El parlamento europeo rehén de 27 diputados derechistas

Barómetro Internacional

Arremeten contra el gobierno de Venezuela en defensa de un corrupto

Ernesto Tamara

El mismo día que Estados Unidos reconocía haber asesinado a 150 civiles en un bombardeo a una aldea en Afganistán, el Parlamento Europeo, con la mitad de sus legisladores presentes aprobó el informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo en el 2008, criticando a Cuba, Biolorusia, China y Rusia. Sin menciones importantes sobre la situación en Medio Oriente o Asia. Más tarde, en una reunión extraordinaria con la participación de sólo 29 legisladores de un total de 785, aprobó otra resolución de condena a Venezuela.

El Parlamento Europeo no sólo parece repetir los clichés de la guerra fría sino que además es otra vez rehén de la derecha absolutista que, con 27 votos a favor, uno en contra y una abstención, arremete contra el gobierno venezolano pretendiendo además dar lecciones de democracia.

El informe 2008

El informe anual 2008 sobre los Derechos Humanos en el mundo fue aprobado por 429 votos contra 36, y 55 abstenciones. El documento, aunque aparece como un balance de la situación en el pasado año, aborda también algunos temas y casos sucedidos hasta abril de este año.

El documento presentado por el eurodiputado socialista español Raimon Obiols, atacaba a Cuba, en una posición contraria a la actitud de su propio gobierno. Considera "intolerable que un país con el que la UE ha reanudado el diálogo político sobre todo tipo de cuestiones, incluidos los derechos humanos, se niegue a permitir la participación" en la Eurocámara de los disidentes Oswaldo Payá y las "Damas de Blanco" (condecorados con el Premio Sájarov). Asimismo, "rechaza enérgicamente la violencia sistemática y los repetidos actos de acoso sufridos por los galardonados" e "insta" al gobierno cubano "a que ponga inmediatamente en libertad a todos los presos políticos y de conciencia y a que reconozca el derecho de todos los cubanos a entrar en el país y a salir de él libremente".

La otra mención a Latinoamérica es la recomendación –a sugerencia evidente del gobierno peruano- de que el Consejo de la Unión Europea incluya al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), en la lista europea de organizaciones terroristas. El documento no menciona que el grupo está disuelto y no operativo desde hace años, ni que su máximo dirigente, preso en condiciones inhumanas en una cárcel de alta seguridad, se haya manifestado por la participación política legal.

El poco confiable Parlamento Europeo no pudo ponerse de acuerdo para al menos cuestionar las manifestaciones del Papa Benedicto XVI en África sobre los preservativos, que dificultan las políticas oficiales del combate al Sida. 253 parlamentarios votaron en contra la tibia condena, mientras que 193 se expresaron a favor.

Más dispuestos estuvieron para condenar al presidente iraní por su discurso en la conferencia contra el racismo de Ginebra organizada por Naciones Unidas del 20 al 24 de abril de este año, y que todos los países europeos boicotearon junto a Estados Unidos e Israel.

El presidente iraní Mahmud Ahmadinejad criticó entonces al gobierno de Israel y lo calificó como "el régimen racista más cruel y represivo en Palestina". También dijo que el Estado de Israel fue creado "bajo el pretexto del sufrimiento judío" de la Segunda Guerra Mundial.

El Parlamento Europeo consideró que el discurso iraní es "contrario al espíritu y el objetivo de la conferencia, esto es, acabar con el azote del racismo". Lástima que no critiquen las políticas antimigratorias de sus gobiernos ni las decisiones de algunos de loa países miembros de la EU. de expulsar rumanos por el sólo hecho de serlos. Apenas admite que "para amplios sectores de opinión de todo el mundo, las políticas de inmigración constituyen un reto para la credibilidad de la acción exterior de la UE en materia de derechos humanos”.

Para intentar compensar un poco las cosas, "lamenta profundamente la reciente escalada militar" en Gaza y que "continúe deteriorándose la situación humanitaria" en la franja, a la vez que muestra "su solidaridad incondicional a la población civil en el sur de Israel". Siguiendo con el manual de la guerra fría, el parlamento condenó a China y Rusia –quizás pensando que todavía es la URSS-.

El texto lamenta que China haya aplazado la XI cumbre UE-China a causa de la visita del Dalai Lama a Europa y pone de relieve la necesidad de intensificar y replantear de manera radicalmente distinta el diálogo UE-China sobre Derechos Humanos.

El informe deplora el fracaso de la UE en conseguir cambios políticos en la Federación de Rusia, y menciona la independencia del poder judicial, el trato a los defensores de los derechos humanos y a los presos políticos, la independencia de los medios de comunicación y la libertad de expresión, el trato de las minorías étnicas y religiosas, el respeto del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos en las fuerzas armadas, la discriminación por la orientación sexual y otros temas.

