Las promesas en materia de seguridad y la prevalencia de un Estado de justicia que el ilegítimo ha pronunciado desde el inicio de su gestión usurpadora NO se ve por ningún lado / NO hay acciones concretas ni un firme actuar que resuelva la crisis de inseguridad que vive el país, denuncia el Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con y desde América Latina (SICSAL)
MEXICO, D.F., 29 noviembre (LA JORNADA).- Las promesas en materia de seguridad y la prevalencia de un Estado de justicia que el espurio Felipe Calderón ha pronunciado desde el inicio de su gestión ilegítima, “es pura demagogia” que ha extendido a los compromisos de los 100 días, donde por ningún lado se ven acciones concretas ni un firme actuar que resuelva la crisis de inseguridad que vive el país, se pronunció el Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con y desde América Latina (SICSAL).Sobre el tema, las organizaciones agrupadas en el Observatorio Eclesial consideraron que el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) debe ser reestructurado y abrirse a la participación social, a fin de evitar que bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico tengan lugar “ciertas prerrogativas” para sectores empresariales y de derecha, y se consolide la campaña de criminalización contra los movimientos sociales.En el marco de la primera evaluación del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que este viernes tuvo lugar en Palacio Nacional y sin presencia de representantes del Poder Judicial, el presidente en México del SICSAL, Martín Hernández, dijo que a 100 días de la firma de los compromisos pactados por el gobierno con la sociedad civil “vemos que nos han llenado una vez más de palabras y de discursos bonitos, pero ninguna acción concreta”.“Nada que realmente resuelva la situación de crisis que vivimos en el tema de inseguridad. Las víctimas siguen a pareciendo todos los días”, declaró.Entrevistado en el marco de los 19 años de la masacre en El Salvador de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, motivo por el que en la capital del país el obispo emérito Samuel Ruiz García presidió este viernes una celebración eucarística para recordar a los mártires de América Latina, Martín Hernández expuso que aunque en las acciones de denuncia social a actos de injusticia y violación a derechos humanos muchas veces está en juego la vida de los denunciantes, quienes dentro de la Iglesia Católica asumen este compromiso “nuestra labor seguirá siendo ésta, a pesar de amenazas, persecuciones y torturas en contra de algunos de nosotros”.“Cuando hay una conciencia crítica por parte de una Iglesia católica que es crítica y propositiva en situaciones de crisis, el Estados, cualquiera que sea, reacciona considerando como sus enemigos a sacerdotes, religiosas, catequistas”, señaló.José Guadalupe Sánchez Suárez, vocero del Observatorio Eclesial, denunció que mientras autoridades, funcionarios y políticos, hablan, en sus encuentros, de ofrecer seguridad en el país con militares; con la presencia policiaca está teniendo lugar “una abierta violación a las garantías individuales y no le permiten a sectores sociales la defensa de sus derechos”.“Estamos viendo una doble finalidad de las medidas de seguridad, la de combatir el crimen organizado y la de establecer un régimen dictador que a la larga busca minar la capacidad de movilización de las organizaciones y de exigir sus derechos”, advirtió.A fin de revertir esta situación, explicó que en breve diversos frentes sociales lanzarán una campaña de protección a periodistas y múltiples organizaciones conformarán una agrupación “que mantenga puestos los ojos” en las estrategias de seguridad nacional aplicadas en México y otros pueblos de América Latina.domingo, noviembre 30, 2008
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