La enmienda que endurece la seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos fue una condición impuesta por los republicanos para que el Senado estadunidense aprobara un proyecto de reforma migratoria. Pero las medidas que establece esa enmienda están lejos de ser “realistas” porque, de entrada, el gobierno carece de dinero. Además, el destino de esta ley es aún incierto. Le falta superar el escollo de la Cámara de Representantes, la cual suspenderá en septiembre el debate migratorio para abordar el presupuesto y el espinoso tema del déficit fiscal. En el fondo, la reforma migratoria está sujeta a los intereses electorales de demócratas y republicanos.
WASHINGTON (Proceso).- La enmienda relativa a la Seguridad Fronteriza
incluida en el proyecto de ley para una reforma migratoria integral
aprobada por el Senado de Estados Unidos es, a juicio de los expertos,
una treta política con tintes electoreros entre demócratas y
republicanos, más que un compromiso genuino por sellar la frontera con
México.
La legislación S. 744 titulada Proyecto de Ley para la Seguridad
Fronteriza Oportunidades Económicas y Modernización Migratoria de 2013,
que por 68 votos contra 32 aprobó el jueves 27 la Cámara de Senadores,
con todo y su condición de Seguridad Fronteriza, está lejos de
convertirse en realidad.
“La Cámara de Representantes no se va a dejar manipular por lo que se
aprobó en el Senado, pese al incentivo que le incluyeron para
fortalecer la vigilancia en la frontera con México”, amenazó Thomas
Cole, representante republicano por el estado de Oklahoma y uno de los
líderes de su partido en la Cámara Baja, luego de la aprobación de la S.
744.
“El incentivo o condición”, como tildan a la enmienda 1183 de
Seguridad Fronteriza incluida en el proyecto de ley de reforma
migratoria, fue la clave en el Senado para que Harry Reid, líder de la
mayoría demócrata, consiguiera la aprobación de la ley gracias al voto
de 14 senadores republicanos que se unieron al quórum de los 54
demócratas.
La enmienda 1183 condiciona “el inicio” del procesamiento de
regularización del estatus laboral y de residencia de unos 11 millones
de inmigrantes indocumentados, como lo estipula la S. 744, a la
construcción de otros mil 126 kilómetros de muro en la frontera con
México, así como a la contratación de 20 mil agentes más para la
Patrulla Fronteriza.
Asimismo, al sobrevuelo por la franja limítrofe de 18 aviones
manejados a control remoto (drones) equipados con radares y cámaras; al
uso de un sistema de rastreo biométrico para los extranjeros que con
cualquier tipo de visado ingresen legalmente a Estados Unidos, y a la
instalación de más torres para cámaras de fotografía y video de largo
alcance, para radares, y al manejo y uso de la tecnología más avanzada
en censores y monitoreo, con objeto de parar el flujo de migrantes
indocumentados y mercancías ilegales que cruzan por la frontera norte de
México.
“Militarización”
La enmienda 1183 aprobada el pasado 26 de junio en el Pleno del
Senado para su inclusión formal en la S. 744, desde el lunes 24 fue
calificada por algunos medios de comunicación y por informadores en
México como la “militarización de la frontera”. Con ello, el gobierno de
Enrique Peña Nieto, que se había mantenido al margen del proceso
legislativo, se vio obligado a reaccionar con una crítica específica al
inciso de la construcción del muro. Este hecho no influyó en la decisión
final de los senadores en Washington.
“La legislación concerniente a fortalecer la seguridad en la frontera
elimina cualquier validez del argumento de que la seguridad fronteriza
no es suficiente. Esto no sólo es suficiente, es más que suficiente;
será la frontera más militarizada desde la caída del Muro de Berlín”,
dijo el martes 25 el senador republicano por Arizona John McCain en
entrevista con la cadena de televisión CNN. Con ello enardeció los
clamores nacionalistas en México y elevó las presiones al gobierno de
Peña Nieto para que reaccione ante la 1183.
“Es un absurdo de quienes lo han descontextualizado en México, y peor
aún en Estados Unidos con las declaraciones del senador McCain, quien
saca totalmente de contexto incluso la propia reforma de su propio
partido que él mismo respaldó”, dice en entrevista telefónica con
Proceso, Sergio Alcocer Martínez de Castro, subsecretario para América
del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El funcionario tiene razón en lo que afirma: la enmienda 1183 no
contiene ningún aspecto militar. La Seguridad Fronteriza no exige el
despliegue de elementos de la Guardia Nacional, por ejemplo, ni el uso
de tecnología bélica, como drones artillados. El proyecto de ley S. 744
requiere para su financiamiento e implementación un presupuesto de 46
mil millones de dólares, suma que también deberá ser aprobada por el
Congreso federal estadunidense.
La enmienda 1183 fue elaborada por los senadores republicanos Robert
Corker y John Hoeven, de los estados de Tennessee y Dakota del Norte.
