Perdidos, $9.5 millones de plan foxista para discapacitados

Presuntamente, la fundación encargada del programa defraudó a autoridades federales

Involucrada en el desfalco, empresa en la que es socio Jorge Bribiesca, denuncian afectados

Con documentos apócrifos, los responsables del programa comprobaron destino del dinero

Elizabeth Velasco C. /I

El programa Emprendedores con Discapacidad (Ecodis), impulsado por Vicente Fox desde la Presidencia de la República en 2005, y al cual se destinaron más de 40 millones de pesos, causó presunto quebranto por 9.5 millones de pesos al erario, cantidad que podría rebasar más de tres veces ese monto, además de que defraudó a autoridades federales y a cientos de discapacitados.

De acuerdo con la auditoría 21/06 del órgano interno de control (OIC) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), dependiente de la Función Pública (SFP), los 9.5 millones de pesos que esa dependencia entregó a la fundación para la Ayuda Ecodis –responsable del programa respectivo–, no se destinaron a los discapacitados, como era el plan.

Por el contrario, las evidencias presumen que fueron a dar a la bolsa de los integrantes de la fundación, creada a propuesta de Víctor Hugo Flores Higuera, ex titular de la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social de las Personas con Discapacidad de la Presidencia.

Dicho ex funcionario, responsable y autor intelectual del programa y fundador de Ecodis, –admitió en entrevista con La Jornada (17/4/06)– habría conocido de la falsificación de diversos documentos presentados ante el Fondo Nacional de Empresas Sociales (Fonaes) de la Secretaría de Economía (SE), con el objetivo de allegarse recursos del erario. Empero, no respondió a las observaciones que las autoridades le hicieron llegar, según consta en el oficio REPDF/11/779/05, suscrito por María Alejandra Zafra, representante del Fonaes en el DF.

Igual consta en la auditoría 21/06 y en la investigación DE-011/2006, iniciada por el OIC de la Secretaría de Salud (Ssa), también dependiente de la SFP.

Del desvío de 9.5 millones de pesos, es importante subrayar que a la fecha se desconoce si se procedió contra los responsables, pues los encargados de la auditoría 21/06, Vicente Cárdenas, Ignacio Soberanes y Jessica Bautista, consignan que aunque han solicitado desde marzo de 2006 a la Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos de la Sedeso iniciar un proceso jurídico contra los responsables de la fundación, al término de la investigación, en junio de ese año, no hubo respuesta. De hecho, para ese mes las oficinas de la fundación ya se encontraban vacías.

Ninguna sanción

Por su lado, la SFP no ha informado de alguna sanción contra Flores, quien tampoco aparece en el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados, ni contra el representante de la fundación Ecodis, Víctor Manuel Navarro.

Pese a eso, en la auditoría se recomendó iniciar el proceso jurídico porque la fundación, a casi medio año de recibir los recursos, “no presentó los padrones de beneficiarios (5 mil 270 discapacitados), el informe final del proyecto y la documentación comprobatoria (del destino) de los recursos”, entre otras irregularidades.

El OIC de la Sedeso subrayó que Navarro presentó documentos que “no cumplen con la normatividad” para comprobar el uso del dinero, y aunque se le ordenó “reintegrar de inmediato los 9.5 millones de pesos más intereses”, no respondió.

Por otro lado, los auditores se comunicaron con un grupo de discapacitados (cuyos datos personales se omiten en la auditoría, en poder de este diario), quienes informaron que ninguno recibió el dinero que el Fonaes dio a la fundación para distribuirlo entre 5 mil 270 discapacitados.

Según el proyecto, a cada uno le tocarían mil 800 pesos de los 9 millones, para obtener un “kit individual” (mochila de tela, hojas bond, tarjetas de presentación en cartoncillo, block de pedidos, una calculadora de manufactura china, y un celular, entre otros) para hacer su trabajo, pero algunos debieron pagaron de su bolsillo el costo del kit a la fundación.

