¿Miedo a la libertad?

Jorge Lara Rivera

El llamado “Debate” (en realidad era una serie de foros temáticos con comparecencias de expertos expositores) sobre la reforma petrolera ha concluido.
Del encuentro con las fuerzas, actores e intereses que ella concita arroja, pésele a quien le pese, que en esto tenía razón la lógica más simple en materia de Democracia: oír otros puntos de vista (algo a lo que se oponían, recalcitrantemente, los dirigentes más reaccionarios en el gobierno federal y en Acción Nacional, su partido de estado) para tener la más amplia panorámica posible acerca de los múltiples aspectos que entraña el crucial asunto.

Por lo pronto ya se habla en un sentido, mucho más amplio, de Reforma Energética y no sólo de la petrolera –privatizar a PEMEX– como pretendía el régimen en su apresuramiento entreguista; algo mucho más acorde con los planteamientos modernizadores del Partido Revolucionario Institucional y de los ambientalistas del Verde Ecologista.
Por varias semanas, el debate/encuentro captó las ocupaciones del Senado de la República y la atención somera de los medios. Hacia el fin del plazo, hasta él mismo, con el objetivo de enriquecerlo en la visión que arroje, fueron llevadas las conclusiones de otro debate, paralelo, realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México bajo el signo del ideal académico y científico: la libre discusión de las ideas. En días recientes también, los empresarios, igualmente bajo su propia ‘divisa’ (esta vez ese término vale en sus dos acepciones comunes), el afán de lucro, ofrecieron una propuesta de reforma propia (acaso inspirada por sus ansiosos socios extranjeros).
Las diversas aristas que la reforma energética contiene y sobre las que arroja luz tal Debate hacen conciencia en los ciudadanos de la trascendencia que la participación cívica reviste para la toma de las decisiones de gobierno y ponen en relieve el poder del ciudadano. Y es esto, precisamente, lo que tanto asusta a la clase política mexicana, acostumbrada a medrar al amparo de la indiferencia y el conformismo de una ciudadanía apática, desinformada, enajenada por los excesos y corrupción de sus líderes sociales y del lavado cerebral con que la manipula la propaganda comercial en los medios de información masiva.
O sea, la ‘democracia’ como simple palabra de discurso electorero está bien; pero algo bien distinto ocurre cuando se torna acción cívica, práctica social; entonces sí que resulta un riesgo, es peligrosa para el status quo, podría... hasta volverse ¡cosa cotidiana! Y no importa lo que diga al respecto el Artículo Tercero Constitucional que rige la educación pública básica, porque para desmentirlo allí tiene uno a los profesores rijosos, a su sindicalismo escindido, a los claroscuros de Elba E. Gordillo M., etcétera.
Y es que en la democracia –cualquiera lo sabe– nada supera a la asamblea general para la toma de decisiones; aun en aquélla directa pero ‘representativa’, no tiene caso reducir la discusión de los asuntos que a todos atañen sólo a representantes, cuando es posible hablar directamente con los representados.
Congruentes con nuestra pobre cultura política de participación ciudadana resultan, pues, el rechazo y el encono con que fue recibida desde que se anunciara la propuesta de “Consulta Nacional” que finalmente organiza el Partido de la Revolución Democrática. Y al respecto, claro que sobran ‘peros’; desde la inexistencia explícita del Plebiscito y el Referéndum, como instrumentos de ejercicio político en nuestra legislación (que tampoco los prohibe) –como tampoco existe el ‘Voto de Confianza’ que basta para hacer caer a gobiernos ineptos–, un penoso vacío en una sociedad que se sueña democrática y moderna, hasta la dudosa probidad que tiene en la percepción social un partido político que no pudo contar ¡en cuatro meses! ni sus elecciones internas. Todo lo cual no impide que siga siendo válida la sencilla idea de preguntar directamente a aquéllos a quienes afecta, patrimonialmente y de modo trascendente, la reforma energética que el gobierno se propone llevar al cabo: el pueblo, la gente, es decir, la nación (que es –siempre– soberana, de acuerdo a nuestra Constitución).
En cuanto a la base legítima de la Consulta basta invocar el principio jurídico comúnmente aceptado de que “lo que no está legalmente mandado, ni prohibido, está permitido” como es el caso. Respecto a la suspicacia que nos merece el PRD para organizarla, dado que no hubo otro instituto político –todos le corrieron a la propuesta (incluido el IFE), en aras de la oportunidad histórica que brinda a la sociedad civil se tendrá que considerar eso el mal menor.
Para descalificarla, entonces, se argumenta que los resultados de la Consulta no serán ‘vinculativos’ para ninguna autoridad (¿no es esto un ejemplo de Libertad de Expresión, señores empresarios de medios informativos e ‘intelectuales’ promoventes de amparo?), o sea que, no influirán para tomar determinaciones a la hora de votar la reforma petrolera. –tanto más a favor de que se realice este inédito ejercicio ciudadano, histórico para nuestra vida política, pues será inocuo, no causaría más que otro gasto, menor en un país donde los políticos dilapidan el erario en provecho propio, pero esta vez con el atenuante de que ‘se hará gente’ al pueblo, que es quien sostiene a todos (personas e instituciones).
Respecto a las preguntas que contendrá la papeleta, ¿quién lo iba a decir? ¡”Fuego amigo”!: en su peor papel colaboracionista, el ambicioso caudillo Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano –no podía esperarse menos– y la diputada Ruth Zavaleta asombran con melindrosos comentarios criticándolas, cuando no se les vio, ni oyó que se sepa en el trabajo de elaboración (y eso que participaron verdaderos expertos y especialistas, IFE incluido).
En realidad, los críticos de la Consulta Nacional no se hacen ilusiones: saben bien que a menos que sean suicidas con sus carreras políticas y los partidismos faltos de visión y ambición, no podrán ignorar sus resultados; y todavía más: la acción ciudadana, adelantándose a los políticos profesionales, sienta precedente de un ejercicio democrático directo que en el futuro será ineludible incorporar a nuestra legislación, lo cual amenaza la discrecionalidad y arbitrariedad con que la clase gobernante suele comportarse en México.
La Consulta Nacional, prevista para iniciar este domingo 27 de julio de 2008 en el D.F. y posteriormente, de modo escalonado, en otras partes de la República, constituye en sí misma un acontecimiento histórico; ningún verdadero demócrata le escamotearía ese carácter. Apenas creo necesario, pues, pedir el apoyo ciudadano a la defensa de sus propias ideas, de su derecho a opinar en su propio país sobre las cosas que le afectan, pero lo hago desde aquí, para que por mí no quede en falta.