El deterioro ambiental puede llegar “a los límites de la seguridad nacional”, Mireya Ímaz
Mariana Norandi
Si no se aplica una política más agresiva para conservar los recursos naturales del país, México hipotecará su independencia y su soberanía nacional, aseguró Mireya Ímaz Gispert, coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente (PUMA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Maestra en ecología y ciencias ambientales, Ímaz Gispert subrayó en entrevista con La Jornada que, debido a la vertiginosa pérdida de nuestro patrimonio natural, “estamos llegando a los límites de la seguridad nacional” y, ante esta amenaza, la institución debe empezar a poner “el dedo en la llaga” para incidir en las políticas públicas medioambientales.
Mireya Ímaz, quien anteriormente fungía como directora del Programa de Sustentabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, asumió la coordinación del PUMA el pasado 9 de junio por designación directa del rector José Narro Robles, quien le encargó fortalecer dicho programa y así poder colocar a la UNAM en un papel social y políticamente más activo frente a la evidente degradación ambiental.
–¿Qué papel debe jugar la institución universitaria en el tema medioambiental?
–La UNAM es la mejor universidad de hispanoamérica y por eso tiene una gran responsabilidad en la generación de conocimientos; en el procesamiento de la información; así como en producir propuestas y alternativas en el uso, manejo y proyección de nuestros recursos naturales.
“Por otro lado, también tenemos una responsabilidad muy grande en términos de educación. Por aquí pasan cada año varios miles de estudiantes y debemos ir transformando en ellos la forma de percibir la visión del uso de los recursos naturales y de cómo pueden ir generando cada vez más una cultura ambiental de coexistencia pacífica con el medio ambiente.
“En tercer lugar, somos una de las pocas instituciones del país en que la gente confía, y por eso tenemos que ser una bisagra que articule las necesidades de la sociedad con el saber que la universidad está generando y viceversa. Podemos ayudar a resolver problemas de afuera no sólo con un diagnóstico, sino con una orientación en el manejo y uso de los recursos naturales.
“Y además es muy importante desarrollar un sistema integral de administración ambiental en el interior de la universidad. Tenemos que ser el ejemplo en cuestiones como en el manejo de residuos, ahorro de agua, de energía o de compras verdes. Si no empezamos en casa, difícilmente nos podremos presentar como un traductor en otras regiones y presentar alternativas de solución.”
–¿Asume un PUMA que viene debilitado?
–No es que estuviera debilitado, lo que ocurre es que se había enfocado más que nada a temas de calidad de aire y agua y, por otro lado, la problemática política del país había opacado a la problemática ambiental. Ahora queremos abrir la gama de proyectos y reforzar los anteriores porque el tema ya nos está ganando.
“El medio ambiente no es relevante para nadie hasta que se vuelve un problema, y ya ha llegado ese momento. Hoy las posibilidades de desarrollo de un país están indisolublemente ligadas a la calidad de sus recursos renovables y no renovables, puesto que esta diferencia es cada vez menos clara. Por ejemplo, antes, las selvas eran renovables, pero hoy, tenemos menos del 10 por ciento de estos ecosistemas de los que teníamos originalmente en este país; ese recurso se está perdiendo porque las selvas hoy son potreros, zonas agrícolas o ciudades. Estamos llegando a un límite en términos de seguridad nacional y desarrollo del país, y si no hacemos un alto y empezamos a ver que las posibilidades de nuestro desarrollo están íntimamente ligadas con la conservación de nuestros recursos, vamos a acabar perdiendo nuestra soberanía nacional. Para no hipotecar nuestra independencia, los tres niveles de gobierno deben asumir una política más agresiva en temas de biodiversidad, agua y energía.
“Por otro lado, necesitamos que los universitarios empiecen a participar en los debates ambientales del país porque tenemos expertos en todas las áreas del medio ambiente y la sociedad no los está oyendo. No sólo deben entrar en el debate, sino también hacerlos partícipes y que sus conocimientos empiecen a tener mayor peso en las planeaciones políticas medioambientales del país.
–¿Cómo puede incidir las UNAM con sus conocimientos en la mitigación de los impactos del cambio climático?
–Hay una parte muy importante que es la simulación y modelación de lo que significaría el cambio climático en el territorio nacional. Dónde y cómo se va a impactar el país en función de los modelos de cambio climático; dónde va a haber mayores temperaturas, más o menos lluvias; o cuánto y dónde va a subir el nivel del mar. Todo este conocimiento puede ayudar a los gobiernos a diseñar políticas de mitigación y enfrentar el cambio climático en mejores condiciones. Si no conocemos la vulnerabilidad del territorio, nos va a tomar desprevenidos y en 10 o 15 años las consecuencias del cambio climático nos va a pegar por todos lados y no vamos a tener capacidad para responder.
No sólo es el petróleo
–¿Confía en que las autoridades gubernamentales incluyan en sus políticas públicas el conocimiento que se genera en los centros de educación superior y, en particular, en esta máxima casa de estudios?
–Pueden hacerse de la vista gorda como se ha hecho en los recientes decenios, pero la universidad debe empezar a poner el dedo en la llaga. Existe una desconexión entre la universidad y los que están tomando las decisiones políticas, pero hay que construir ese puente donde haya un flujo de información de ida y vuelta.
“Por ejemplo, todavía el costo ambiental no está dentro de las cuentas que se hacen para definir el costo-beneficio de una acción. Cuando empecemos a tener en cuenta esa ecuación ambiental, vamos a tener que ajustar nuestras decisiones. Y esto no sólo en la cuestión del petróleo, sino en las políticas del campo o los bosques. Hoy tenemos un campo abandonado, que no genera el alimento necesario para el país y que las decisiones que se han tomado han llevado a problemas como la pérdida y erosión de suelos; pérdida de cultivos de autosuficiencia, secamiento de acuíferos o el riesgo que está corriendo el germoplasma con los organismos genéticamente modificados. La universidad tiene que jugar el papel de generar información y proporcionar datos duros para todos aquellos que le den un uso útil, bien sea sociedad o gobierno.”
lunes, junio 16, 2008
Comienza Bush visita a Gran Bretaña en medio de protestas contra invasiones
Niegan gobiernos que haya diferencias por eventual retiro de tropas británicas de Irak
Dpa, Afp y Reuters
Al menos 13 manifestantes fueron detenidos este domingo por la policía en Londres. Foto: Ap
Londres, 15 de junio. En medio de protestas por las guerras de ocupación encabezadas por su administración, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, comenzó hoy una visita a Gran Bretaña, marcada por desmentidos de los gobiernos de ambos países sobre desacuerdos respecto de la retirada de tropas británicas de Irak.
No hay “ningún desacuerdo” con Estados Unidos sobre ese tema, afirmó una portavoz de Downing Street, tras una entrevista publicada por el dominical británico The Observer, al cual dijo Bush que Londres no debería poner en riesgo los éxitos alcanzados por la coalición en Irak con una retirada prematura de tropas.
Bush señaló que su nación y Reino Unido querían llevar a sus soldados de regreso a casa, pero eso, añadió, sólo se podrá hacer “con base en el éxito”. Indicó que “nuestra respuesta es: no debería haber un cronograma definitivo”.
Ello luego de que la prensa británica sugirió esta semana que Brown anunciaría en breve un calendario para la retirada de los más de 4 mil militares británicos.
The Observer consideró que Bush hizo una advertencia a Brown, pero la Casa Blanca desestimó el tono de las declaraciones y aseguró que no hay desacuerdo entre Estados Unidos y Gran Bretaña sobre el conflicto en Irak. Ambos acordaron que la reducción de tropas será con base en el “progreso en el terreno, a los consejos de nuestros ejércitos y no según un cronograma arbitrario”, expresó el asesor de Seguridad Nacional Stephen Hadley.
Bush y su esposa Laura tomaron el té con la reina Isabel segunda y su esposo, el príncipe Felipe, en el castillo de Windsor, al oeste de Londres, donde decenas de manifestantes, con pancartas en mano, acusaron al presidente estadunidense de ser “un criminal de guerra” y reclamaron el cierre de la prisión en la base estadunidense de Guantánamo, Cuba.
En el centro de Londres, la Coalición contra la Guerra congregó a 2 mil personas que protestaron contra la intervención militar en Irak y Afganistán, pero las fuerzas policiales impidieron que llegaran a Downing Street, sede del gobierno, donde el primer ministro Gordon Brown ofreció una cena a Bush. Por lo menos 13 personas fueron arrestadas luego de que intentaron derribar el cordón de seguridad, indicaron fuentes policiacas.
Este lunes, Brown y Bush sostendrán una reunión de trabajo, tras la cual este último viajará a Irlanda del Norte, donde concluirá su gira europea de despedida.
En Irak, en tanto, tropas del gobierno tomaron posiciones en la ciudad de Amara, provincia sureña de Maysan, donde el jueves se iniciará una nueva operación contra las milicias chiítas, a las cuales dio cuatro días para entregar sus armas.
Por su parte, el movimiento del clérigo chiíta Moqtada Sadr aseveró que no participará directamente en los comicios provinciales de octubre, pero se unirá a otros grupos y pedirá a sus partidarios votar en favor de esos candidatos.
Dpa, Afp y Reuters
Al menos 13 manifestantes fueron detenidos este domingo por la policía en Londres. Foto: ApLondres, 15 de junio. En medio de protestas por las guerras de ocupación encabezadas por su administración, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, comenzó hoy una visita a Gran Bretaña, marcada por desmentidos de los gobiernos de ambos países sobre desacuerdos respecto de la retirada de tropas británicas de Irak.
No hay “ningún desacuerdo” con Estados Unidos sobre ese tema, afirmó una portavoz de Downing Street, tras una entrevista publicada por el dominical británico The Observer, al cual dijo Bush que Londres no debería poner en riesgo los éxitos alcanzados por la coalición en Irak con una retirada prematura de tropas.
Bush señaló que su nación y Reino Unido querían llevar a sus soldados de regreso a casa, pero eso, añadió, sólo se podrá hacer “con base en el éxito”. Indicó que “nuestra respuesta es: no debería haber un cronograma definitivo”.
Ello luego de que la prensa británica sugirió esta semana que Brown anunciaría en breve un calendario para la retirada de los más de 4 mil militares británicos.
The Observer consideró que Bush hizo una advertencia a Brown, pero la Casa Blanca desestimó el tono de las declaraciones y aseguró que no hay desacuerdo entre Estados Unidos y Gran Bretaña sobre el conflicto en Irak. Ambos acordaron que la reducción de tropas será con base en el “progreso en el terreno, a los consejos de nuestros ejércitos y no según un cronograma arbitrario”, expresó el asesor de Seguridad Nacional Stephen Hadley.
Bush y su esposa Laura tomaron el té con la reina Isabel segunda y su esposo, el príncipe Felipe, en el castillo de Windsor, al oeste de Londres, donde decenas de manifestantes, con pancartas en mano, acusaron al presidente estadunidense de ser “un criminal de guerra” y reclamaron el cierre de la prisión en la base estadunidense de Guantánamo, Cuba.
En el centro de Londres, la Coalición contra la Guerra congregó a 2 mil personas que protestaron contra la intervención militar en Irak y Afganistán, pero las fuerzas policiales impidieron que llegaran a Downing Street, sede del gobierno, donde el primer ministro Gordon Brown ofreció una cena a Bush. Por lo menos 13 personas fueron arrestadas luego de que intentaron derribar el cordón de seguridad, indicaron fuentes policiacas.
Este lunes, Brown y Bush sostendrán una reunión de trabajo, tras la cual este último viajará a Irlanda del Norte, donde concluirá su gira europea de despedida.
En Irak, en tanto, tropas del gobierno tomaron posiciones en la ciudad de Amara, provincia sureña de Maysan, donde el jueves se iniciará una nueva operación contra las milicias chiítas, a las cuales dio cuatro días para entregar sus armas.
Por su parte, el movimiento del clérigo chiíta Moqtada Sadr aseveró que no participará directamente en los comicios provinciales de octubre, pero se unirá a otros grupos y pedirá a sus partidarios votar en favor de esos candidatos.
Se fortalece propuesta para crear fuerzas armadas conjuntas en AL
Paraguay resalta la necesidad de “defender los intereses estratégicos regionales”
Versión en Venezuela de que Estados Unidos construye pistas en Colombia cerca de su frontera
Caracas da por concluidos ejercicios militares en la isla La Orchila y en el estado de Cojedes
Dpa, Pl, Afp y Reuters
La Paz, 15 de junio. En América Latina emerge “la idea de unas fuerzas armadas regionales y supranacionales para defender los intereses estratégicos de nuestra zona, como el petróleo y los recursos energéticos e hídricos”, afirmó el presidente de Paraguay, Nicanor Duarte, al conmemorar el final de la Guerra del Chaco, que enfrentó a su país con la vecina Bolivia.
La referencia de Duarte al proyecto brasileño para constituir el Consejo Sudamericano de Defensa (CSD) fue hecha durante una ceremonia realizada el sábado en Bolivia, invitado por el mandatario boliviano, Evo Morales, cuando faltan 16 días para que vuelva a navegar en los mares del continente americano la cuarta flota estadunidense y al tiempo que Estados Unidos prepara una respuesta al rechazo del gobierno ecuatoriano a la base aérea estadunidense de Manta, en la costa del Pacífico.
En la ceremonia, que contó con la asistencia del presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo, Morales reiteró su apoyo a la formación del CSD y se pronunció por que el organismo asuma la defensa de los recursos naturales de la región amazónica, que comparten países como Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Brasil.
Fue en ese contexto que Duarte aludió al surgimiento de “fuerzas armadas regionales y supranacionales”, que defiendan fines estratégicos de los países sudamericanos, y destacó además que los intereses económicos de naciones externas que provocaron la Guerra del Chaco (1932-1935) continúan produciendo enfrentamientos bélicos, por lo que hizo un llamado a la unidad latinoamericana.
La conmemoración de ese conflicto tuvo lugar en el campo militar de Sanandita, sede de la Escuela de Cóndores, centro de adiestramiento del ejército boliviano, mil 100 kilómetros al sur de La Paz, en la provincia de Tarija.
Las referencias al CSD ocurren menos de un mes después de que la Unión Sudamericana de Naciones –constituida el 23 de mayo– acordó discutir en 90 días los detalles que podrían llevar a la formalización del organismo, del que Colombia se mantendrá al margen por decisión del presidente Álvaro Uribe.
En estos últimos días se ha intensificado en Ecuador, Colombia y Venezuela la discusión sobre el futuro de la base de Manta, aeropuerto civil que Washington renta a Ecuador desde 1978. El presidente Rafael Correa, en cumplimiento de una promesa de campaña electoral, anunció el año pasado que en 2008 iba a cancelar el permiso respectivo.
El ex vicepresidente venezolano José Vicente Rangel aseguró este domingo en la emisión de su programa televisivo José Vicente Hoy que Estados Unidos comenzó recientemente la construcción de pistas de aterrizaje cerca de la frontera con Venezuela, lo que probablemente servirá para el alojamiento de las instalaciones que serán desmanteladas en Manta.
El 11 de abril pasado, el embajador estadunidense en Bogotá, William Brownfield, afirmó que Washington no descarta trasladar la base aérea a Colombia, pero dijo que “hemos dialogado con el gobierno colombiano sobre el tema y las posibilidades de ubicarla en algún punto del Pacífico colombiano”.
Las declaraciones de Brownfield entraron en contradicción con lo dicho por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien negó que existan planes en ese sentido.
Otras instalaciones militares estadunidenses en la región se encuentran en la bahía de Guantánamo y en la isla holandesa de Curazao, de donde salió el 17 de mayo pasado un avión rastreador de submarinos que invadió el espacio aéreo venezolano.
Según Rangel, el gobierno de Holanda rechazó una solicitud de Estados Unidos para reforzar con tropas especiales su base militar en Curazao –a 30 minutos de vuelo de Caracas–, puesto que las autoridades holandesas sólo aceptan colaborar con Estados Unidos en actividades contra el narcotráfico y considera inaceptables las acciones que impliquen una amenaza para Venezuela.
El presidente Hugo Chávez, quien este mes tiene previsto reunirse con Uribe, ha dicho en diversas ocasiones que una variante de las acciones de Washington contra Caracas es la de provocar un enfrentamiento armado con un país vecino para permitir el ingreso de sus tropas ubicadas en la región.
Venezuela concluyó el sábado maniobras conjuntas de diversos componentes de sus fuerzas armadas en la isla La Orchila (en el mar Caribe), en Puerto Cabello, estado Carabobo, y en el estado de Cojedes.
El cierre de la operación Patria Socialista 2008 incluyó ejercicios con vistas a la expulsión de fuerzas extranjeras y uno de los objetivos fue ajustar la fase de “guerra popular de resistencia”, precisó Rangel.
Para estas acciones fueron movilizados 200 carros blindados, aviones F-16 y Su-30, helicópteros Mi-17 y más de 3 mil hombres del ejército, la guardia nacional, la infantería de marina, la aviación y la reserva. Desde La Orchila despegó un avión Sukhoi, que realizó pruebas de lanzamiento de misiles.
Respecto de la versión de que existe una base militar en la Triple Frontera, formada por Paraguay, Brasil y Bolivia, Lugo expresó este domingo en La Paz que “nunca” ha visto esas instalaciones.
Aclaró, sin embargo, que “cuando asumamos el gobierno, el 15 de agosto, vamos a abrir todo el país a periodistas e investigadores, para que realmente se pueda desmitificar esa afirmación de que en Paraguay hay bases militares estadunidenses” en el poblado de Mariscal Estigarribia, provincia de Boquerón.
En coincidencia con estas declaraciones y acciones militares en la región sudamericana, el jefe del ejército peruano, Edwin Donayre, declaró que con sus homólogos ecuatoriano y colombiano acordó realizar operaciones conjuntas para enfrentar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que “son nuestro enemigo común”.
Versión en Venezuela de que Estados Unidos construye pistas en Colombia cerca de su frontera
Caracas da por concluidos ejercicios militares en la isla La Orchila y en el estado de Cojedes
Dpa, Pl, Afp y Reuters
La Paz, 15 de junio. En América Latina emerge “la idea de unas fuerzas armadas regionales y supranacionales para defender los intereses estratégicos de nuestra zona, como el petróleo y los recursos energéticos e hídricos”, afirmó el presidente de Paraguay, Nicanor Duarte, al conmemorar el final de la Guerra del Chaco, que enfrentó a su país con la vecina Bolivia.
La referencia de Duarte al proyecto brasileño para constituir el Consejo Sudamericano de Defensa (CSD) fue hecha durante una ceremonia realizada el sábado en Bolivia, invitado por el mandatario boliviano, Evo Morales, cuando faltan 16 días para que vuelva a navegar en los mares del continente americano la cuarta flota estadunidense y al tiempo que Estados Unidos prepara una respuesta al rechazo del gobierno ecuatoriano a la base aérea estadunidense de Manta, en la costa del Pacífico.
En la ceremonia, que contó con la asistencia del presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo, Morales reiteró su apoyo a la formación del CSD y se pronunció por que el organismo asuma la defensa de los recursos naturales de la región amazónica, que comparten países como Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Brasil.
Fue en ese contexto que Duarte aludió al surgimiento de “fuerzas armadas regionales y supranacionales”, que defiendan fines estratégicos de los países sudamericanos, y destacó además que los intereses económicos de naciones externas que provocaron la Guerra del Chaco (1932-1935) continúan produciendo enfrentamientos bélicos, por lo que hizo un llamado a la unidad latinoamericana.