El documento insta además a Rusia, que considera como fuerza de ocupación en Georgia, a que respete los derechos humanos en Abjazia y Osetia del Sur, preocupación que no ha tenido por ejemplo al mencionar los ataques de Israel a Gaza y los territorios palestinos ocupados.

27 contra Chávez

Utilizando un mecanismo de convocatoria de urgencia de Derechos Humanos, 29 legisladores de la derecha europea se posicionaron del Parlamento Europeo para emitir, por segundo vez en menos de un año, una declaración contra el gobierno venezolano.

La resolución, consensuada por los grupos PPE-DE, liberal y Unión por la Europa de las Naciones, fue aprobada por 27 votos a favor, uno en contra y una abstención. Otros 756 eurodiputados no se presentaron a sala e ignoraron la propuesta derechista.

El documento presentado por la bancada del Partido Popular de España, herederos del dictador Francisco Franco, dice que Venezuela vive una tensa situación política y que está experimentando una "preocupante deriva autoritaria", que se traduce en el "acoso, la amenaza, la intimidación y la persecución política y penal de la oposición, de sus alcaldes y gobernadores elegidos democráticamente, del movimiento estudiantil y de periodistas". Al mismo tiempo dicen que la calidad de la democracia en Venezuela, "se encuentra en grave riesgo de colapso debido a la concentración de poder y al autoritarismo creciente ejercido por el presidente de la República".

Después pone como ejemplo de esa persecución la situación del ex gobernador de Zulia y alcalde de Maracaibo, ahora exiliado en Perú, Manuel Rosales. El documento ignora por completo las acusaciones de corrupción que pesan sobre el político prófugo, pese a que INTERPOL aceptó la denuncia de Venezuela para investigar al político, y más aún, la casi indiferencia de sus correligionarios en Venezuela que no parecen muy dispuestos a dar la cara por Rosales.

En vísperas de las elecciones regionales de noviembre de 2008, en otra maniobra similar, un grupo reducido de parlamentarios derechistas aprobó otra condena al gobierno venezolano por la decisión del organismos electoral de inhabilitar una serie de candidatos que habían sido procesados por distintos delitos. La resolución obvió entonces que políticos que habían apoyado al presidente Chávez también habían sido inhabilitados.

Los parlamentarios derechistas, que le dictan al presidente Chávez normas de democracia, no tuvieron ningún empacho en aprobar un documento con apenas el 3 por ciento de legisladores en sala. En cualquier parlamento de mundo eso es inaceptable.

Un parlamento aislado y con poca confianza

El próximo mes de junio Europa va a las urnas para renovar el Parlamento Europeo en medio de la indiferencia general, y una creciente desconfianza hacia los órganos comunitarios. Una desconfianza que los líderes políticos intentan eludir sancionando leyes y reglamentos sin la participación de la gente.
Una prueba de ello es la aprobación del llamado Tratado de Lisboa –un acuerdo de sustitución de la rechazada Constitución europea- sin pasar por la ratificación popular, sólo con la excepción de Irlanda que lo rechazó.

El Tratado de Lisboa, que concentra más poder el Bruselas –sede de la UE.- y en los países más poderosos, está a un paso de ser sancionado sin que los electores hayan podido dar su opinión.

Pendiente todavía de que Irlanda modifique su voto –se habla de algunos cambios cosméticos en el tratado para que ese país vuelve a votarlo- la semana pasada el parlamento checo aprobó el mismo, mientras el primer ministro se resiste todavía a ratificarlo. Bruselas espera que el jefe de gobierno checo –presidente de turno de la Unión- cumpla su promesa de mantener la decisión del parlamento.

Esa ha sido la norma en toda Europa comunitaria. Después del fracaso de la Constitución, rechazada en plebiscitos en Holanda y Francia, los líderes políticos se curaron en salud y aprobaron la sustitución de esa constitución, el Tratado de Lisboa, sólo en los parlamentos. Los reclamos en algunos países de plebiscitar ese acuerdo, fue ignorado por los gobierno.

En algunos parlamentos, como el sueco, la norma se aprobó sin que los legisladores conocieran siquiera su contenido. Sólo confiaron en lo que decían sus jefes.

Ahora en vísperas de las elecciones de los eurodiputados el próximo 7 de junio, surge una encuesta donde se revela la desconfianza o desinterés de la población en ese órgano legislativo.

