Son testigos colaboradores de la PGR 60
criminales. A éstos, el erario les paga desde la alimentación hasta el
vehículo; algunos de ellos reciben incluso ayuda económica para sus
familias. A cambio, el abogado de la nación obtiene “datos” sobre las
redes del crimen organizado. Al finalizar el sexenio de Calderón, la
erogación por este concepto superará los 100 millones de pesos, con un
promedio de gasto anual de 20 millones. El programa de los “delincuentes
protegidos” también incluye a militares ligados al cártel de los
Beltrán Leyva. La Sedena admite que al menos 121 de sus integrantes han
sido detenidos por colaborar con el narcotráfico.
La nómina de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en
Delincuencia Organizada (SIEDO) paga la manutención de 60 criminales
confesos que se han acogido al programa de los testigos colaboradores,
revela la respuesta a la solicitud de información ciudadana
0001700026812, de fecha 2 de abril de 2012.
Entre esos 60 se encuentran los beneficios que el erario paga a la Barbie (Édgar Valdez Villarreal),
al Grande (Sergio Villarreal, miembro del programa hasta el momento de
su extradición, el pasado 22 de mayo) y a Jennifer (Roberto López
Nájera), quienes recientemente acusaron a los generales de división
Tomás Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas, así como al general
brigadier Roberto Dawe González y al teniente coronel Silvio Isidro de
Jesús Hernández Soto de colaborar, supuestamente, con el cártel de los
Beltrán Leyva.
El dinero que la SIEDO emplea para la alimentación, el vestido, la
vivienda y el transporte (entre otros beneficios) de sus testigos, e
incluso de sus familias, proviene del gasto corriente de la institución,
se desprende del oficio SJA/DGAJ/3274/2012 de la Procuraduría General
de la República (PGR), que encabeza Marisela Morales. En 2012, el
presupuesto para el capítulo 1000, “Servicios personales” de la
Subprocuraduría asciende a 559 millones 850 mil pesos; de éstos, al
menos 20 millones se destinarán a los beneficios para los testigos
colaboradores.
Esto es que la PGR gastará de 250 mil a más de 300 mil pesos por
cada testigo colaborador tan sólo en este año. La lista de beneficiarios
también está conformada por exmilitares, a quienes el Ejército Mexicano
considera traidores de la patria por haberse unido a las filas del
crimen organizado.
Tales son los casos del mayor Arturo González, exintegrante del
Cuerpo de Guardias Presidenciales, y del teniente de arma blindada Pedro
Sergio Jonguitud Barragán, de nombre clave Emiliano. Ambos,
ligados al cártel de los hermanos Beltrán Leyva y acogidos al programa
de los testigos. De 2007 a mayo de 2011, 121 militares han sido
detenidos por supuestos nexos con el narcotráfico, descubre la respuesta
a la solicitud de información ciudadana 0000700084511.
El pago para los testigos colaboradores habría oscilado, en
promedio, entre 10 millones y 20 millones de pesos anuales en el periodo
de 2007 a 2011. Esta estimación se deriva de la información oficial que
obtuvo el diario La Jornada y que apunta un gasto en 2007 de 10
millones 913 mil pesos; en 2008, de 15 millones 123 mil; en 2009, de 20
millones 197 mil, y en parte de 2010, de 14 millones 825 mil pesos
(Gustavo Castillo García, 19 de enero de 2012).
El uso de los testigos colaboradores en este gobierno se ha
caracterizado por ser la única “prueba” en contra de supuestos
delincuentes, explica Teresa del Carmen Incháustegui Romero, diputada
por el Partido de la Revolución Democrática: “Sin tener realmente una
investigación integrada y con el pretexto de la existencia de testigos
protegidos se llevan a las personas a arraigarlas y en ese transcurso
las autoridades buscan las pruebas. Éste es un uso pervertido de la
figura del testigo protegido”.
La integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de
Diputados señala que el arraigo es “una atrocidad, porque se realiza sin
que haya un expediente bien integrado”. Y agrega que “el cruce de
testigos protegidos como existe actualmente con el arraigo es una bomba
en términos de derechos humanos y en términos del debido proceso”. Ambas
figuras violan el principio de presunción de inocencia.
La figura del testigo
Las detenciones y posteriores arraigos de los generales Ángeles
Dauahare, Escorcia Vargas, Dawe González y del teniente coronel
Hernández Soto, ocurridas a mediados de mayo, reavivaron la discusión
sobre el uso de los testigos protegidos o colaboradores. Éstas, se
dieron a partir de las declaraciones de la Barbie, el Grande, Jennifer y del mayor Arturo González, en su calidad de criminales colaboradores.
José
Antonio Ortega Sánchez, abogado de Ángeles Dauahare, ha declarado a los
medios de comunicación que es ilegal la retención de su cliente porque
se basa en “testigos de oídas”, con lo que cuestiona la calidad de las
imputaciones.
Aunque en retiro, Ángeles Dauahare, general de división diplomado
del Estado Mayor, es hasta ahora el militar de más alto rango
supuestamente vinculado con el crimen organizado. Su último cargo,
subsecretario de Defensa Nacional, lo obtuvo por el nombramiento directo
del presidente Felipe Calderón. Con el arraigo, la PGR intenta sostener
el dicho de sus testigos: que el general está supuestamente vinculado
con el cártel de los Beltrán Leyva.
El doctor en derecho Daniel Márquez Gómez señala que la figura del
testigo colaborador implica a un personaje que ha violado la ley y que
para purgar su pena obtiene beneficios económicos o procesales. El
debate, explica, consiste en que su testimonio está viciado de origen,
pues hay un interés de por medio.