La conmemoración de ese conflicto tuvo lugar en el campo militar de Sanandita, sede de la Escuela de Cóndores, centro de adiestramiento del ejército boliviano, mil 100 kilómetros al sur de La Paz, en la provincia de Tarija.
Las referencias al CSD ocurren menos de un mes después de que la Unión Sudamericana de Naciones –constituida el 23 de mayo– acordó discutir en 90 días los detalles que podrían llevar a la formalización del organismo, del que Colombia se mantendrá al margen por decisión del presidente Álvaro Uribe.
En estos últimos días se ha intensificado en Ecuador, Colombia y Venezuela la discusión sobre el futuro de la base de Manta, aeropuerto civil que Washington renta a Ecuador desde 1978. El presidente Rafael Correa, en cumplimiento de una promesa de campaña electoral, anunció el año pasado que en 2008 iba a cancelar el permiso respectivo.
El ex vicepresidente venezolano José Vicente Rangel aseguró este domingo en la emisión de su programa televisivo José Vicente Hoy que Estados Unidos comenzó recientemente la construcción de pistas de aterrizaje cerca de la frontera con Venezuela, lo que probablemente servirá para el alojamiento de las instalaciones que serán desmanteladas en Manta.
El 11 de abril pasado, el embajador estadunidense en Bogotá, William Brownfield, afirmó que Washington no descarta trasladar la base aérea a Colombia, pero dijo que “hemos dialogado con el gobierno colombiano sobre el tema y las posibilidades de ubicarla en algún punto del Pacífico colombiano”.
Las declaraciones de Brownfield entraron en contradicción con lo dicho por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien negó que existan planes en ese sentido.
Otras instalaciones militares estadunidenses en la región se encuentran en la bahía de Guantánamo y en la isla holandesa de Curazao, de donde salió el 17 de mayo pasado un avión rastreador de submarinos que invadió el espacio aéreo venezolano.
Según Rangel, el gobierno de Holanda rechazó una solicitud de Estados Unidos para reforzar con tropas especiales su base militar en Curazao –a 30 minutos de vuelo de Caracas–, puesto que las autoridades holandesas sólo aceptan colaborar con Estados Unidos en actividades contra el narcotráfico y considera inaceptables las acciones que impliquen una amenaza para Venezuela.
El presidente Hugo Chávez, quien este mes tiene previsto reunirse con Uribe, ha dicho en diversas ocasiones que una variante de las acciones de Washington contra Caracas es la de provocar un enfrentamiento armado con un país vecino para permitir el ingreso de sus tropas ubicadas en la región.
Venezuela concluyó el sábado maniobras conjuntas de diversos componentes de sus fuerzas armadas en la isla La Orchila (en el mar Caribe), en Puerto Cabello, estado Carabobo, y en el estado de Cojedes.
El cierre de la operación Patria Socialista 2008 incluyó ejercicios con vistas a la expulsión de fuerzas extranjeras y uno de los objetivos fue ajustar la fase de “guerra popular de resistencia”, precisó Rangel.
Para estas acciones fueron movilizados 200 carros blindados, aviones F-16 y Su-30, helicópteros Mi-17 y más de 3 mil hombres del ejército, la guardia nacional, la infantería de marina, la aviación y la reserva. Desde La Orchila despegó un avión Sukhoi, que realizó pruebas de lanzamiento de misiles.
Respecto de la versión de que existe una base militar en la Triple Frontera, formada por Paraguay, Brasil y Bolivia, Lugo expresó este domingo en La Paz que “nunca” ha visto esas instalaciones.
Aclaró, sin embargo, que “cuando asumamos el gobierno, el 15 de agosto, vamos a abrir todo el país a periodistas e investigadores, para que realmente se pueda desmitificar esa afirmación de que en Paraguay hay bases militares estadunidenses” en el poblado de Mariscal Estigarribia, provincia de Boquerón.
En coincidencia con estas declaraciones y acciones militares en la región sudamericana, el jefe del ejército peruano, Edwin Donayre, declaró que con sus homólogos ecuatoriano y colombiano acordó realizar operaciones conjuntas para enfrentar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que “son nuestro enemigo común”.
Pemex pagó en impuestos 93% de sus ingresos brutos: Hacienda
Erogó $349 mil 598.9 millones entre enero y abril; un aumento anual de 82.5%, revela
Juan Antonio Zúñiga
El monto de los impuestos pagados por Petróleos Mexicanos (Pemex) al gobierno federal en los primeros cuatro meses del año se elevó a 349 mil 598.9 millones de pesos, una cantidad superior en más de 158 mil millones a la cubierta en el mismo periodo de 2007, indican informes de la dirección general de Planeación Hacendaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), difundidos por el Banco de México.
Estos informes apuntan que el pago de impuestos, derechos y aprovechamientos realizado por Pemex absorbió 92.74 por ciento del ingreso corriente alcanzado por la paraestatal entre enero y abril de 2008, cuando en el mismo lapso de 2007 esa proporción fue de 68.84 por ciento. De manera tal que al término de abril reciente, Pemex registraba un déficit de caja por casi 35 mil 100 millones de pesos, cuando un año atrás reportaba un superávit de 30 mil 822.7 millones.
El incremento anual en el monto de los impuestos enterados al erario público fue de 82.5 por ciento, pero de enero a abril de 2008, casi 93 centavos de cada peso de ingreso obtenido por Pemex se destinó exclusivamente al cumplimiento de la carga fiscal propuesta por el Ejecutivo y aprobada por diputados y senadores del Congreso de la Unión para este año.
Los informes de la dirección general de Planeación Hacendaria indican que, una vez pagados los impuestos correspondientes, la empresa más importante de la economía mexicana contó con un ingreso propio de 27 mil 366.1 millones de pesos. Mientras que en los cuatro primeros meses del año pasado, la paraestatal dispuso de un ingreso propio de 86 mil 682.3 millones de pesos durante.
Según estos reportes oficiales, entre enero y abril de 2007, Petróleos Mexicanos dispuso de 31 centavos de cada peso de ingresos brutos obtenido. Pero en el mismo periodo de 2008 esa proporción disminuyó a 7 centavos por cada peso obtenido, tanto por la venta total de sus productos, más las percepciones registradas como “otros” ingresos diversos.
El monto de los recursos de que dispuso Pemex para financiar sus tareas sustantivas en los cuatro primeros meses de este año tuvo un desplome anual de 68.43 por ciento, con todo y que los “ingresos propios brutos” de la paraestatal –esto es, sin descontar el pago de impuestos– se incrementaron en 98 mil 780 millones de pesos, al pasar de 278 mil 185.4 millones entre enero y abril de 2007, a 376 mil 965.1 millones en el mismo lapso de 2008. Una elevación anual de 35.5 por ciento.
Los ingresos por ventas totales de Pemex ascendieron a 315 mil 388.1 millones de pesos y tuvieron un incremento anual de 61 mil 308.7 millones, es decir, de 24.1 por ciento. Pero la carga fiscal aplicada a la empresa más importante de México aumentó de un año para otro en tal magnitud, que mientras entre enero y abril de 2007 el pago de impuestos, derechos y aprovechamientos absorbió 75.37 por ciento de los ingresos por ventas totales, en el mismo periodo de 2008 los recursos alcanzados por las ventas realizadas representaron 90.21 por ciento de los impuestos pagados.
Esto significó que la carga fiscal aplicada a Pemex en los primeros cuatro meses de 2008 rebasó en 34 mil 210.8 millones de pesos al monto de los ingresos por ventas totales durante ese lapso, por más que éstos rebasaron en más de 61 millones de pesos a los alcanzados un año antes.
Los informes oficiales de la dirección general de Planeación Hacendaria indican que los ingresos por ventas externas se elevaron a 108 mil 185.8 millones de pesos, una cantidad mayor en 28 mil 412.7 millones a la obtenida por la misma vía de enero a abril de 2007. Un aumento anual de 35.62 por ciento.
Por su parte, los ingresos alcanzados por Pemex a través de la venta interna de sus productos aumentó en 32 mil 895.9 millones de pesos hasta alcanzar los 207 mil 202.3 millones en los primeros cuatro meses de 2008, lo que representó un incremento anual de 18.87 por ciento.
Además, Pemex elevó en 155.44 por ciento el monto de los “ingresos diversos”. Según el reporte de “flujos acumulados”, elaborado por la citada dirección general, estas percepciones aumentaron de 24 mil 106 millones de pesos obtenidos de enero a abril de 2007, a 61 mil 577 millones en el mismo periodo de 2008.
Juan Antonio Zúñiga
El monto de los impuestos pagados por Petróleos Mexicanos (Pemex) al gobierno federal en los primeros cuatro meses del año se elevó a 349 mil 598.9 millones de pesos, una cantidad superior en más de 158 mil millones a la cubierta en el mismo periodo de 2007, indican informes de la dirección general de Planeación Hacendaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), difundidos por el Banco de México.
Estos informes apuntan que el pago de impuestos, derechos y aprovechamientos realizado por Pemex absorbió 92.74 por ciento del ingreso corriente alcanzado por la paraestatal entre enero y abril de 2008, cuando en el mismo lapso de 2007 esa proporción fue de 68.84 por ciento. De manera tal que al término de abril reciente, Pemex registraba un déficit de caja por casi 35 mil 100 millones de pesos, cuando un año atrás reportaba un superávit de 30 mil 822.7 millones.
El incremento anual en el monto de los impuestos enterados al erario público fue de 82.5 por ciento, pero de enero a abril de 2008, casi 93 centavos de cada peso de ingreso obtenido por Pemex se destinó exclusivamente al cumplimiento de la carga fiscal propuesta por el Ejecutivo y aprobada por diputados y senadores del Congreso de la Unión para este año.
Los informes de la dirección general de Planeación Hacendaria indican que, una vez pagados los impuestos correspondientes, la empresa más importante de la economía mexicana contó con un ingreso propio de 27 mil 366.1 millones de pesos. Mientras que en los cuatro primeros meses del año pasado, la paraestatal dispuso de un ingreso propio de 86 mil 682.3 millones de pesos durante.
Según estos reportes oficiales, entre enero y abril de 2007, Petróleos Mexicanos dispuso de 31 centavos de cada peso de ingresos brutos obtenido. Pero en el mismo periodo de 2008 esa proporción disminuyó a 7 centavos por cada peso obtenido, tanto por la venta total de sus productos, más las percepciones registradas como “otros” ingresos diversos.
El monto de los recursos de que dispuso Pemex para financiar sus tareas sustantivas en los cuatro primeros meses de este año tuvo un desplome anual de 68.43 por ciento, con todo y que los “ingresos propios brutos” de la paraestatal –esto es, sin descontar el pago de impuestos– se incrementaron en 98 mil 780 millones de pesos, al pasar de 278 mil 185.4 millones entre enero y abril de 2007, a 376 mil 965.1 millones en el mismo lapso de 2008. Una elevación anual de 35.5 por ciento.
Los ingresos por ventas totales de Pemex ascendieron a 315 mil 388.1 millones de pesos y tuvieron un incremento anual de 61 mil 308.7 millones, es decir, de 24.1 por ciento. Pero la carga fiscal aplicada a la empresa más importante de México aumentó de un año para otro en tal magnitud, que mientras entre enero y abril de 2007 el pago de impuestos, derechos y aprovechamientos absorbió 75.37 por ciento de los ingresos por ventas totales, en el mismo periodo de 2008 los recursos alcanzados por las ventas realizadas representaron 90.21 por ciento de los impuestos pagados.
Esto significó que la carga fiscal aplicada a Pemex en los primeros cuatro meses de 2008 rebasó en 34 mil 210.8 millones de pesos al monto de los ingresos por ventas totales durante ese lapso, por más que éstos rebasaron en más de 61 millones de pesos a los alcanzados un año antes.
Los informes oficiales de la dirección general de Planeación Hacendaria indican que los ingresos por ventas externas se elevaron a 108 mil 185.8 millones de pesos, una cantidad mayor en 28 mil 412.7 millones a la obtenida por la misma vía de enero a abril de 2007. Un aumento anual de 35.62 por ciento.
Por su parte, los ingresos alcanzados por Pemex a través de la venta interna de sus productos aumentó en 32 mil 895.9 millones de pesos hasta alcanzar los 207 mil 202.3 millones en los primeros cuatro meses de 2008, lo que representó un incremento anual de 18.87 por ciento.
Además, Pemex elevó en 155.44 por ciento el monto de los “ingresos diversos”. Según el reporte de “flujos acumulados”, elaborado por la citada dirección general, estas percepciones aumentaron de 24 mil 106 millones de pesos obtenidos de enero a abril de 2007, a 61 mil 577 millones en el mismo periodo de 2008.
Trasnacional viola en Coahuila el derecho humano al agua
El incremento en las tarifas triplica la inflación en el estado: AUAS
Jaime Avilés/ II (Enviado)
Saltillo, Coah., 15 de junio. “Si te cortan el agua porque dejaste de pagar 100 pesos, te cobran 300 por la reconexión. Si haces tu casa, pero la tubería corre por debajo de la banqueta de enfrente, te exigen 10 mil pesos por conectarte a la red mediante un tubo que cruce la calle y si vives en una construcción de 100 metros cuadrados, dentro de un lote de mil metros cuadrados, tienes que pagar 100 mil pesos para que te den la toma de agua, porque ellos calculan sobre el tamaño del predio, no de la vivienda. En todos los casos, si no aceptas, te amuelas porque no tienes ante quién quejarte”, explican Gloria Tobón y Rodolfo Garza, líderes de AUAS (Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo), al detallar los abusos más frecuentes de Aguas de Barcelona (Agbar), la trasnacional que en 2001 se apoderó del sistema hídrico de la capital de Coahuila.
Todo lo anterior es consecuencia, abundan, de una licitación “a la medida de Agbar”, que provocó de inmediato una serie de hechos oscuros. Rodolfo Garza precisa: “Ocho días después de ganar el contrato que le permitió adquirir 49 por ciento del Simas (Sistema Municipal de Agua de Saltillo), Agbar formó una nueva empresa, integrada por una sociedad que en ese momento fue constituida al vapor –Interaguas de México–, a la que revendió 49 por ciento de sus acciones de Simas, para fundar Interagbar de México. Y ésta, asociada al municipio, entró en operación como Aguas de Saltillo (Agsal)”.
Sin embargo, añade el ex secretario de Ecología del gobierno estatal, Interaguas de México “es todo un misterio. El Archivo General de Notarías se niega a revelar quiénes son sus socios. Nosotros sabemos, con los datos en la mano, que fue constituida como sociedad mercantil mexicana el 25 de julio de 2001, mediante la escritura 87825, que quedó inscrita en el libro 3075, folios 2772 a 76, de la notaría pública 103 del Distrito Federal, y que el 2 de agosto de 2001 obtuvo el asiento 214640 del Registro Público de la Propiedad. Lo que desconocemos, insisto, es quiénes la constituyeron, porque no nos permiten ver ese documento”.
Rodolfo Garza especula: “¿A qué obedece tanto secreto? ¿Debemos pensar que los socios de Agbar son políticos muy importantes en Coahuila, o será que están encubriendo a funcionarios de la pasada administración de Vicente Fox?”
La doctora Gloria Tobón agrega: “al constituirse Aguas de Saltillo (Agsal), en los documentos legales se especificó que el presidente municipal y un representante del gobernador serían parte del consejo de administración de la empresa, para controlarla en su carácter de socios mayoritarios, pues el estado tiene 51 por ciento de las acciones. Pronto se vio que esto era una burla”.
Agsal, prosigue, “fue conformada como una empresa mixta, con predominio de la Nación, pero a los pocos meses el gobernador y el presidente municipal fueron sustituidos en el consejo de administración por ejecutivos de General Motors y Apasco, las dos trasnacionales más poderosas que hay en Coahuila. Con esta medida, el estado perdió soberanía ante Aguas de Barcelona y los usuarios quedamos indefensos”.
Éste, coinciden los líderes de AUAS, “fue el comienzo de una serie interminable de atropellos”. Pese a que el artículo 121 de la Ley General de Salud, y el 101 de la Ley Estatal de Salud “prohíben que se le suspendan los servicios de agua potable a los edificios habitados”, Agsal promovió ante el Congreso de Coahuila una reforma al artículo 84 de la Ley de Aguas, y logró que éste quedara con la siguiente redacción: “si la mora en el pago es de tres meses, se suspenderá totalmente el suministro de agua”.
A raíz de este cambio, enfatiza la doctora Tobón, “Agsal obligó a los usuarios a ponerse al corriente en sus pagos, violando en la práctica el derecho humano al agua, reconocido por México en diversos tratados internacionales, al quitarles totalmente el abasto de líquido a un sinúmero de personas”.
En 2005, “el número de cortes fue de casi 38 mil, y en 2006 de más de 35 mil, con lo que Agsal mantuvo su eficacia de cobranza en 97 por ciento, es decir, logrando que los usuarios pagaran por el consumo de 970 de cada mil litros de agua facturados”.
Para optimizar sus ganancias, dice el doctor Garza, “Agsal unificó las tarifas de los usuarios, que estaban escalonadas de acuerdo con el nivel económico de la zona en que vivían. La ciudad estaba dividida en 16 zonas, pero Agsal las redujo a 10, afectando a los más pobres, y además comenzaron a subirnos las cuotas mensuales muy encima de la inflación”.
Garza continúa: “Agsal se comprometió a respetar una norma municipal, en el sentido de indexar los precios del servicio de acuerdo con la inflación. Sin embargo, en 2007, la inflación reportada fue de 6 por ciento, pero Agsal aumentó las tarifas más de 20 por ciento. Y por si esto fuera poco, se sacó de la manga otra regla: cobrar por metro cuadrado, calculando sobre el valor del terreno, no de la vivienda, de modo que si vives en una construcción de 100 metros cuadrados, dentro de un lote de mil metros cuadrados, tienes que pagar 100 mil pesos para que te instalen la toma de agua, y así el agua te sale más cara que la casa”.
“Esto es increíble, ¿verdad?”, pregunta la doctora Tobón, indignada. Y contesta: “Pues hay muchas, muchas tropelías más, porque no hemos hablado de lo que Agbar le defrauda a Hacienda…”
Jaime Avilés/ II (Enviado)
Saltillo, Coah., 15 de junio. “Si te cortan el agua porque dejaste de pagar 100 pesos, te cobran 300 por la reconexión. Si haces tu casa, pero la tubería corre por debajo de la banqueta de enfrente, te exigen 10 mil pesos por conectarte a la red mediante un tubo que cruce la calle y si vives en una construcción de 100 metros cuadrados, dentro de un lote de mil metros cuadrados, tienes que pagar 100 mil pesos para que te den la toma de agua, porque ellos calculan sobre el tamaño del predio, no de la vivienda. En todos los casos, si no aceptas, te amuelas porque no tienes ante quién quejarte”, explican Gloria Tobón y Rodolfo Garza, líderes de AUAS (Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo), al detallar los abusos más frecuentes de Aguas de Barcelona (Agbar), la trasnacional que en 2001 se apoderó del sistema hídrico de la capital de Coahuila.
