viernes, junio 27, 2008

PRI y PRD desmienten a Kessel sobre análisis de reforma petrolera
Francisco Labastida

* No será en julio cuando se alcance el consenso para dictaminar la iniciativa, aclara Labastida

México, D.F., 26 de junio (apro).- Los senadores Francisco Labastida y Graco Ramírez desmintieron a Georgina Kessel, secretaria de Energía, poco después que ésta anunciara que el 22 de julio, al término de los debates sobre la reforma energética, el Senado procedería a dictaminar las iniciativas enviadas por el presidente Felipe Calderón.En conferencia de prensa, Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía del Senado, reconoció que existe un acuerdo para que una vez que concluyan los foros de debate, se inicie el proceso de dictaminación, pero advirtió que no será en julio cuando se alcance la mayoría necesaria para presentar un dictamen ante el pleno.“¿En cuánto tiempo lo vamos a hacer? Vamos a tener que sentarnos a escuchar los puntos de vista de las dependencias para poder llegar a un acuerdo sobre ello. Los miembros de la comisión con los funcionarios del gobierno. Es un proceso que obviamente toma tiempo”, aclaró el senador priista.Graco Ramírez reiteró, a su vez, que no existen condiciones para que se convoque a un nuevo periodo extraordinario, después del 22 de julio, con el objetivo de aprobar la reforma energética.“Será hasta el mes de septiembre y octubre en que estemos trabajando en el dictamen, en la posibilidad de presentar una propuesta de reforma”, precisó el senador perredista.Y advirtió que probablemente en agosto se presenten más iniciativas en materia petrolera. El PRI, por ejemplo, anunció que en julio dará a conocer la suya, y el propio Graco Ramírez adelantó que ese mes presentará una propuesta propia.El desmentido de ambos senadores a la titular de Energía se produjo durante el desarrollo del décimo tercer foro de debate, cuyo tema fue el nuevo régimen fiscal para Petróleos Mexicanos.En la mañana, ante el Colegio de Ingenieros Civiles de México, Kessel sostuvo que se trataba de un “acuerdo parlamentario” dictaminar la reforma energética el martes 22 de julio.Cabe destacar que el panista Santiago Creel, presidente del Senado, reconoció desde el 18 de junio que existe un acuerdo suscrito en la Junta de Coordinación Política para que, al concluir los foros el próximo 22 de julio, arrancar de manera inmediata el proceso de dictaminación, y después pasar al siguiente paso, es decir, poner a consideración del pleno lo que se dictaminó en comisiones.Sin embargo, la mayoría de los senadores consultados reconoció que la eventual discusión y aprobación de la reforma petrolera se dará hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, en septiembre, y el análisis puede prolongarse incluso hasta octubre. Sin embargo, el 28 de este último mes arranca formalmente el proceso electoral federal de 2009.

