La nueva República

Porfirio Muñoz Ledo
21 de septiembre de 2006

La Convención Nacional Democrática, que tuvo lugar el 16 de septiembre por la tarde, salió ilesa del acoso combinado del aguacero, el escepticismo y el vituperio. Con el trasfondo de una intensa emoción cívica, delegados de miles de comunidades y organizaciones del país ratificaron su rechazo a la imposición y confirmaron un rumbo alternativo para la nación. Establecieron los fundamentos de una nueva correlación de fuerzas entre los sectores progresistas del país y el bloque abigarrado de la derecha.

El tema central del debate político y de la decisión histórica es la legitimidad. Lo que se dirimió fue nada menos que la capacidad inmanente del pueblo para ejercer su soberanía mediante el sufragio. El principio que se afirmó fue el primero de los que consagra la fracción décima del artículo 89 de la Constitución: la autodeterminación de los pueblos. El objetivo que se definió es la restauración de la República y la abolición de un régimen de simulación y de un sistema de privilegios. La convicción que unió la voluntad de los asambleístas fue la reafirmación de la dignidad ciudadana.

No deja de ser reveladora la reacción contumaz de nuestros impugnadores. Su llamado a una reconciliación postiza en contradicción con el mandato del sufragio público; su insistencia en apelar a una pretendida unidad nacional cuando el dilema planteado es la reivindicación de la legalidad republicana. Se nos invita a sellar una suerte de abrazo de Acatempan en el que prevaleciera nuevamente un concepto abstracto de nación sobre el ejercicio de la soberanía popular.

A través de un propagandismo falaz, se ha hecho creer a la población y a la opinión internacional que la coalición Por el Bien de Todos y hoy la Convención Nacional Democrática se han colocado al margen de la ley. Se oculta, por la propagación reiterada de la mentira, el cúmulo de violaciones en que incurrieron el gobierno federal, numerosos gobiernos de los estados, el partido en el poder, los medios de información e influyentes sectores privados con el objeto de torcer el resultado de la elección. Se pretende derogar por esa vía la legislación electoral y entronizar la impunidad política.

Se invierte, de este modo, el sitio que a los actores en contienda les corresponde en el estricto campo del orden constitucional. Por añadidura, y mediante el concurso de intelectuales biempensantes, se confiere a la falsedad los atributos de la verdad. Se acepta que las instituciones electorales encargadas de organizar la contienda y de calificar el resultado de la elección actuaron conforme a derecho, cuando lo contrario es lo evidente e irrefutable.

Reconocer que el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la abstención culpable de la Suprema Corte determinen sin apelación la legalidad de los comicios, conduce a una dicotomía entre dos posiciones irreductibles. Haber evadido el recuento de los votos es una autoincriminación de quienes así lo decidieron. Haberse negado a la aplicación de la "causal abstracta", que hubiera conducido a la nulidad de las elecciones, obedeció a un designio irresponsable, cuyo fruto es la profundización de la crisis política a la que nos ha lanzado el proyecto reeleccionista de la derecha.

Cuando los convencionistas deciden reconocer el carácter legítimo del mandato de Andrés Manuel López Obrador están actuando, más allá de la pasión partidaria, con riguroso apego a la lógica. Si el resultado que proclamaron las autoridades en favor de Felipe Calderón Hinojosa no corresponde a las exigencias de certeza y legalidad que la Constitución estipula, otro es el depositario del sufragio mayoritario de los ciudadanos. No olvidemos que la titularidad del Poder Ejecutivo es, por definición, unipersonal e indivisible.

Durante los días previos a la convención, los partidos integrantes de la coalición decidieron formar un Frente Amplio Progresista conforme a las disposiciones legales vigentes. Su propósito es integrar un polo de izquierda que promueva un proyecto alternativo de nación y bregue por su concreción histórica. En él concurrirán personalidades intelectuales, dirigentes civiles y organizaciones sociales y sindicales identificados por la causa común de impedir la usurpación y de crear las condiciones para el establecimiento de una nueva República.

La convención decidió, a la par del reconocimiento de un presidente legítimo, la creación de un gabinete de contrapropuesta política y de vigilancia rigurosa sobre las iniciativas y acciones del bloque conservador.

Esta determinación se corresponde con una antigua tradición democrática que ha conocido, en todas partes del mundo, gabinetes de sombra, gobiernos de resistencia, movimientos de liberación nacional, legalidades en el exilio y repúblicas itinerantes. Sin contar con la gama interminable de acciones de resistencia civil y de defensa contra la opresión.

Empeño inútil sería buscar fisuras entre el Frente Amplio y el gobierno surgido de la convención. Una es, como solía decir Morelos, la parte ocupada y otra la parte liberada de la nación. Encontrarán más temprano que tarde su unidad mediante la revolución de las conciencias y la renovación de las costumbres.

Quienes tienen a su cargo funciones locales de gobierno, tareas parlamentarias y representaciones sociales legítimamente alcanzadas, deben ejercerlas con imaginación y pugnar por su continuo ensanchamiento por el sufragio y la confianza ciudadana. Quienes asumen la continuidad de la contienda cívica, que no pudo ser abortada por la acción ilegal de las autoridades, reivindican el deber de encarnar la soberanía conculcada. Ambas vertientes de la lucha democrática se complementan y otorgan sentido a un mismo proyecto transformador.

El propósito mayor que nos vincula es la instauración de una nueva constitucionalidad, que desde hace años contiene las esperanzas de los demócratas mexicanos y ha sido el objetivo último de una transición hoy traicionada por la rapiña.

Hace siete años, en la proclamación de esta causa, afirmé que más allá de las campañas electorales, nuestra búsqueda es "una definición contemporánea de los objetivos del país, de la arquitectura de sus instituciones, de los valores públicos que sustentamos y de nuestra inserción en el mundo". Hoy reanudamos, en un contexto dramático e irrepetible, aquella convocatoria para edificar la nueva República.