Todo lo anterior es consecuencia, abundan, de una licitación “a la medida de Agbar”, que provocó de inmediato una serie de hechos oscuros. Rodolfo Garza precisa: “Ocho días después de ganar el contrato que le permitió adquirir 49 por ciento del Simas (Sistema Municipal de Agua de Saltillo), Agbar formó una nueva empresa, integrada por una sociedad que en ese momento fue constituida al vapor –Interaguas de México–, a la que revendió 49 por ciento de sus acciones de Simas, para fundar Interagbar de México. Y ésta, asociada al municipio, entró en operación como Aguas de Saltillo (Agsal)”.
Sin embargo, añade el ex secretario de Ecología del gobierno estatal, Interaguas de México “es todo un misterio. El Archivo General de Notarías se niega a revelar quiénes son sus socios. Nosotros sabemos, con los datos en la mano, que fue constituida como sociedad mercantil mexicana el 25 de julio de 2001, mediante la escritura 87825, que quedó inscrita en el libro 3075, folios 2772 a 76, de la notaría pública 103 del Distrito Federal, y que el 2 de agosto de 2001 obtuvo el asiento 214640 del Registro Público de la Propiedad. Lo que desconocemos, insisto, es quiénes la constituyeron, porque no nos permiten ver ese documento”.
Rodolfo Garza especula: “¿A qué obedece tanto secreto? ¿Debemos pensar que los socios de Agbar son políticos muy importantes en Coahuila, o será que están encubriendo a funcionarios de la pasada administración de Vicente Fox?”
La doctora Gloria Tobón agrega: “al constituirse Aguas de Saltillo (Agsal), en los documentos legales se especificó que el presidente municipal y un representante del gobernador serían parte del consejo de administración de la empresa, para controlarla en su carácter de socios mayoritarios, pues el estado tiene 51 por ciento de las acciones. Pronto se vio que esto era una burla”.
Agsal, prosigue, “fue conformada como una empresa mixta, con predominio de la Nación, pero a los pocos meses el gobernador y el presidente municipal fueron sustituidos en el consejo de administración por ejecutivos de General Motors y Apasco, las dos trasnacionales más poderosas que hay en Coahuila. Con esta medida, el estado perdió soberanía ante Aguas de Barcelona y los usuarios quedamos indefensos”.
Éste, coinciden los líderes de AUAS, “fue el comienzo de una serie interminable de atropellos”. Pese a que el artículo 121 de la Ley General de Salud, y el 101 de la Ley Estatal de Salud “prohíben que se le suspendan los servicios de agua potable a los edificios habitados”, Agsal promovió ante el Congreso de Coahuila una reforma al artículo 84 de la Ley de Aguas, y logró que éste quedara con la siguiente redacción: “si la mora en el pago es de tres meses, se suspenderá totalmente el suministro de agua”.
A raíz de este cambio, enfatiza la doctora Tobón, “Agsal obligó a los usuarios a ponerse al corriente en sus pagos, violando en la práctica el derecho humano al agua, reconocido por México en diversos tratados internacionales, al quitarles totalmente el abasto de líquido a un sinúmero de personas”.
En 2005, “el número de cortes fue de casi 38 mil, y en 2006 de más de 35 mil, con lo que Agsal mantuvo su eficacia de cobranza en 97 por ciento, es decir, logrando que los usuarios pagaran por el consumo de 970 de cada mil litros de agua facturados”.
Para optimizar sus ganancias, dice el doctor Garza, “Agsal unificó las tarifas de los usuarios, que estaban escalonadas de acuerdo con el nivel económico de la zona en que vivían. La ciudad estaba dividida en 16 zonas, pero Agsal las redujo a 10, afectando a los más pobres, y además comenzaron a subirnos las cuotas mensuales muy encima de la inflación”.
Garza continúa: “Agsal se comprometió a respetar una norma municipal, en el sentido de indexar los precios del servicio de acuerdo con la inflación. Sin embargo, en 2007, la inflación reportada fue de 6 por ciento, pero Agsal aumentó las tarifas más de 20 por ciento. Y por si esto fuera poco, se sacó de la manga otra regla: cobrar por metro cuadrado, calculando sobre el valor del terreno, no de la vivienda, de modo que si vives en una construcción de 100 metros cuadrados, dentro de un lote de mil metros cuadrados, tienes que pagar 100 mil pesos para que te instalen la toma de agua, y así el agua te sale más cara que la casa”.
“Esto es increíble, ¿verdad?”, pregunta la doctora Tobón, indignada. Y contesta: “Pues hay muchas, muchas tropelías más, porque no hemos hablado de lo que Agbar le defrauda a Hacienda…”
Inicia la Corte debate sobre la Ley del ISSSTE
Existe desconfianza entre los trabajadores
Genaro Góngora no participará, pues estará en el extranjero toda la semana
Jesús Aranda
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inicia este lunes una discusión inédita. En un sólo paquete, los ministros resolverán el destino de más de un millón de amparos –cantidad nunca antes vista en contra de una norma– en contra de la reforma a Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
En un entorno de desconfianza manifiesta por parte de los quejosos, que así lo hicieron saber a los ministros en la audiencia pública realizada el pasado 10 de junio, el pleno del máximo tribunal tendrá que resolver sin la presencia del ministro Genaro Góngora Pimentel, quien según trascendió era uno de los pocos que estaban convencidos de la inconstitucionalidad de la mayoría de los artículos impugnados.
De acuerdo con información obtenida en la Corte, Góngora Pimentel estará en Argentina esta semana en una visita de trabajo programada desde hace meses, por lo que, en caso de que el asunto se resuelva antes del próximo viernes, ya no alcanzará a tomar parte en la discusión.
Según funcionarios consultados, las probabilidades de que la Corte declare la inconstitucionalidad del nuevo régimen de pensiones son pocas; sin embargo, un ministro consultado al respecto garantizó que pese a la incredulidad de los quejosos, “habrá sorpresas importantes” y se invalidarán artículos fundamentales de la legislación impugnada.
Sin embargo, la ausencia de Góngora Pimentel, al menos en los primeros cinco días de discusión, podría ser fundamental para la resolución del asunto.
Dada la trascendencia del caso, se espera que en vez de sesionar tres veces por semana, como lo hacen los en pleno, el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia determine que se sesione diariamente, inclusive hasta podría darse el caso de que las audiencias públicas se prolonguen más allá de las tres horas tradicionales.
Como en pocos casos, esta semana que terminó, los ministros se encerraron con sus secretarios de estudio y cuenta para discutir en privado los temas principales de los amparos que sirvieron de modelo para determinar el problemario de la discusión, el cual también de manera inédita fue subido a la página de Internet de la Corte el pasado viernes.
Entre los temas que discutirán –según el problemario publicado– los ministros destacan: si el proceso legislativo de la reforma a la Ley del ISSSTE se apegó a derecho; la constitucionalidad del mecanismo de transición al nuevo régimen de pensiones de retiro; la exclusión de seguros (jubilación, retiro por edad y servicios, indemnización global, sistema de ahorro para el retiro); arrendamiento de vivienda propiedad del instituto y el derecho a que los recursos del fondo se apliquen para el enganche de vivienda o para el pago de capital del crédito hipotecario.
Si la modificación al régimen anterior, previsto en el artículo décimo transitorio es constitucional, al eliminar el seguro de jubilación, la modificación gradual de los requisitos (edad y antigüedad) para tener derecho a la pensión por jubilación, además de establecer si el salario base que se tomará en consideración para la cuantificación de las pensiones se integra por menos conceptos que los que comprendía el salario base previsto en la ley anterior.
Establecer si el incremento del monto de las cuotas es proporcional, si el cómputo del tiempo de servicios en caso de licencia sin goce de sueldo o concedida por enfermedad no profesional que exceda de seis meses implica un menoscabo en la antigüedad laboral del trabajador, si la inclusión de los trabajadores del ISSSTE al régimen de seguridad social de la nueva ley es válido.
Si el nuevo esquema de pensiones viola las garantías constitucionales de irretroactividad de la ley, legalidad y seguridad jurídica, entre otros temas.
Genaro Góngora no participará, pues estará en el extranjero toda la semana
Jesús Aranda
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inicia este lunes una discusión inédita. En un sólo paquete, los ministros resolverán el destino de más de un millón de amparos –cantidad nunca antes vista en contra de una norma– en contra de la reforma a Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
En un entorno de desconfianza manifiesta por parte de los quejosos, que así lo hicieron saber a los ministros en la audiencia pública realizada el pasado 10 de junio, el pleno del máximo tribunal tendrá que resolver sin la presencia del ministro Genaro Góngora Pimentel, quien según trascendió era uno de los pocos que estaban convencidos de la inconstitucionalidad de la mayoría de los artículos impugnados.
De acuerdo con información obtenida en la Corte, Góngora Pimentel estará en Argentina esta semana en una visita de trabajo programada desde hace meses, por lo que, en caso de que el asunto se resuelva antes del próximo viernes, ya no alcanzará a tomar parte en la discusión.
Según funcionarios consultados, las probabilidades de que la Corte declare la inconstitucionalidad del nuevo régimen de pensiones son pocas; sin embargo, un ministro consultado al respecto garantizó que pese a la incredulidad de los quejosos, “habrá sorpresas importantes” y se invalidarán artículos fundamentales de la legislación impugnada.
Sin embargo, la ausencia de Góngora Pimentel, al menos en los primeros cinco días de discusión, podría ser fundamental para la resolución del asunto.
Dada la trascendencia del caso, se espera que en vez de sesionar tres veces por semana, como lo hacen los en pleno, el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia determine que se sesione diariamente, inclusive hasta podría darse el caso de que las audiencias públicas se prolonguen más allá de las tres horas tradicionales.
Como en pocos casos, esta semana que terminó, los ministros se encerraron con sus secretarios de estudio y cuenta para discutir en privado los temas principales de los amparos que sirvieron de modelo para determinar el problemario de la discusión, el cual también de manera inédita fue subido a la página de Internet de la Corte el pasado viernes.
Entre los temas que discutirán –según el problemario publicado– los ministros destacan: si el proceso legislativo de la reforma a la Ley del ISSSTE se apegó a derecho; la constitucionalidad del mecanismo de transición al nuevo régimen de pensiones de retiro; la exclusión de seguros (jubilación, retiro por edad y servicios, indemnización global, sistema de ahorro para el retiro); arrendamiento de vivienda propiedad del instituto y el derecho a que los recursos del fondo se apliquen para el enganche de vivienda o para el pago de capital del crédito hipotecario.
Si la modificación al régimen anterior, previsto en el artículo décimo transitorio es constitucional, al eliminar el seguro de jubilación, la modificación gradual de los requisitos (edad y antigüedad) para tener derecho a la pensión por jubilación, además de establecer si el salario base que se tomará en consideración para la cuantificación de las pensiones se integra por menos conceptos que los que comprendía el salario base previsto en la ley anterior.
Establecer si el incremento del monto de las cuotas es proporcional, si el cómputo del tiempo de servicios en caso de licencia sin goce de sueldo o concedida por enfermedad no profesional que exceda de seis meses implica un menoscabo en la antigüedad laboral del trabajador, si la inclusión de los trabajadores del ISSSTE al régimen de seguridad social de la nueva ley es válido.
Si el nuevo esquema de pensiones viola las garantías constitucionales de irretroactividad de la ley, legalidad y seguridad jurídica, entre otros temas.
La iniciativa de reforma petrolera del PRI podría venir empanizada: AMLO
En gira por La Laguna asegura que las siete propuestas de Calderón no serán aprobadas
El ex jefe de Gobierno critica el papel que el michoacano ha ido a desempeñar a España
Ciro Pérez Silva (Enviado)
Francisco I. Madero, Coah., 15 de junio. Andrés Manuel López Obrador advirtió aquí que no se aceptará ninguna reforma que signifique violar la Constitución, privatizar los hidrocarburos o profundizar la corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de referirse al anuncio de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de presentar, tras la consulta nacional sobre el destino de la paraestatal, una iniciativa de reforma “que podría venir ‘empanizada”’ ya que, dijo, ha quedado claro que las siete propuestas de Felipe Calderón no serán aprobadas.
“Desde el gobierno que usurparon, la derecha quiere llevar a cabo a como dé lugar la venganza por la nacionalización de los hidrocarburos en 1938, para entregar Pemex a los potentados, pero que no se la crea el pelele de Calderón, porque no se lo vamos a permitir. Son unos derechistas irresponsables, porque en su afán de lucro, de robo y corrupción, no les importa lo que pueda pasarle al país.”
Al finalizar este domingo una nueva etapa de las reuniones con brigadistas por la defensa del petróleo, López Obrador condenó en La Laguna el papel “de vasallo” que representa en España Felipe Calderón.
“Un comentarista de televisión que solía ser imparcial, hoy informa maravillado la forma en la que tratan al pelele de Calderón en España. ¡Cómo no lo van a tratar bien, si está trabajando para ellos! Es el vasallo que va a informarle al rey cómo está haciendo su trabajo en favor de la corona; aquí están metidos los españoles en todos los negocios: en el agua, el gas, las minas, los bancos, las carreteras y hasta en el manejo de desechos tóxicos, que ni siquiera en su país se permite. Calderón hasta se cree que le queman incienso y le aplauden porque es un estadista, cuando no es más que su empleado”.
En Tlahualilo y Gómez Palacio, Durango, y más tarde en Madero y en San Pedro de las Colonias, Coahuila, el tabasqueño se refirió a la creciente inseguridad pública y al aumento indiscriminado de los productos básicos que el gobierno federal –condenó– pretende resolver con discursos de mano dura y el aumento de militares y policías en la calle, en lugar de generar empleos y apoyar con becas y espacios en las escuelas, así como con la importación de alimentos, en lugar de apoyar a los productores nacionales para resolver el problema del desabasto.
López Obrador pidió a los brigadistas no perder de vista que la privatización del petróleo no es un hecho aislado “que se le haya ocurrido así de pronto” a los políticos de derecha, sino que forma parte de una cadena de privatizaciones que se iniciaron hace 25 años y que en ningún caso ha beneficiado a los mexicanos, sino sólo a un pequeño grupo que busca defender sus privilegios pasando sobre el interés nacional.
“Ese es el modelo de vida que han venido a instaurar desde hace 25 años los neoliberales, donde vale más el hombre que tiene dinero que el hombre íntegro. El hambre de dinero va a llevar a cometer cualquier tipo de ilícitos, va a llevar a la gente, a los jóvenes, a salir adelante sin importar los medios para lograrlo; no debemos olvidar que el peor de los ladrones es el político corrupto”, enfatizó.
El tabasqueño convocó a los brigadistas a cerrar filas en torno a un movimiento que va creciendo en número de simpatizantes a lo largo del país, a pesar del cerco informativo que se tiende a su alrededor. “Eso es lo que más les duele, que intenten destruirnos políticamente, utilizando todo el poder de que son capaces con la ayuda de la manipulación de los medios electrónicos, pero sin conseguirlo; cada día somos más en todo el país y que ni se haga ilusiones el pelele Calderón, porque sus iniciativas de reforma a Pemex simplemente no van a pasar”.
Se refirió también a la consulta nacional que habrá de llevarse a cabo el 27 de julio en los estados y municipios que gobiernan los partidos que integran el Frente Amplio Progresista, y que una o dos semanas después se hará en el resto del país: “Allí, aun con la oposición de los gobiernos del PRI y el PAN vamos a instalar mesas en todas las plazas públicas para que el pueblo decida lo que se debe hacer con Petróleos Mexicanos”.
El ex jefe de Gobierno critica el papel que el michoacano ha ido a desempeñar a España
Ciro Pérez Silva (Enviado)
Francisco I. Madero, Coah., 15 de junio. Andrés Manuel López Obrador advirtió aquí que no se aceptará ninguna reforma que signifique violar la Constitución, privatizar los hidrocarburos o profundizar la corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de referirse al anuncio de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de presentar, tras la consulta nacional sobre el destino de la paraestatal, una iniciativa de reforma “que podría venir ‘empanizada”’ ya que, dijo, ha quedado claro que las siete propuestas de Felipe Calderón no serán aprobadas.
“Desde el gobierno que usurparon, la derecha quiere llevar a cabo a como dé lugar la venganza por la nacionalización de los hidrocarburos en 1938, para entregar Pemex a los potentados, pero que no se la crea el pelele de Calderón, porque no se lo vamos a permitir. Son unos derechistas irresponsables, porque en su afán de lucro, de robo y corrupción, no les importa lo que pueda pasarle al país.”
Al finalizar este domingo una nueva etapa de las reuniones con brigadistas por la defensa del petróleo, López Obrador condenó en La Laguna el papel “de vasallo” que representa en España Felipe Calderón.
“Un comentarista de televisión que solía ser imparcial, hoy informa maravillado la forma en la que tratan al pelele de Calderón en España. ¡Cómo no lo van a tratar bien, si está trabajando para ellos! Es el vasallo que va a informarle al rey cómo está haciendo su trabajo en favor de la corona; aquí están metidos los españoles en todos los negocios: en el agua, el gas, las minas, los bancos, las carreteras y hasta en el manejo de desechos tóxicos, que ni siquiera en su país se permite. Calderón hasta se cree que le queman incienso y le aplauden porque es un estadista, cuando no es más que su empleado”.
En Tlahualilo y Gómez Palacio, Durango, y más tarde en Madero y en San Pedro de las Colonias, Coahuila, el tabasqueño se refirió a la creciente inseguridad pública y al aumento indiscriminado de los productos básicos que el gobierno federal –condenó– pretende resolver con discursos de mano dura y el aumento de militares y policías en la calle, en lugar de generar empleos y apoyar con becas y espacios en las escuelas, así como con la importación de alimentos, en lugar de apoyar a los productores nacionales para resolver el problema del desabasto.
López Obrador pidió a los brigadistas no perder de vista que la privatización del petróleo no es un hecho aislado “que se le haya ocurrido así de pronto” a los políticos de derecha, sino que forma parte de una cadena de privatizaciones que se iniciaron hace 25 años y que en ningún caso ha beneficiado a los mexicanos, sino sólo a un pequeño grupo que busca defender sus privilegios pasando sobre el interés nacional.
“Ese es el modelo de vida que han venido a instaurar desde hace 25 años los neoliberales, donde vale más el hombre que tiene dinero que el hombre íntegro. El hambre de dinero va a llevar a cometer cualquier tipo de ilícitos, va a llevar a la gente, a los jóvenes, a salir adelante sin importar los medios para lograrlo; no debemos olvidar que el peor de los ladrones es el político corrupto”, enfatizó.
El tabasqueño convocó a los brigadistas a cerrar filas en torno a un movimiento que va creciendo en número de simpatizantes a lo largo del país, a pesar del cerco informativo que se tiende a su alrededor. “Eso es lo que más les duele, que intenten destruirnos políticamente, utilizando todo el poder de que son capaces con la ayuda de la manipulación de los medios electrónicos, pero sin conseguirlo; cada día somos más en todo el país y que ni se haga ilusiones el pelele Calderón, porque sus iniciativas de reforma a Pemex simplemente no van a pasar”.
Se refirió también a la consulta nacional que habrá de llevarse a cabo el 27 de julio en los estados y municipios que gobiernan los partidos que integran el Frente Amplio Progresista, y que una o dos semanas después se hará en el resto del país: “Allí, aun con la oposición de los gobiernos del PRI y el PAN vamos a instalar mesas en todas las plazas públicas para que el pueblo decida lo que se debe hacer con Petróleos Mexicanos”.
