CAMBIO DE TERCIO, SILBIDOS DEL RESPETABLE

PLAZA PÚBLICA

Cambio de tercio, silbidos del respetable

Por Miguel Ángel Granados Chapa

Llegado el momento de hacer un balance de los dos primeros años de la administración calderonista quedó manifiesta la fallida estrategia para conformar un mando único policiaco
Su fracaso en el combate a la inseguridad pública es el sello que marca el primer tercio de la administración encabezada por Felipe Calderón. A dos años de su protesta y toma de posesión, el segundo presidente panista no ha logrado asentarse firmemente en el poder, al que llegó en situación precaria. Al contrario, puede afirmarse que ha disminuido considerable y ostensiblemente la capacidad del Estado para regir a una sociedad atribulada y para garantizar a la población las condiciones mínimas para una convivencia armoniosa y fructífera.
Una semana después de asumir el Poder Ejecutivo, inopinadamente Calderón puso en práctica su más espectacular política pública, la del combate a la delincuencia organizada a través de operaciones conjuntas del Ejército y las fuerzas policiacas federales. Al cabo de dos años, esa estrategia ha fallado casi por entero, como se puso de manifiesto anteayer, en el primer balance del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que el gobierno se vio forzado a formular y suscribir hace 100 días.
Calderón inició su gobierno en condiciones adversas. A diferencia de Fox, que ganó con holgura la Presidencia seis años atrás, por lo que sus adversarios reconocieron su legitimidad sin regateos, Calderón ganó formalmente las elecciones por una diferencia mínima, de apenas medio por ciento (234 mil votos de un total de 42 millones). Aun si no se hubiera impugnado ese resultado, aunque es verdad que los comicios se ganan por un solo voto, la capacidad de acción de un gobernante cuya mayoría es apenas perceptible se ve notoriamente reducida. Por ese motivo Calderón se vio obligado a aliarse con el PRI, sin cuyo concurso no habría sido posible siquiera la protesta constitucional en San Lázaro y mucho menos el ejercicio gubernamental que requiere participación del Legislativo. Por añadidura, y aunque los órganos electorales manifiestamente parciales lo declararon formalmente electo, un elevado porcentaje de los ciudadanos consideró que la victoria de Calderón era ilegal y por lo tanto lo tacharon de espurio, en contraste con la calificación de legítimo atribuida a su principal contendiente, Andrés Manuel López Obrador.
Acentuada esa fragilidad por su carencia de mayoría en las Cámaras (aunque los grupos panistas son los más grandes), Calderón estaba urgido de mostrarse como un gobernante fuerte, sensible a las exigencias de la sociedad y capaz de ofrecer buenos resultados en un programa de acción que rindiera frutos inmediatos. Escogió para ello el combate al crimen organizado y, sin conocimiento del terreno ni de la estructura que ponía en movimiento, se lanzó a la pelea, en la que si bien ha asestado golpes contundentes al enemigo, ha sido en cambio vapuleado rudamente, con grave perjuicio para la sociedad, que según encuestas vive de más en más atemorizada.
El viernes mismo, el día en que pomposamente se medían los avances contra la criminalidad, fueron asesinadas 44 personas, el doble de la tasa diaria vigente en todo el país, que ha producido en lo que va del año más de 5 mil víctimas. Es verdad que ha disminuido el porcentaje de secuestros, delito en el que se concentró la atención del aparato gubernamental, pero no decrece el de homicidios dolosos. No sólo se ha incrementado su número, sino que sus modalidades y localización revelan el aumento de la capacidad financiera, logística y de fuego de quienes han lanzado al gobierno el mayor desafío en el último siglo, de peligrosidad mayor para la estabilidad social que las movilizaciones militares rebeldes de 1929 y los años siguientes, y que la insurgencia guerrillera de los setenta, los noventa y el primer decenio del siglo XXI. Un factor que agrava esa peligrosidad ha sido la creciente penetración del crimen organizado en la estructura gubernamental responsable de contenerlo y castigarlo.