Demandan mayores “facilidades fiscales” para la IP, en el debate en Senado

México, D.F., 26 de junio (apro).- Cuatro de los ocho participantes en el debate en el Senado demandaron mayores “facilidades fiscales” para las empresas privadas que inviertan en labores de exploración y producción de hidrocarburos, al discutirse el tema del “régimen fiscal de Pemex”,en el décimo tercer foro de los debates sobre la reforma energética.Fueron los casos de Herbert Bettinger Barrios, socio del despacho Mancera y catedrático en materia fiscal del ITAM; de Roberto Newell García, exconsultor de Mc Kinssey y actual presidente del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO); de Juan José Suárez Copel, vicepresidente del Grupo Modelo y director de Finanzas del Grupo Televisa; de José Antonio Meade Kurbreño, economista también del ITAM, y de Sergio Ramírez Martínez, exgerente fiscal de Pemex.Estos especialistas, vinculados con empresas privadas, abundaron sobre el proyecto de reforma fiscal, enviado el pasado 13 de mayo por el presidente Felipe Calderón, que permitirá la adición de tres derechos sobre extracción de petróleo crudo y gas en la zona de Chicontepec y en aguas profundas.La coincidencia fue resaltada por los dos flancos opositores al proyecto de reforma energética calderonista: los economistas Fluvio Alarcón, del Observatorio Ciudadano de la Energía y del Comité Nacional de Estudios de Energía, y Mario Di Constanzo, asesor del grupo legislativo del PRD y miembro del “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador.
“Yo no puedo dejar de señalar las similitudes entre este esquema propuesto para Chicontepec y las aguas profundas con los famosos convenios operativos que propiciaron litigios entre el gobierno venezolano y las trasnacionales”, subrayó Alarcón, al referirse a las propuestas de facilidades fiscales a quienes inviertan en proyectos como Chicontepec o la exploración en aguas profundas.“El régimen fiscal más flexible que se pide debe ser aplicable no sólo a los terceros que hagan inversión a nombre de Pemex Exploración y Producción, sino de toda la paraestatal”, les reviró Fluvio Alarcón.En el mismo tenor, Mario Di Constanzo afirmó que la reforma fiscal de Calderón “es para los inversionistas privados”, no para Pemex.
En el debate también participaron Jorge Chávez Presa, exdirector de Planeación Financiera en Hacienda, quien consideró que “Pemex es una empresa atrapada en el cuerpo de un organismo paraestatal” y, por tanto, hay que convertirla en una empresa “eficiente”. El problema, según el exvocal del IPAB, no es de falta de recursos financieros, sino de eficiencia.Chávez Presa, como los otros cinco ponentes, consideró que las iniciativas de Calderón “van en el sentido correcto” al crear la Comisión del Petróleo y plantear reformas a las leyes orgánicas de Pemex y de la Comisión Reguladora de Energía para transformarla en una empresa corporativa.Como si fuera un guión preestablecido, tanto Chávez Presa, como los otros especialistas vinculados a empresas privadas, alabaron la reforma fiscal de 2005, que operó en 2006, porque permitió liberar a Pemex de una carga superior al 70 por ciento de sus ingresos.
A Hacienda, el 80% de las ventas de Pemex
Sin embargo, Fluvio Alarcón y Mario Di Constanzo rebatieron esta postura. Aportando cifras, Alarcón advirtió que el alivio fiscal de 2005 fue “absolutamente nulificado” porque, además del pago de impuestos y de derechos, a Pemex el régimen fiscal lo incluyó en el cálculo del superávit primario para incrementar la capacidad de endeudamiento del gobierno.Señaló que la carga fiscal directa pasó de 65 a 55 por ciento entre 2005 y 2006, pero al imponerse el superávit primario, de más de 190 mil millones de pesos, en 2008, las aportaciones fiscales de Pemex fueron de 81 por ciento de los ingresos totales de la paraestatal.Dijo que, para 2008 se impuso un superávit primario de 134 mil millones pesos. “Al finalizar este año, Pemex sumará en sus irónicas denominadas disponibilidades, 457 mil millones de pesos sin otro objetivo que financiar la ficción contable del equilibrio presupuestal del gobierno central”, afirmó Fluvio Alarcón. Ninguno de los otros ponentes rebatió estos datos.Incluso, Alarcón dijo que el “verdadero tesoro” que esperan la Secretaría de Hacienda y los gobiernos estatales son los excedentes, derivados de la diferencia entre el precio de referencia (46.6 dólares por barril) y el precio real que rebasa ya los 110 dólares. “Por cada dólar adicional al precio de referencia se obtienen 7 mil 435 millones de pesos presupuestales”, calculó Alarcón.
También con cifras, Di Constanzo afirmó que, de 2000 a 2008, Pemex vendió 6 billones 307 mil millones de pesos y entregó a Hacienda 5 billones 100 mil millones de pesos; es decir, el 80 por ciento de sus rentas. Añadió que sólo 3 por ciento de sus rentas totales, 180 mil millones de pesos, se destinaron a inversión en ese periodo.Dijo que, en 2005, Pemex tuvo ventas por 925 mil millones de pesos y registró pérdidas, paradójicamente, por 76 mil millones de pesos, mientras que una empresa privada como Telmex vendió ese mismo año 162 mil millones de pesos, 17 por ciento del volumen de Pemex, pero tuvo una utilidad neta por 28 mil millones de pesos.

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