Managua, Nicaragua. Cinco siglos de
espera podrían llegar a su fin a partir de este año, cuando el gobierno
de Nicaragua otorgue en concesión a una empresa de capital chino la
construcción de un canal interoceánico que, entre protestas locales y
escepticismo internacional, avanza con rapidez.
El pasado jueves 13 de junio, la
unicameral Asamblea Nacional Legislativa aprobó de forma urgente una
polémica ley que allana el camino para que el año próximo comience la
construcción de la nueva conexión entre los océanos Pacífico y Atlántico
y se entregue en concesión hasta por 100 años a un consorcio chino.
La empresa HK Nicaragua Canal
Development Investment, Co Limited (conocida como HKND Group), fue
elegida por el gobierno del izquierdista presidente Daniel Ortega para
ejecutar la construcción de la gigantesca vía comercial, a un costo
estimado de más de 40 mil millones de dólares.
Diversos sectores nicaragüenses
demandan mayor transparencia en el proceso de concesión, que haría
realidad un proyecto presente en la historia de Nicaragua desde la
llegada de los conquistadores españoles.
Una de las mayores críticas es que el
Estado de Nicaragua concedería los derechos totales de la obra por 50
años, prorrogables a otros 50, a una empresa creada en octubre de 2012
en Hong Kong e inscrita ese mismo año en el paraíso fiscal de Islas Gran
Caimán.
En la constitución de la empresa
aparece como principal socio Wang Jing, un inversionista de la República
Popular de China que en 2012 firmó un contrato de inversión en
telecomunicaciones con Nicaragua, que lleva al menos 4 meses de retraso.
La construcción se estima que durará
10 años y su inicio está previsto para mayo de 2014. Los estudios de
factibilidad no están listos, pero según versiones del gobierno del
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ya han sido encargados a
una compañía con sede en Londres, Inglaterra.
El primer paso legal se dio en julio
de 2012, cuando a iniciativa de Ortega el parlamento aprobó la Ley de
Construcción del Canal Interoceánico, como una empresa de carácter
público-privada.
En ella, el Estado tendrá 51 por
ciento de las acciones y el restante 49 por ciento estará en manos de
inversionistas, que podrán ser países, organismos internacionales o
personas naturales o jurídicas.
El HK Nicaragua proyecta construir
una vía de al menos 190 kilómetros en tierra y 80 kilómetros a través
del lago Cocibolca, con un ancho de no menos de 150 metros para barcos
de gran calado.
El proyecto cuenta con el apoyo firme
del gobierno de Ortega, quien el 5 de este mes remitió con carácter de
urgencia a la Asamblea el proyecto aprobado este jueves 13; la Ley
Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense
Atingente al Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructura
Asociados.
La nueva norma cambia la letra de la
ley anterior, determina otro rumbo de la obra y garantiza de manera
exclusiva las inversiones a los socios chinos. También establece que
Nicaragua renuncia a cualquier reclamo y soberanía sobre la concesión de
hasta 100 años.
El texto fue aprobado en forma general
por 61 votos a favor del FSLN, 25 en contra y una abstención, tras 3
horas de tenso debate, y la banca opositora se retiró en la inmediata
votación separada de cada uno de sus 25 artículos, como protesta por el
insuficiente análisis y las modificaciones al texto.
Con la nueva ley se proyectan dos
puertos de aguas profundas, un aeropuerto internacional, una zona de
libre comercio, una línea de ferrocarril, zonas francas y un oleoducto.
Estimaciones iniciales indican que el
canal tendrá capacidad para captar el tráfico de 450 millones a 500
millones de toneladas métricas anuales y recibir embarcaciones de hasta
250 mil toneladas, con más de 400 metros de largo, 59 de ancho y 22 de
calado.
Tales cifras no oficiales, en términos
de capacidad, superan al Canal de Panamá, que actualmente puede recibir
barcos de 64 mil toneladas y que cuando finalicen sus obras de
expansión podrá acoger navíos de hasta 140 mil toneladas.
La nueva ley otorga a los
inversionistas asiáticos el ciento por ciento de las acciones y
establece que el traspaso a Nicaragua será gradual, tras los primeros 10
años de entrada en operación de la obra. Nicaragua recibirá 10 millones
de dólares anuales hasta la entrega total de las acciones en 1 siglo.
Tal respaldo institucional del
gobierno cuenta con apoyo, aunque con reservas, de las cúpulas
empresariales y cámaras de inversionistas nicaragüenses. Pero la
oposición de derecha y los disidentes sandinistas lo rechazan de forma
tajante, al igual que ambientalistas y sociólogos, politólogos y
economistas.
Eduardo Montealegre, coordinador de la
bancada legislativa opositora, tildó a Ortega y a sus funcionarios de
“vende patrias” por las amplias concesiones otorgadas a los
inversionistas extranjeros que, según dice a Inter Press Service (IPS),
lesionan los intereses actuales y futuros de Nicaragua.
El catedrático y abogado
constitucionalista Gabriel Álvarez denuncia que la concesión del
proyecto a empresarios chinos violenta artículos sobre soberanía
nacional y sobre los derechos de posesión. Además, dice a IPS, deja en
indefensión al país ante un juicio local o internacional ante los
concesionarios.
El biólogo y especialista en aguas
Salvador Montenegro, director del Centro para la Investigación en
Recursos Acuáticos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua,
dice a IPS que cualquier obra sobre el lago de Cocibolca pone en riesgo a
la biodiversidad y a la sociedad de Nicaragua y de América central.
Este lago de 8 mil 624 kilómetros de
extensión del Suroeste nicaragüense constituye la principal reserva de
agua dulce de la región.
El secretario de políticas públicas
del gobierno, Paul Oquist, dejó al margen los reclamos ambientalistas y
políticos y anticipó que con el inicio de la construcción, el producto
interno bruto (PIB) crecerá 10.8 por ciento, en 2014, y 15 por ciento,
en 2015, mientras que actualmente su aumento está entre 4 y 5 por
ciento.
El gobierno espera que la obra aumente
a más del doble el PIB nicaragüense en muy breve plazo, al situarse en
2018 en 24 mil 700 millones de dólares, frente a su nivel actual de 10
mil millones de dólares. Sin la construcción del canal, se prevé que el
PIB ascienda a 14 mil 900 millones de dólares en 2018.
El proyecto del canal fue presentado
de manera informal por Ortega al presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, durante la cumbre de presidentes del Sistema de Integración
Centroamericana, realizada el 4 de mayo pasado en Costa Rica.
La iniciativa no ha generado
reacciones oficiales, a favor o en contra, entre los vecinos
centroamericanos. Sólo Ricardo Martinelli, presidente de Panamá, país
con el que competiría el nuevo canal, felicitó la intención de realizar
la obra y ofreció asesoría técnica a Nicaragua.
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