El buen juez por casa empieza

Lydia Cacho

El problema al que nos enfrentamos es que el doble discurso del ministro presidente es poco creíble; las promesas de apertura de la Corte podrían ser ofertas retóricas destinadas a retrasar los verdaderos cambios

Justo cuando había decidido hacer una tregua navideña y hablar de asuntos de amor y solidaridad, sale el Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia con su discurso de transparencia, y se descubre a los diputados evadiendo impuestos.
Me parece que una buena parte de los servidores públicos han entendido lo que Sara Sefchovich tan bien nos explica en su libro País de mentiras: que nunca como ahora ha sido tan necesario mentir para mantenerse en el poder. Por otro lado, consumida por el miedo y harta de la violencia, la sociedad mexicana pide una luz ante tanta oscuridad; una combinación peligrosa para fabricar respuestas fáciles.

Mientras las y los diputados asisten a trabajar un día por cada cuatro de ausencia, lograron por una parte pagar impuestos, y por otra recuperarlos con partidas especiales. El país está urgido de recursos para abatir la pobreza y la violencia en tanto nuestros legisladores dedican sus días laborales a burlar la ley con estrategias para hacer su pago fantasma de impuestos.

Por otro lado Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte, anunció que la ciudadanía evaluará el trabajo que realizan los jueces, supervisará su actuación y fiscalizará sus sentencias, porque 2009 será “el año de la sociedad”. Fue cuidadoso, evitó comprometerse a la trasparencia dentro de la propia Corte. Sabemos que los exámenes que pasan quienes desean convertirse en jueces y magistrados son pruebas de alto nivel académico, pero ese no es el problema de fondo.

Habló emocionado sobre por qué la sociedad se debe involucrar en cómo se eligen a los jueces, pero evitó comprometerse para transparentar a la Corte que él mismo preside. La sociedad le creería a Ortiz Mayagoitia si rindiera informes reales de todas las sentencias de la Corte desde que él la preside. Los juzgados de los estados son una muestra burda de los altos niveles de corrupción, sólo uno de cada cien delitos terminan en sentencia, por corrupción y por fallas estructurales, no necesariamente por incapacidad.

Los ministros de la Corte son intocables, algunos de ellos tienen fascinación por el dinero, el poder y del tráfico de influencias. El último miembro de la Suprema Corte que fue a prisión por corrupción fue Ernesto Díaz Infante, quien en 1988 a cambio de 500 mil dólares presionó al magistrado Gilberto Arredondo para que liberara a El Chacal de Acapulco, el secuestrador pedófilo Alejandro Braun, quien sigue prófugo. Se afirma que Carlos Salinas solicitó a dos ministros de la Corte que ayudaran a su hermano Raúl; ellos se negaron. Por otro lado, Mario Marín y sus cómplices sí salieron ilesos de la Suprema Corte en 2007.

Los observatorios ciudadanos podrán ser útiles en la medida en que dentro de la propia institución la estructura sea realmente transparente. La esencia del poder de jueces y ministros en México reside en buena medida en la opacidad con la que se conducen y su capacidad para negociar atrás de los tribunales. El problema al que nos enfrentamos es que este doble discurso es poco creíble; las promesas de apertura de la Corte podrían ser ofertas retóricas destinadas a retrasar los verdaderos cambios. Ojalá que las y los ciudadanos que participen de buena fe aprovechen esta oportunidad para abrir espacios y no para terminar como cómplices involuntarios de la corrupción del sistema.