Opacidad y corrupción en excedentes petroleros
El gobierno actúa con discrecionalidad en su gasto, señala la ASF
El órgano fiscalizador también halló situaciones de privilegio para diez corporativos, “lo que contraviene el principio de equidad fiscal”
Roberto González Amador
El órgano fiscalizador del Congreso aseguró que el gobierno federal actúa con “discrecionalidad” en el gasto de los recursos excedentes por la exportación de petróleo, práctica que, aseguró, “provoca un alto grado de opacidad y corrupción que es indispensable combatir”.
La relacionada con el uso de los excedentes petroleros es sólo una de las “áreas de opacidad y riesgo” que la Auditoría Superior de la Federación halló al hacer un balance de las cuentas públicas de los años recientes. Una más tiene que ver con el sistema tributario. La ASF reportó que en un ejercicio fiscal diez grandes corporativos obtuvieron devoluciones de impuestos por 17 mil 420 millones de pesos, monto que superó en 216 por ciento el incremento de la inversión privada en ese mismo año. Es la expresión, abundó, de un esquema que genera “una situación de privilegio que contraviene el principio de equidad fiscal”.
La ASF, órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, consideró que en los últimos años se han dado avances en la fiscalización del gasto público, en la transparencia respecto de cómo se utiliza y en la rendición de las cuentas. No obstante, añadió, “existen muchos pendientes que requieren atención urgente con el fin de abatir la opacidad existente y reducir el riesgo de hacer mal uso de los recursos públicos”. A esos pendientes se refiere en el reporte Áreas de opacidad y riesgo en el Estado federal mexicano, que recoge experiencias derivadas de la actuación de la institución en el periodo 2002-2007.
En momentos que existe controversia entre el gobierno federal, los estatales y la oposición al PAN en el Congreso sobre el destino de 55 mil millones de pesos de ingresos extraordinarios por el incremento en el precio del petróleo mexicano de exportación este año, la ASF llama la atención sobre la forma poco clara en que es explicado el uso de recursos excedentes. Aunque por la naturaleza del reporte –que se centra en extraer conclusiones después de analizar las cuentas públicas de varios años– no se refiere específicamente a la controversia actual, sí llega a la conclusión de que “la discrecionalidad que en algunos segmentos de la administración pública se presenta sobre el manejo de los recursos provoca un alto grado de opacidad y corrupción que es indispensable combatir”.
Sigue: “Como ejemplo de ello se encuentra el renglón de recursos fiscales excedentes”, de cuyas revisiones (en tres cuentas públicas distintas, correspondientes al sexenio de Vicente Fox) destaca: en 2004, la Secretaría de Hacienda obtuvo recursos excedentes por 46 mil 595 millones de pesos, de los cuales reportó haber destinado 11 mil 649 millones, 25 por ciento del total, al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. Sin embargo, no se cuenta con registros del uso de ese dinero que permitieran evaluar su adecuado manejo, aseveró.
Un año después, Hacienda reportó un monto de recursos fiscales excedentes por 44 mil 610 millones de pesos, sin que esa cantidad “tuviera el carácter de definitivo”. También en 2005, la dependencia del Ejecutivo utilizó 11 mil 152 millones de pesos de los ingresos excedentes para equilibrar el balance del sector público, “mecánica que hubiera sido procedente en un escenario de ingresos excedentes al alza, pero no en uno de tendencia a la baja (como fue ese año); además, dichos recursos se han venido utilizando, principalmente, en gasto corriente”, renglón que incluye sueldos y salarios y gasto relacionado con uso de oficinas y vehículos.
El régimen fiscal vigente tiene todavía un amplio margen para mejorar la progresividad, es decir, para que paguen más los contribuyentes, personas o empresas que más ganan. La conclusión de la ASF se basa en analizar la consecuencia que tiene para el fisco la existencia de mecanismos de ingeniería fiscal que permiten, sobre todo a empresas, reducir la tributación efectiva al gobierno.
Expuso la ASF que las devoluciones de impuestos “se encuentran altamente concentradas”. Ello genera una “situación de privilegio que contraviene el principio de equidad fiscal”. La revisión de las cuentas públicas permitió al órgano del Congreso constatar que en un ejercicio fiscal, el de 2005 –año previo a la elección federal–, 4 mil 132 grandes contribuyentes recibieron devoluciones por 106 mil 520 millones de pesos, equivalente a 71 por ciento del total reembolsado por el fisco ese año, que fue de 149 mil 850 millones.
Así, del dinero devuelto a los 4 mil 132 grandes contribuyentes, 398 empresas y/o personas concentraron 77 por ciento del monto reembolsado, esto es, 82 mil 20 millones de pesos, y de éstos, 10 contribuyentes recibieron de Hacienda una devolución promedio de mil 742 millones cada uno.
Así, 10 causantes obtuvieron una devolución de impuestos por 17 mil 420 millones de pesos, cantidad que, para efectos comparativos, equivale a 2.4 veces los recursos de emergencia que el gobierno federal distribuirá en 2008 a las 5 millones de familias más pobres del país (120 pesos al mes a cada una) como apoyo para la compra de alimentos ante el alza en los precios internacionales de las materias primas.
Por las normas a que está sujeta la ASF, el reporte no identifica por sus nombres a los grandes beneficiarios de las devoluciones de impuestos, aunque es fácil saber hacia dónde volver la mirada cuando enlista los sectores de actividad a que pertenecen: “Los beneficiarios de estos importantes montos de devoluciones corresponden a empresas de la industria automotriz, productos fotográficos, panificadoras, acereras, tiendas departamentales, de autoservicio e instituciones financieras”. Salvo la panificadora, el resto son industrias que en México son controladas por el capital extranjero.
Existe un efecto negativo derivado de los mecanismos empleados por los grandes contribuyentes para, al final de cuentas, reducir al mínimo su tributación al fisco.
“Las devoluciones efectuadas en el periodo 2001-2005 superaron en 216 por ciento al incremento en la inversión privada, lo que en principio cuestiona la hipótesis de que una menor tributación, como en rigor implica las devoluciones, libera recursos a los particulares para incrementar la formación bruta de capital.”
El reporte permite hacer comparaciones de la magnitud de la devolución de impuestos a grandes contribuyentes, respecto del uso que podrían tener esos recursos. Los 82 mil 20 millones de pesos devueltos por Hacienda en un año a 398 grandes contribuyentes multiplican por dos el presupuesto anual del Programa Oportunidades, la principal estrategia gubernamental de combate a la pobreza, que el año pasado dispuso de 39 mil millones de pesos para 5 millones de familias en zonas urbanas y rurales.
En México, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), 50 millones de personas viven en pobreza, y de ellas, 25 millones en pobreza extrema, con un ingreso mensual de 969 pesos en zonas urbanas y 690 en el medio rural.
El reporte de la ASF comenzó a circular en días pasados entre legisladores federales y puede ser consultado en www.asf.gob.mx
El órgano fiscalizador también halló situaciones de privilegio para diez corporativos, “lo que contraviene el principio de equidad fiscal”
Roberto González Amador
El órgano fiscalizador del Congreso aseguró que el gobierno federal actúa con “discrecionalidad” en el gasto de los recursos excedentes por la exportación de petróleo, práctica que, aseguró, “provoca un alto grado de opacidad y corrupción que es indispensable combatir”.
La relacionada con el uso de los excedentes petroleros es sólo una de las “áreas de opacidad y riesgo” que la Auditoría Superior de la Federación halló al hacer un balance de las cuentas públicas de los años recientes. Una más tiene que ver con el sistema tributario. La ASF reportó que en un ejercicio fiscal diez grandes corporativos obtuvieron devoluciones de impuestos por 17 mil 420 millones de pesos, monto que superó en 216 por ciento el incremento de la inversión privada en ese mismo año. Es la expresión, abundó, de un esquema que genera “una situación de privilegio que contraviene el principio de equidad fiscal”.
La ASF, órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, consideró que en los últimos años se han dado avances en la fiscalización del gasto público, en la transparencia respecto de cómo se utiliza y en la rendición de las cuentas. No obstante, añadió, “existen muchos pendientes que requieren atención urgente con el fin de abatir la opacidad existente y reducir el riesgo de hacer mal uso de los recursos públicos”. A esos pendientes se refiere en el reporte Áreas de opacidad y riesgo en el Estado federal mexicano, que recoge experiencias derivadas de la actuación de la institución en el periodo 2002-2007.
En momentos que existe controversia entre el gobierno federal, los estatales y la oposición al PAN en el Congreso sobre el destino de 55 mil millones de pesos de ingresos extraordinarios por el incremento en el precio del petróleo mexicano de exportación este año, la ASF llama la atención sobre la forma poco clara en que es explicado el uso de recursos excedentes. Aunque por la naturaleza del reporte –que se centra en extraer conclusiones después de analizar las cuentas públicas de varios años– no se refiere específicamente a la controversia actual, sí llega a la conclusión de que “la discrecionalidad que en algunos segmentos de la administración pública se presenta sobre el manejo de los recursos provoca un alto grado de opacidad y corrupción que es indispensable combatir”.
Sigue: “Como ejemplo de ello se encuentra el renglón de recursos fiscales excedentes”, de cuyas revisiones (en tres cuentas públicas distintas, correspondientes al sexenio de Vicente Fox) destaca: en 2004, la Secretaría de Hacienda obtuvo recursos excedentes por 46 mil 595 millones de pesos, de los cuales reportó haber destinado 11 mil 649 millones, 25 por ciento del total, al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. Sin embargo, no se cuenta con registros del uso de ese dinero que permitieran evaluar su adecuado manejo, aseveró.
Un año después, Hacienda reportó un monto de recursos fiscales excedentes por 44 mil 610 millones de pesos, sin que esa cantidad “tuviera el carácter de definitivo”. También en 2005, la dependencia del Ejecutivo utilizó 11 mil 152 millones de pesos de los ingresos excedentes para equilibrar el balance del sector público, “mecánica que hubiera sido procedente en un escenario de ingresos excedentes al alza, pero no en uno de tendencia a la baja (como fue ese año); además, dichos recursos se han venido utilizando, principalmente, en gasto corriente”, renglón que incluye sueldos y salarios y gasto relacionado con uso de oficinas y vehículos.
El régimen fiscal vigente tiene todavía un amplio margen para mejorar la progresividad, es decir, para que paguen más los contribuyentes, personas o empresas que más ganan. La conclusión de la ASF se basa en analizar la consecuencia que tiene para el fisco la existencia de mecanismos de ingeniería fiscal que permiten, sobre todo a empresas, reducir la tributación efectiva al gobierno.
Expuso la ASF que las devoluciones de impuestos “se encuentran altamente concentradas”. Ello genera una “situación de privilegio que contraviene el principio de equidad fiscal”. La revisión de las cuentas públicas permitió al órgano del Congreso constatar que en un ejercicio fiscal, el de 2005 –año previo a la elección federal–, 4 mil 132 grandes contribuyentes recibieron devoluciones por 106 mil 520 millones de pesos, equivalente a 71 por ciento del total reembolsado por el fisco ese año, que fue de 149 mil 850 millones.
Así, del dinero devuelto a los 4 mil 132 grandes contribuyentes, 398 empresas y/o personas concentraron 77 por ciento del monto reembolsado, esto es, 82 mil 20 millones de pesos, y de éstos, 10 contribuyentes recibieron de Hacienda una devolución promedio de mil 742 millones cada uno.
Así, 10 causantes obtuvieron una devolución de impuestos por 17 mil 420 millones de pesos, cantidad que, para efectos comparativos, equivale a 2.4 veces los recursos de emergencia que el gobierno federal distribuirá en 2008 a las 5 millones de familias más pobres del país (120 pesos al mes a cada una) como apoyo para la compra de alimentos ante el alza en los precios internacionales de las materias primas.
Por las normas a que está sujeta la ASF, el reporte no identifica por sus nombres a los grandes beneficiarios de las devoluciones de impuestos, aunque es fácil saber hacia dónde volver la mirada cuando enlista los sectores de actividad a que pertenecen: “Los beneficiarios de estos importantes montos de devoluciones corresponden a empresas de la industria automotriz, productos fotográficos, panificadoras, acereras, tiendas departamentales, de autoservicio e instituciones financieras”. Salvo la panificadora, el resto son industrias que en México son controladas por el capital extranjero.
Existe un efecto negativo derivado de los mecanismos empleados por los grandes contribuyentes para, al final de cuentas, reducir al mínimo su tributación al fisco.
“Las devoluciones efectuadas en el periodo 2001-2005 superaron en 216 por ciento al incremento en la inversión privada, lo que en principio cuestiona la hipótesis de que una menor tributación, como en rigor implica las devoluciones, libera recursos a los particulares para incrementar la formación bruta de capital.”
El reporte permite hacer comparaciones de la magnitud de la devolución de impuestos a grandes contribuyentes, respecto del uso que podrían tener esos recursos. Los 82 mil 20 millones de pesos devueltos por Hacienda en un año a 398 grandes contribuyentes multiplican por dos el presupuesto anual del Programa Oportunidades, la principal estrategia gubernamental de combate a la pobreza, que el año pasado dispuso de 39 mil millones de pesos para 5 millones de familias en zonas urbanas y rurales.
En México, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), 50 millones de personas viven en pobreza, y de ellas, 25 millones en pobreza extrema, con un ingreso mensual de 969 pesos en zonas urbanas y 690 en el medio rural.
El reporte de la ASF comenzó a circular en días pasados entre legisladores federales y puede ser consultado en www.asf.gob.mx
La CIA, la ODCA y Calderón
Carlos Fazio
El pasado 13 de marzo, en La Habana, los cancilleres de México y Cuba abrieron una nueva fase en la relación bilateral signada, dijeron, por una “confianza renovada” y el apego a las normas del derecho internacional. Un día después, como parte de una “diplomacia paralela” a la del régimen de Felipe Calderón, el mexicano Manuel Espino, presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), inauguraba en San José de Costa Rica el foro “Solidaridad latinoamericana al encuentro de Cuba”. Al término del mismo, los participantes –entre quienes figuraba el ex presidente Vicente Fox– emitieron una declaración en la que pedían permiso a las autoridades cubanas para que una delegación de la ODCA viajara a la isla a entrevistarse con el presidente Raúl Castro, la oposición y la disidencia interna, a fin de promover “una transición política y pacífica” que permita establecer “una economía social de mercado” en Cuba. En el documento de 26 puntos destacaban las habituales demandas vinculadas con los derechos humanos y el libre acceso a “los medios modernos de comunicación, información y nuevas tecnologías”.
Aunque el Directorio Democrático Cubano (DDC), miembro de la ODCA, se desmarcó parcialmente de la Declaración de San José, cabe recordar que sus principales dirigentes, Orlando Gutiérrez y Javier de Céspedes –con el copatrocinio de José María Aznar y la fundación alemana Konrad Adenauer–, abonaron el camino de Fox a la copresidencia de la Internacional Demócrata de Centro (IDC, la antigua Internacional Demócrata Cristiana) y el de Espino a la ODCA, su filial americana.
Creado por la Agencia Central de Inteligencia a comienzos de los años 90 como una organización pantalla para desarrollar actividades hostiles y subversivas contra Cuba, en los últimos años el DDC, uno de los principales grupos de la mafia de Miami, buscó y logró penetrar a la ODCA de Espino y Fox, logrando afianzar una base en México para tales fines.
Desde su surgimiento, el DDC ha sido subvencionado con fondos de los contribuyentes estadunidenses a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID, que depende del Departamento de Estado), la National Endowment for Democracy (NED) y el Instituto Republicano Internacional (IRI). Entre las actividades encomendadas por la CIA a esa organización figuran la fabricación y distribución de propaganda contra Cuba mediante artículos y publicaciones, y organizar seminarios y conferencias en diferentes universidades de Europa y América Latina.
En mayo, forzada por la Oficina de Auditoría del gobierno de Estados Unidos (GAO) a medio transparentar la distribución de los 45 millones de dólares asignados por la administración de Bush para los planes de desestabilización de Cuba durante 2008, la AID reunió a un grupo de organizaciones no gubernamentales afines y acordó promover el envío secreto de material electrónico a la isla a través de “intermediarios” latinoamericanos y europeos, para realizar el trabajo sucio que Washington no puede hacer legalmente.
El jefe para América Latina de la AID, José Cárdenas, ex directivo de la Fundación Nacional Cubano Americana, subrayó ahí la necesidad de introducir a Cuba, en “forma clandestina”, panfletos de propaganda, celulares y equipos de comunicación modernos, computadoras y softwares incluidos. Ante el carácter secreto de la misión, Elaine Grigsby, directora del llamado Proyecto Cuba de la AID, garantizó que si existieran solicitudes de desclasificación de documentos en virtud de la Ley de Libertad de Información, la AID “sólo emitiría un resumen general” y mantendría en secreto los detalles de los programas de cada ONG.
Clara Davis, de la agencia del Departamento de Estado que monitorea los intercambios con Cuba, propuso utilizar las llamadas “licencias humanitarias” para la infiltración de agentes a la isla bajo la cobertura de proyectos vinculados con salud pública, medio ambiente e iniciativas específicas.
La búsqueda de agentes encubiertos extranjeros se intensifica ante las crecientes dificultades que encuentran los diplomáticos de la Sección de Intereses Norteamericana en La Habana (SINA, por sus siglas en inglés) y su jefe, Michael Parmly, para la promoción del terrorismo y la subversión en Cuba.
El 18 y 19 de mayo, la seguridad del Estado exhibió en la televisión cubana videos que comprueban la complicidad de Parmly y otros funcionarios de la misión de Estados Unidos en Cuba, con el terrorista Santiago Álvarez, cuyo dossier fue difundido por la Interpol con alerta roja. Actualmente, Parmly está preso en Miami, acusado por el FBI de la tenencia ilegal de un cuantioso arsenal (ametralladoras, rifles, explosivos C-4, dinamita, detonadores, munición y un lanzagranadas, según el Miami Herald).
Con un frondoso prontuario, Álvarez, quien condujo en el barco Santrina al terrorista confeso Luis Posada Carriles, autor del crimen de Barbados, en su fuga desde México a Estados Unidos hace un par de años, dirige desde la cárcel la fundación Rescate Jurídico, que por medio de la SINA canaliza fondos a mercenarios proanexionistas residentes en la isla. Parmly fue exhibido como una vulgar “mula” de Álvarez en el trasiego de fondos para la subversión en la isla, en contravención de los acuerdos bilaterales entre Cuba y Estados Unidos, y del artículo 41 de la Convención de Viena para las Relaciones Diplomáticas.
El viernes 13, en Madrid, Felipe Calderón alentó una “nueva aurora” en términos de derechos humanos y democracia en Cuba. México, vía la ODCA de Fox y Espino, se ha convertido en una guarida de mercenarios y terroristas patrocinados por el Directorio Democrático Cubano. La agenda de la ODCA es la misma de la AID y la CIA. De allí la duda: ¿diplomacia paralela la de Fox-Espino o complementaria de la calderonista?
