lunes, diciembre 15, 2008

Editorial del Diario Libertad. De las opciones que no se toman..

Año 7, número 2464
Lunes 15, diciembre del año 2008

Sin entender que lo que se requiere es de acciones, no de más declaraciones, de las que los mexicanos ya estamos cansados. O de más manifestaciones públicas, que probado está no han servido para nada.

Como no sea para el lucimiento o “destape” de nuevas “personalidades”, que auto-proclamándose interlocutoras de la sociedad, aprovechan la delicada situación (“A río revuelto, ganancia de pescadores”) para llevar agua a sus molinos.

La confirmación de la dolorosa muerte de Silvia Vargas, aunada a la no menos terrible de Fernando Martí, cuyas investigaciones se han llevado a cabo toda vez que sus padres son ricos o famosos; pero a saber cuántas más muertes han ocurrido por secuestros sin que la sociedad se haya enterado de ello.

Han motivado que de nueva cuenta se hagan pronunciamientos y se den ultimátums a quienes nos gobiernan para que se termine con la ola de violencia que estamos viviendo en nuestro México; mucho peor, cabe decirlo, que la que privó en Colombia en sus años álgidos de combate a la delincuencia organizada.

Organizaciones como “Iluminemos México” y “México unido contra la delincuencia” han “aceptado” el reto de evaluar a los jueces y fiscalizar sus sentencias a través de lo que se ha dado en llamar “Observatorio Ciudadano”.

Lo que vendría siendo prácticamente otra Comisión Nacional de los Derechos Humanos (solo que esta sería de las víctimas, no de los delincuentes) que a un costo altísimo, tampoco ha servido para mucho, por no decir que para nada.

“Observatorio Ciudadano” que fue propuesto a raíz de que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, declaró que en lo que respecta a la Justicia “hay problemas de distinta magnitud”. Lo que viniendo de él quiere decir mucho.

Cuando la solución no es crear más organizaciones o fiscalías, sino devolverles a los jueces y magistrados la independencia que tuvieron bajo la Constitución del 57, en la que se contemplaba que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia debía ser electo por el Pueblo.

Lo que automáticamente terminaría con la impunidad que desde la Presidencia de la República se ha acostumbrado practicar hasta nuestros días.

Pero: ¿Tendrán los integrantes del Poder Judicial los arrestos necesarios para pedir que se legisle al respecto y se les otorgue una verdadera y auténtica autonomía; o se conformarán con que haya un nuevo organismo que fiscalice sus sentencias?

Se piensa que optarán por lo último y las cosas seguirán igual, si no es que peor.

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