Las firmas de telecomunicaciones enturbian sl legislativo

JENARO VILLAMIL

La guerra por el control de las telecomunicaciones en el país enfrenta a los senadores del PRI y del PRD. La semana pasada, los legisladores perredistas frenaron una iniciativa de reformas a la Ley de Inversión Extranjera que buscaba permitir que empresas foráneas, como Telefónica, puedan invertir más de 49% del capital total de una entidad empresarial en telefonía fija. En el fondo de esta trabazón legislativa se encuentran, una vez más, intereses de los grandes consorcios del ramo, así como las ambiciones de políticos y partidos con miras a las elecciones legislativas de 2009.En vísperas del proceso electoral federal de 2009, la disputa por el mercado de las telecomunicaciones -con un crecimiento anual de 24%-, así como las presiones para favorecer mediante leyes a modo a los concesionarios de radio y televisión, se recrudecen en el Congreso de la Unión con una "guerra de todos contra todos".La semana pasada, por ejemplo, se frustró el intento de aprobar en la Cámara de Diputados una reforma a los artículos 7 y 8 de la Ley de Inversión Extranjera para permitir que empresas extranjeras, como Telefónica, puedan invertir más de 49% en el sector de telefonía fija, dominado 80% en el territorio nacional por la empresa de Carlos Slim.Redactada y cabildeada en San Lázaro por representantes de Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda y presidente de Telefónica, la iniciativa fue presentada por los diputados José Luis Aguilera Rico, de Convergencia, Miguel Ángel Jiménez Godínez, del Partido Nueva Alianza, Mauricio Ortiz Proal y Víctor Manuel Palma César, ambos del PRI, y aprobado en la Comisión de Economía.Esta iniciativa contó con la opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia (CFC), que consideró que una medida de ese tipo "contribuiría a aumentar la oferta disponible de recursos financieros para el sector telecomunicaciones y fortalecería la competencia entre los inversionistas extranjeros y domésticos por los mejores proyectos de inversión".Así mismo, la dependencia encargada de frenar los monopolios económicos consideró "innecesario" incluir en la reforma la existencia de "condiciones similares de apertura para la inversión nacional", una vieja demanda expresada por Telmex a sus competidores de origen extranjero.Sin embargo, el jueves 11, el dictamen no fue votado en el pleno. El coordinador del PRD y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Javier González Garza, propuso que se votara hasta febrero de 2009. Incluso el también perredista Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio y Televisión en el Senado, denunció que se quiere nuevamente "legislar por partes" un sector que ha quedado en la indefinición jurídica desde que la Suprema Corte de Justicia echó abajo aspectos sustanciales de la Ley Televisa."No es admisible, es una vergüenza que estemos legislando a la carta, que legislemos sólo a favor de los intereses de algunas empresas, aunque sean legítimos", afirma Sotelo a Proceso.El mismo jueves 11, él presentó dos amplias iniciativas de "reforma integral" tanto para la radio y televisión, como para el sector de telecomunicaciones. En el punto medular de su iniciativa, el senador perredista propone reformar la Constitución para crear un nuevo órgano autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para sustituir a la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y crear el concepto de "responsabilidad social" para todas aquellas grandes compañías telefónicas.Las iniciativas de Sotelo van en contra de la tendencia impulsada por Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores del PRI, quien presentó el martes 2 otra iniciativa para reformar parcialmente la Ley Federal de Radio y Televisión y permitir la prórroga automática hasta por 20 años de los actuales concesionarios de radio y televisión.Tanto Sotelo como el exsenador Javier Corral, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, criticaron la iniciativa de Beltrones por ir en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia contra la Ley Televisa que explícitamente se opuso al mecanismo de los refrendos automáticos:"Para el refrendo de la concesión y la preferencia que se otorga al concesionario -estableció el máximo tribunal-, es menester que el titular de la concesión compita nuevamente, en igualdad de circunstancias, con otros interesados."

