domingo, agosto 31, 2008
La vida mexicana vive una incertidumbre amarga. No se vislumbran posibilidades de enmienda. El otrora poderoso y autoritario Estado mexicano está en shock. Con el debilitamiento del presidencialismo más de facto que legal el fortalecimiento del Legislativo resultó agudamente disfuncional al funcionamiento del sistema. Viven mundos ajenos, encapsulados, con agendas, tiempos y prioridades, propios e insondables. Ya ni se visitan. El nexo de las reformas, primero fue intransitable y, luego, por el afán legitimatorio del presidente Calderón, castrante; las reformas han sido mediocres, insuficientes, muchas de ellas cargadas de riesgos y amenazas a las libertades; construidas en el cortoplacismo y la satisfacción de intereses particulares e inmediatos. Los resultados han sido de validez efímera si no es que frívolos. Último ejemplo; la incapacidad para corregir una ceremonia desvirtuada, dio pie al dislate de cancelar el Informe presidencial en la apertura de sesiones del Congreso; rendición de cuentas del Ejecutivo ante el Legislativo republicanismo, tiraron el agua sucia, la bañera y el niño. Eliminaron el símbolo del diálogo racional para dar paso a la incontinencia mediática del Presidente. En suma, el corpus institucional vive un pasmo que insinúa fehacientemente una crisis histórica. La guerra al narcotráfico y la explosión de la inseguridad no representan una disfunción respecto de un Estado con plausible vigencia de leyes y democracia estable; la conmoción social, la alharaca mediática, el estado psicológico de guerra civil y la incapacidad del Estado para proveer seguridad en vida y bienes a los ciudadanos, es expresión material de una crisis sistémica que apunta al desfondamiento del gobierno y augura una negra etapa histórica para México. Imposible y avieso cualquier optimismo. No se puede, ni se debe ignorar: el país vive la situación más aciaga y violenta desde la última guerra civil, la Cristiada. Tres líneas críticas, de alta densidad, confluyen en la coyuntura presente con secuelas duras de mediano y largo plazos; incrementan exponencialmente el riesgo social, pues aun si relativamente autónomas, confluyen una en la otra, toda vez la atrofia gubernamental y la descomposición del Estado y sus instituciones. Encrucijada amarga: economía, inseguridad y guerra al narcotráfico, así como la extrema tensión del proceso político, conforman las coordenadas de esta crisis histórica, sin precedentes. Tres marchas en tres días escenifican con plasticidad ya en las calles la efervescencia y hartazgo de la sociedad y la inviabilidad para procesar conflictos por parte del gobierno. Tres nudos críticos de la vida del país aglutinan diversos sectores y organizaciones: ayer, manifestación contra la inseguridad; hoy, mitin masivo de preparación de movilizaciones y agitación del movimiento de AMLO, disidencia en trance de radicalización articulado al FAP, sector político de oposición semileal; mañana, concentración de sindicatos y organizaciones sociales que pugnan por una nueva política económica. La economía vulnera la estructura del sistema. El crecimiento, de suyo crónicamente estancado, padece un declive drástico: el incremento del PIB (el más bajo de toda América Latina), medido con criterios internacionales no las “benevolentes” cuentas mexicanas, en el primer trimestre, creció sólo 0.64% (no 2.8%, en contabilidad patito nacional). La actividad industrial decayó, en el primer trimestre, 1.4%, es decir, 5.6% anualizado. La creación de empleos incrementó su déficit respecto de las necesidades demográficas, apuntalando la informalidad 27.5% de la PEA. El traumático desplome de la producción petrolera, en condiciones de inviabilidad fiscal recaudatoria, conducirá a un aumento de 30% promedio de los combustibles para paliar la insuficiencia recaudatoria del Estado, con efectos inflacionarios inevitables. Sobre ese terreno productivo y con uno de los modelos de distribución de la riqueza más injustos del planeta, la informalidad es el caldo de cultivo perfecto para la expansión de la economía irregular e ilegal a los giros negros y abiertamente criminales que conforman el complemento simbiótico para que las ganancias del crimen, enfáticamente, del narcotráfico inunden al país. Recordar (dato del gobierno de USA): 60% del territorio tiene influjos significativos o está dominado por bandas criminales. El Estado para salir de su shock y tomar medidas iniciales serias (con gran optimismo, la reestructuración policial nacional llevaría más de una década) y sistemáticas, para reasumir su función primigenia de garantizar seguridad, debe aceptar la dimensión sistémica de su crisis y no suponer una disfunción, la cual es incapaz de resolver. Si no lo hace, voces terribles de enfrentamiento y término adelantado de gobierno avivarán la incertidumbre.
alan.arias@usa.net
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