El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México agrega que el mecanismo también
ha sido criticado porque genera impunidad, justamente al condonar la
pena o una parte de la pena al delincuente a cambio de su testimonio.
El artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
establece que será un testigo colaborador “el miembro de la delincuencia
organizada que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución
de otros miembros de la misma”. Esa disposición indica los beneficios
que el criminal confeso recibirá por su “cooperación”:
“I. Cuando no exista averiguación previa en su contra, los
elementos de prueba que aporte o se deriven de la averiguación previa
iniciada por su colaboración no serán tomados en cuenta en su contra.
Este beneficio sólo podrá otorgarse en una ocasión respecto de la misma
persona; II. Cuando exista una averiguación previa en la que el
colaborador esté implicado y éste aporte indicios para la consignación
de otros miembros de la delincuencia organizada, la pena que le
correspondería por los delitos por él cometidos podrá ser reducida hasta
en dos terceras partes; III. Cuando durante el proceso penal el
indiciado aporte pruebas ciertas, suficientes para sentenciar a otros
miembros de la delincuencia organizada con funciones de administración,
dirección o supervisión, la pena que le correspondería por los delitos
por los que se le juzga podrá reducirse hasta en una mitad, y IV. Cuando
un sentenciado aporte pruebas ciertas, suficientemente valoradas por el
juez, para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada
con funciones de administración, dirección o supervisión, podrá
otorgársele la remisión parcial de la pena, hasta en dos terceras partes
de la privativa de libertad impuesta.”
Édgar Valdez Villarreal –a quien el presidente Felipe Calderón
describió en su cuenta de Twitter, en 2010, como “uno de los criminales
más buscados en México y en el extranjero”– es uno de esos beneficiarios
del programa de los testigos colaboradores. La Barbie,
considerado como uno de los sicarios más violentos del cártel de los
Beltrán Leyva, fue capturado en agosto de 2010 y actualmente testifica
en contra de los tres generales y el coronel arraigados por la SIEDO.
El doctor Daniel Márquez indica que el uso desmedido de la figura
del testigo colaborador en las averiguaciones previas implica un riesgo
para el sistema de justicia, porque se le puede estar dando valor a
testimonios de “gente muy fantasiosa que acusa a cualquiera sin ningún
fundamento”. Por ello, considera importante que, antes de realizar las
detenciones, la PGR obtenga pruebas sólidas para llevar a los supuestos
criminales a juicio y que se les condene.
Uso ineficaz de la figura
Saúl
López Noriega, académico del Departamento de Derecho del Instituto
Tecnológico Autónomo de México, explica que en la historia del país no
ha habido “un buen uso” de esta figura, pero en este sexenio se ha
acentuado el “mal uso” de los testigos protegidos. Ello, porque es un
error “que la autoridad sólo se quede con lo que dice un testigo que
nadie conoce, porque su identidad está protegida. Lo importante es
corroborar lo que dice con otras pruebas. En ocasiones la autoridad no
lo está haciendo. Se le da demasiado peso al tema de los testigos
protegidos aun cuando no sabemos la calidad del testigo protegido”.
El profesor de derecho considera que no debe descartarse el uso de
testigos protegidos: “en la investigación de la justicia es
indispensable su uso, pero lo que dicen los testigos protegidos sirve
para facilitar ciertos casos que luego la autoridad debe comprobar con
otros elementos. Una vez que el testigo protegido da indicios se
necesitan pruebas fehacientes”.
No obstante, es frecuente que, sin contar con más pruebas, la SIEDO
detenga, arraigue e incluso consigne a personas señaladas por testigos
colaboradores. Así ocurrió con el caso del michoacanazo, que
llevó a juicio a más de 40 servidores públicos de esa entidad (entre
ellos 12 alcaldes) supuestamente vinculados al narcotráfico. La PGR
perdió, porque la única prueba que presentó fue la declaración de un
testigo protegido, de nombre clave Zajed.
López Noriega apunta que hay otro problema en el sistema de
justicia mexicano ligado con esta figura: “otro vicio es que las
autoridades filtran [a los medios de comunicación] lo que dicen algunos
testigos protegidos, para efectos de crear una percepción determinada
respecto de una persona que ha sido aprehendida o acusada. Esto va en
contra de la lógica del testigo protegido, que consiste en que no se
sepa ni quién es ni qué es lo que está diciendo, porque eso es lo que le
da una enorme ventaja a la autoridad para investigar”.
La filtración, apunta, pone en riesgo no sólo el proceso judicial,
sino también la vida del testigo colaborador. El caso más reciente de
desprotección es justamente el de Zajed, quien “desapareció” en febrero de 2012.
“El indicio de que está mal la política de protección es justamente
porque la misma autoridad inicia con la filtración [de información] de
los testigos protegidos. El reto es que toda esa información sirva para
apuntalar la investigación por parte de la autoridad, que vaya quedando
en el expediente. Cuando han sido condenadas las personas acusadas,
inevitablemente va a salir en los medios; pero el que lo filtren incluso
antes de que haya una acusación, como en el caso de los generales (que
todavía están arraigados), habla de que no se está cuidando de manera
seria la información que proveen estas personas y por tanto tampoco su
identidad e integridad”, dice en entrevista Saúl López Noriega.
Agrega que la PGR debe “repensar cómo debe usar esta figura, porque
la clave es cómo usan a los testigos protegidos. Las dos líneas para
repensar esto son: uno, la protección de los testigos, y dos, que no se
apueste a construir el caso a partir de sólo lo que dice el testigo
protegido. El testimonio debe servir a otras pruebas duras que hagan el
caso mucho más sólido”.
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