Es regla archisabida que la prosperidad de la delincuencia implica colaboración de la autoridad en diversos grados y modos. Si aun ladronzuelos de poca monta saben que deben pagar a gendarmes la protección que les permita seguir medrando en la calle, con mayor razón la delincuencia organizada destina porciones importantes de sus abultadas ganancias a obtener la complicidad de funcionarios. Ignorarlo, descubrirlo tardíamente y no extraer de ello las consecuencias debidas han sido actitudes que agravan la responsabilidad de Calderón a lo largo de estos dos años.
No fue capaz hasta ahora ni siquiera de montar el aparato persecutor adecuado. Ha metido masivamente al Ejército a realizar funciones policiacas para las que no está preparado, impericia que no sólo produce ineficacia sino que es contraproducente, pues han sido frecuentes sus violaciones a derechos humanos. Y no ha podido poner en acción su propio intento de crear un cuerpo militar con destrezas policiacas. En el ya lejano mayo de 2007, creó el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, que se integraría con más de 5 mil efectivos procedentes de grupos de trabajo experimentados, como el Cuerpo de Fuerzas Especiales, que constituyó parte del pie veterano de la Policía Federal Preventiva. Pero ni en el presupuesto de este año que está por concluir ni en el ya aprobado para el próximo se destinaron las partidas requeridas para el nuevo cuerpo, que se quedó en proyecto.
Igualmente fallida ha sido, en los hechos y en el ámbito legal, la fusión de la Agencia Federal de Investigación y de la PFP. El primer paso para la creación de un solo cuerpo fue poner esas fuerzas bajo un mando único, que fue despedido en marzo de 2007, apenas un trimestre después de su nombramiento. Lo que ha ocurrido después ha sido peor: en el intento de crear la Policía Federal, la AFI salió y volvió a la PGR, que la necesita como brazo investigador del Ministerio Público. En ese proceso de indefinición legal (pues el proyecto de ley para la fusión fue remitido por Calderón hace apenas unas semanas y no cuenta con la aquiescencia de la mayoría legislativa) esa agencia ha sido desmantelada por su creador, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Su grupo antisecuestros que llegó a tener 300 miembros, cuenta hoy sólo con 16.
Si esas vacilaciones e ineptitudes fueran la única tacha que mereciera el combate a la delincuencia, la sociedad tendría esperanza de que corregidas o eliminadas dieran lugar a la eficacia. Pero el saldo más temible, más desesperanzador de esta política calderonista es la noticia de que mandos de muy elevada jerarquía en la PGR y en la SSP se unieron al crimen organizado. En este momento, para sólo mencionar los ejemplos más conspicuos, se hallan bajo arraigo (la equívoca fórmula procesal que oculta la incapacidad ministerial para llevar a juicio a presuntos delincuentes) el subprocurador que durante año y medio se supuso combatía a la delincuencia organizada; un comisario jefe de la PFP y el director de la Interpol en México, los dos últimos gente de la confianza de García Luna.
A la crisis de sus aparatos de seguridad, factor determinante del fracaso en este materia, tiene que agregarse, al examinar cómo llega Calderón a su segundo aniversario en Los Pinos, el severo cuestionamiento que desde distintos miradores se expresa respecto de la Alianza por Calidad de la Educación. Expertos en la política y práctica educativa lamentan que la reforma del ramo se supedite a los intereses sindicales y a la alianza política de la presidenta del SNTE y el presidente de la República. Las bases magisteriales, a las que no se consultó el contenido de un documento que modifica sus condiciones laborales, lo impugnan crecientemente y han conseguido aplazar su vigencia en algunos casos. El proyecto mismo se acerca a la inviabilidad si no es modificado. A esa posibilidad parece obedecer el que la campaña de la lideresa magisterial para hacer que los gobiernos locales se adhirieran a la Alianza se suspendió cuando ni siquiera la mitad del número total de gobernadores había suscrito su compromiso específico.
Es probable que un balance más amplio que el aquí expuesto determine la conducta de los votantes en julio próximo. Quizá sea la causa de la previsible derrota panista en la elección legislativa, prolongación de las que ha padecido en los dos años del calderonismo en comicios estatales y municipales.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com