"Mayoría legislativa temerosa"

Sotelo reconoce que las iniciativas que presentó surgieron de los trabajos y sesiones que durante ocho meses realizó el Grupo Plural, creado en el Senado con el compromiso de la Junta de Coordinación Política para reformar integralmente las leyes de telecomunicaciones, radio y televisión. Sin embargo, "este compromiso no se cumplió. Hay una mayoría legislativa temerosa, en función del interés de las elecciones, y que no quiere afectar los grandes intereses de los medios".El legislador perredista criticó así las iniciativas parciales, en contra del compromiso asumido al crear el Grupo Plural:"Me parece que el hecho de que el PRI y el PAN no hayan avanzado, hasta donde yo tengo información, en la elaboración de una iniciativa integral y que solamente hayan decidido presentar algunas propuestas de reformas parciales, habla de que no tenemos una coincidencia principal.""El PRI, en su iniciativa de refrendos, está proponiendo modificar un criterio de la Corte, es una propuesta que hay que discutir y evaluar inclusive frente a la nuestra, que es diferente."La iniciativa del PRI sobre los refrendos automáticos establece que se establecerá el pago de una contraprestación económica para el uso, aprovechamiento y explotación de las respectivas bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico. La Secretaría de Hacienda determinará el monto de la contraprestación a propuesta de una comisión que deberá compensar los pagos en especie que, por cualquier concepto, realicen los concesionarios. Hacienda deberá resolver lo conducente en un plazo no mayor de 180 días naturales a partir de la presentación de la solicitud. En caso de que no sea procedente la prórroga, la nueva concesión será asignada mediante licitación pública.Ante las críticas de que esta iniciativa va contra los criterios establecidos por la Suprema Corte, Beltrones afirmó que su propuesta "pretende observar puntualmente" lo establecido por el máximo tribunal y admitió que "no existen condiciones" para sacar adelante una reforma integral en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Coincidencias Telmex-PRD

Por su parte, el abogado general de Telmex, Javier Mondragón, coincidió con el planteamiento expresado por Sotelo en su iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que establece como candado para los nuevos concesionarios de telefonía y televisión por cable el compromiso de servicio social."Dejar todo al libre mercado es un error. El concepto de servicio público obliga a que la telefonía deje de ser un negocio y sea un servicio a la comunidad. A nosotros nos gusta el concepto que están proponiendo legisladores del PRD y del PRI", afirma Mondragón.

En el título octavo de la iniciativa planteada por Sotelo se crea un amplio capítulo que obliga a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a elaborar un programa de cobertura social para dar acceso a los servicios de telecomunicaciones a todas las poblaciones que actualmente carecen tanto del servicio de telefonía, como de internet y televisión restringida.El abogado de Telmex se queja de que sus principales competidores en telefonía fija sólo busquen concentrarse en 40 plazas en las cuales se ubican los sectores de población con más altos ingresos. "Si el Estado no obliga a las compañías telefónicas a cubrir con inversión propia las zonas de menores recursos, no lo van a hacer nunca", sentencia.

En entrevista con Proceso, Mondragón le reprocha al gobierno federal: "nuestros competidores lo convencieron de que no deben poner muchas condiciones para que no entremos al triple play"."Esta política ha significado no un perjuicio sólo para Telmex, sino que se le ha negado el servicio a 18 millones de hogares que no tienen acceso a los servicios de triple play. Ahora sólo tienen acceso una minoría de 4 millones de usuarios de la televisión por cable", afirma el abogado.Así mismo, sostiene que la Cofetel está "inventando nuevas condiciones" para negarle el acceso a Telmex al mercado de triple play, incluso responsabiliza al exsubsecretario de Comunicaciones, Rafael del Villar, actual comisionado de la Cofetel, de haber dejado "un caos" en todo el sector."Hay un desorden, es un caos en el sector. Hoy estamos peleando todos contra todos", sentencia Mondragón. Y afirma que las empresas de televisión por cable y Telefónica acusan ahora a la nueva subsecretaria de Comunicaciones, Purificación Carpinteyro, de ser "protectores de Telmex", pero él rechaza que la exabogada de Iusacell, competencia de la empresa de Slim, haya favorecido al gigante telefónico del Grupo Carso.Para eliminar las tensiones entre la Cofetel y la SCT, en su iniciativa Sotelo propone la creación de un nuevo organismo constitucional autónomo: el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que será el encargado de "regular, promover, vigilar y supervisar el desarrollo eficiente, la cobertura social amplia y fomentar la competencia efectiva en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, así como regular y vigilar los contenidos audiovisuales del servicio de radio y televisión que se transmitan por redes públicas de telecomunicaciones, y tendrá autonomía plena para dictar sus resoluciones".El pleno de ese organismo estaría integrado por siete comisionados, elegidos por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado.Esa iniciativa plantea también reformas al artículo 25 constitucional para hacer extensivo al sector privado "el concepto de responsabilidad social", sobre todo en materia de concesiones de radiodifusión y telecomunicaciones.El punto en que Telmex no está a favor de la iniciativa de Sotelo es en el relativo a las obligaciones de interconexión. Sin embargo, tanto el legislador perredista como el abogado de la compañía admiten que se ha abierto un período de interlocución y diálogo.

