Ricardo Monreal Ávila
2012-08-28 • Acentos
El
pasado jueves 2 de agosto hicimos públicos diversos documentos que
presumían un clásico mecanismo de triangulación financiera entre
cuentas del gobierno del Estado de México, un particular y la campaña
presidencial del PRI. El centro de estas operaciones era la cuenta
03800806935 de Scotiabank, que en un lapso de dos meses había mostrado
tres titulares diferentes: gobierno del Estado de México, Luis
Videgaray y Marco Antonio González Pack.
Esta
inconsistencia en la información presentada sirvió de pauta para que el
secretario de Finanzas del gobierno mexiquense señalara que nuestra
documentación era apócrifa y que estábamos calumniando a la
administración estatal, motivo por el cual fuimos objeto de una demanda
civil y de una denuncia penal.
Informados con
oportunidad que Banxico realizó hace algunos días cambios en los
nombres de los administradores que aparecían en las transferencias
bancarias (SPEI) de esa susodicha cuenta (ex post a la denuncia que
presentamos ante la SIEDO por lavado de dinero y ante el IFE y el TEPJF
por utilización de recursos de procedencia ilícita en la campaña del
PRI), el sábado pasado anunciamos la denuncia que promoveríamos contra
el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, por alteración de
documentos financieros oficiales.
El pasado
domingo, el banco central respondió con un comunicado que en su parte
medular señala: “El instituto central no tiene responsabilidad alguna
respecto de los datos contenidos en los comprobantes, dado que la
veracidad y exactitud de la información solo pueden ser comprobadas por
el banco receptor de los recursos. Cualquier modificación en los
comprobantes solo puede hacerse mediante instrucción directa del banco
receptor. En el caso ventilado recientemente ante los medios de
comunicación el Banco de México recibió instrucciones explícitas del
banco receptor de los recursos para corregir información inconsistente,
que provenía de una deficiencia en el sistema del propio banco
receptor” (el subrayado es de la propia institución).
Ayer,
el “banco receptor”, Scotiabank, emitió a su vez un comunicado de dos
párrafos validando que fueron ellos quienes solicitaron “el día 13 de
agosto del 2012… corregir la información del comprobante electrónico de
pago del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) de la
transferencia antes mencionada para reflejar al beneficiario de la
transacción de manera correcta”; es decir, para eliminar del SPEI del
19 de junio pasado a “Marco Antonio González Pack” y poner en su lugar
“Gobierno del Estado de México”.
¿Qué significa
esto? 1) Los SPEI que exhibimos hace casi un mes como prueba de una
triangulación financiera y con base en los cuales presentamos las
denuncias correspondientes ante el IFE, TEPJF y SIEDO, no son apócrifos
o falsos; sí existen y son oficiales. 2) Que una vez denunciada la
transferencia por 50 millones de pesos de una cuenta de Bancomer del
gobierno mexiquense a la cuenta de Scotiabank a nombre de “González
Pack”, el banco procedió a solicitar a Banxico la corrección del nombre
(es decir, se dieron cuenta de un error de 50 millones de pesos, ¡55
días después!). 3) Lo más importante: ¿qué pasó con los fondos del
gobierno mexiquense transferidos “erróneamente”? Estamos en
posibilidades de informar que fueron debidamente gastados, en tiempo y
forma, en un objeto de inversión muy distinto al que compete a un
gobierno estatal. Aquí no hubo error ni dilación alguna.
Marco
Antonio González Pack no es cualquier “inconsistencia” o “deficiencia
del banco receptor”. Estudiante de 25 años, laboró como gerente de
ventas de la empresa Industrias Gil & Eagle, asentada en Chihuahua,
hasta hace un año (es decir, probablemente ni se enteró de que le
habrían depositado desde Toluca 50 mdp). La empresa se dedica a
“producir plataformas, cajas secas y refrigeradas, desde un minitruck
hasta un semiremolque para un tractocamión”, según se lee en su página
de internet. Casualmente también fabrican los “publimóvil” o plataformas
para pasear espectaculares móviles como los que se vieron en varias
ciudades del país con la imagen y publicidad de los candidatos del PRI a
diversos cargos de elección (entre ellos, el candidato presidencial).
Por cierto, este tipo de publicidad, al igual que las vallas, no son
gastos reportables ante el IFE.
Gracias al Banco
de México por certificar que las transferencias millonarias que
supuestamente nunca existieron, son reales. Gracias también a
Scotiabank por evidenciar de manera involuntaria el procedimiento
expost y ad hoc que está en marcha para tratar de borrar lo indeleble:
las huellas del dinero ilícito e ilegal con el que se pervirtió la
elección para intentar comprar la Presidencia de México.
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