Y porque en Tabasco?

Aprueba Congreso de Tabasco espionaje telefónico

armando guzmán

* Se podrán intervenir comunicaciones en casos de robo de autos, homicidio, secuestro, tráfico de menores y asalto en carreteras

Villahermosa, Tab., 22 de febrero (apro).- Con 20 votos del PRI y uno del PAN, y nueve en contra del PRD, el Congreso del estado aprobó las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del estado que, entre otras medidas, contempla la intervención de llamadas telefónicas.Las modificaciones facultan al procurador de Justicia solicitar a un juez federal la intervención de comunicaciones privadas, “cuando se trata, única y exclusivamente, de los delitos de homicidio, secuestro, tráfico de menores, robo de vehículos y asalto en carreteras o caminos, ya sean de forma individual o por la vía de la asociación delictuosa, como lo establece el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”.Establece también organizar dentro de la estructura de la PGJ una unidad especializada para la investigación y persecución de estos delitos, la cual deberá integrada por agentes del Ministerio Público, auxiliados por la Policía Ministerial, sin perjuicio de ser apoyada por fuerzas federales y otras estatales de lucha contra el crimen. Así mismo, señala que las intervenciones telefónicas no podrán llevarse a cabo “cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral, administrativo; de las comunicaciones del detenido con su defensor, ni aquellas que pudieran afectar a las comunicaciones privadas de los actores políticos, líderes sociales y otros con fines distintos a la investigación de los delitos”.Durante el debate, los diputados del PRI insistieron en que la intervención telefónica será por solicitud expresa del procurador de Justicia a un Juez federal, quien deberá valor las pruebas aportadas sobre las presunciones de un delito y determinar si autoriza o no la petición. El diputado perredista Adán Augusto López Hernández afirmó que la reforma es una “alternativa fascista” porque autoriza la injerencia “sin límites” de la vida privada de los ciudadanos; además, el combate al crimen organizado corresponde al ámbito federal.Argumentó que la intervención de comunicaciones privadas ya está prevista en el Código Penal del estado, por lo que estimó innecesaria las referidas reformas. El priista Fernando Calzada Falcón replicó que el punto de vista de López Hernández era una incitación “al terrorismo verbal”, y le aclaró que delincuencia y crimen organizado eran concepto diferente.Domingo García Vargas, del PRD, insistió en que el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales no era claro y que sólo se buscaba legalizar el espionaje, sobre todo, “contra quienes el régimen considera que son sus adversarios políticos”. El legislador perredista propuso una moción suspensiva para regresar el documento a comisiones, pero el pleno la desechóHéctor Raúl Cabrera Pascacio, del PRI, aseguró que el documento estaba apegado a derecho y resaltó que los casos de solicitud de intervención de comunicaciones están regidos por lo dispuesto en la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.El diputado panista, José Antonio de la Vega, justificó su voto a favor por las modificaciones que su partido hizo a la iniciativa original enviada por el gobernador Andrés Granier Melo y que fueron incluidas en el dictamen final de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.Finalmente, los diputados perredistas acordaron presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque, aseguraron, la reforma viola la Constitución de la República.El procurador de Justicia, Gustavo Rosario Torres, celebró la aprobación de las reformas para que el combate a la delincuencia “sea más eficaz y oportuno”.Destacó que hasta el momento cerca de 30 agentes del Ministerio Público, secretarios, asesores y policías ministeriales han sido cesados de sus cargos y están en procedimiento 400 trámites “que pueden derivar en diferentes conclusiones, desde una sanción administrativa hasta una sanción de carácter legal”.“Estamos actuando contra quienes están de manera activa o lo estuvieron, apoyando a la delincuencia o incumpliendo su responsabilidad, porque hay variantes, hay quienes pecan por omisión y otras por acción”, resaltó.