El pasado 13 de marzo, en La Habana, los cancilleres de México y Cuba abrieron una nueva fase en la relación bilateral signada, dijeron, por una “confianza renovada” y el apego a las normas del derecho internacional. Un día después, como parte de una “diplomacia paralela” a la del régimen de Felipe Calderón, el mexicano Manuel Espino, presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), inauguraba en San José de Costa Rica el foro “Solidaridad latinoamericana al encuentro de Cuba”. Al término del mismo, los participantes –entre quienes figuraba el ex presidente Vicente Fox– emitieron una declaración en la que pedían permiso a las autoridades cubanas para que una delegación de la ODCA viajara a la isla a entrevistarse con el presidente Raúl Castro, la oposición y la disidencia interna, a fin de promover “una transición política y pacífica” que permita establecer “una economía social de mercado” en Cuba. En el documento de 26 puntos destacaban las habituales demandas vinculadas con los derechos humanos y el libre acceso a “los medios modernos de comunicación, información y nuevas tecnologías”.
Aunque el Directorio Democrático Cubano (DDC), miembro de la ODCA, se desmarcó parcialmente de la Declaración de San José, cabe recordar que sus principales dirigentes, Orlando Gutiérrez y Javier de Céspedes –con el copatrocinio de José María Aznar y la fundación alemana Konrad Adenauer–, abonaron el camino de Fox a la copresidencia de la Internacional Demócrata de Centro (IDC, la antigua Internacional Demócrata Cristiana) y el de Espino a la ODCA, su filial americana.
Creado por la Agencia Central de Inteligencia a comienzos de los años 90 como una organización pantalla para desarrollar actividades hostiles y subversivas contra Cuba, en los últimos años el DDC, uno de los principales grupos de la mafia de Miami, buscó y logró penetrar a la ODCA de Espino y Fox, logrando afianzar una base en México para tales fines.
Desde su surgimiento, el DDC ha sido subvencionado con fondos de los contribuyentes estadunidenses a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID, que depende del Departamento de Estado), la National Endowment for Democracy (NED) y el Instituto Republicano Internacional (IRI). Entre las actividades encomendadas por la CIA a esa organización figuran la fabricación y distribución de propaganda contra Cuba mediante artículos y publicaciones, y organizar seminarios y conferencias en diferentes universidades de Europa y América Latina.
En mayo, forzada por la Oficina de Auditoría del gobierno de Estados Unidos (GAO) a medio transparentar la distribución de los 45 millones de dólares asignados por la administración de Bush para los planes de desestabilización de Cuba durante 2008, la AID reunió a un grupo de organizaciones no gubernamentales afines y acordó promover el envío secreto de material electrónico a la isla a través de “intermediarios” latinoamericanos y europeos, para realizar el trabajo sucio que Washington no puede hacer legalmente.
El jefe para América Latina de la AID, José Cárdenas, ex directivo de la Fundación Nacional Cubano Americana, subrayó ahí la necesidad de introducir a Cuba, en “forma clandestina”, panfletos de propaganda, celulares y equipos de comunicación modernos, computadoras y softwares incluidos. Ante el carácter secreto de la misión, Elaine Grigsby, directora del llamado Proyecto Cuba de la AID, garantizó que si existieran solicitudes de desclasificación de documentos en virtud de la Ley de Libertad de Información, la AID “sólo emitiría un resumen general” y mantendría en secreto los detalles de los programas de cada ONG.
Clara Davis, de la agencia del Departamento de Estado que monitorea los intercambios con Cuba, propuso utilizar las llamadas “licencias humanitarias” para la infiltración de agentes a la isla bajo la cobertura de proyectos vinculados con salud pública, medio ambiente e iniciativas específicas.
La búsqueda de agentes encubiertos extranjeros se intensifica ante las crecientes dificultades que encuentran los diplomáticos de la Sección de Intereses Norteamericana en La Habana (SINA, por sus siglas en inglés) y su jefe, Michael Parmly, para la promoción del terrorismo y la subversión en Cuba.
El 18 y 19 de mayo, la seguridad del Estado exhibió en la televisión cubana videos que comprueban la complicidad de Parmly y otros funcionarios de la misión de Estados Unidos en Cuba, con el terrorista Santiago Álvarez, cuyo dossier fue difundido por la Interpol con alerta roja. Actualmente, Parmly está preso en Miami, acusado por el FBI de la tenencia ilegal de un cuantioso arsenal (ametralladoras, rifles, explosivos C-4, dinamita, detonadores, munición y un lanzagranadas, según el Miami Herald).
Con un frondoso prontuario, Álvarez, quien condujo en el barco Santrina al terrorista confeso Luis Posada Carriles, autor del crimen de Barbados, en su fuga desde México a Estados Unidos hace un par de años, dirige desde la cárcel la fundación Rescate Jurídico, que por medio de la SINA canaliza fondos a mercenarios proanexionistas residentes en la isla. Parmly fue exhibido como una vulgar “mula” de Álvarez en el trasiego de fondos para la subversión en la isla, en contravención de los acuerdos bilaterales entre Cuba y Estados Unidos, y del artículo 41 de la Convención de Viena para las Relaciones Diplomáticas.
El viernes 13, en Madrid, Felipe Calderón alentó una “nueva aurora” en términos de derechos humanos y democracia en Cuba. México, vía la ODCA de Fox y Espino, se ha convertido en una guarida de mercenarios y terroristas patrocinados por el Directorio Democrático Cubano. La agenda de la ODCA es la misma de la AID y la CIA. De allí la duda: ¿diplomacia paralela la de Fox-Espino o complementaria de la calderonista?
Dos años después
Gustavo Esteva
Prevalece en Oaxaca un ánimo rijoso que expresa rabia, frustración, impotencia, desesperanza y hasta desesperación. Amplios sectores de la población están realmente intimidados. Algunos temen hasta respirar.
La polarización social se ha exacerbado a niveles sin precedente. Lo que antes se disimulaba y escondía bajo un manto de cortesía artificial o desprecio compasivo se manifiesta hoy, abiertamente, como racismo, sexismo y clasismo, y propicia dispersión y fragmentación. Antiguas rivalidades y resentimientos salen a la superficie.
En la frustración, hay también un ánimo acomodaticio. Quienes dan por sentado que Ulises Ruiz cumplirá su término en la oficina que ocupa, consideran realista restablecer interlocuciones con los aparatos institucionales a su cargo o a su servicio: los tres poderes constituidos de Oaxaca.
El enojo generalizado se encuentra a flor de piel. Estalla con facilidad a la menor provocación. “La gente está muy enojada”, dice quien va a las colonias o a las comunidades. Pero también están enojados los comerciantes, los empresarios, los sacerdotes, los funcionarios, los chavos banda, los onegeros, todo mundo. Como no siempre el enojo tiene clara su raíz, llega a expresarse con quien sea, con el que aparezca, por cualquier razón o sin razón alguna.
Al fondo o al lado de todo eso, sorprendentemente, hay otro ánimo alegre y decidido, lleno de iniciativa e imaginación, que no deja de actuar y prepara serenamente los siguientes pasos. Algunos defienden apasionadamente la no violencia activa, para resistir la violencia reinante; otros reivindican el uso de la violencia en todas sus formas y se preparan a emplearla.
Oaxaca atraviesa por una de las peores crisis económicas de su historia. Aunque viene de atrás, el deterioro a partir de 2006 parece incontenible. El alivio migratorio se ha estado congelando: llegan menos remesas –que ya abultaban más que el presupuesto público– y ahora no pueden irse cuantos antes lo hacían. Nadie tiene dinero. Esto se observa en todo el estado, pero en los valles centrales se acerca a la catástrofe. No hay para dónde hacerse.
La crisis social, un estado de cosas sedimentado en siglos de opresión, se profundiza a niveles insoportables. El tejido social lastimado se desgarra todos los días. Las confrontaciones se multiplican e imponen nuevos obstáculos a todo intento de reconciliación o aglutinamiento.
La crisis política se acerca a sus límites. El gobernador sigue gastando el presupuesto público y multiplica su propaganda. Los servicios públicos funcionan normalmente, es decir, muy mal. La presencia policiaca y militar se vuelve dato del paisaje. No parece existir gobierno. Se vuelven cada vez más ridículos los esfuerzos por hacer creer que sí lo hay, escondiendo la debilidad política tras ejercicios autoritarios de toda índole.
¿Esto trajo la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APPO? ¿Es éste el balance del gran movimiento de movimientos? ¿Se habría vuelto, históricamente, una pequeña nota de pie de página, y habría dejado una secuela de derrota, división, desorganización, desaliento y autoritarismo, tras el empeño transformador y rebelde?
“Después de todo esto, no volveremos a ser como antes; no podemos y no queremos.” Esta expresión, recogida en la calle y citada reiteradamente, define el verdadero saldo del impulso libertario que venía de muy atrás y se hizo espectacular, aunque confuso, en 2006.
Los mecanismos de coordinación de la APPO, que nunca fueron muy eficaces, intentan resucitar. Habrá que ver. En todo caso, no eran ni son la APPO: la vitalidad vino del fondo, no de arriba. Y allá, en el fondo, se profundiza a cada paso una conciencia lúcida radicalmente novedosa: reconoce el carácter opresivo del régimen dominante y la obsolescencia de todas las instituciones, al tiempo que formula una nueva esperanza, basada en la conciencia de la propia fuerza.
El talón de Aquiles de APPO persiste: nadie sabe cómo articular horizontalmente los diversos impulsos. Pero esta carencia no impide la proliferación de iniciativas para evitar que la descomposición progresiva del régimen estimule una ola de violencia destructiva e incontrolable y para ocuparse de la transformación, con un proyecto político que muy diversos grupos y actores tratan de formular.
En Oaxaca, es cierto, huele a miedo y a pólvora. Pero también a cambio social profundo, incontenible. El vapor que impulsó calderas y pistones en 2006 se ha condensado en experiencia, actúa en su disipación y se derrama sobre la realidad. Cuando llegue el momento, hará estallar de nuevo los recipientes obsoletos que tratan todavía de contenerlo.
Por razones históricas y circunstanciales, Oaxaca se convirtió en un laboratorio significativo para concebir y experimentar las novedades de la transición a una nueva era. Está pagando los precios de sus audacias, entregada fieramente a la sorpresa de su restablecida dignidad.
Prevalece en Oaxaca un ánimo rijoso que expresa rabia, frustración, impotencia, desesperanza y hasta desesperación. Amplios sectores de la población están realmente intimidados. Algunos temen hasta respirar.
La polarización social se ha exacerbado a niveles sin precedente. Lo que antes se disimulaba y escondía bajo un manto de cortesía artificial o desprecio compasivo se manifiesta hoy, abiertamente, como racismo, sexismo y clasismo, y propicia dispersión y fragmentación. Antiguas rivalidades y resentimientos salen a la superficie.
En la frustración, hay también un ánimo acomodaticio. Quienes dan por sentado que Ulises Ruiz cumplirá su término en la oficina que ocupa, consideran realista restablecer interlocuciones con los aparatos institucionales a su cargo o a su servicio: los tres poderes constituidos de Oaxaca.
El enojo generalizado se encuentra a flor de piel. Estalla con facilidad a la menor provocación. “La gente está muy enojada”, dice quien va a las colonias o a las comunidades. Pero también están enojados los comerciantes, los empresarios, los sacerdotes, los funcionarios, los chavos banda, los onegeros, todo mundo. Como no siempre el enojo tiene clara su raíz, llega a expresarse con quien sea, con el que aparezca, por cualquier razón o sin razón alguna.
Al fondo o al lado de todo eso, sorprendentemente, hay otro ánimo alegre y decidido, lleno de iniciativa e imaginación, que no deja de actuar y prepara serenamente los siguientes pasos. Algunos defienden apasionadamente la no violencia activa, para resistir la violencia reinante; otros reivindican el uso de la violencia en todas sus formas y se preparan a emplearla.
Oaxaca atraviesa por una de las peores crisis económicas de su historia. Aunque viene de atrás, el deterioro a partir de 2006 parece incontenible. El alivio migratorio se ha estado congelando: llegan menos remesas –que ya abultaban más que el presupuesto público– y ahora no pueden irse cuantos antes lo hacían. Nadie tiene dinero. Esto se observa en todo el estado, pero en los valles centrales se acerca a la catástrofe. No hay para dónde hacerse.
La crisis social, un estado de cosas sedimentado en siglos de opresión, se profundiza a niveles insoportables. El tejido social lastimado se desgarra todos los días. Las confrontaciones se multiplican e imponen nuevos obstáculos a todo intento de reconciliación o aglutinamiento.
La crisis política se acerca a sus límites. El gobernador sigue gastando el presupuesto público y multiplica su propaganda. Los servicios públicos funcionan normalmente, es decir, muy mal. La presencia policiaca y militar se vuelve dato del paisaje. No parece existir gobierno. Se vuelven cada vez más ridículos los esfuerzos por hacer creer que sí lo hay, escondiendo la debilidad política tras ejercicios autoritarios de toda índole.
¿Esto trajo la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APPO? ¿Es éste el balance del gran movimiento de movimientos? ¿Se habría vuelto, históricamente, una pequeña nota de pie de página, y habría dejado una secuela de derrota, división, desorganización, desaliento y autoritarismo, tras el empeño transformador y rebelde?
“Después de todo esto, no volveremos a ser como antes; no podemos y no queremos.” Esta expresión, recogida en la calle y citada reiteradamente, define el verdadero saldo del impulso libertario que venía de muy atrás y se hizo espectacular, aunque confuso, en 2006.
Los mecanismos de coordinación de la APPO, que nunca fueron muy eficaces, intentan resucitar. Habrá que ver. En todo caso, no eran ni son la APPO: la vitalidad vino del fondo, no de arriba. Y allá, en el fondo, se profundiza a cada paso una conciencia lúcida radicalmente novedosa: reconoce el carácter opresivo del régimen dominante y la obsolescencia de todas las instituciones, al tiempo que formula una nueva esperanza, basada en la conciencia de la propia fuerza.
El talón de Aquiles de APPO persiste: nadie sabe cómo articular horizontalmente los diversos impulsos. Pero esta carencia no impide la proliferación de iniciativas para evitar que la descomposición progresiva del régimen estimule una ola de violencia destructiva e incontrolable y para ocuparse de la transformación, con un proyecto político que muy diversos grupos y actores tratan de formular.
En Oaxaca, es cierto, huele a miedo y a pólvora. Pero también a cambio social profundo, incontenible. El vapor que impulsó calderas y pistones en 2006 se ha condensado en experiencia, actúa en su disipación y se derrama sobre la realidad. Cuando llegue el momento, hará estallar de nuevo los recipientes obsoletos que tratan todavía de contenerlo.
Por razones históricas y circunstanciales, Oaxaca se convirtió en un laboratorio significativo para concebir y experimentar las novedades de la transición a una nueva era. Está pagando los precios de sus audacias, entregada fieramente a la sorpresa de su restablecida dignidad.
La ley como fetiche
John M. Ackerman
El fetichismo se caracteriza por la atribución de poderes sobrenaturales a un objeto material o social. Augusto Comte utilizó el término para estudiar las religiones tradicionales que idolatran árboles, máscaras y tótems como entes mágicos. Carlos Marx teorizaba sobre el fetichismo del capital, que hace que las mercancías cobren vida y valor independiente del trabajo humano incorporado en ellas. Sigmund Freud escribió sobre los fetiches sexuales, encarnados en un objeto o una parte del cuerpo humano que provocan un deseo sexual desproporcionado. El fetichismo, pues, implica la extracción de algo de su contexto y la consecuente exageración de sus poderes propios.
La ley no es algo mágico o sobrenatural, sino una construcción social. Las normas son redactadas por personas con inquietudes políticas, escritas en un lenguaje en constante transformación, e interpretadas por seres humanos de carne y hueso. Es un grave error hablar de “la ley”, “el Estado de derecho” o “la legalidad” a secas, como si fueran entes con vida propia independiente del contexto social y político en que se desarrollan. Tal fetichismo de la norma nos remite a las peores épocas del autoritarismo del Estado en que ni la ciudadanía ni los servidores públicos tenían derecho a cuestionar o a interpretar la ley, sino tenían que limitarse a obedecer dócilmente la “razón del Estado”.
Los debates recientes sobre la consulta popular y la reforma petrolera demuestran que el fetichismo sigue vivo en el México democrático de hoy. En su agria réplica a Arnaldo Córdova (El Universal, viernes 13 de junio), Miguel Carbonell se erige guardián de la “ciencia jurídica” y califica a Córdova de “espiritista” e “ideólogo”. Carbonell se presenta como un intérprete puro del “alcance semántico” de las palabras de la Constitución, como alguien dotado de poderes sobrenaturales para sentir directamente y sin mediaciones la esencia de un objeto sagrado. Según él, todo lo demás es dogma e ideología. Pero cabe preguntarnos si el “espiritista” es Córdova o Carbonell, ya que al dar al traste con la historia del país y el pacto social encarnado en la Carta Magna el replicante termina convirtiendo la ley en fetiche.
Otro ejemplo al respecto lo constituye un texto reciente de José Woldenberg (“La consulta”, Reforma, 5 de junio) que recurre al famoso “principio de legalidad” para señalar que la consulta sería ilegal dado que los funcionarios públicos solamente pueden hacer lo que está explícitamente permitido por la ley. Siguiendo una larga tradición que utiliza este principio para justificar la inacción y la pasividad gubernamental, el autor concluye que Marcelo Ebrard no puede organizar una consulta en materia petrolera porque el Gobierno del Distrito Federal no cuenta con un voto en el Congreso de la Unión.
De acuerdo con la muy particular interpretación del antiguo consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), las autoridades públicas deben comportarse como autómatas burocratizados sin imaginación, creatividad o cercanía con la ciudadanía. Según Woldenberg, el jefe de Gobierno no tendría por qué inmiscuirse en asuntos que no son de su competencia, aun cuando un amplio porcentaje del presupuesto del Distrito Federal venga de participaciones federales financiadas precisamente por la renta petrolera.
El problema es que si llevamos esta lógica hasta sus últimas consecuencias llegaríamos a una situación de parálisis gubernamental verdaderamente absurda. Por ejemplo, el artículo 70 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal señala que los recorridos de los jefes delegacionales tienen la finalidad de “verificar la forma y las condiciones en que se prestan los servicios públicos [así como] el estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la comunidad tenga interés”. No se hace mención alguna a la problemática social de la entidad. Así que si un ciudadano se acercara al jefe delegacional durante su recorrido para conversar sobre la drogadicción o el desempleo, el servidor público tendría que evitar este intercambio o de lo contrario exponerse a ser enjuiciado por “extralimitarse” en sus funciones.
En el mismo orden de ideas, Diego Valadés nos ha recordado que tampoco hay norma que ordene a la Presidencia de la República realizar encuestas todos los días. Sería tan absurdo prohibir una consulta popular como impedir la realización de estos cotidianos sondeos. Ambas actividades son ejercicios perfectamente legítimos orientados a conocer la opinión y el sentir de la población.
Desde luego que quienes nos gobiernan deben tener cierto margen de maniobra para atender las necesidades de la ciudadanía, escuchar al electorado y cumplir con el mandato popular. Las leyes no son fetiches y no debieran ser empleadas como programas de computación, sino interpretadas con un sentido histórico y aplicadas con creatividad, arrojo y apertura. La consulta propuesta para el 27 de julio es un ejemplo de la nueva forma de ejercer el poder público que empieza a articularse en el México democrático de hoy.