Su función principal fue doblegar al sector conservador republicano de
la Cámara Alta, pues rechazaba la S. 744 en su versión original con el
argumento de que no contenía ningún mecanismo para garantizar que por la
frontera con México no entrarían a Estados Unidos más inmigrantes
indocumentados, drogas o mercancías ilegales.
El Senador McCain, uno de los principales artífices de la S. 744,
reconoce que la reforma migratoria tiene respaldo republicano por un
interés puramente electoral. “Sin el voto hispano el partido republicano
no tiene posibilidades de recuperar la Casa Blanca”, subrayó el jueves
20 en el pleno del Senado.
La elección presidencial de noviembre pasado en la que Barack Obama
ganó la reelección, demostró que los votantes hispanos de Estados Unidos
repudian la postura antimigratoria del partido republicano y de su
fracción más conservadora representada por el famoso Tea Party.
El candidato presidencial republicano Mitt Romney perdió el respaldo
del electorado hispano cuando el año pasado, en plena contienda con
Obama, dijo que de ganar las elecciones instrumentaría mecanismos para
la deportación de los inmigrantes indocumentados.
Los analistas políticos consideran que este contexto fue favorable
para que el Senado aprobara la legislación S. 744. Ahora, corresponderá a
la Cámara de Representantes analizarla antes de someterla a votación,
si es que no se le introducen enmiendas.
“Sin el respaldo de la mayoría representativa (de los republicanos)
no se someterá a consideración del pleno ningún tipo de proyecto de ley
de reforma migratoria”, advirtió el viernes 21 John Boehner, líder
republicano y presidente de la Cámara de Representantes.
Con las 234 curules en manos de su partido, Boehner puede manejar los
tiempos y procesos legislativos en la Cámara de Representantes, donde
los 201 demócratas que la integran están imposibilitados para bloquear
las decisiones de sus adversarios.
El futuro del procedimiento de la S.744 en la Cámara de
Representantes se abordara en una sesión calendarizada por Boehner para
el próximo 10 de julio; sin embargo, varios representantes republicanos
calculan que el proceso arrancará a finales de este año o a comienzos de
2014.
Aun cuando en agosto próximo se inicie el debate y formulación de
enmiendas en el Comité Judicial de la Cámara de Representante, en
septiembre el tema migratorio tendrá que posponerse para atender otras
prioridades nacionales. En Estados Unidos el año fiscal 2014 comienza el
próximo 1 de octubre, y en septiembre todo el Congreso abordará el tema
del déficit fiscal, y por ello deberá aprobar un presupuesto que
garantice el funcionamiento del gobierno federal.
En este momento parecen irreconciliables las diferencias en torno a
los gastos federales entre Obama y los líderes republicanos del
Capitolio, lo cual pone en riesgo la aprobación del proyecto
presupuestal para la enmienda 1183.
Sin recursos
Existe otro hecho que pone en tela de juicio la probabilidad de que
la Seguridad Fronteriza se haga realidad. Con los recortes a los gastos
del presupuesto federal por unos 85 mil 400 millones de dólares que
entraron en vigor el pasado 1 de marzo, y que pusieron en riesgo la
operación del gobierno federal, los 18 mil 500 agentes que tiene
actualmente la Patrulla Fronteriza se cuentan entre los más afectados
por la disputa entre Obama y los republicanos.
“Por los recortes de gastos nos quitaron los teléfonos blackberry que
teníamos asignados para la comunicación entre nosotros, ahora tenemos
que usar nuestros teléfonos celulares personales. Nos quitaron los
tiempos extras y nos deben dinero”, comenta a Proceso Crystal Amarillas,
una agente de la Patrulla Fronteriza del Sector de Tucson, durante un
recorrido por la zona limítrofe que realizó este semanario en abril
último.
Con la enmienda 1183 el proyecto de ley de reforma migratoria
requiere de otros 20 mil agentes para la Patrulla Fronteriza, con lo
cual habría técnicamente 38 mil 500 elementos para vigilar los 3 mil 185
kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México. Sin embargo, en
el mejor de los escenarios, los 38 mil 500 agentes no vigilarían al
mismo tiempo la franja limítrofe. Los horarios de trabajo de los agentes
de la Patrulla Fronteriza son de ocho horas con tres turnos para
abarcar las 24 horas del día. Pero con los recortes de gastos y los
problemas presupuestales que se avecinan por la realidad económica y
política de Estados Unidos, Amarillas asegura que será muy difícil
financiar el trabajo de tanto agente.
“No hay dinero, no quieren pagar tiempo extra e incluso han recortado
a seis o siete horas las jornadas de trabajo de ocho horas para así
ahorrar dinero y pagar a los agentes que trabajan sábado o domingo
cuando no hay personal, porque no hay fondos para pagar tiempos extra.
Un agente debe trabajar por lo menos cinco días a la semana y como no
hay dinero, rotan los días para que en algún momento todos trabajen los
fines de semana”, detalla Amarillas.
