Ricardo Andrade Jardí.-
Mientras nos bombardean desde la telebasura con el “Di no a la piratería”, el pirata usurpador que se dice “presidente”, otorga ciento ocho (108) contratos de PEMEX, a la familia del español desarraigado que ahora es “secretario” de gobernación del usurpador pirata.
Que nadie se equivoque, en la “propuesta de reforma energética” del usurpador, no hay ni habrá jamás un interés, distinto al de hacer de nuestro país, su botín de guerra, su parásita ambición no les permite nada más allá de eso, son ¡108 contratos! petroleros, de dudosa legalidad, otorgado a una misma familia, que se suma a las 13 familias que tienen el 95 % de la radio y la televisión comercial del país, que a su vez son parte de los beneficiados cretinos, que contra toda lógica jurídica, son dueños de más del 70% de las costas de México o del absurdo de afirmar que los terrenos sobre los que está edificada la ciudad maya de Chichén Itzá, son de ésta o aquella familia, ¿emparentada (geográficamente) acaso con la del pirata secretario de gobernación?
Sobre un país donde la mentira es la regla, porqué esperar que la concesionaria Televisa no borrara electrónicamente al “adúltero” senador panista de una imagen trasmitida por la televisión abierta y que pretendía ser parte de una nota informativa, o mejor dicho (des)informativa, que hace de esa cadena de televisión algo distinto al stalinismo, que hoy les sirve a “los dueños del poder” que administran a la cadena telecrática, para satanizar de “intolerantes comunistas trasnochados” a los disidentes políticos del sistema, hoy sin temor a equivocarnos convertidos en lo mejor que le queda a este país de fantasías perversas, país donde los “demócratas” se oponen al recuento de votos o descalifican las consultas públicas, porque desconocen a la ciudadanía que dicen oprimir… perdón desgobernar.
Cada día es más claro que la legalidad institucional es el instrumento más útil de la impunidad corrupta, no hay remedio, la clase política mexicana se hunde en el fango de nuestra propia mierda y mientras más hondo llegan más, hondo arrastran a la sociedad que se lo permite y que es hasta hoy incapaz (salvo honrosas excepciones), de organizar e impulsar instrumento de resistencia contra las subjetividades opresoras que someten la cotidianidad de un pueblo al futuro de muerte que oferta el neoliberalismo.
Son 108, ciento ocho, contratos “públicos” para la familia de un dudoso ciudadano “mexicano”, que hoy abusa del poder que se supone es la ciudadanía el que debe otorgarle o revocarle… ¿Cuántos contratos chuecos, más necesitamos que se hagan públicos para accionar? ¿Cuánto tiempo más seguiremos creyendo que las leyes, independientemente de su concepción clasista, son instrumentos de justicia que tarde o temprano transformarán la sociedad? ¿Cuánta violencia más será capaz de soportar nuestra ingenuidad antes de comprender la realidad concreta que se nos presenta? ¿Cuánto más…?
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