Ante el fracaso económico, estado de excepción

Marcos Chávez

El floreciente estado de excepción impuesto gradualmente por Felipe Calderón, con la complicidad de la mayoría de los priistas y panistas del Congreso, quien decidió abandonar sus deberes como Ejecutivo de la “democracia” a la mexicana para convertirse en el jefe del Estado militar-policiaco, ofrece una amplia gama de beneficios a los seducidos por la satrapía.

Por ejemplo, le permite a Calderón gobernar por medio de la ilegalidad y la anticonstitucionalidad; fabricar el espectáculo del terror con la creciente montaña de cadáveres que cotidianamente deja como saldo la cruzada en contra del narcotráfico, con el objeto de someter a la población a través del miedo; aprovechar la alteración de la realidad como sucedió con la epidemia de influenza para experimentar por primera vez, a escala nacional, el control social; impávidamente, que los militares combatan de manera ilegal con la ilegalidad, asalten el espíritu federalista de la Carta Magna o agredan con toda impunidad a los ciudadanos que nada tienen que ver en el asunto, sin que sean sancionados civilmente, hecho que los ha convertido en los líderes de la violación de los derechos humanos y de las legítimas denuncias de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otras organizaciones, ante la indiferencia oficial. Al cabo esos atropellos no se cotizan en el mercado de valores ni son tomados en cuenta por las empresas des-calificadoras del llamado “riesgo-país”. También posibilita cercenar las libertades civiles y los derechos ciudadanos con inconstitucionales leyes patrióticas, de estilo bushoniano, que abrieron las puertas al inescrupuloso manejo político o de otra naturaleza del espionaje telefónico, las detenciones o el arraigo con argumentos de dudosa calidad jurídica, endebles o artificiales creados, sin la protección consagrada por las leyes, y que son operados por autoridades de oscura reputación, desde los altos mandos del Estado policiaco-militar y sus subordinados, hasta los jueces. Sólo basta la presunción o la invención de algún eventual indicio que sea considerado dentro del catálogo de ilícitos para que sea aplicado el puño de hierro. Las tentaciones sediciosas no dejan indemne a cualquier ciudadano. Puede suceder lo que alguna vez escribió el poeta Blas de Otero: “Bien lo sabéis / vendrán por ti, por mí, por todos / (…) Escrito está / tu nombre está ya listo / temblando en un papel / aquel que dice Abel o yo, tú, él”.
El manto protector de la excepción sirve, asimismo, para manejar caprichosamente el gasto público, desmantelar al Estado, su sistema de salud, subrogar guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social a la depredación empresarial y de familiares, u otorgar contratos para Petróleos Mexicanos por encima de la ley. Los muertos de la influenza y los infantes calcinados en Sonora, víctimas de la privatización del Estado y la voracidad de los hombres de presa, entre ellos Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, tía en segundo grado de Margarita Zavala de Calderón, son consecuencia del genocidio neoliberal; los “ahorros” presupuestales a costa de los muertos.
Según Manlio Fabio Beltrones, el Congreso está “preocupado” porque Calderón abusa del arraigo, “una figura de buena fe, que costó mucho trabajo dársela al Ejecutivo”, que si las próximas detenciones asociadas al narcotráfico no son acompañadas de las consignaciones directas del Ministerio Público “se estará lastimando [la] figura [del arraigo], que fue elemental y que nunca se la habíamos dado a otro gobierno. Utilizarla políticamente va en contra del Estado mexicano” (La Jornada, 4 de junio de 2009). ¿Atribulados? ¿“Buena fe”? ¿Temor porque su empleo “político” atenta en contra del “Estado mexicano”? Manlio, como Calderón y la elite política, supone que los mexicanos son un hatajo de retrasados mentales.
Si de algo no se puede acusar al priista es de ingenuo. Tampoco de actuar de “buena fe”. No se llama Cándido. No se necesita tener una dilatada carrera política como él ni conocer las turbias catacumbas de los laberintos del poder donde se mueve con alegre soltura para saber los riesgos que implica otorgar jurisdicciones excepcionales a quien pueda ejercerlas, tengan o no tentaciones autoritarias, sin establecer los límites legales e institucionales. Quien tiene al menos dos dedos de frente sabe que no es necesario otorgar más atribuciones. Por el contrario, lo fundamental no sólo es obligar a los príncipes a ajustarse a la Constitución, sino recortar las atribuciones que le concede el sistema político presidencialista para establecer un verdadero y democrático equilibrio de poderes. Con los instrumentos que legalmente dispone el Ejecutivo, es más que suficiente para hacer una limpieza del sistema en todos sus ámbitos, desde los relacionados con el narcotráfico hasta con los que usufructúan de sus parcelas de poder, medran y se enriquecen a costa del Estado y la sociedad. Como bien sabe, lo esencial es ceñir a los grupos dominantes y los aparatos represivos del Estado al imperio de las leyes. El “pulcro” desempeño de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública o la policía política no admite el lujo del equívoco. Lo testifica el lúgubre destino de los militantes de la guerrilla desaparecidos entre sus fauces. Con ello se hubiera evitado involucrar al Ejército en tareas ajenas a las claramente señaladas por la Constitución que han redundado es su mayor descrédito.
