El Justo Reclamo

Ya es hora

La justicia debe alcanzar hasta al presidente de la República

POR ALFREDO PADILLA PENILLA

Justicia alcance al Presidente

Títere Felipe Calderón: ¡Ya basta de proceder como comerciante que, junto con su camarilla remata al mejor postor los bienes de la Nación, en vez de conducirse como estadista y auténtico presidente de México!
No hay otra, y es un clamor: al pelele Calderón hay que hacerle juicio político por violar la Constitución, conforme lo prescribe su artículo 108, párrafo segundo: por traición a la Patria.
Pretende engañarnos y tapar el sol con un dedo. Obtuso, miserable y alfeñique, ha sido manipulado por una pandilla amafiada al capitalismo extranjero, principalmente norteamericano, y ahora español. Por ello impuso al gachupin Juan Camilo Mouriño como secretario de Gobernación.
Atravesó el Atlántico y se instaló en la Península Ibérica a rendirle pleitesía a sus nuevos amos el rey Don Juan y el presidente José Rodríguez Zapatero.
Es público y notorio que al papá de Mouriño le otorgaron en concesión 37 gasolinerías en el sureste del país. También ha beneficiado a su suegro. Su familia se ha enriquecido en detrimento de los mexicanos.
Calderón, en su afán de privatizar el petróleo, ha calificado el debate que los opositores a dicha privatización, López Obrador y el Frente Amplio Progresista, impulsaron en el Senado de la República, como meramente ideológico, político e histórico. Así, revela su ignorancia y su engañoso afán de ignorar que los participantes han abordado tesis técnicos jurídicas y económicas realistas para defender nuestros legítimos derechos. El simplemente baila como muñeco de cuerda, al son que le toquen quienes lo impusieron en el poder.
Por lo visto, no sólo los últimos gobernantes priistas: De la Madrid, Salinas de Gortari y Zedillo han realizado una labor de zapa, de ventajistas, sino también los panistas Vicente y Fox y Felipe Calderón.
En los debates senatoriales se ha demostrado, hasta la saciedad, que Calderón pretende privatizar el petróleo, en contra de los intereses supremos de la Nación.
No nos cansaremos de insistir en su falaz conducta antijurídica, como la han hecho expertos notables de la talla de Juventino Castro y Castro, Raúl Carrancá y Rivas, Jaime Cárdenas Gracia y otros conocedores de nuestro Estado de Derecho. Por nuestra parte, llamamos nuevamente la atención a lo que prescribe textualmente el párrafo tercero del Articulo 27 de nuestra Carta Magna .
"La Nación tendrá en todo tiempo el derechos de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de reglar, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de aprobación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana".
Es indiscutible que nuestro supremo ordenamiento jurídico privilegia el interés público sobre el interés privado. Apoyan este aserto el artículo 25 que prescribe que "corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional… que fortalezca la soberanía de la Nación… y una más justa distribución del ingreso y la riqueza.
Y contra la tozudez de nuestros gobernantes vendepatrias, insistimos machaconamente que le artículo 26 ordena a la letra: "El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación".
El mismo artículo señala: "La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo".
A mayor abundamiento, y contra lo que afirman el presidentito Calderón y sus adláteres que quieren violar nuestro máximo ordenamiento jurídico, subrayamos parte de lo que señala el apartado seis del artículo 27 Constitucional.
"Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos…. Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgaran concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos materiales que se requieran para dichos fines".
Quienes ya han vendido petróleo, electricidad, gas, y adoptado procedimientos devastadores de la economía nacional, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio salinista, no solamente atentan contra la Constitución, sino contra la Nación y el Estado mexicanos.
Estas afirmaciones no son demagogia. Por ello reitero principios jurídicos fundamentales que están por encima de intereses mercenarios de los últimos gobernantes que han creado miseria, caos, corrupción, impunidad, narcotráfico, crimen organizado, violencia, como jamás había acontecido en nuestro devenir histórico.
Gritamos ahora: hay que poner un hasta aquí a la conducto pusilánime y traidora de los gobernantes peleles y su camarilla televisa, empresarial y banquera que han postrado a la Nación y están a punto de incendiar el país.
Por todo ello, los mexicanos que amamos a nuestra Patria, debemos revestirnos de valor y proceder, como nunca antes se había hecho; aplicar con todo rigor el peso de la ley a los infractores, así sean gobernantes supremos.
¿Cómo? Conforme lo que prescribe el título cuarto de nuestra Constitución que especifica claramente: "De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del estado".
Este título, muy poco conocido, como también lo son los demás ordenamientos constitucionales, menciona: "Se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores del instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones".
Al respecto, prescribe que "El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la Patria y delitos graves del orden común".
De entrada, no estamos de acuerdo con esta excepción otorgada al Presidente de México. Debería ser tratado al igual que los demás servidores, puesto que debe ser el primero en poner el ejemplo en cuanto a su acción pública. Por primera vez en nuestra historia podría iniciarse un júbilo político a petición popular, en contra de Felipe Calderón por pretender violar la Constitución.
Al respecto el connotado y probo jurista Raúl Carrancá Rivas ya lo ha expresado, y en alguna otra ocasión, Porfirio Muñoz Ledo.
El procedimiento insólito hasta ahora, se iniciaría por medio de una petición popular, aun cuando carecemos de tradición al respecto. Hasta el momento ningún presidente ha sido enjuciado. Según lo registra nuestra historia, algunos han sido denefrestados, o asesinados, como fue el caso de Francisco I Madero, inmolado por órdenes del chacal Victoriano Huerta y con la intervención del embajador norteamericano en nuestro país, Henry Lane Wilson, el 22 de febrero de 1913.
Nuestra historia ha sido pródiga en revueltas y motines contra los gobernantes. Desde luego tradicionalmente no hemos ejercitado el Estado de Derecho.
Pero ya es el momento de exigir a los senadores que inicien este procedimiento. El artículo 114 Constitucional señala: "El procedimiento de juicio político, sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe se cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento".
El artículo 111 Constitucional en su apartado cuarto, señala: "Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable".
Ya es hora de desempolvar nuestra Constitución y régimen jurídico para liberarnos de los abusos cometidos por la clase gobernante, que está a punto de provocar un estallido que pudiera ser similar a las revoluciones de independencia, Reforma y 1910. pero hay que apuntar hacia arriba, hacia la cima, hacia el titular del poder Ejecutivo para que cunda el ejemplo en los demás servidores públicos.