El fetichismo se caracteriza por la atribución de poderes sobrenaturales a un objeto material o social. Augusto Comte utilizó el término para estudiar las religiones tradicionales que idolatran árboles, máscaras y tótems como entes mágicos. Carlos Marx teorizaba sobre el fetichismo del capital, que hace que las mercancías cobren vida y valor independiente del trabajo humano incorporado en ellas. Sigmund Freud escribió sobre los fetiches sexuales, encarnados en un objeto o una parte del cuerpo humano que provocan un deseo sexual desproporcionado. El fetichismo, pues, implica la extracción de algo de su contexto y la consecuente exageración de sus poderes propios.
La ley no es algo mágico o sobrenatural, sino una construcción social. Las normas son redactadas por personas con inquietudes políticas, escritas en un lenguaje en constante transformación, e interpretadas por seres humanos de carne y hueso. Es un grave error hablar de “la ley”, “el Estado de derecho” o “la legalidad” a secas, como si fueran entes con vida propia independiente del contexto social y político en que se desarrollan. Tal fetichismo de la norma nos remite a las peores épocas del autoritarismo del Estado en que ni la ciudadanía ni los servidores públicos tenían derecho a cuestionar o a interpretar la ley, sino tenían que limitarse a obedecer dócilmente la “razón del Estado”.
Los debates recientes sobre la consulta popular y la reforma petrolera demuestran que el fetichismo sigue vivo en el México democrático de hoy. En su agria réplica a Arnaldo Córdova (El Universal, viernes 13 de junio), Miguel Carbonell se erige guardián de la “ciencia jurídica” y califica a Córdova de “espiritista” e “ideólogo”. Carbonell se presenta como un intérprete puro del “alcance semántico” de las palabras de la Constitución, como alguien dotado de poderes sobrenaturales para sentir directamente y sin mediaciones la esencia de un objeto sagrado. Según él, todo lo demás es dogma e ideología. Pero cabe preguntarnos si el “espiritista” es Córdova o Carbonell, ya que al dar al traste con la historia del país y el pacto social encarnado en la Carta Magna el replicante termina convirtiendo la ley en fetiche.
Otro ejemplo al respecto lo constituye un texto reciente de José Woldenberg (“La consulta”, Reforma, 5 de junio) que recurre al famoso “principio de legalidad” para señalar que la consulta sería ilegal dado que los funcionarios públicos solamente pueden hacer lo que está explícitamente permitido por la ley. Siguiendo una larga tradición que utiliza este principio para justificar la inacción y la pasividad gubernamental, el autor concluye que Marcelo Ebrard no puede organizar una consulta en materia petrolera porque el Gobierno del Distrito Federal no cuenta con un voto en el Congreso de la Unión.
De acuerdo con la muy particular interpretación del antiguo consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), las autoridades públicas deben comportarse como autómatas burocratizados sin imaginación, creatividad o cercanía con la ciudadanía. Según Woldenberg, el jefe de Gobierno no tendría por qué inmiscuirse en asuntos que no son de su competencia, aun cuando un amplio porcentaje del presupuesto del Distrito Federal venga de participaciones federales financiadas precisamente por la renta petrolera.
El problema es que si llevamos esta lógica hasta sus últimas consecuencias llegaríamos a una situación de parálisis gubernamental verdaderamente absurda. Por ejemplo, el artículo 70 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal señala que los recorridos de los jefes delegacionales tienen la finalidad de “verificar la forma y las condiciones en que se prestan los servicios públicos [así como] el estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la comunidad tenga interés”. No se hace mención alguna a la problemática social de la entidad. Así que si un ciudadano se acercara al jefe delegacional durante su recorrido para conversar sobre la drogadicción o el desempleo, el servidor público tendría que evitar este intercambio o de lo contrario exponerse a ser enjuiciado por “extralimitarse” en sus funciones.
En el mismo orden de ideas, Diego Valadés nos ha recordado que tampoco hay norma que ordene a la Presidencia de la República realizar encuestas todos los días. Sería tan absurdo prohibir una consulta popular como impedir la realización de estos cotidianos sondeos. Ambas actividades son ejercicios perfectamente legítimos orientados a conocer la opinión y el sentir de la población.
Desde luego que quienes nos gobiernan deben tener cierto margen de maniobra para atender las necesidades de la ciudadanía, escuchar al electorado y cumplir con el mandato popular. Las leyes no son fetiches y no debieran ser empleadas como programas de computación, sino interpretadas con un sentido histórico y aplicadas con creatividad, arrojo y apertura. La consulta propuesta para el 27 de julio es un ejemplo de la nueva forma de ejercer el poder público que empieza a articularse en el México democrático de hoy.
Del debate energético. La motivación presidencial
Javier Jiménez Espriú /I
Con motivo de los foros de debate del Senado de la República sobre las iniciativas para la “reforma energética” propuestas por el presidente Calderón fui invitado a exponer mis puntos de vista.
Por el tiempo disponible, sólo abordé los que considero más delicados de las iniciativas y su impacto en la ingeniería y el desarrollo tecnológico de México. Hoy, con la hospitalidad de La Jornada, inicio un resumen de mi participación y mis reflexiones sobre lo debatido en una serie de artículos semanales.
“Con plena convicción –dije–, considero que la propuesta, desde el diagnóstico, es insuficiente en el análisis económico, discutible desde el punto de vista técnico, inconsistente en el aspecto legal, ignorante de contenido histórico y ayuna de sensibilidad política.”
Esta convicción se ha visto a diario reforzada en los debates y en un sinnúmero de reuniones que se han dado sobre el tema, en las que si bien ha habido apoyos a las iniciativas o a partes de ellas, los argumentos opuestos a las propuestas y el énfasis a importantes y obvias omisiones, suman una mayoría aplastante.
Me referí a esos cinco aspectos, porque Pemex no es una industria común ni puede analizarse a fondo si alguno se soslaya.
No sólo es la empresa que tiene a su cargo los más importantes recursos naturales con que contamos, área estratégica de exclusividad del Estado, según nuestra Carta Magna. No es sólo una productora de commodities. Es una institución que, como ninguna otra, ha hecho viable el desarrollo de México, posible su factibilidad financiera y enfatizado su identidad como nación independiente. Su importancia económica, política y social es un todo inseparable.
Pemex es desde su nacimiento la empresa emblemática de la soberanía nacional. Pero aun siendo el organismo más importante del sector, hablar de una reforma energética y limitarla a la restructuración de Pemex es una aberración del gobierno que no cuenta con un plan energético ni petrolero de largo plazo, explicable sólo por su deseo de abrir la empresa, cuanto antes, a la participación privada,
Esto es preocupante sobre todo cuando se ha insistido desde hace muchos años en la urgencia de las “reformas estructurales” fundamentales para el desarrollo del país –la energética particularmente–, y nos ofrecen de pronto algo improvisado y con enormes carencias y fisuras.
Ha sido claro en el debate que las iniciativas tienen más omisiones que temas importantes tratados, y que hay más propuestas erróneas y comprometedoras que aciertos. Los abordaré sin muchas cifras y en términos sencillos, para beneficio de quienes no están adentrados en los complejos aspectos de la industria petrolera.
La falla original de las iniciativas, de la que surge el resto, es que nace de la decisión gubernamental de abrir la industria al sector privado, y a partir de ella acomodar premisas, argumentos y diagnóstico. La decisión primero y luego el diagnóstico.
El Presidente de la República al enviar las iniciativas dijo que con la propuesta Pemex se fortalece, que no hay contratos de riesgo, que no hay privatización, que los hidrocarburos son y seguirán siendo sólo de los mexicanos.
Los mexicanos sabemos leer, analizar y discernir, y de la lectura y el análisis de las iniciativas deducimos con meridiana claridad su intención primigenia y sabemos que si se convierten en ley: se autorizan los contratos de riesgo; Pemex inicia su privatización, contra la exclusividad que la Constitución le otorga en el conjunto de la industria petrolera y, por tanto, se debilita, se minimiza e inicia su transformación de una industria integrada a una administradora de contratos cuyos beneficiarios no seremos los mexicanos.
Esto cuando hay compatriotas altamente capacitados en todas las áreas de la industria petrolera, tanto en Pemex como en el sector académico, en las jubilaciones prematuras y en empresas privadas, que conocen todos los pasos de la industria, el estado de nuestras reservas, las formas de optimizar la producción, los tiempos para la búsqueda de nuevos yacimientos, para la adquisición de las tecnologías necesarias y para la formación del personal requerido, en suma, capaces de atender las necesidades actuales y futuras de nuestra industria fundamental, sin necesidad de compartir nuestros hidrocarburos ni entregar parte de los beneficios de la industria a la participación privada.
Con motivo de los foros de debate del Senado de la República sobre las iniciativas para la “reforma energética” propuestas por el presidente Calderón fui invitado a exponer mis puntos de vista.
Por el tiempo disponible, sólo abordé los que considero más delicados de las iniciativas y su impacto en la ingeniería y el desarrollo tecnológico de México. Hoy, con la hospitalidad de La Jornada, inicio un resumen de mi participación y mis reflexiones sobre lo debatido en una serie de artículos semanales.
“Con plena convicción –dije–, considero que la propuesta, desde el diagnóstico, es insuficiente en el análisis económico, discutible desde el punto de vista técnico, inconsistente en el aspecto legal, ignorante de contenido histórico y ayuna de sensibilidad política.”
Esta convicción se ha visto a diario reforzada en los debates y en un sinnúmero de reuniones que se han dado sobre el tema, en las que si bien ha habido apoyos a las iniciativas o a partes de ellas, los argumentos opuestos a las propuestas y el énfasis a importantes y obvias omisiones, suman una mayoría aplastante.
Me referí a esos cinco aspectos, porque Pemex no es una industria común ni puede analizarse a fondo si alguno se soslaya.
No sólo es la empresa que tiene a su cargo los más importantes recursos naturales con que contamos, área estratégica de exclusividad del Estado, según nuestra Carta Magna. No es sólo una productora de commodities. Es una institución que, como ninguna otra, ha hecho viable el desarrollo de México, posible su factibilidad financiera y enfatizado su identidad como nación independiente. Su importancia económica, política y social es un todo inseparable.
Pemex es desde su nacimiento la empresa emblemática de la soberanía nacional. Pero aun siendo el organismo más importante del sector, hablar de una reforma energética y limitarla a la restructuración de Pemex es una aberración del gobierno que no cuenta con un plan energético ni petrolero de largo plazo, explicable sólo por su deseo de abrir la empresa, cuanto antes, a la participación privada,
Esto es preocupante sobre todo cuando se ha insistido desde hace muchos años en la urgencia de las “reformas estructurales” fundamentales para el desarrollo del país –la energética particularmente–, y nos ofrecen de pronto algo improvisado y con enormes carencias y fisuras.
Ha sido claro en el debate que las iniciativas tienen más omisiones que temas importantes tratados, y que hay más propuestas erróneas y comprometedoras que aciertos. Los abordaré sin muchas cifras y en términos sencillos, para beneficio de quienes no están adentrados en los complejos aspectos de la industria petrolera.
La falla original de las iniciativas, de la que surge el resto, es que nace de la decisión gubernamental de abrir la industria al sector privado, y a partir de ella acomodar premisas, argumentos y diagnóstico. La decisión primero y luego el diagnóstico.
El Presidente de la República al enviar las iniciativas dijo que con la propuesta Pemex se fortalece, que no hay contratos de riesgo, que no hay privatización, que los hidrocarburos son y seguirán siendo sólo de los mexicanos.
Los mexicanos sabemos leer, analizar y discernir, y de la lectura y el análisis de las iniciativas deducimos con meridiana claridad su intención primigenia y sabemos que si se convierten en ley: se autorizan los contratos de riesgo; Pemex inicia su privatización, contra la exclusividad que la Constitución le otorga en el conjunto de la industria petrolera y, por tanto, se debilita, se minimiza e inicia su transformación de una industria integrada a una administradora de contratos cuyos beneficiarios no seremos los mexicanos.
Esto cuando hay compatriotas altamente capacitados en todas las áreas de la industria petrolera, tanto en Pemex como en el sector académico, en las jubilaciones prematuras y en empresas privadas, que conocen todos los pasos de la industria, el estado de nuestras reservas, las formas de optimizar la producción, los tiempos para la búsqueda de nuevos yacimientos, para la adquisición de las tecnologías necesarias y para la formación del personal requerido, en suma, capaces de atender las necesidades actuales y futuras de nuestra industria fundamental, sin necesidad de compartir nuestros hidrocarburos ni entregar parte de los beneficios de la industria a la participación privada.
Los latinoamericanos desaprueban las privatizaciones
Carlos Fernández-Vega
Histeria entre poderosos
Las encuestas más serias sobre la evaluación de los latinoamericanos acerca de la política privatizadora que indiscriminadamente han aplicado los gobiernos regionales en los últimos cinco lustros, aportan un elemento demoledor: siete de cada diez encuestados rechazan no sólo los resultados observados, sino esa política en sí, toda vez que los beneficios se concentran en unas cuantas manos, las mismas, en la mayoría de los casos, que ya gozaban de cualquier cantidad de privilegios antes de las privatizaciones.
En ninguno de los países regionales los respectivos gobiernos consultaron a la población sobre si estaba de acuerdo o no con que los bienes nacionales fueran “traspasados” al capital privado, nacional o extranjero. Fueron decisiones del grupo en el poder, el cual, mientras se repartía el botín, habló y habló de los “beneficios sociales” que la política privatizadora traería a “las masas desprotegidas” de América Latina. A la vuelta de 25 años, la deuda social adquiere niveles verdaderamente indignantes.
Una de las instituciones regionales que con mayor decisión impulsó, impulsa, la referida política privatizadora, el Banco Interamericano de Desarrollo, paradójicamente es la que aporta un elemento decisivo para entender el por qué del arrollador avance privatizador en América Latina, el cual también explica el caso mexicano y advierte lo que podría pasar en el país justo en el momento político que vive México en materia petrolera, al tiempo que fundamenta las histéricas reacciones del grupo en el poder.
Destaca el BID que “Uruguay fue el único país (en América Latina) que no privatizó empresas (públicas) en los sectores de electricidad, petróleo y telecomunicaciones (en el periodo referido), quizá porque las privatizaciones propuestas estaban explícitamente sujetas a referéndum popular, mecanismo que no se utilizó en ningún otro país de la región” (el subrayado es de México SA).
Los uruguayos dijeron NO al “traspaso” de esas empresas paraestatales y sectores al capital privado, y las mantuvieron bajo la propiedad de la nación. En el otro extremo, señala el BID, en Argentina se llevó a cabo una privatización que influyó prácticamente sobre todos los sectores de infraestructura y producción, así como en otras áreas en las que el Estado estaba implicado; “las considerables excepciones comprenden algunas empresas de salud provinciales y algunos bancos provinciales y nacionales”.
Carlos Saúl Menem fue declarado campeón privatizador en América Latina, seguido muy de cerca por su tocayo Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, y por la naciente “democracia” brasileña, que, como en Argentina y México, tampoco consultó al pueblo sobre el destino de sus bienes, es decir, los del Estado.
En su ánimo por justificar la política privatizadora, el BID cae en severa contradicción al señalar que “por lo general, los latinoamericanos han desaprobado las privatizaciones desde las etapas iniciales de las reformas estructurales a comienzos de los años noventa. Con todo, los niveles de aprobación que han dado las encuestas de opinión para las privatizaciones han aumentado sustancialmente en los últimos años, a medida que los beneficios de determinadas privatizaciones se hicieron más evidentes” (ídem).
Sin embargo, la misma institución explica qué entiende por “aumento sustancial”: “aproximadamente dos de cada tres latinoamericanos tienen una opinión negativa de las privatizaciones. En la última encuesta de Latinobarómetro (2006), que abarcó 17 países, solamente 30 por ciento de los latinoamericanos declaró estar satisfecho o muy satisfecho con los resultados de la privatización de servicios públicos, considerando precio y calidad”. El 70 por ciento restante se manifestó en riguroso sentido contrario. ¿Dónde quedó el aumento sustancial de aprobación?
¿Qué hubiera sucedido con la política privatizadora en América Latina si los gobiernos hubieran consultado a sus ciudadanos, los únicos dueños de los bienes, sobre la pertinencia o no de abrir al capital privado tal o cual empresa o sector productivo propiedad de la nación? Sin duda, el Estado se mantendría como el dueño de esas empresas o sectores, y los países regionales hubieran aprovechado para sí miles de millones de dólares que hoy son de “los nuevos propietarios”, igual de corruptos, o más, que los corruptos gubernamentales.
En México, si los “democráticos” gobiernos neoliberales se hubieran animado a consultar a los ciudadanos, ¿qué habría sido de la banca, los puertos y aeropuertos, las aerolíneas, las carreteras, la telefonía, las minas, los ingenios azucareros, los satélites, la energía eléctrica, el gas natural y tantas y tantas otras empresas, bienes y sectores hoy privatizados o semiprivatizados? Sin duda, permanecerían como empresas, bienes y sectores propiedad de la nación; tal vez se habría aliviado la vergonzosa concentración del ingreso y la riqueza, y mejorado el perfil social, a cambio de perder el privilegio de tener al segundo hombre más rico del mundo y carecer de una decena de multimillonarios marca Forbes, con todo lo que ello políticamente implica.
Ahora van por el petróleo mexicano, la única joya que permanece bajo resguardo del Estado. Los mismos que a lo largo de cinco lustros vendieron toda la infraestructura productiva de la nación y los bienes y servicios públicos, hoy pretenden privatizar el oro negro con el mismo discurso (“es por el bien de la nación y con fines sociales; es por el bien de los mexicanos”) con el que, en venta de garaje, desmantelaron los sectores estratégicos a favor del capital privado.
Queda claro, pues, el por qué de la histérica reacción del grupo en el poder, ante la amenaza que para él representa una consulta ciudadana sobre el petróleo.
Las rebanadas del pastel
El cínico cardenal Juan Sandoval Iñiguez, líder de los cristeros emPANizados, cree que “para terminar con la polémica” es suficiente regresar el dinero público que ilegalmente “donó” el góber piadoso, Emilio González Márquez, a la causa del “santuario de los mártires”. Pues no: la “polémica” concluiría si ambos personajes estuvieran en la cárcel (auto flagelándose y mentando madres a diestra y siniestra, respectivamente).
Histeria entre poderosos
Las encuestas más serias sobre la evaluación de los latinoamericanos acerca de la política privatizadora que indiscriminadamente han aplicado los gobiernos regionales en los últimos cinco lustros, aportan un elemento demoledor: siete de cada diez encuestados rechazan no sólo los resultados observados, sino esa política en sí, toda vez que los beneficios se concentran en unas cuantas manos, las mismas, en la mayoría de los casos, que ya gozaban de cualquier cantidad de privilegios antes de las privatizaciones.
En ninguno de los países regionales los respectivos gobiernos consultaron a la población sobre si estaba de acuerdo o no con que los bienes nacionales fueran “traspasados” al capital privado, nacional o extranjero. Fueron decisiones del grupo en el poder, el cual, mientras se repartía el botín, habló y habló de los “beneficios sociales” que la política privatizadora traería a “las masas desprotegidas” de América Latina. A la vuelta de 25 años, la deuda social adquiere niveles verdaderamente indignantes.
