César Robles Ascurra
Se fue de boca. En su mensaje a la Nación el 28 de julio, el Presidente García señaló que uno de los objetivos principales de su gobierno en materia laboral es lograr un incremento de los salarios en relación al crecimiento sostenido que viene expresado la economía nacional.
El Presidente García ha señalado que si las exportaciones y las ventas crecen, tenemos que pensar en la situación de los trabajadores. Y eso es cierto, porque la economía nacional crece y crece sostenidamente desde hace setenta meses y con proyecciones más que alentadoras para las nuevas y futuras inversiones en los diversos sectores de la economía nacional.
Pero veamos. El modelo económico ha privilegiado el crecimiento de la productividad. Este crecimiento generado se ha distribuido como un aumento espectacular en los índices y niveles de ganancia y lucro de las grandes corporaciones y empresas vinculadas principalmente a los sectores financieros, comerciales, mineros, pesqueros y de hidrocarburos.
Según datos de la Bolsa de Valores de Lima, de agosto de 2006 a julio de 2007, el índice de ganancia y lucro de las empresas que se cotizan en bolsa ha aumentado en 173% en relación al de años anteriores.
La alta demanda de minerales en el mercado internacional ha originado record históricos en los precios del cobre los años 2005 al 2007, así como precios altos para el zinc y el oro.
Igual sucede con la alta cotización de la anchoveta. El sector pesquero ha crecido considerablemente y la bonanza económica, que algunos la comparan con la vivió el país en la década del 70, ha hecho que el grupo empresarial Brescia se consolide como una de las empresas pesqueras más grandes de Latinoamérica y del mundo.
Las proyecciones económicas del marco económico multianual indican que para el año 2010, el flujo anual promedio de la inversión privada financiada por la concentración de las ganancias de productividad en los empresarios debería alcanzar no menos de 20 mil millones de dólares y representar más del 20% del PIB. El multiplicador de la inversión incidiría en elevar el ingreso bruto y el ingreso per cápita por habitante, que en la actualidad se encuentra alrededor de los US. 3,200-3,400 dólares por año.
Si como vemos, lo que ha conseguido el modelo económico en beneficio de los sectores empresariales del país ha sido alto, no diremos lo mismo en relación a los sectores laborales, siempre marginales y excluidos de la plusvalía de la economía nacional.
Para el ingeniero Gonzalo García Nuñez, según cifras del ministerio de trabajo, el salario bruto promedio mensual de un obrero urbano en diciembre de 2006 cayó 3.89% sufriendo una baja de s/. 38.4 nuevos soles respecto a junio del mismo año, siendo la caída de s/. 988,2 a s/. 949,8 nuevos soles.
El pequeño aumento en este periodo de bonanza económica ha sido para los empleados del sector urbano, cuya remuneración bruta promedio subió doce soles mensuales, pasando de S/. 2,193,3 a s/.2, 205,6, lo que representa el 0.56% entre junio y diciembre de 2006.
Las diferencias entre este último incremento y el que representa las ganancias empresariales y los índices de productividad de las empresas es abismal.
Según datos de CONASEV, las principales empresas nacionales han reportado incrementos en su productividad de hasta 24.2%, lo que indudablemente ridiculiza el aumento de S/. 12.00 nuevos soles para el sector de los empleados públicos.
Pero el gobierno también cae en la desfachatez de proponer un incremento de S/. 30 nuevos soles cuando la plusvalía y la productividad están en condiciones de ofrecer una mejor posibilidad de aumento al sector laboral.
Si tomamos como referencia el valor de la productividad de las empresas, que es de 24.2% y consideramos como base la Remuneración Mínima Vital (RMV) que en el Perú no llega a más de S/.500.00 nuevos soles, entonces tendríamos que un incremento en la remuneración de los trabajadores no debería ser menor a los S/. 100.00 nuevos soles, y no los S/. 30.00 que el gobierno a través de sus voceros se ha apresurado en anunciar.
La bonanza económica y la plusvalía generada deberían distribuirse de modo simétrico entre los trabajadores y empresarios, y no deberían ser excluyentes del sector laboral.
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