su carácter de representantes legales de la familia, han hecho las gestiones correspondientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que ésta emita un informe de fondo, que podría abrir paso a que el asunto se litigue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De ser así, este sería el primer caso mexicano de desaparición forzada relacionado con la guerra sucia que sería conocido por un tribunal internacional. Lo que no sólo contribuirá a hacer justicia a los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas durante la guerra sucia, sino también a esclarecer esta página trágica en la historia de México. Brindará, además, elementos para implementar soluciones estructurales que garanticen la no repetición de estos hechos.