Una de las instituciones regionales que con mayor decisión impulsó, impulsa, la referida política privatizadora, el Banco Interamericano de Desarrollo, paradójicamente es la que aporta un elemento decisivo para entender el por qué del arrollador avance privatizador en América Latina, el cual también explica el caso mexicano y advierte lo que podría pasar en el país justo en el momento político que vive México en materia petrolera, al tiempo que fundamenta las histéricas reacciones del grupo en el poder.
Destaca el BID que “Uruguay fue el único país (en América Latina) que no privatizó empresas (públicas) en los sectores de electricidad, petróleo y telecomunicaciones (en el periodo referido), quizá porque las privatizaciones propuestas estaban explícitamente sujetas a referéndum popular, mecanismo que no se utilizó en ningún otro país de la región” (el subrayado es de México SA).
Los uruguayos dijeron NO al “traspaso” de esas empresas paraestatales y sectores al capital privado, y las mantuvieron bajo la propiedad de la nación. En el otro extremo, señala el BID, en Argentina se llevó a cabo una privatización que influyó prácticamente sobre todos los sectores de infraestructura y producción, así como en otras áreas en las que el Estado estaba implicado; “las considerables excepciones comprenden algunas empresas de salud provinciales y algunos bancos provinciales y nacionales”.
Carlos Saúl Menem fue declarado campeón privatizador en América Latina, seguido muy de cerca por su tocayo Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, y por la naciente “democracia” brasileña, que, como en Argentina y México, tampoco consultó al pueblo sobre el destino de sus bienes, es decir, los del Estado.
En su ánimo por justificar la política privatizadora, el BID cae en severa contradicción al señalar que “por lo general, los latinoamericanos han desaprobado las privatizaciones desde las etapas iniciales de las reformas estructurales a comienzos de los años noventa. Con todo, los niveles de aprobación que han dado las encuestas de opinión para las privatizaciones han aumentado sustancialmente en los últimos años, a medida que los beneficios de determinadas privatizaciones se hicieron más evidentes” (ídem).
Sin embargo, la misma institución explica qué entiende por “aumento sustancial”: “aproximadamente dos de cada tres latinoamericanos tienen una opinión negativa de las privatizaciones. En la última encuesta de Latinobarómetro (2006), que abarcó 17 países, solamente 30 por ciento de los latinoamericanos declaró estar satisfecho o muy satisfecho con los resultados de la privatización de servicios públicos, considerando precio y calidad”. El 70 por ciento restante se manifestó en riguroso sentido contrario. ¿Dónde quedó el aumento sustancial de aprobación?
¿Qué hubiera sucedido con la política privatizadora en América Latina si los gobiernos hubieran consultado a sus ciudadanos, los únicos dueños de los bienes, sobre la pertinencia o no de abrir al capital privado tal o cual empresa o sector productivo propiedad de la nación? Sin duda, el Estado se mantendría como el dueño de esas empresas o sectores, y los países regionales hubieran aprovechado para sí miles de millones de dólares que hoy son de “los nuevos propietarios”, igual de corruptos, o más, que los corruptos gubernamentales.
En México, si los “democráticos” gobiernos neoliberales se hubieran animado a consultar a los ciudadanos, ¿qué habría sido de la banca, los puertos y aeropuertos, las aerolíneas, las carreteras, la telefonía, las minas, los ingenios azucareros, los satélites, la energía eléctrica, el gas natural y tantas y tantas otras empresas, bienes y sectores hoy privatizados o semiprivatizados? Sin duda, permanecerían como empresas, bienes y sectores propiedad de la nación; tal vez se habría aliviado la vergonzosa concentración del ingreso y la riqueza, y mejorado el perfil social, a cambio de perder el privilegio de tener al segundo hombre más rico del mundo y carecer de una decena de multimillonarios marca Forbes, con todo lo que ello políticamente implica.
Ahora van por el petróleo mexicano, la única joya que permanece bajo resguardo del Estado. Los mismos que a lo largo de cinco lustros vendieron toda la infraestructura productiva de la nación y los bienes y servicios públicos, hoy pretenden privatizar el oro negro con el mismo discurso (“es por el bien de la nación y con fines sociales; es por el bien de los mexicanos”) con el que, en venta de garaje, desmantelaron los sectores estratégicos a favor del capital privado.
Queda claro, pues, el por qué de la histérica reacción del grupo en el poder, ante la amenaza que para él representa una consulta ciudadana sobre el petróleo.
Las rebanadas del pastel
El cínico cardenal Juan Sandoval Iñiguez, líder de los cristeros emPANizados, cree que “para terminar con la polémica” es suficiente regresar el dinero público que ilegalmente “donó” el góber piadoso, Emilio González Márquez, a la causa del “santuario de los mártires”. Pues no: la “polémica” concluiría si ambos personajes estuvieran en la cárcel (auto flagelándose y mentando madres a diestra y siniestra, respectivamente).
Bienvenido a la realidad
Julio Hernández López
Luego de su ensueño hispano, el ocupante de la Presidencia de la República ha de hacerse cargo de la realidad. Por más esfuerzos de propaganda que su equipo ha hecho, el debate senatorial va siendo perdido por quienes defienden las propuestas calderónicas, tan desdibujadas ya, que los restauradores priístas se alistan a presentar una alternativa más o menos defendible o, cuando menos, no tan peor como el descascarado modelo original. La falta de gloria en las armas blanquiazules se debe, entre otros factores, a la carga histórica negativa de Francisco Labastida (cuya simple presencia augura funerales políticos), los ajustes mafiosos de cuentas con Santiago Creel (quien “sabiamente” se prepara a sacar raja del infortunio), el futurismo desbordado de Manlio Fabio Beltrones y la constantemente exhibida vocación empresarial del calderonismo –Gustavo Madero, el más reciente botón de muestra– que está decidido a hacer negocios privados a partir de los dineros públicos a como dé lugar.
Tampoco han prendido los intentos de sabotaje de la consulta ciudadana que se realizará en el Distrito Federal y otras ciudades, de tal manera que los intentos de sacar adelante las privatizadoras reformas reformadas en el exclusivo ámbito, aritméticamente dominado, de lo legislativo, se verán dañados seriamente en su legitimidad si no toman en cuenta los resultados de esos ejercicios cívicos, antaño tan demandados por los panistas que llegados al poder los combaten con pasión de santos inquisidores. Los antes mencionados intentos de sabotaje tienen una expresión peculiar en los súbitos y nada congruentes afanes de Nueva Izquierda, el grupo que se ha alzado con el membrete de la presidencia sustituta del PRD, por promover y encabezar el movimiento de oposición a los deseos felipenses de privatizar el petróleo. Guadalupe Acosta Naranjo quiere colarse a toda costa en la sala de mandos del movimiento civil, ondeando la bandera de la adhesión activa a la lucha en defensa del petróleo y suponiendo que tal disposición del chuchismo ha de resultar tan presuntamente noble que no merecería rechazo. Pero la historia y los antecedentes de esa corriente de negociaciones les impide asentarse con naturalidad en las filas realmente opositoras, aunque el pragmatismo extremo del momento –la unidad a toda costa, como en los peores momentos del abatimiento de la crítica en la izquierda, de la aceptación de los peores compañeros de viaje a cuento de “sumar” lo que fuera– les permite entreabrir puertas de las que más temprano que tarde saldrán, cuando sus jefes poderosos hagan trueques ventajosos o cuando hayan introducido virus de división y confusión por cuya instalación sean también adecuadamente recompensados.
Llegado de su gira de fantasía, en la que la elite hispana lo acogió como el subastador de gangas al que los conocedores del mercado embriagan con elogios y atenciones para que mantenga su política de entreguismo a bajo costo, el licenciado FC deberá enfrentar la realidad de su derrota real y de la inviabilidad pacífica de sacar adelante sus proyectos. Y reconsiderar las voces de su círculo íntimo que siguen impulsando la posibilidad de imponer, mediante golpe legislativo, y posterior mano dura, policiaca y militar, reformas apenas retocadas que les permitan cumplir con las promesas de negocios hechas en el extranjero.
Astillas
Los veracruzanos parecen condenados a bailar los peores sones de la política. Apenas salidos de la pesadilla de corrupción, represión y elitismo que encabezó Miguel Alemán Velasco, tuvieron enfrente al representante de lo más oscuro del priísmo tradicional, Fidel Herrera, cultivador enfermizo de una falsa adoración pública por su nombre y estampa y empedernido practicante de trampas políticas y electorales. Ahora se apunta como aspirante a salvador de aquellos lares ni más ni menos que Miguel Ángel Yunes, quien dejó el priísmo para colocarse como soldado de la generala Gordillo y se ha afiliado al Partido Acción Nacional para ir prefigurando las alianzas entre la organización teñida de blanco y azul y los representantes de la profesora Elba Esther. PAN y PANal convertidos por las circunstancias en medicina similar, con candidatos comunes a la Cámara de Diputados en 2009, pero también con postulaciones conjuntas a gobernador en entidades como Veracruz, donde el hijo del actual director del ISSSTE y nuevo panista es presidente municipal de Boca del Río y avanzada de las ambiciones de Yunes papá... Otro priísta de cepa que está a la espera de mejores oportunidades en el mundillo panista es Diódoro Carrasco, quien ha puesto al servicio del calderonismo sus mejores luces en materia legislativa –es diputado federal–, pero mantiene la mira en la Secretaría de Gobernación, fantasmalmente ocupada por el Zombi (político) de Galicia... Condenado a cumplir una sentencia desmesurada en una prisión de aislamiento e inhumanidad (de “alta seguridad” le llaman), Ignacio del Valle Medina, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, habrá de enterarse de la muerte de su padre, Miguel del Valle, acontecida este fin de semana, a quien ciudadanos en lucha velaron y acompañaron en su regreso a la tierra... Saúl Montiel informa desde Tepeji del Río que el padre de D_oni Zänä (flor de luna, en otomí), César Cruz Benítez, es maestro de música, vecino de San Idelfonso, en el citado municipio hidalguense, y que con el logro de que su hija fuese registrada con el subrayado y diéresis que corresponden a su lengua natal, ha conseguido que cualquier ciudadano indígena mexicano pueda llevar su nombre tal cual a su tradición cultural corresponde... Y mientras por todo el país son mandadas al diablo las instituciones, con decenas de cubanos “rescatados” por mafias de traficantes de personas o con ciudadanos secuestrados de oficinas de gobierno por comandos de narcotraficantes, ¡hasta mañana, en esta columna que ve en diversas partes del país el proceso de privatización (a cargo de extranjeros, principalmente españoles) del agua potable!
Luego de su ensueño hispano, el ocupante de la Presidencia de la República ha de hacerse cargo de la realidad. Por más esfuerzos de propaganda que su equipo ha hecho, el debate senatorial va siendo perdido por quienes defienden las propuestas calderónicas, tan desdibujadas ya, que los restauradores priístas se alistan a presentar una alternativa más o menos defendible o, cuando menos, no tan peor como el descascarado modelo original. La falta de gloria en las armas blanquiazules se debe, entre otros factores, a la carga histórica negativa de Francisco Labastida (cuya simple presencia augura funerales políticos), los ajustes mafiosos de cuentas con Santiago Creel (quien “sabiamente” se prepara a sacar raja del infortunio), el futurismo desbordado de Manlio Fabio Beltrones y la constantemente exhibida vocación empresarial del calderonismo –Gustavo Madero, el más reciente botón de muestra– que está decidido a hacer negocios privados a partir de los dineros públicos a como dé lugar.
Tampoco han prendido los intentos de sabotaje de la consulta ciudadana que se realizará en el Distrito Federal y otras ciudades, de tal manera que los intentos de sacar adelante las privatizadoras reformas reformadas en el exclusivo ámbito, aritméticamente dominado, de lo legislativo, se verán dañados seriamente en su legitimidad si no toman en cuenta los resultados de esos ejercicios cívicos, antaño tan demandados por los panistas que llegados al poder los combaten con pasión de santos inquisidores. Los antes mencionados intentos de sabotaje tienen una expresión peculiar en los súbitos y nada congruentes afanes de Nueva Izquierda, el grupo que se ha alzado con el membrete de la presidencia sustituta del PRD, por promover y encabezar el movimiento de oposición a los deseos felipenses de privatizar el petróleo. Guadalupe Acosta Naranjo quiere colarse a toda costa en la sala de mandos del movimiento civil, ondeando la bandera de la adhesión activa a la lucha en defensa del petróleo y suponiendo que tal disposición del chuchismo ha de resultar tan presuntamente noble que no merecería rechazo. Pero la historia y los antecedentes de esa corriente de negociaciones les impide asentarse con naturalidad en las filas realmente opositoras, aunque el pragmatismo extremo del momento –la unidad a toda costa, como en los peores momentos del abatimiento de la crítica en la izquierda, de la aceptación de los peores compañeros de viaje a cuento de “sumar” lo que fuera– les permite entreabrir puertas de las que más temprano que tarde saldrán, cuando sus jefes poderosos hagan trueques ventajosos o cuando hayan introducido virus de división y confusión por cuya instalación sean también adecuadamente recompensados.
Llegado de su gira de fantasía, en la que la elite hispana lo acogió como el subastador de gangas al que los conocedores del mercado embriagan con elogios y atenciones para que mantenga su política de entreguismo a bajo costo, el licenciado FC deberá enfrentar la realidad de su derrota real y de la inviabilidad pacífica de sacar adelante sus proyectos. Y reconsiderar las voces de su círculo íntimo que siguen impulsando la posibilidad de imponer, mediante golpe legislativo, y posterior mano dura, policiaca y militar, reformas apenas retocadas que les permitan cumplir con las promesas de negocios hechas en el extranjero.
Astillas
Los veracruzanos parecen condenados a bailar los peores sones de la política. Apenas salidos de la pesadilla de corrupción, represión y elitismo que encabezó Miguel Alemán Velasco, tuvieron enfrente al representante de lo más oscuro del priísmo tradicional, Fidel Herrera, cultivador enfermizo de una falsa adoración pública por su nombre y estampa y empedernido practicante de trampas políticas y electorales. Ahora se apunta como aspirante a salvador de aquellos lares ni más ni menos que Miguel Ángel Yunes, quien dejó el priísmo para colocarse como soldado de la generala Gordillo y se ha afiliado al Partido Acción Nacional para ir prefigurando las alianzas entre la organización teñida de blanco y azul y los representantes de la profesora Elba Esther. PAN y PANal convertidos por las circunstancias en medicina similar, con candidatos comunes a la Cámara de Diputados en 2009, pero también con postulaciones conjuntas a gobernador en entidades como Veracruz, donde el hijo del actual director del ISSSTE y nuevo panista es presidente municipal de Boca del Río y avanzada de las ambiciones de Yunes papá... Otro priísta de cepa que está a la espera de mejores oportunidades en el mundillo panista es Diódoro Carrasco, quien ha puesto al servicio del calderonismo sus mejores luces en materia legislativa –es diputado federal–, pero mantiene la mira en la Secretaría de Gobernación, fantasmalmente ocupada por el Zombi (político) de Galicia... Condenado a cumplir una sentencia desmesurada en una prisión de aislamiento e inhumanidad (de “alta seguridad” le llaman), Ignacio del Valle Medina, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, habrá de enterarse de la muerte de su padre, Miguel del Valle, acontecida este fin de semana, a quien ciudadanos en lucha velaron y acompañaron en su regreso a la tierra... Saúl Montiel informa desde Tepeji del Río que el padre de D_oni Zänä (flor de luna, en otomí), César Cruz Benítez, es maestro de música, vecino de San Idelfonso, en el citado municipio hidalguense, y que con el logro de que su hija fuese registrada con el subrayado y diéresis que corresponden a su lengua natal, ha conseguido que cualquier ciudadano indígena mexicano pueda llevar su nombre tal cual a su tradición cultural corresponde... Y mientras por todo el país son mandadas al diablo las instituciones, con decenas de cubanos “rescatados” por mafias de traficantes de personas o con ciudadanos secuestrados de oficinas de gobierno por comandos de narcotraficantes, ¡hasta mañana, en esta columna que ve en diversas partes del país el proceso de privatización (a cargo de extranjeros, principalmente españoles) del agua potable!
Petróleo: pertinencia de la consulta ciudadana
Editorial
La organización del ejercicio democrático propuesto por el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, para recabar el sentir ciudadano en torno a las iniciativas orientadas a privatizar la industria petrolera, presentadas al Senado de la República en abril pasado por el Ejecutivo federal, ha ido cobrando fuerza y ganando adhesiones en semanas recientes, hasta el punto de colocarse como parteaguas del quehacer político. A pesar de las embestidas discursivas oficiales que pretenden, si no criminalizar, al menos ilegalizar la consulta en vías de organización, numerosos grupos sociales y destacadas personalidades han señalado la pertinencia de someter a la consideración ciudadana una alteración tan grave del pacto social como el que pretende efectuar el grupo gobernante con el traspaso de la petroquímica, los oleoductos y las tareas de perforación y extracción de crudo a corporaciones privadas, presumiblemente extranjeras en su mayoría.
El propio Felipe Calderón –quien niega sistemáticamente que su iniciativa de reformas equivalga a una privatización encubierta– hace unos días, refiriéndose a las vastas resistencias generadas por su propuesta, se jactaba en España que su propuesta había tocado un “tema tabú”. Pero nadie se opone a la modernización de Pemex, a que se le otorgue autonomía de gestión y menos al necesario establecimiento de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, omitidos en la iniciativa calderonista, la cual, por el contrario, incrementaría, de ser aprobada, la opacidad y la discrecionalidad con la que se ha manejado la administración de la paraestatal; en cambio, la oposición es a una intentona inocultablemente privatizadora y a las maneras vergonzantes con que se pretende implantarla, vía una ley secundaria y, para colmo, en abierta contradicción con lo estipulado en el artículo 27 constitucional.
Es posible que una de las razones principales del desagrado oficial ante la consulta ciudadana en preparación sea, precisamente, que pondrá en evidencia la mutilación a la propiedad pública que pretende realizarse. Otro de los motivos de la animadversión del gobierno federal al ejercicio democrático podría ser la renuencia general del grupo en el poder a la posibilidad de que se abra una fisura para la participación cívica real en un modelo institucional que es, en las formas, una democracia representativa, pero que en los hechos constituye un mecanismo de defensa y promoción de los intereses empresariales, mediáticos y políticos del grupo gobernante, y que ha hecho posible la impunidad de no pocos de sus integrantes.
Ese razonamiento, profundamente autoritario y antidemocrático que quisiera limitar la participación de los ciudadanos en los asuntos políticos a la estricta emisión de un sufragio cada tres o seis años, parece animar los alegatos regulares de entidades patronales como el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado contra la consulta y hasta del debate convocado por el Senado de la República para analizar las implicaciones de la iniciativa privatizadora calderonista; según ese organismo, la sociedad ya votó por los legisladores y no tiene derecho a entrometerse en el asunto petrolero, dada su “complejidad técnica, financiera, administrativa, laboral, constitucional, operativa”.
Ante estas argucias del autoritarismo tecnocrático es pertinente recordar que ninguna ley prohíbe la realización de la consulta; por el contrario, la Constitución, en su artículo 26 la estipula, al igual que la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Por lo demás, es evidente que con el ejercicio democrático referido no se pretende suplantar funciones del Legislativo, sino recabar la posición de la sociedad ante un tema de tal magnitud como la apertura de la industria petrolera al capital privado.
