Las verdaderas bajas de la guerra contra el crimen organizado

Víctor M. Quintana S.

A Calderón le resultó muy fácil declarar la guerra, su guerra, al crimen organizado, pertrechado en Los Pinos, con todo el Estado Mayor Presidencial a su servicio personal. “… Que se venga a vivir siquiera unos días a la Alta Babícora, para que sienta lo que es estar a la merced de los sicarios o de los desmanes del Ejército”. Lo dice así una mujer joven de Colonia Alamillo, municipio de Madera, Chihuahua, al denunciar la detención ilegal de su hermano y de un amigo, por soldados de la guarnición de Nuevo Casas Grandes, del 4 al 9 de mayo pasados.

Hace un año que la otrora próspera región agrícola de la Alta Babícora, espacio de la lucha agraria contra el latifundio de Randolph Hearst, en el noroeste de Chihuahua, es tierra asolada por las incursiones o de los sicarios o de los militares. Hace tiempo que los narcos se establecieron en poblaciones como Nicolás Bravo o Gómez Farías. Pero es hasta que el calderonismo les declara la guerra cuando comienzan los problemas angustiosos para la población: decenas de casas incendiadas, ejecutados, desaparecidos, levantados. El fin de semana del 21 de marzo fue especialmente macabro: dos jóvenes maestros y varios jóvenes más están desaparecidos desde entonces, muchas familias amenazadas de muerte. Ahora las colonias agrícolas y ganaderas de la región lucen semidespobladas. La gente que tuvo modo se exilió en Estados Unidos. La que no, tuvo que refugiarse –y esto muestra lo terrible de la situación– ¡en Ciudad Juárez!

El Estado fallido, al menos en esta región donde confluyen los municipios de Madera, Zaragoza y Gómez Farías. Porque –según denuncian los pobladores– ni las diversas policías ni el Ejército logran echarle el guante a los delincuentes, que los siguen aterrorizando. Y en cambio han incrementado los atropellos contra los civiles. A los dos muchachos detenidos el 4 de mayo los mantuvieron con los ojos vendados durante cinco días, simularon ejecutarlos varias veces, les aplicaron la chicharra, la cama eléctrica y los golpearon. Sólo cuando la denuncia se hizo pública y fuerte los dejaron abandonados en la sierra, no sin antes amenazarlos si interponían cualquier denuncia.

El guión se repite en Juárez, en la capital, en todo el estado: la presencia masiva del Ejército no detiene las ejecuciones ni abate los espantosos índices de delitos comunes, pero sí constituye una amenaza para las garantías de las y los ciudadanos: detenciones arbitrarias, allanamientos de domicilio, robos de electrodomésticos, de autos, hasta de la despensa. Sobre las ejecuciones ya se sospecha que pueden ser perpetradas por grupos paramilitares con la anuencia de los militares.

Y, si contra los narcos nada puede hacerse, contra la impunidad uniformada que Human Rights Watch documenta con tanta solidez, tampoco. Las denuncias en las comisiones gubernamentales y no gubernamentales de derechos humanos, en las procuradurías estatal o General de la República, tienen que recorrer todo un laberinto para desembocar donde está el minotauro del Ministerio Público Militar, encubridor de oficio de los uniformados.

Lo peor es que esta deshilachada guerra que declaró Calderón no tiene ni para cuándo acabarse, ni siquiera cuándo tornarse eficaz en sus objetivos declarados. Porque es muy claro que los operativos conjuntos tan propagandizados ahora por el PAN en sus espots son, más bien, disyuntos. Lo evidencia Felipe en su fugaz y elitista visita a Chihuahua hace dos semanas: declara ante el gobernador y el Ejército que éste no puede permanecer indefinidamente en las calles. Urge a las autoridades locales a realizar las acciones necesarias para estar preparados cuando las fuerzas castrenses vuelvan a sus cuarteles…

El secretario de Seguridad Pública del estado le responde. No en una de las supuestas reuniones de evaluación del operativo sino en la prensa: las policías estatales no estarán preparadas para cuando se vaya el Ejército. Con este tipo de diálogos involuntariamente públicos la desazón ciudadana se incrementa: se explica por qué las fuerzas federales y estatales no han entregado una hoja de ruta que señale acciones y metas a lograr para que el Ejército regrese a sus cuarteles. ¿Cómo va a entregarse si ni siquiera hay acuerdo sobre el cómo y el cuándo va a regresar?

Lo que va quedando muy claro es que en esta guerra los pies van por rumbo muy diferente a la cabeza. Que se desató para que Calderón y su partido ganen los votos; que la población y sus derechos pongan las bajas.