Alrededor del 40% de participación

Según la encuesta del Eurobarómetro encargada por el Parlamento Europeo, la confianza en las instituciones de la U.E se desploma con la crisis financiera. De acuerdo con el estudio, sólo el 34% de los ciudadanos tiene intención de votar en las elecciones europeas que se llevarán a cabo en el mes de junio. En el Eurobarómetro previo a las elecciones de 2004, un 41% de los encuestados expresaron que "probablemente votarían".

Las justificaciones de la abstención, varían entre un 62% que "cree que su voto no cambiará nada", y un 55% que opina que "el Parlamento Europeo no se ocupa de los problemas que le conciernen". Las razones por las que los ciudadanos no van a votar se refieren sobre todo a la falta de conocimiento e información. Un 64% de los encuestados, cuatro puntos más que hace un año, afirma que "no conoce suficientemente el papel del Parlamento Europeo" y un 59% cree que "no está suficientemente informado para ir a votar". La encuesta indica que la confianza en el BCE ha caído del 48% al 39% entre septiembre de 2008 y abril de este año. En el mismo período la confianza en la Comisión ha caído del 47% al 42% y la del Parlamento del 51% al 45%. El Reino Unido (59%), Grecia y Austria (42%), son los países con un número de ciudadanos más elevado que tienden a no confiar en la Eurocámara. En los comicios de 2004, la participación fue del 45,5%, sólo cinco puntos más de la estimada probable por la encuesta previa. De mantenerse esa relación, en las elecciones de junio no llegaría al 40% de participación.

Los resultados de las elecciones indican que el entusiasmo por los asuntos europeos va perdiendo pulso de manera sostenida desde las primeras elecciones de 1979, en la que la participación fue del 63,8%. Las respuestas recogidas por la encuesta constatan también el impacto de la crisis económica y el cambio de prioridad en sus preocupaciones. La mayoría de ciudadanos (57%, 10 puntos más que hace un año) piden que la campaña electoral se centre sobre todo en el desempleo y también en el crecimiento económico (52%). Mientras, debates sobre el cambio climático, la inmigración y el terrorismo sólo atraen a un 26% de los encuestados. Significativamente, los poderes y las competencias de las instituciones europeas y los valores y la identidad europea sólo interesan a un 10% de los ciudadanos.

El Tratado de Lisboa

El Tratado de Lisboa establece como modelo y objetivo de la sociedad, la economía libre de mercado, y plantea como objetivo común desarrollar la competencia y el libre mercado en todo el mundo. Es casi como el último grito de resistencia del neoliberalismo. Según el tratado, los órganos de la UE que siguen concentrando el poder, son aquellos que siguen siendo los menos representativos ya que no son electos por la ciudadanía, entre ellos, el Consejo, la Comisión, el Tribunal de Justicia o el todopoderoso Banco Central Europeo.

El Tratado de Lisboa insiste en la "competencia libre y no falseada" y a la circulación ilimitada de capitales y servicios, lo que es una apuesta clara por las privatizaciones y por la flexibilidad y precarización del mercado laboral, y ahora más aún con la crisis. Los reclamos por hacer más fácil los despidos y aprobar acuerdos con rebaja de salarios y el aumento de las horas laborales está a la orden del día. El Tratado estimula a los Estados miembros a "mejorar progresivamente sus capacidades militares".

Establece como el gran objetivo de la Unión el crecimiento económico, y el principio de la competencia aparece como rector. También sostiene que la Unión trabajará para eliminar los "obstáculos" al libre comercio mundial. En aras de la competitividad habilita las privatizaciones y que los servicios públicos queden sujetos a las normas de la competencia. No reconoce el derecho a tener un empleo, sino el genérico "derecho a trabajar”. Además, el derecho a disfrutar con todas las garantías de una seguridad social y servicios sociales se sustituye por el "derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales".

Por otra parte crea la figura de un presidente estable de la Unión elegido por un período de dos años y medio, renovable una vez, así como el nuevo cargo de Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad, que será al mismo tiempo vicepresidente de la Comisión Europea y tendrá a sus órdenes un servicio de acción exterior.

Modifica el sistema de votación para la adopción de las resoluciones estableciendo el sistema de "doble mayoría" que comenzará a regir el 1 de noviembre de 2014. Con este nuevo sistema crece el poder de los países más grandes. La doble mayoría se alcanzará cuando los votos favorables representen, como mínimo, el 55% de los Estados miembros y el 65% de la población. Aumenta el poder de codecisión o colegislación del Parlamento Europeo y algunas de sus decisiones pueden ser obligatorias para los parlamentos nacionales. Y en materia de seguridad, se crea un nuevo mecanismo automático de colaboración reforzada en la cooperación policial y judicial en materia penal.

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