Antonio Peredo Leigue
Los poco menos de 20 meses del gobierno que preside Evo Morales, son de un importante avance en la inclusión de los sectores marginados y en la construcción de las bases económicas. Pero también, este tiempo, ha sido más que suficiente para que los grupos de poder muestren una enconada resistencia a cualquier cambio y más aún a la inclusión del pueblo.
La semana que concluye, la derecha más recalcitrante, llevó hasta el límite sus ataques contra el gobierno, los sectores populares y la misma democracia.
Violencia desatada
Con absoluto desenfado, el Comité Cívico pro Santa Cruz que preside Branco Marinkovic, absorbió a sus similares de otros departamentos e impuso un paro que fue particularmente violento. Pandillas de la Unión Juvenil Cruceñista –grupos de choque armados de palos, cadenas, etc.– causaron destrozos en vehículos y comercios, además de herir a varias personas. Marinkovic, protestando inocencia personal y de su comité, ofreció pagar los daños causados.
Pero estas pandillas, tan conocidas en Santa Cruz por la brutalidad con que imponen los paros decretados por el Comité, esta vez fueron llevados a varias zonas. Estuvieron en Sucre, organizaron a sus pares en Cochabamba y provocaron más violencia. Otras ciudades tampoco se salvaron de su presencia.
Por supuesto, la sede de la Asamblea Constituyente, que es precisamente la capital del país, Sucre, fue escenario de los peores desbordes y también de los conciliábulos.
Argumentos fútiles
A lo largo de este tiempo, desde enero de 2006, los grupos de poder que fueron desplazados por el empuje popular, han acudido a los más variados recursos para oponerse a los cambios. Resulta ocioso referirse a todos, ya cuando comenzaron la campaña electoral contra Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS). Bastará recordar los últimos: falsos rumores de inflación descontrolada, estruendosas acusaciones de autoritarismo por el nombramiento de autoridades interinas, prepotentes desplantes de los prefectos opositores, abusiva utilización de la reivindicación capitalina.
Todo esto, y más, haciendo repercutir en forma constante sobre la Asamblea Constituyente, a la que no han dejado trabajar en su tarea esencial: dotar al país de una nueva Constitución Política del Estado.
Razones reales
El fondo sobre el cual actúan los personajes, agrupados tras los comités llamados cívicos, es la defensa de los privilegios acumulados hasta ahora. Se trata del acaparamiento de las tierras fértiles, el manejo discrecional de los fondos públicos, el monopolio de las construcciones de infraestructura, la tala indiscriminada de bosques, la reserva a nombre propio o de terceros de las riquezas naturales y otros más.
Tan dueños eran de este país que, cuando la producción y los precios eran buenos, se llevaban la ganancia. Si no había demanda o cuando había inundaciones o sequía, el Estado los indemnizaba. Por supuesto, burlaban los impuestos; el único que pagaban era el Impuesto al Valor Agregado (IVA), generalmente con mucho retraso.
Seguramente nada de esto es extraño. Ha sucedido en varios países, y sigue sucediendo, cuando gobiernos populares llevan adelante programas de cambio. Recurren a la especulación, al agio, al paro del transporte y los servicios, a la difusión de rumores. Siendo dueños de los medios de comunicación, los utilizan en campañas de desprestigio, usando sin reparos distorsión, tergiversación, engaño y mentira; todo es válido para defender sus mezquinos intereses.
Con estas armas declaran la guerra al gobierno y al pueblo, aunque esto suponga la destrucción del país. ¿Acaso no aplauden a los bellacos que proponen dividir Bolivia?
Debilidades y errores
De todo eso estamos y estábamos conscientes. Sabíamos que reaccionarían así y lo comprobamos cada día. Es claro que la democracia no es propicia para ellos; su terreno natural es un Estado con dictadura, con tiranía. En 1978, el pueblo derrocó al dictador Banzer y confirmó su vocación tres años después, echando a García Meza y su asesino Arce Gómez. La derecha, casi de in mediato, complotó contra Siles Zuazo, con el apoyo de miristas y motetistas. Así, se apoderaron de la democracia para imponer el modelo impuesto por el imperio.
Miristas y motetistas, junto a adenistas, movimientistas y sus discípulos, están ahora cavando zanjas para dividirnos en regiones, en ciudades, en barrios, en razas y hasta religiones. La estrategia es: divide para reinar.
Pero nosotros tenemos una buena cuota de culpa. En un afán incluyente y pacifista, hemos hecho concesiones, demasiadas concesiones. En el manejo político del país, reconociendo atribuciones que no les competen, manteniendo estructuras que responden a sus intereses, accediendo a la imposición de minorías. En el plano económico se dispusieron fondos para satisfacer sus reclamos y exigencias, permitimos que manejen recursos sin establecer controles, mantenemos en suspenso la aplicación de medidas que recortan sus prebendas.
Mientras tanto, los programas de mejoramiento del nivel de vida son tímidos aún, no se concretan los planes de construcción de la infraestructura nacional, servicios estratégicos que el Estado debe recuperar siguen en manos de transnacionales y la generación de empleo, no satisface todavía los mínimos requeridos.
El pueblo tiene confianza en un gobierno que está combatiendo la corrupción, que muestra transparencia en sus acciones y que prestigia la imagen internacional del país. Con ese respaldo, debemos enfrentar a una derecha que traspasado los límites de la convivencia democrática y cree que puede recuperar sus privilegios. No hay por qué seguir esperando.
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