El Justo Reclamo

La terca persistencia de la tortura en México

JORGE ROCHA

Hace un par de semanas el tema de la entrada del Ejército a patrullar las calles de la ciudad de Guadalajara se instaló en la escena pública. Algunas voces concordaron con la idea y otras más dijeron que no era una buena propuesta. Como expuse en mi artículo anterior, meter al Ejército en tareas de seguridad pública es una solución muy poco apropiada y sumamente cuestionable.
Una de las necesidades prioritarias que deben resolverse para no llegar a ese escenario es el trabajo de renovación, dignificación y profesionalización de los cuerpos de seguridad pública. Como expuse antes, se requiere, entre otras cosas, mejorar las condiciones laborales de las y los policías, la profesionalización y tecnificación de las tareas de investigación del delito, dignificar el papel social que desempeñan los cuerpos policiacos, combatir la corrupción en las instancias policiales y buscar que los responsables de cada una de estas instituciones coordine sus labores y tenga proyectos estratégicos que garanticen la seguridad de todas y todos los que habitamos esta ciudad y este país, sin detrimento de otros derechos.
El reciente escándalo en el municipio de Léon, Guanajuato, que se suscitó por la filtración de tres videos que ponen en evidencia el tipo de entrenamiento que reciben los policías de aquella demarcación, donde se les enseña cómo infligir tortura, muestra un gravísimo problema que nos aqueja y va en el sentido contrario de lo que necesitamos en los cuerpos de seguridad. La tortura no es el camino por el cual deben transitar nuestros policías, no puede ser la forma de proceder. Es una acción ilegal, a todas luces violatoria de los derechos humanos, abona a la impunidad, es una de las peores formas de denigración de las personas y, sin duda, es una estrategia muy poco eficaz para el combate contra la delincuencia. El caso guanajuatense vuelve a poner en la escena pública el problema de la tortura en México como una práctica que no se ha podido desterrar de las instituciones que deberían procurar la seguridad de todas y todos.
En el Informe 2008 de Amnistía Internacional (AI), que fue calificado de alarmista y exagerado por parte del gobierno federal, hay un apartado referido a la tortura y el uso excesivo de la fuerza. Como ejemplos se citan los casos de Emeterio Cruz, nativo del estado de Oaxaca, que después de haber sido torturado por la policía municipal estuvo en estado de coma y fue dado de alta con parálisis parcial. También se documenta un caso en el estado de Veracruz, donde un grupo de indígenas campesinos nahuas también fueron torturados, uno de ellos herido de bala por disparos que se hicieron al aire y que en su reclusión fueron obligados a implicar a su dirigente en presuntos delitos. Si se revisan los informes anuales de los principales centros de derechos humanos de origen civil en México, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas y el Centro de Derechos de la Montaña de Guerrero “Tlachinollan”, en todos hay documentación de casos por tortura. En todos ellos se denuncia que esta práctica no ha sido desterrada del país.
En el caso de Jalisco, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) hizo un análisis de las quejas y recomendaciones por tortura presentadas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ). En su trabajo encontraron que pasamos de 10 quejas por tortura en el año de 1997 a 150 quejas en 2006. Siendo el año 2003 el más alto, con 162 quejas. De aquella fecha hasta ahora (2008) hay 16 recomendaciones por tortura, siendo el año 2007 el más alto, con cuatro recomendaciones, que no necesariamente pertenecen a ese periodo, pero que sí se dieron a conocer el año pasado.
Con todo lo anterior podemos afirmar que también hay una fuerte preocupación por la existencia de este problema en nuestra entidad, que no sólo está asociado a abatir y desterrar esta práctica, sino en castigar a los responsables de estos lamentables hechos.
Dicho todo lo anterior, concluimos que uno de los puntos de agenda más importantes en el proceso de renovación y dignificación de las policías es precisamente la puntual aplicación del Protocolo de Estambul, que tiene como objetivo la desaparición de este tipo de acciones (tortura y tratos indignos y degradantes), aunado con el castigo a los perpetradores de estas violaciones a los derechos humanos, en función de combatir la impunidad que tanto nos aqueja.
Uno de los efectos colaterales que puede traer este problema es que ante la imposibilidad de contar con instituciones policiales más efectivas y con mayor preparación, cedamos ante la tentación de que la única manera de luchar contra la delincuencia organizada, e incluso defendernos de las propias policías, es metiendo al Ejército en una labor que no le corresponde.
En el lamentable caso del municipio de León, ni el presidente municipal, ni el gobernador, ni tampoco la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local han logrado dar una explicación convincente y creíble de lo que pasa con sus cuerpos policiales, han caído en argumentos absurdos y contradictorios, con lo que muestran su incapacidad para trabajar adecuadamente la necesidad de garantizar la seguridad pública sin sacrificar el resto de los derechos humanos. Es imprescindible que la clase política entienda que no hay incompatibilidad entre una buena estrategia de seguridad pública con el respeto pleno de los derechos de todas y todos. No es formando a torturadores como resolveremos el problema.
jerqmex@hotmail.com