Migración y delincuencia

Carlos Fazio

Históricamente, las relaciones bilaterales de México con Estados Unidos han estado signadas por el tema migratorio. En años recientes, otros dos asuntos se incorporaron a la agenda: seguridad y energía. Seguridad, en clave de "seguridad nacional" de Estados Unidos -que incluye aspectos territoriales, militares y el acceso a recursos geoestratégicos- y energía (petróleo, gas natural, electricidad, agua) son los dos puntos nodales del ASPAN (Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte), en el proceso de construcción de Norteamérica como nuevo espacio geográfico, político y económico para la competencia interimperialista con los países desarrollados de Europa comunitaria y el bloque Asia-Pacífico.

En virtud de esa alianza, México y Canadá se encuentran de facto dentro del "perímetro de seguridad" de Estados Unidos. En el marco del ASPAN -el TLC militarizado- se han establecido una serie de regulaciones, algunas de las cuales tienen que ver con la homologación de las políticas de monitoreo de viajeros y bienes que lleguen de terceros países, incluidos sistemas de visado, una categorización de "viajeros de alto riesgo" y "viajeros confiables" y la futura aplicación de una "tarjeta inteligente" para quienes quieran transitar con celeridad a través de las fronteras comunes de Norteamérica. Aquí se empatan los tres temas torales: seguridad, energía y migración.

El tema migratorio en todas sus variables preocupa a Estados Unidos. A comienzos de junio, el Departamento de Estado publicó el cuarto Informe anual sobre trata de personas, asunto que Condoleezza Rice definió como un problema de "seguridad nacional".

Desde hace varios años, México ha sido catalogado como un país fuente, de tránsito y de destino de la trata de personas para la explotación sexual y laboral -con alto porcentaje de mujeres y niñas-, lo que incluye delitos vinculados con la pederastia, la pornografía y el turismo sexual. Después del tráfico de drogas y el de armas, la trata de personas -definida como la esclavitud del siglo XXI- es el tercero entre los negocios más lucrativos para la delincuencia organizada a escala mundial. Genera ganancias por 9 mil 500 millones de dólares anuales. El tráfico de personas suele ser confundido con el contrabando de extranjeros indocumentados. No es lo mismo, pero sí tienen una cosa en común: las bandas criminales que operan ambos segmentos pueden ser las mismas, e incluso están enlazadas con los cárteles de la droga.

El informe estadunidense sobre trata de personas incluye a Cuba. El reporte señala que muchos cubanos/as son traficados a Estados Unidos en circunstancias de "servidumbre por deuda", en particular para su explotación en trabajos forzados en la agricultura comercial. El informe sobre México señala que a través de la frontera sur son traficados indocumentados originarios de Centroamérica y el Caribe, pero no menciona a Cuba. Desde hace años, las autoridades migratorias (Gobernación) y la Procuraduría General de la República (PGR) conocen la existencia de redes de contrabandistas de personas, algunas financiadas por la Fundación Nacional Cubano Americana con sede en Miami, que han organizado su ruta delincuencial a través del eje Pinar del Río-Quintana Roo-Florida. Incluso, el dato sobre la existencia de una vasta red de tráfico de indocumentados cubanos vía México ha sido confirmado por la PGR, que ha identificado como puntos de trasiego Cancún, Cozumel, Playa del Carmen e Isla Mujeres en Quintana Roo; Progreso en Yucatán y algún puerto en Campeche.

El modus operandi de los contrabandistas disfrazados de "operadores turísticos", que cuentan con casas de seguridad y muelles privados en territorio mexicano y en la Florida, y potentes embarcaciones -algunas tipo Avanti con motores fuera de borda- con matrículas alteradas, que son acondicionadas como naves "turísticas", de "pesca" o "buceo", incluye la recogida de los inmigrantes ilegales en la isla, su transbordo en alta mar a otra embarcación donde se les facilita ropa de playa. Al llegar a los muelles o las marinas fiscalizadas en territorio mexicano, se les facilitan documentos y continúan su tránsito hacia Estados Unidos en camiones vía Mérida, con escala en Monterrey o Tijuana, o en vuelos de líneas comerciales o en charters que desde Cancún regresan a Miami. Los traficantes suelen cobrar, en promedio, entre 8 mil y 10 mil dólares.

Es evidente que esta actividad delincuencial -como todas las que se inscriben dentro del crimen organizado- no puede funcionar sin la complicidad de los titulares de las capitanías de puerto, autoridades migratorias y, dado que se trata de un área muy delicada dentro del "perímetro de seguridad" de Estados Unidos, sin la regulación de la Marina de Guerra de México. La titular de Migración, Cecilia Romero, quien como senadora de Acción Nacional "apadrinó" a disidentes cubanos, debe saber que el tema migratorio forma parte de la agenda bilateral México-Cuba. Y que para Cuba la migración es, también, un asunto de seguridad nacional. Por eso llama la atención que en el marco de la "guerra" al crimen organizado y el terrorismo, y cuando el régimen de Felipe Calderón dice querer normalizar sus relaciones bilaterales con el gobierno cubano, autoridades de distinto tipo se hagan de la vista gorda o formen parte de las redes de corrupción del crimen organizado, sin que el gobierno federal intervenga, permitiendo, de paso, que el territorio nacional sea usado como trampolín o refugio de indocumentados cubanos, asunto que puede ser usado como arma de provocación por Estados Unidos contra la isla.