Justicia chilena deja sin sanción uno de los crímenes más espeluznantes cometidos durante la dictadura

Jorge Escalante
La Nación.cl

Caso de quemados con fósforo en Dignidad quedó impune Resolución del tribunal dejó sin sanción uno de los crímenes más espeluznantes cometidos durante la dictadura y provocó desesperanza e indignación entre los familiares de las víctimas.

El último "regalo de Pascua" de la Sala Penal de la Corte Suprema tiene a los familiares de los 22 desaparecidos de Parral con la sensación de que lucharon 30 años para buscar justicia, pero no lo lograron.

El ministro Alejandro Solís había condenado a presidio a los autores de los secuestros con desaparición -17 años al coronel de Ejército (R) Hugo Cardemil Valenzuela, 10 años al coronel (R) de Carabineros Pablo Caulier Grant y 7 años al suboficial (R) de Carabineros Luis Alberto Hidalgo-, pero los cinco ministros de la Sala Penal rebajaron las condenas iniciales y los dejaron libres.

Pese a que a Cardemil lo sentenciaron a 5 años y a Caulier a 4 años -Hidalgo había sido absuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago-, la Sala Penal les concedió "libertad vigilada".

La nueva "rebaja Suprema" -como ha sido calificada la sistemática reducción de condenas a los violadores de derechos humanos- tiene una especial connotación pues fue aplicada en uno de los casos más espeluznantes.

EN EL FUNDO

Los 22 detenidos fueron sacados, entre septiembre y octubre de 1973, desde la cárcel de Parral y el retén de Catillo en la VII Región, conducidos a la Escuela de Artillería de Linares, donde servía Cardemil, y desde allí llevados a Colonia Dignidad.

Allí los mataron con ayuda de los alemanes y los sepultaron en una fosa clandestina. A fines de 1978, por instrucción de Pinochet, Paul Sch fer ordenó "limpiar el fundo". Los cuerpos fueron desenterrados, metidos en sacos, quemados con fósforo químico y las cenizas arrojadas al río Perquilauquén. La operación la encabezó Gerhard Mücke, como el mismo lo reconoció ante el ministro Jorge Zepeda.

LOS OTROS AUTORES

De esta manera, los ministros de la Sala Penal, principalmente los magistrados Rubén Ballesteros y Nibaldo Segura -jueces partidarios del perdón absoluto a los criminales del régimen de Pinochet-, dejaron en total impunidad uno de los episodios más conmovedores y masivo del pasado sistema opresor.

Los jueces Hugo Dolmetsch, Jaime Rodríguez y el abogado integrante Juan Carlos Cárcamo dejaron las condenas para Cardemil y Caulier en 5 y 4 años respectivamente, pero les concedieron la libertad vigilada. Ballesteros y Segura estuvieron por absolver totalmente a los autores, pues son partidarios de la amnistía y la prescripción por el paso del tiempo y de desconocer tratados y convenciones de la legislación penal internacional que condena los delitos de lesa humanidad.

Agrupaciones nacionales de familiares de desaparecidos y ejecutados, abogados querellantes y los parientes de las víctimas de Parral han comenzado a manifestar su indignación por esta nueva resolución de la Sala Penal.

Ya anteriormente lo hicieron, protestando ruidosamente por otros casos ante las puertas de este tribunal.

Familiares de las víctimas de Parral viajarán a Santiago en los próximos días para protestar por esta decisión, en contra de la que ya no caben más recursos.

La ola de rebajas a las condenas en este tipo de juicios tendrá todavía su punto más álgido cuando el presidente de esta sala, Alberto Chaigneau, se retire en enero próximo al cumplir 75 años. En muchas oportunidades Chaigneau ha inclinado con su voto la balanza a favor de hacer justicia real por los crímenes del régimen militar, aunque también ha dado su visto bueno para rebajar sustancialmente algunas condenas.

Quien suceda a Chaigneau será vital para brindar mayoría en uno u otro sentido.