Al preguntársele sobre el incremento de agentes de la Patrulla
Fronteriza que pide la 1183, el subsecretario Alcocer Martínez de Castro
responde: “Hay que estar cuidadosos de quienes eventualmente sean
reclutados. Que tengan estándares altos para que puedan manejar las
presiones y el uso de fuerza letal y menos que letal. Es decir que no
respondan a la primera oportunidad a provocaciones de gente del lado de
la frontera mexicana o de indocumentados, y tiren balazos. Ese es el
aspecto con el que tenemos que tener cuidado”.
Pese a la euforia que provocó en algunos sectores de la sociedad
estadunidense la aprobación de la S. 744 en el Senado, las declaraciones
que hizo Boehner, el pasado miércoles al caucus republicano, abrieron
la posibilidad de que se repita lo ocurrido hace siete años. En 2006 la
Cámara de Senadores aprobó también un proyecto de ley para una reforma
migratoria integral, pero la versión avalada en la Cámara de
Representantes no estipulaba la regularización de los inmigrantes
indocumentados y se concentraba en el tema de la seguridad fronteriza.
Las versiones fueron irreconciliables y se esfumó la reforma migratoria.
“En el liderazgo republicano no hay interés de poner en riesgo la
mayoría representativa que tenemos en la Cámara de Representantes para
las elecciones de noviembre de 2014”, declaro Boehner al concluir la
sesión con sus colegas. Este cálculo político-electoral del presidente
de la Cámara de Representantes se basó en los datos que arrojó la
encuesta que difundió la semana pasada el diario National Journal.
De acuerdo con este sondeo 49% de los votantes republicanos amenaza
con quitar el voto –en los comicios de medio periodo de noviembre del
próximo año– a cualquier candidato republicano que apoye la reforma
migratoria integral. El 32% de los encuestados respondió que le era
indiferente el asunto y sólo 15% consideró que esto influiría para
determinar su decisión electoral.
De acuerdo con algunos analistas políticos este panorama podría
determinar una espera larguísima para que en la Cámara de Representantes
se aborde la reforma migratoria integral. Ello si se considera que será
en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 cuando el voto de
los hispanos cobre importancia para los planes republicanos de
recuperar la Casa Blanca.
La S. 744 define como puntos principales la regularización de unos 11
millones de inmigrantes indocumentados, de los cuales se calcula que 7
millones son mexicanos. Para obtener la residencia permanente los
indocumentados tendrán que esperar 10 años, pero pueden acceder a un
permiso temporal de empleo que incluso les permitiría viajar fuera de
Estados Unidos por un tiempo limitado, siempre y cuando no tengan
antecedentes penales. Deben, a su vez, hablar inglés, pagar una multa
por violar las leyes de inmigración de Estados Unidos, cubrir rezagos
tributarios y sufragar el costo del proceso de sus casos.
El proyecto de ley también crea visados para trabajadores temporales
agrícolas y de servicios generales, y define mecanismos de verificación
para garantizar que no se contrate a trabajadores indocumentados.
El subsecretario Alcocer Martínez de Castro afirma que a pesar de lo
incierto en el futuro de la reforma migratoria, el gobierno de México se
prepara para afrontar cualquier eventualidad al respecto.
“Estamos diseñando lo que vamos a hacer en términos de
fortalecimiento consular, como lo que va a requerirse de apoyos
adicionales en los sectores de salud, educación, etcétera”, apunta.
–¿Se tendrían que abrir más consulados? –se le pregunta.
–Es posible que sí. Uno estaría en Hawai, porque ahí tenemos una
población nada despreciable de 250 mil mexicanos, pero más debemos
fortalecer la red con la que ya contamos, ser más creativos, aprovechar
nuevas tecnologías de la información en comunicación, y simplificar los
trámites para que podamos atender a más gente con las capacidades que
tenemos.
Analistas políticos y expertos en temas migratorios aplauden la S.744
aprobada por el Senado, pese al condicionamiento en Seguridad
Fronteriza. Los expertos advierten que es en la Cámara de Representantes
donde este tema podría adquirir mecanismos de corte militar, como pedir
a la Guardia Nacional que apoye a la Patrulla Fronteriza en la
vigilancia de la línea limítrofe con México.
Al subsecretario se le pregunta cuál sería la postura del gobierno de
México cuando se inicie el proceso en la Cámara de Representantes. Más
aún, se le inquiere sobre el riesgo de que Estados Unidos acuse a la
administración de Peña Nieto de intervenir en sus asuntos internos, en
caso de que se manifieste en contra de la legislación. Se le recuerda
incluso que ello sucedió durante el sexenio de Vicente Fox, lo que dio
al traste con la aprobación de la reforma migratoria.
“Va ser una posición de respeto y lo único que vamos a hacer es
trabajar. Si nos es requerido, vamos a trabajar con el Congreso
estadunidense, de lo contrario seguiremos acompañando el proceso”,
contesta el funcionario.
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