Para finalizar, la consulta ciudadana en preparación es, hoy por hoy, uno de los pocos puentes posibles entre una institucionalidad cada vez más aislada y alejada del país real y grandes sectores populares que no se sienten representados por ella. El sentido nacional y la visión de Estado aconsejarían, en tal circunstancia, promover, y no obstaculizar, el ejercicio democrático que se llevará a cabo el próximo 27 de julio.
La organización del ejercicio democrático propuesto por el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, para recabar el sentir ciudadano en torno a las iniciativas orientadas a privatizar la industria petrolera, presentadas al Senado de la República en abril pasado por el Ejecutivo federal, ha ido cobrando fuerza y ganando adhesiones en semanas recientes, hasta el punto de colocarse como parteaguas del quehacer político. A pesar de las embestidas discursivas oficiales que pretenden, si no criminalizar, al menos ilegalizar la consulta en vías de organización, numerosos grupos sociales y destacadas personalidades han señalado la pertinencia de someter a la consideración ciudadana una alteración tan grave del pacto social como el que pretende efectuar el grupo gobernante con el traspaso de la petroquímica, los oleoductos y las tareas de perforación y extracción de crudo a corporaciones privadas, presumiblemente extranjeras en su mayoría.
El propio Felipe Calderón –quien niega sistemáticamente que su iniciativa de reformas equivalga a una privatización encubierta– hace unos días, refiriéndose a las vastas resistencias generadas por su propuesta, se jactaba en España que su propuesta había tocado un “tema tabú”. Pero nadie se opone a la modernización de Pemex, a que se le otorgue autonomía de gestión y menos al necesario establecimiento de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, omitidos en la iniciativa calderonista, la cual, por el contrario, incrementaría, de ser aprobada, la opacidad y la discrecionalidad con la que se ha manejado la administración de la paraestatal; en cambio, la oposición es a una intentona inocultablemente privatizadora y a las maneras vergonzantes con que se pretende implantarla, vía una ley secundaria y, para colmo, en abierta contradicción con lo estipulado en el artículo 27 constitucional.
Es posible que una de las razones principales del desagrado oficial ante la consulta ciudadana en preparación sea, precisamente, que pondrá en evidencia la mutilación a la propiedad pública que pretende realizarse. Otro de los motivos de la animadversión del gobierno federal al ejercicio democrático podría ser la renuencia general del grupo en el poder a la posibilidad de que se abra una fisura para la participación cívica real en un modelo institucional que es, en las formas, una democracia representativa, pero que en los hechos constituye un mecanismo de defensa y promoción de los intereses empresariales, mediáticos y políticos del grupo gobernante, y que ha hecho posible la impunidad de no pocos de sus integrantes.
Ese razonamiento, profundamente autoritario y antidemocrático que quisiera limitar la participación de los ciudadanos en los asuntos políticos a la estricta emisión de un sufragio cada tres o seis años, parece animar los alegatos regulares de entidades patronales como el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado contra la consulta y hasta del debate convocado por el Senado de la República para analizar las implicaciones de la iniciativa privatizadora calderonista; según ese organismo, la sociedad ya votó por los legisladores y no tiene derecho a entrometerse en el asunto petrolero, dada su “complejidad técnica, financiera, administrativa, laboral, constitucional, operativa”.
Ante estas argucias del autoritarismo tecnocrático es pertinente recordar que ninguna ley prohíbe la realización de la consulta; por el contrario, la Constitución, en su artículo 26 la estipula, al igual que la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Por lo demás, es evidente que con el ejercicio democrático referido no se pretende suplantar funciones del Legislativo, sino recabar la posición de la sociedad ante un tema de tal magnitud como la apertura de la industria petrolera al capital privado.
Para finalizar, la consulta ciudadana en preparación es, hoy por hoy, uno de los pocos puentes posibles entre una institucionalidad cada vez más aislada y alejada del país real y grandes sectores populares que no se sienten representados por ella. El sentido nacional y la visión de Estado aconsejarían, en tal circunstancia, promover, y no obstaculizar, el ejercicio democrático que se llevará a cabo el próximo 27 de julio.
Boletín Informativo ISA núm 450
http://serviciodenoticiasisa
Sumario:
I. Denuncia López Obrador delitos de tráfico de influencias del nuevo coordinador panista en el senado, Gustavo Madero
II. Pemex guerra: resultados iniciales, por José Agustín Ortiz Pinchetti
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DENUNCIA LÓPEZ OBRADOR DELITOS DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS DEL NUEVO COORDINADOR PANISTA EN EL SENADO, GUSTAVO MADERO
En el municipio de Francisco I. Madero, donde inició sus actividades dominicales, Andrés Manuel López Obrador denunció que el nuevo coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Senado, Gustavo Enrique Madero Muñoz, “resultó ser también un traficante de influencias, al igual que el delincuente confeso y secretario de Gobernación del gobierno espurio, Juan Camilo Mouriño”.
“El relevo de Santiago Creel y nuevo responsable de impulsar la denominada reforma energética en el Senado, ha hecho negocios al amparo del poder público para beneficio de sus empresas. Un caso documentado señala que hace cuatro años y medio, Madero era diputado federal y su empresa Electronic Publishing obtuvo un contrato por 5.1 millones de pesos de la Secretaría de Energía, cuyo titular era nada menos que Felipe Calderón”, detalló. “Ahora resulta que los panistas de arriba son más rateros y corruptos que los priistas y ha quedado de manifiesto que su verdadera doctrina es la hipocresía”, afirmó.
Más adelante, el presidente legítimo de México hizo referencia al viaje de Felipe Calderón a España y aseveró que “el pelele recibe un trato preferencial en España, le extienden la alfombra roja, le aplauden, lo condecoran, hasta le queman incienso, y no necesariamente porque se trate de un estadista, sino porque es un empleado de los potentados, un vasallo de las grandes empresas de aquella nación”.
“¡Cómo no lo van a tratar bien!, si está trabajando a favor de la Corona y para beneficio del capital privado español, que ha hecho su agosto en México, porque está metido en todo”, principalmente en el sector eléctrico, en la administración del agua y hasta en los negocios que representan la instalación de basureros de desechos tóxicos, aseguró Andrés Manuel López Obrador.
En la reunión informativa con brigadistas en defensa del petróleo de Tlahualilo, Durango, y Francisco I. Madero, Coahuila, el dirigente de la izquierda mexicana aclaró que los hombres del dinero de España le aplauden y condecoran a Calderón Hinojosa porque “ha hecho muchos servicios al capital financiero” y puso de ejemplo que casi la totalidad de la banca mexicana está en manos de banqueros e inversionistas de aquel país. “Otro caso lo representa el sector eléctrico, en donde las compañías españolas generan 40 por ciento del consumo nacional de energía eléctrica y dominan el sistema de distribución de gas doméstico en las principales ciudades de la República Mexicana”, detalló.
A lo anterior agregó que las empresas españolas también tienen previsto construir basureros de desechos peligrosos en algunos estados del país, como en Hidalgo, cuando ese tipo de instalaciones están prohibidas en el territorio español, y advirtió que los procesos de privatización en México son sinónimo de corrupción en todos los casos.
Se refirió en específico a los procesos de venta de los bancos, de las minas, de los aeropuertos, de la empresa telefónica, de los ferrocarriles y de las líneas aéreas. “Cuando se privatizó Teléfonos de México, se ofreció que habría un servicio de primer mundo, pero sólo se logró la aplicación de las tarifas más caras del mundo por el uso del servicio”, agregó.
López Obrador preguntó a los brigadistas: ¿En qué ha beneficiado las privatizaciones al pueblo de México? En nada, fue la respuesta que obtuvo de los ciudadanos de Durango y Coahuila. “Ahora, la minoría rapaz pretende adueñarse del petróleo, que es propiedad de la nación y que fue expropiado para beneficio del pueblo de México”, señaló al advertir que “sería el acabose para nuestro país, seríamos esclavos en nuestra propia tierra y seríamos una colonia”, si se permite que la industria petrolera pase a manos de particulares extranjeros.
En materia de inseguridad y violencia, el presidente legítimo de los mexicanos manifestó que Calderón carece de autoridad moral para combatir al crimen organizado, porque hace dos años se robó la Presidencia de la República. “Ambos problemas que se han extendido por toda la geografía nacional, se resolverán con la creación de fuentes de empleo, con garantizar el bienestar de las familias y con oportunidades de estudio para miles de jóvenes; pero hasta el momento no hay ningún indicio de que Calderón vaya a cambiar el actual régimen antipopular y entreguista ni la política económica neoliberal”, destacó.
“Con el actual modelo —prosiguió—, no habrá una salida a la inseguridad y a la violencia, por más manotazos que dé Calderón y declaratorias de guerra a la delincuencia organizada, ni aun colocándose el trajecito de militar, que le queda grande y que le hace parecer al comandante Borolas. En la solución de los problemas nacionales, se requiere de autoridad moral”, insistió.
Por la tarde, López Obrador sostuvo un encuentro con los brigadistas de San Pedro de las Colonias, Coahuila, y Gómez Palacio, Durango. Ahí, informó a los brigadistas de la Comarca Lagunera que el próximo 27 de julio se llevará a cabo una consulta popular sobre el petróleo en los municipios gobernados por el PRD, PT y Convergencia y que el mismo ejercicio ciudadano se realizará posteriormente, en una semana o 15 días después, en el resto del territorio nacional.
Luego, en Gómez Palacio, manifestó que el 29 de junio se realizará una asamblea informativa nacional en el Zócalo de la Ciudad de México, con la asistencia de aproximadamente 200 mil brigadistas. “En el corazón político de México se hará una evaluación de los trabajos realizados por los brigadistas y se dará a conocer la logística de la consulta popular sobre la industria petrolera”, añadió.
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PEMEX GUERRA: RESULTADOS INICIALES
por José Agustín Ortiz Pinchetti
(publicado en La Jornada el 15 de junio de 2008)
Hace nueve semanas que Calderón al fin hizo pública su iniciativa para privatizar Pemex. El desenlace no es claro, pero ya es hora de evaluar lo que se ha cosechado:
1. La intentona requería un acuerdo del PAN y del PRI para aprobar sin discusión la reforma antes de que terminara el periodo legislativo. Beltrones no quiso o no pudo asumir los costos. Con la toma de la tribuna y las primeras movilizaciones se ganó un tiempo precioso para la resistencia.
2. La iniciativa no ha logrado legitimarse. Nadie, ni sus defensores, creen que no es un intento privatizador. Su carácter inconstitucional resulta evidente. Los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución reservan al Estado el negocio petrolero y prohíben de modo radical cualquier forma de inversión extranjera o nacional en toda la cadena de su explotación.
El PRI ha anunciado que no votará a favor, porque el proyecto es una simulación para permitir la formación de monopolios privados que asfixien a Pemex.
3. Contrario a lo que muchos pensábamos, el debate, que no ha sido transmitido por los medios electrónicos, ha penetrado a la opinión pública y se van haciendo evidentes hechos torales que se ocultaban: a) Pemex ha sido desmantelado de modo deliberado. b) No está en bancarrota; tiene ganancias de miles de millones de dólares, los cuales van sin trasnsparencia al gasto de operación del gobierno federal y de los estados. c) El gobierno extrae casi todas las ganancias de la paraestatal y le impide recapitalizarse y aprovechar el auge petrolero, porque está en la penuria fiscal y es incapaz de cobrar los impuestos que por 500 mil millones de pesos deben pagar los grandes grupos de interés. d) El nacionalismo y la democracia han salido ganando. Es una tesis derrotista y entreguista suponer que la “mitología nacionalista” frene el progreso. Todas las potencias son nacionalistas, y Estados Unidos, la mayor entre todas. Su poderío vecino nos obliga a defender nuestros recursos, interés e identidad. Esto es el nacionalismo para México. e) En el futuro las leyes que cambien la estructura del Estado deberán ser sujetas a escrutinio público. Es inevitable que los ciudadanos exijan que se consagre la consulta, la iniciativa popular y otras figuras de la democracia participativa. f) AMLO ha liderado la resistencia gracias a que organizó a los inconformes. 200 mil brigadistas están preparados para la movilización. Es una lección: sólo con organización y mística, la oposición puede ser eficaz.
A panazos
Un presidente rehén de su partido está condenado al fracaso, de la misma manera que un partido subordinado al presidente pagará en las urnas su obediencia a la voluntad de uno solo de sus militantes, aunque sea presidente de la República.
¿Qué estará ocurriendo en el interior del Partido Acción Nacional que el presidente Calderón creyó necesario destituir al senador Santiago Creel de la coordinación de la bancada de su partido en el Senado? ¿Qué provocó que el despido fuera, además, una humillación pública deliberada? Todas estas preguntas son inevitables, en buena medida por los malos modos con que se dio por terminada con un ucase la gestión de Creel al frente de los senadores panistas, modos muy ajenos a los que caracterizaban al PAN, pero, en cambio, similares a los de Luis Echeverría, a quien le encantaba regañar a los miembros de su gabinete en público. No deberá entonces extrañarse Germán Martínez si los periodistas, y cualquier persona, le pregunta ¿qué pasó?, pues algo muy gordo tiene que suceder para que se maltrate de esa manera a quien hasta hace poco era líder de sus senadores.
¿Estaba conspirando el senador Creel contra el Presidente? ¿Es un instrumento de Manuel Espino para sabotear al gobierno? ¿Creía que iba en caballo de hacienda hacia 2012? ¿O simplemente, y al más puro estilo del presidente Adolfo Ruiz Cortines, él siempre tan indirecto, lo echaron para castigar a Espino y transmitirle el mensaje de que no se van a tolerar sus críticas? Lo único que sabemos con certeza es que para el grupo que encabeza Felipe Calderón en Acción Nacional, Creel siempre ha sido un arribista, y no han dejado de verlo de esa manera; así que simplemente lo sacaron a panazos.
Hasta ahora las respuestas del presidente de Acción Nacional a propósito de esta decisión han sido vagas e insuficientes; aunque dejan adivinar que, a ojos de Felipe Calderón, Creel es una amenaza. Lo que no sabemos es para quién o por qué. ¿La reforma petrolera? ¿Los resultados del PAN en las elecciones de 2009? ¿El destino de la planificación familiar?
Algunas explicaciones se refieren a la vieja rivalidad entre ambos personajes; otras más a la popularidad del senador Creel, quien, por alguna razón oscura, sería inaceptable para el presidente Calderón. Hay quien sostiene que se le atribuye responsabilidad en los aires de derrota que soplan contra la propuesta de reforma petrolera que ha presentado el gobierno. Incluso algunos piensan que la vida personal del senador Creel pudo ser una de las causas de su caída. Es posible que sea todo junto.
Más allá de las motivaciones del Presidente, la decisión, y sobre todo, la forma en que se puso en práctica, pone al descubierto algunas de las tensiones no resueltas que agitan a Acción Nacional desde hace varios años. La de mayor alcance se refiere al tema de las relaciones entre el jefe del Ejecutivo y su partido. Cuando Felipe Calderón fue elegido presidente de la República, el destino de Acción Nacional como “el partido del presidente” quedó definitivamente sellado. Su biografía política, la estrategia que le ganó la candidatura del partido a la Presidencia de la República, su compromiso con el PAN, todo apuntaba a que las contradicciones y las diferencias que se habían presentado entre el partido y Vicente Fox presidente no se repetirían. Calderón provenía de la militancia, la conocía y lo conocían; además, para obtener la candidatura se envolvió con la bandera blanquiazul como el único legítimo representante del panismo único y verdadero. Se comprometió con sus orígenes, con sus tradiciones y valores, con sus métodos. La identidad partidista fue el arma que blandió contra los advenedizos encabezados por Fox y Manuel Espino, seguidos por, entre otros, Creel.
Es más o menos obvio que al partido de origen del presidente de la República le toca apoyarlo a él y a su gabinete. En principio, ellos son los ejecutores de la plataforma partidista, y, en última instancia, la suerte electoral del partido en cuestión depende en buena medida del desempeño de sus militantes en su calidad de funcionarios. Desde esta perspectiva, el vínculo entre el gobierno y el partido tendría que fortalecerse. También es cierto que la autonomía de este último disminuye cuando uno de los suyos está en el poder, dado que tiene que adaptarse al tipo de restricciones y de compromisos que se le imponen a todo presidente de la República, gobernador o legislador. Esto es, entre ambas instancias, presidencia de la República y partido en el poder, debe establecerse un equilibrio que garantice el buen funcionamiento de cada una de las partes, que respete su autonomía. Un presidente rehén de su partido está condenado al fracaso, de la misma manera que un partido subordinado al presidente pagará en las urnas su obediencia a la voluntad de uno solo de sus militantes, aunque sea presidente de la República.
El manotazo con que se despidió al senador Creel no contribuye a sostener ese delicado equilibrio. La molestia de algunos legisladores ante la decisión prueba que este acto presidencialista irritó a muchos, y que más que disciplinarlos encrespó los ánimos. Antes que unir al partido detrás de la silla presidencial, algo que tanta falta haría en estos momentos, Calderón y Martínez lograron distanciarse de muchos que antes, al igual que ellos, desconfiaban del “panismo hechizo” de Creel, pero que ahora le temen a lo que podría ser el “priísmo hechizo” de sus dirigentes.
Soledad Loaeza
http://soledadloaeza.com.mx
Y dale con esta derechoza señora que sigue pensando que Fecal "fue elegido", ahora se pone a "pensar" y a "analizar" los entuertos de la mafia a la que le apuesta. Sique.
Reflexion.......
De la lectoría y los narcodólares:
“Encontré en la página web del periódico The Independent un extracto del libro Bandit Roads, de Richard Grant, a ser publicado este 5 de junio en Inglaterra. La nota se llama Mexico’s war on drugs: Journey into a lawless land. Me impresiona muchísimo, de ser cierto, un párrafo que viene hacia el final del extracto, y del cual reproduzco las siguientes líneas: ‘el mayor componente de la economía mexicana sigue siendo el tráfico de drogas, estimado en cerca de 50 mil millones de dólares (anuales). De acuerdo con un estudio filtrado y elaborado en 2001 por la agencia de seguridad nacional Cisen, si se destruye el negocio de la droga la economía mexicana podría contraerse 63 por ciento’. Es muy preocupante, porque ese porcentaje de la economía mexicana sólo puede darse con la complicidad de autoridades, políticos, policía, sistemas de seguridad, y el sistema bancario” (Edmundo A. Gutiérrez, edmundo@inaoep.mx).
México SA
Carlos Fernández-Vega cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx
“Encontré en la página web del periódico The Independent un extracto del libro Bandit Roads, de Richard Grant, a ser publicado este 5 de junio en Inglaterra. La nota se llama Mexico’s war on drugs: Journey into a lawless land. Me impresiona muchísimo, de ser cierto, un párrafo que viene hacia el final del extracto, y del cual reproduzco las siguientes líneas: ‘el mayor componente de la economía mexicana sigue siendo el tráfico de drogas, estimado en cerca de 50 mil millones de dólares (anuales). De acuerdo con un estudio filtrado y elaborado en 2001 por la agencia de seguridad nacional Cisen, si se destruye el negocio de la droga la economía mexicana podría contraerse 63 por ciento’. Es muy preocupante, porque ese porcentaje de la economía mexicana sólo puede darse con la complicidad de autoridades, políticos, policía, sistemas de seguridad, y el sistema bancario” (Edmundo A. Gutiérrez, edmundo@inaoep.mx).
México SA
Carlos Fernández-Vega cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx
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