La ONU y los derechos humanos en México
México, D.F., 6 de febrero (apro).- Del 5 al 8 de febrero la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Louise Arbour, estará en México para observar los avances que los gobiernos panistas han logrado en los últimos cinco años sobre la materia. ¿Algún cambio positivo descubrirá la profesora originaria de Canadá? Lo más seguro es que nada, pues la tortura persiste; el Ejército continua con sus labores policíacas y de represión social; los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez han aumentado y el desinterés hacia los indígenas es más que evidente para el gobierno de Felipe Calderón.En el 2003, a la mitad del gobierno de Vicente Fox, esta instancia de la ONU publicó un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México e 31 recomendaciones al presidente de la República.Divididas en nueve partes, las recomendaciones hechas por la ONU incluían cambios a la Constitución para incorporar los derechos humanos como eje fundamental de la misma; la promulgación de leyes reglamentarias para garantizar todos los derechos incluidos en la Carta Magna; incorporar procedimientos constitucionales en la designación de servidores públicos de alto nivel no electos; la realización de una campaña nacional para la promoción de los derechos humanos; la eliminación de los estereotipos de raza, religiosos o pertenencia política; y seguimiento a los feminicidos de Ciudad Juárez.También incluían promover una profunda transformación en el sistema de justicia; reordenar la estructura policíaca con la recomposición de la Policía Federal Preventiva y la sustitución de las Fuerzas Armadas en las funciones de seguridad pública.Así mismo, la ONU recomendó crear un órgano público y autónomo que dictamine la procedencia de las concesiones y permisos para operar las estaciones de radio y televisión, y la inclusión de condiciones de equidad para que las estaciones de radio comunitarias y ciudadanas accedan a las frecuencias para cumplir su función social. Se pidió al gobierno mexicano desmantelar el sistema regulatorio que inhibe la libertad de asociación laboral; preservar la laicidad del Estado; fortalecer los mecanismos públicos para la equidad de género y que el Congreso de la Unión reabra el debate sobre la reforma de derechos indígenas.Otras recomendaciones fueron garantizar el derecho a un empleo digno; modificar las políticas salariales; aumentar el presupuesto en el sector salud; definir una política nacional de alimentación; e impedir los desalojos violentos de inquilinos.Mientras que de los derechos políticos, la ONU recomendó al gobierno mexicano reconocer en la Constitución las figuras de referéndum, plebiscito e iniciativa popular; adoptar una Ley de Participación Ciudadana que garantice estos mismos mecanismos de participación directa; reformar la ley electoral a fin de que reglamentara el voto de los mexicanos en el extranjero; optimizar la fiscalización de los gastos de campaña y precampañas electorales; y reducir el financiamiento público a los partidos.En su visita de tres días la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Louise Arbour, platicará con Felipe Calderón y sus principales colaboradores, así como con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué van a responder los representantes del gobierno mexicano cuando les pregunten cuántas recomendaciones se han cumplido, cuando vemos que la tortura sigue, el Ejército patrulla las calles de varias ciudades; en Oaxaca y Chiapas siguen sin resolverse los conflictos y las muertas de Juárez siguen en el olvido?Es evidente que el gobierno mexicano no ha acatado estas recomendaciones que son condiciones mínimas para brindarle seguridad a y respeto a la población de que se cumplirán sus garantías individuales y sus derechos humanos.Pero no sólo ha incumplido, sino que se han creado las circunstancias para empeorar algunas de ellas: los casos de asesinatos de periodistas; las constantes ejecuciones policíacas; los ejemplos de persecución política como el de Flavio Sosa; la injusticia en el caso de Lydia Cacho; la permanencia de los homicidios de mujeres en Juárez y la extensión de este fenómeno a otras ciudades del país; la aprobación de la Ley Televisa; los raquíticos salarios; el avance de la influencia de la Iglesia católica en la política y en la educación; y la negativa a debatir nuevamente la reforma a la reforma de derechos indígenas, son algunos ejemplos de que los gobiernos del PAN no han resuelto este problema estructural.Por todo ello no basta que la comisionada Arbour tenga del gobierno mexicano la promesa de apoyar una oficina de la ONU para los observar el respeto de los derechos humanos en México, tendría que reclamarle diplomáticamente a Felipe Calderón el incumplimiento de sus recomendaciones, pues ya no existe el argumento de que el gobierno autoritario y corrupto del PRI es el culpable. Son ya siete años que el PAN gobierna y la situación de los derechos humanos en México sigue siendo deplorable.
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