El resultado de la auditoría se entregó a la ex titular de la Sedeso, Ana Teresa Aranda, quien lo recibió en julio de 2006, según sello oficial de la dependencia.

Aunado a esto, se desconoce el destino de 30 millones 888 mil pesos que la SE entregó a esa fundación por medio del programa de apoyo a la pequeña y mediana empresas (Pymes).

Si bien La Jornada solicitó la auditoría 16/2006, iniciada por el OIC de la SE por presuntas anomalías en el uso de los recursos, la SFP negó acceso al expediente bajo el argumento de que está reservado, y aunque se presentó un recurso ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), éste fue desechado por la comisionada María Marván.

Las indagatorias se hicieron a petición de la segunda comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó a los hijos de Marta Sahagún, toda vez que los discapacitados afectados denunciaron ante esa instancia legislativa que en el fraude también estaban involucradas empresas en las que aparecía como socio el menor de los vástagos de la esposa de Fox, Jorge Alberto Bribiesca.

Los afectados se referían a las fábricas de galletas Starplus SA de CV y Polvorones Gala, cuyos productos supuestamente distribuían los discapacitados a través del programa Ecodis; empero, esas empresas ni colateralmente se mencionan en las indagatorias.

Las tropelías de Ecodis

El programa Ecodis fue anunciado por Fox en Los Pinos durante la instalación del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, el 7 de septiembre de 2005; al menos en teoría tenía la intención de ofrecer opciones productivas para discapacitados tras la creación de cooperativas en las que se venderían diversos productos.

En el portal de la Presidencia de la República se presumía entonces que la fundación desarrollaría y tendría: “tiendas Ecodis, repartidores de productos Ecodis, venta directa por catálogo, servicios y básicos Ecodis, venta en centros comerciales, entre otros”.

En el lanzamiento, Fox alabó “la participación” de Víctor Hugo Flores y de todo su equipo, el cual “era resultado de una alianza con empresas de productos y servicios de calidad, tanto locales como nacionales e internacionales”.

Destacó: “el gobierno federal invertirá en este proyecto más de 40 millones de pesos, contribuyendo a generar 6 mil empleos y, en el momento en que se acabe, Víctor, cuentan con más lana, no hay problema.

Para cuando se presentó en forma oficial, el programa tenía más de un año de haber sido promovido ante autoridades estatales del país. Según la instrucción de Fox, sería financiado por la Sedeso y Economía, pero también suministrarían recursos las secretarías de la Reforma Agraria (SRA) y Agricultura.

Los participantes serían capacitados por los institutos Politécnico Nacional y Tecnológico de Tlalneplanta, y los colegios nacionales de educación profesional técnica, en cuyas sedes se inscribieron los discapacitados.

Fonaes detecta irregularidades

Pese a que Fox dio por sentado el éxito de Ecodis, Fonaes y la SRA de inmediato detectaron irregularidades, por lo cual cancelaron el financiamiento.

El caso más ilustrativo se refleja en el oficio de Fonaes, de 28 de noviembre de 2005, donde señala como razones de la cancelación, la identificación de diversos documentos “apócrifos”, entre ellos: “cartas de los proveedores (de los artículos que supuestamente distribuirían los discapacitados), como Portners New Century Fund SA de CV, Tequilera Don Beto & High Class SA de CV, Alimentos y Despensas Premium SA de CV, Productos Quelme SA de CV y Mayan Garden SA de CV”. Asimismo, se encontraron “nombres distintos a la razón social de cada una de las sociedades cooperativas”, por lo cual “no son válidos”.

En el documento se subraya que los representantes de las cooperativas “desconocían el contenido del estudio de inversión; carecían de bienes necesarios para ejecutar el proyecto”.

El consultor del Fonaes, Rubén González, notificó en varias ocasiones a Flores de las irregularidades encontradas y de los cambios que debían hacer al proyecto, sin que “recibiera respuesta alguna de los requerimientos solicitados”, razón por la cual canceló trámites del financiamiento.