Los latinoamericanos desaprueban las privatizaciones

Carlos Fernández-Vega

Histeria entre poderosos

Las encuestas más serias sobre la evaluación de los latinoamericanos acerca de la política privatizadora que indiscriminadamente han aplicado los gobiernos regionales en los últimos cinco lustros, aportan un elemento demoledor: siete de cada diez encuestados rechazan no sólo los resultados observados, sino esa política en sí, toda vez que los beneficios se concentran en unas cuantas manos, las mismas, en la mayoría de los casos, que ya gozaban de cualquier cantidad de privilegios antes de las privatizaciones.

En ninguno de los países regionales los respectivos gobiernos consultaron a la población sobre si estaba de acuerdo o no con que los bienes nacionales fueran “traspasados” al capital privado, nacional o extranjero. Fueron decisiones del grupo en el poder, el cual, mientras se repartía el botín, habló y habló de los “beneficios sociales” que la política privatizadora traería a “las masas desprotegidas” de América Latina. A la vuelta de 25 años, la deuda social adquiere niveles verdaderamente indignantes.

Una de las instituciones regionales que con mayor decisión impulsó, impulsa, la referida política privatizadora, el Banco Interamericano de Desarrollo, paradójicamente es la que aporta un elemento decisivo para entender el por qué del arrollador avance privatizador en América Latina, el cual también explica el caso mexicano y advierte lo que podría pasar en el país justo en el momento político que vive México en materia petrolera, al tiempo que fundamenta las histéricas reacciones del grupo en el poder.

Destaca el BID que “Uruguay fue el único país (en América Latina) que no privatizó empresas (públicas) en los sectores de electricidad, petróleo y telecomunicaciones (en el periodo referido), quizá porque las privatizaciones propuestas estaban explícitamente sujetas a referéndum popular, mecanismo que no se utilizó en ningún otro país de la región” (el subrayado es de México SA).

Los uruguayos dijeron NO al “traspaso” de esas empresas paraestatales y sectores al capital privado, y las mantuvieron bajo la propiedad de la nación. En el otro extremo, señala el BID, en Argentina se llevó a cabo una privatización que influyó prácticamente sobre todos los sectores de infraestructura y producción, así como en otras áreas en las que el Estado estaba implicado; “las considerables excepciones comprenden algunas empresas de salud provinciales y algunos bancos provinciales y nacionales”.

Carlos Saúl Menem fue declarado campeón privatizador en América Latina, seguido muy de cerca por su tocayo Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, y por la naciente “democracia” brasileña, que, como en Argentina y México, tampoco consultó al pueblo sobre el destino de sus bienes, es decir, los del Estado.

En su ánimo por justificar la política privatizadora, el BID cae en severa contradicción al señalar que “por lo general, los latinoamericanos han desaprobado las privatizaciones desde las etapas iniciales de las reformas estructurales a comienzos de los años noventa. Con todo, los niveles de aprobación que han dado las encuestas de opinión para las privatizaciones han aumentado sustancialmente en los últimos años, a medida que los beneficios de determinadas privatizaciones se hicieron más evidentes” (ídem).

Sin embargo, la misma institución explica qué entiende por “aumento sustancial”: “aproximadamente dos de cada tres latinoamericanos tienen una opinión negativa de las privatizaciones. En la última encuesta de Latinobarómetro (2006), que abarcó 17 países, solamente 30 por ciento de los latinoamericanos declaró estar satisfecho o muy satisfecho con los resultados de la privatización de servicios públicos, considerando precio y calidad”. El 70 por ciento restante se manifestó en riguroso sentido contrario. ¿Dónde quedó el aumento sustancial de aprobación?

¿Qué hubiera sucedido con la política privatizadora en América Latina si los gobiernos hubieran consultado a sus ciudadanos, los únicos dueños de los bienes, sobre la pertinencia o no de abrir al capital privado tal o cual empresa o sector productivo propiedad de la nación? Sin duda, el Estado se mantendría como el dueño de esas empresas o sectores, y los países regionales hubieran aprovechado para sí miles de millones de dólares que hoy son de “los nuevos propietarios”, igual de corruptos, o más, que los corruptos gubernamentales.

En México, si los “democráticos” gobiernos neoliberales se hubieran animado a consultar a los ciudadanos, ¿qué habría sido de la banca, los puertos y aeropuertos, las aerolíneas, las carreteras, la telefonía, las minas, los ingenios azucareros, los satélites, la energía eléctrica, el gas natural y tantas y tantas otras empresas, bienes y sectores hoy privatizados o semiprivatizados? Sin duda, permanecerían como empresas, bienes y sectores propiedad de la nación; tal vez se habría aliviado la vergonzosa concentración del ingreso y la riqueza, y mejorado el perfil social, a cambio de perder el privilegio de tener al segundo hombre más rico del mundo y carecer de una decena de multimillonarios marca Forbes, con todo lo que ello políticamente implica.

Ahora van por el petróleo mexicano, la única joya que permanece bajo resguardo del Estado. Los mismos que a lo largo de cinco lustros vendieron toda la infraestructura productiva de la nación y los bienes y servicios públicos, hoy pretenden privatizar el oro negro con el mismo discurso (“es por el bien de la nación y con fines sociales; es por el bien de los mexicanos”) con el que, en venta de garaje, desmantelaron los sectores estratégicos a favor del capital privado.

Queda claro, pues, el por qué de la histérica reacción del grupo en el poder, ante la amenaza que para él representa una consulta ciudadana sobre el petróleo.

Las rebanadas del pastel

El cínico cardenal Juan Sandoval Iñiguez, líder de los cristeros emPANizados, cree que “para terminar con la polémica” es suficiente regresar el dinero público que ilegalmente “donó” el góber piadoso, Emilio González Márquez, a la causa del “santuario de los mártires”. Pues no: la “polémica” concluiría si ambos personajes estuvieran en la cárcel (auto flagelándose y mentando madres a diestra y siniestra, respectivamente).