Uribe entre la reelección y las protestas por la reforma de la salud

Barómetro Internacional

Ernesto Tamara.

El presidente Alvaro Uribe parece dispuesto a presionar para obtener la reforma constitucional que le autorice una nueva reelección, en medio de descontento general por la reforma de la salud pública, y cuando los plazos legales para habilitar el referendo que lo habilite como candidato, caducan. “Ocho años no fueron suficientes” para imponer su política de “seguridad democrática” aseguró el fin de semana pasado el mandatario colombiano en una entrevista radial, donde agregó “mejoremos el rumbo, no abandonemos el rumbo".

De todas maneras Uribe sigue callado sobre sus aspiraciones reeleccionistas, y aunque indirectamente se presenta como la única opción posible, los aspirantes a sucederlo en el cargo se alinean para recibir su bendición. Las últimas semanas han sido inusualmente conflictivas para el gobierno del presidente Uribe, al punto que el mandatario decidió tomar distancia de la forma y parte del contenido de la recién aprobada reforma de la salud pública que le valió críticas hasta de sectores aliados.

Tras las movilizaciones, Uribe rechazó publicamente la forma inconsulta de la reforma, aprobada por decreto, y hasta ordenó suspender uno de sus puntos, tras las movilizaciones populares que ocuparon las calles en protesta. La revista Semana, defensora del gobierno, recordó que “Ni el lío de las pirámides, ni las 'chuzadas' del DAS, ni la zona franca de sus hijos, ni siquiera el escándalo de Agro Ingreso Seguro” provocaron tal reacción. La misma revista aseguró que según fuentes a la casa de gobierno, el presidente está convencido de reforma la salud ante la falta de recursos para ese sector, pero que también es consciente que el rechazo que han provocado los decretos de la reforma, “es una de las cosas más graves que le han pasado en materia de opinión pública en su gobierno”.

El polémico ministro de Salud Pública, Diego Palacio, ha quedado al borde del despido, y sólo lo ha salvado su fidelidad al presidente y siete años de gestión en que uso el Ministerio para los intereses políticos del uribismo. Palacio apenas se salvó del juicio por soborno contra la diputada Yidis Medina –que cambió su voto para favorecer la primera reelección de Uribe- cuando fue acusado de conceder prevendas a la congresista para que modificara su voto original negativo.

Además de las protestas contra la reforma de la salud, el presidente ha tenido que enfrentar –sin tanta polémica en los medios- las críticas de organismos internacionales sobre su política, o falta de política, en combatir a los nuevos grupos paramilitares. A principios de mes, la organización norteamericana Human Rights Watch presentó el informe "Herederos de los paramilitares: la nueva cara de la violencia en Colombia", donde se acusa al gobierno de no tener una política para enfrentarlos. José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, calificó de "fracaso" la publicitada desmovilización parcial de esas milicias ultraderechistas entre 2003 y 2006. "La amenaza que representan los grupos sucesores es a la vez grave y cada vez mayor", se lee en el informe.

A esto se agrega el pedido de la Iglesia Católica para continuar mediando ante estas bandas armadas que, según el gobierno integran cuatro mil hombres bien armados –y según el ex jefe paramilitar extraditado a Estados Unidos, Salvatore Mancuso llegan a 16 mil- ante la casi inoperancia del Estado en reprimirlos. A principios de mes, el obispo de Montería, Julio César Vidal, fue autorizado por el gobierno para mediar ante las nuevas bandas paramilitares de esa región –denominada bandas emergentes en el lenguaje gubernamental- para que abandonen las armas y se entreguen a la justicia.

Según las autoridades, las bandas emergentes son: Erpac, Organización Nueva Generación, Los Rastrojos, Los Machos, Los Paisas, Águilas Negras y otras ubicadas en la Alta Guajira, Urabá, Sur de Bolívar y Magdalena Medio.
Pero esa mediación autorizada terminó cuando el Comisionado para la Paz, Frank Pearl, dijo “la autorización se vence el 12 de febrero y no se va a renovar”.

La Iglesia ha sugerido que seguirá igualmente con su intento, tratando de seguir el modelo de la negociación en Medellín, donde una comisión “de notables” logró contactar a mandos medios de los grupos “Sebastián” y “Valenciano” y establecer una tregua que el pasado 12 de noviembre logró la estadística récord de cero asesinato en ese día, cuando el promedio del año era de 6 diarios en la ciudad (2718 homicidios en el año). Monseñor Rubén Salazar, presidente del Episcopado, adelantó la posición de continuar con la mediación. “Tenemos que hacer algo, no podemos permitir que el país se siga desangrando, que se vaya directo al caos. Continuarán lo acercamientos, no sólo con estas bandas criminales, sino con todas las organizaciones armadas”, dijo Salazar.

Para las distintas organizaciones humanitarias operantes en Colombia, el gobierno no sabe que hacer con estas bandas herederas de los paramilitares.

Uribe deshoja margaritas

El presidente Uribe tiene además una lucha contra el tiempo para obtener la reforma constitucional que lo habilite a un nuevo período. La Corte Constitucional debe resolver en estos días –quizás ya resolvió al cierre de esta nota-, si da lugar a la consulta popular. A partir de esa decisión, si es favorable, el referendo se podría realizar sólo después de 30 días hábiles, según la interpretación de la ley 134 de 1994, que regula los mecanismos de participación ciudadana, lo que atrasaría la consulta a seis semanas, es decir, no antes de fines de marzo próximo.

El primer problema es que la inscripción de candidatos presidenciales ante el organismo electoral, se cierra el 12 de marzo próximo. Si se realiza una interpretación rígida de la norma, Uribe no podría presentar su candidatura en este período aunque la reelección por un segundo mandato sea aprobada.
Sin embargo, los impulsores de la reelección tienen un argumento de peso a su favor. Cuando se sancionó la reforma que habilitó la primera reelección de Uribe, la Corte Constitucional habilitó la inscripción del candidato beneficiado por la reforma en los primero días de abril.

Claro que para todo esto, primero la reelección debe obtener la mayoría de votos en el referendo donde, como mínimo, según la ley, debe de participar el 25 por ciento del padrón electoral, es decir 7 millones de votantes. Quizás debido a la incertidumbre sobre la habilitación del referendo y la brevedad de los plazos electorales, Uribe no ha expresado aún si acepta postularse para los comicios que se celebrarán el próximo 30 de mayo. Públicamente lanza señales positivas, como las declaraciones a una emisora la semana pasada. "Ocho años es apenas un principio, un país que tiene que recuperarse de la pobreza, que está logrando grandes avances en educación, en salud (…) es un país que con ocho años apenas empieza a recuperarse", señaló. Y para dar una clara señal de que seguirá en la arena política, subrayó "la lucha por Colombia no se puede abandonar (...) trabajaré por la patria hasta el último momento desde cualquier trinchera".

"El país en su sabiduría sabe que lo importante que es asegurar el rumbo el país, sabrá identificar como se protege el rumbo de la nación colombiana", dijo el mandatario tras referirse a la elección presidencial de este año. Agregó, que "yo sé que el país ve unos compatriotas pero no puedo hablar de eso, pero hablo del rumbo, ocho años es poco tiempo, la seguridad debe ser trabajada todos los días (...) es apenas un principio". Ahora cabe interpretar si Uribe considera que el rumbo se asegura con su permanencia en el poder.

Mientras, los candidatos oficialistas se muerden las uñas esperando una decisión o señal de su jefe. El ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, sobrino-nieto del ex presidente Eduardo Santos (1938-42) parece mejor posicionado para reemplazarlo.

ernestotamara@gmail.com