¿Y ahora, qué?

Julián Andrade Jardí
Tragedia en la ABC

Uno de los ángulos más inquietantes de la investigación de la Suprema Corte sobre la tragedia en la guardería ABC, donde murieron 45 niños y otros 75 resultaron lesionados, es que los elementos para que ocurran hechos similares están presentes en “el desorden generalizado” que impera en las guarderías del IMSS.
El desastre llega, inclusive, al otorgamiento de “contratos, operaciones y vigilancia”. Vamos, el IMSS “no tiene fundamento legal para otorgar a terceros el servicio de guarderías”.
En buena medida, el amplio documento que escribieron los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla es la narración puntual sobre la negligencia y las posposiciones de diversas autoridades, entre ellas el ex director del IMSS Juan Molinar y el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours.
También se estableció que el incendio inició en la bodega de la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado y que pudo propalarse hasta donde se encontraban los niños porque no existían ni las más mínimas normas de seguridad. No existe evidencia alguna de que se hayan realizado inspecciones de verificación a la bodega y al local donde asistían los niños. La irresponsabilidad en toda la extensión de la palabra.
La investigación todavía tiene que ser revisada por el ministro José Fernando Franco González-Salas, pero es previsible que lo encontrado por los magistrados termine en un dictamen en el que se establezca que se violaron de modo grave las garantías individuales de los niños y sus familiares afectados por uno de los hechos más lamentables de nuestra historia reciente.
Las conclusiones de la Corte, que ya están apuntadas en el documento que ayer se hizo público, deberían propiciar una respuesta clara de las autoridades involucradas para que una tragedia como ésta no se repita.
La serie de negligencias que en el fondo permitieron el accidente revelan las carencias de políticas públicas que, para colmo, tienen que ver con la seguridad y el desarrollo de los niños.
Hay que recordar que las investigaciones que realiza la Suprema Corte no son vinculantes, pero nada impide que la autoridad competente inicie las acciones legales que sean necesarias una vez que los resultados sean definitivos.
La vida pública requiere de rendición de cuentas y ésta puede ser una buena oportunidad para dejar claro que el ejercicio de la administración pública es una responsabilidad que requiere de compromiso y profesionalismo.
Los niños que murieron aquella mañana, sus padres y sus hermanos merecen que esta vez no impere la impunidad.
juljard@yahoo.com.mx