Desde su campaña, Calderón manifestó nítidamente sus pavlovianos estímulos despóticos como para darle más facultades. Tampoco se precisaba darle la oportunidad de que las manifestara descaradamente, si es que el panista michoacano alguna vez hizo el mínimo esfuerzo para ocultarlos. En la pantomima de la “democracia” mexicana, los priistas contribuyeron al albazo de Calderón para encumbrarlo y legalizarlo. Manlio y los congresistas conocen perfectamente hasta dónde llegaron los excesos cometidos por los gobiernos priistas, al carecerse de los controles que los restringiera o que existiendo los poderes Legislativo y Judicial se volvieron los cómplices de sus tropelías. Vicente Fox actuó como los ejecutivos priistas, al igual que lo hace Calderón, aunque han tenido que negociar cuotas de poder con los priistas para alcanzar sus fines personales, conservadoras y teocráticas. Los gobernantes estatales y municipales se ajustan a esa norma, independientemente del ropaje partidario. Manlio apela a la “buena fe”, pero quien puede dudar que los asesinatos de los priistas Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, en 1994, cuando era gobernador de Sonora, no fueron más que suficientes para terminar con su “inocencia” y entender que el Cronos mexicano también devora impíamente a sus hijos.
Pero aún bajo el supuesto de que el sistema político mexicano fuese impoluto, un ave raris de la historia, ocho años de gobierno de nuestro “socio” George Bush fueron suficientes para demostrar hasta dónde pueden llegar tanto las “guerras infinitas” como el terrorismo de Estado contenido en la “ley patriótica”, similar a la que la mayoría de los legisladores aprobaron para México. El apoyarse en los militares para legitimarse, para compensar la debilidad política y falta de credibilidad, también tiene históricamente sus experiencias siniestras. María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabel o Isabelita Perón, que gobernó Argentina entre el 1 de julio de 1974 y el 24 de marzo de 1976, quiso afianzarse en los militares para combatir la guerrilla y el ascendente movimiento social. Para salir a las calles e intervenir arbitrariamente, éstos exigieron y obtuvieron poderes excepcionales. José López Rega, el Brujo para sus enemigos y Daniel para sus cómplices de la ultraderecha, se encargó de la otra parte de la Guerra Sucia, de los otros secuestros, torturas, asesinatos, con los paramilitares de la Alianza Anticomunista Argentina o “Triple A”, que recuerdan a los Tecos, el Muro o la Guía en México, orígenes del famoso Yunque y los diferentes grupos de la ultra mexicana que llegaron con Fox y Calderón al gobierno. Los militares se comprometieron en esa tarea como un paso táctico en su estrategia: tomar sangrientamente el poder con el grupo encabezado por Jorge Rafael Videla, y llevar a cabo su “proceso de reorganización nacional”, el cual duró hasta su derrumbe en 1981, dejando una estela de decenas de miles de muertos y exiliados. Alberto Fujimori también obtuvo poderes excepcionales, antes de asaltar el Congreso e imponer el Estado de excepción.
Manlio Fabio no puede apelar a la “buena fe” porque mentiría descaradamente. Puede sentirse engañado, traicionado por el nuevo Huitzilipoztli sediento de sangre y dispuesto a emplear cualquier medio para tratar de asegurar una mayoría legislativa para su gobierno mesiánico y ultra. La “preocupación” de Manlio y los legisladores priistas no es por las consecuencias del huevo de la serpiente que ayudan a incubar y sus perversos costos para la sociedad. Si fuera así, ya estarían legislando para enmendar su desmesura. Su temor se debe a que, en su asalto a la razón, Calderón declaró que no distingue partidos, que como al doctor Víctor Frankenstein, el monstruo que ayudaron a crear y que creían tener acorralado se les escape de su control y con su odio y la sed de venganza los destruya; que inicie una persecución en contra de ellos y los someta por su turbio y dinosáurico rabo, o que les invente anomalías. Su acobardada respuesta después del asalto michoacano es sospechosa. Que se les difumine la Presidencia que ya sienten entre sus manos; que demuela las ambiciones presidenciales del sonorense.
Las evidencias indican que Calderón liberará a los funcionarios que ha apresado ilegalmente después de las elecciones. Pero el daño sociopolítico ya está hecho sin que lo conmueva.

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