Concesiones vencidas

Por otro lado, el desorden en el sector se ha agravado ante el vencimiento de un gran número de concesiones de radio y televisión. Datos proporcionados por el exsubsecretario de Comunicaciones, Jorge Álvarez Hoth, revelan que la SCT sólo ha refrendado 131 concesiones de estaciones de radio que se vencieron el 20 de agosto de 2007; hasta ahora existen otras 101 concesiones vencidas.Este número se incrementará a 281 concesiones para 2012, año de elección presidencial, lo cual representará 22.7% de un total de mil 223 estaciones de AM y de FM que estarán en la incertidumbre jurídica ante la falta de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, después de que la Suprema Corte echara abajo la Ley Televisa.En el caso de las telecomunicaciones, particularmente la telefonía y la televisión restringida, la incertidumbre ante el futuro del triple play no es menor, y los litigios jurídicos se han incrementado, sobre todo entre dos añejos rivales: Telmex, de Slim, y Telefónica, encabezada por Gil Díaz, pero también de la CFC y Telcel, la empresa de telefonía celular del Grupo Carso.Ante una demanda impulsada por Telefónica, la CFC determinó, en voto dividido de 3 contra 2, que Telcel tiene un poder sustancial en el mercado, ya que la reducción de sus costos unitarios sugiere "la presencia de importantes economías de escala y alcance, y la posibilidad de que las tarifas para los usuarios pudieran haber sido menores".En su respuesta a la CFC, el abogado de Telcel, Alejandro Cantú, reprochó los criterios del organismo antimonopolio para decretar el "poder sustancial en el mercado" de Telcel e irónicamente afirmó que si esta empresa llegara a disminuir más sus tarifas "atraeríamos a más usuarios y seríamos, en términos de la comisión, más dominantes".El otro litigio que mantiene en tensión al sector es el calendario de las llamadas Áreas de Servicio Local (ASL) que determinarán el número de plazas que deberán cubrir las empresas telefónicas. De acuerdo con Javier Mondragón, la Cofetel determinó que las áreas de reducción de ASL se hicieron "en función de los intereses de Telefónica".Telmex se inconformó ante la Cofetel desde octubre pasado. Transcurrió el plazo de cinco días para que el organismo le concediera el recurso o se lo negara. La subsecretaria de la SCT, Purificación Carpinteyro, le otorgó a Telmex una constancia de su queja, pero esto motivó que Alestra y Best Phone, la nueva compañía telefónica vinculada a Televisa, obtuvieran una suspensión favorable del juez segundo de Distrito, que fue anulada porque la propia SCT ganó la queja que interpuso ante el Primer Tribunal Colegiado y de Circuito.La consecuencia de este litigio es que la determinación del calendario de las ASL está suspendido.Y también fueron pospuestas para febrero de 2009 las reformas a la Ley de Inversiones Extranjeras, impulsadas por Telefónica en la Cámara de Diputados; así mismo, la nueva ley de medios y de telecomunicaciones naufraga ante los poderosos intereses en juego.