El título de esta columna no corresponde a una razón social o a la denominación de un despacho de contadores o de abogados. Está formado por los apellidos de dos jefes delegacionales electos que fueron postulados por el PAN, que obtuvieron más votos que sus contendientes, que por ello recibieron la constancia de mayoría y que, sin embargo, podrían no asumir sus cargos el próximo 1 de octubre, ya que la elección en que triunfaron podría ser invalidada. Es que gastaron de más, excedieron el límite de gastos de campaña, sin respetar el cual la contienda se vuelve inequitativa.
Lo peor para Demetrio Sodi y Carlos Orvañanos, que buscaron gobernar a las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, respectivamente, es que si los tribunales electorales ante los que están por acudir decretan la nulidad de su elección, no podrán presentarse de nuevo como candidatos, ni su partido participaría en los comicios extraordinarios a que se convoque. La gravedad de la sanción hace difícil que la justicia electoral, en cualquiera de sus dos niveles, local y federal, acuerde la anulación de los comicios. Eso, sin embargo, debería hacer ante el exceso, el abuso en que incurrieron ambos candidatos, extremo que está ya probado por el Instituto Electoral del Distrito Federal. Éste órgano cumplió el papel que la ley le asigna: verificar el gasto de campaña de todos los candidatos a las 16 jefaturas delegacionales de la capital del país y a las 40 diputaciones locales de mayoría, y encontró que las delegaciones citadas a Sodi y Orvañanos se fueron de largo con sus recursos. Al Instituto Electoral le compete solamente declarar el hecho y al tribunal local sacar la consecuencia, que no puede ser otra que invalidar la elección.
Para impedir que lo haga, Orvañanos y Sodi impugnarán a más tardar pasado mañana la declaratoria del órgano electoral. También lo harán Ana Gabriela Guevara, que fue derrotada por Sodi, y el PRD, que la hizo su candidata. Es que a la excampeona de atletismo y a ese partido el dictamen sobre el gasto del candidato panista le parece erróneo, porque la oficina de fiscalización del IEDF asignó a un renglón muy notorio del gasto de Sodi un costo muy por debajo del de mercado. El portal de Sodi en la Red, que transmitía en tiempo real las actividades del candidato, dice el PRD que lejos de costar treinta mil pesos, monto que le asignó el órgano electoral, puede costar mucho más, hasta 2 millones de pesos. Un alegato perredista consiguió que el dictamen incluyera un costo estimado a una entrevista que el 23 de mayo hicieron a Sodi comentaristas de fútbol, lo que fue interpretado, con justeza me parece, como compra de tiempo para propaganda electoral en ese medio, lo que está prohibido por la ley.
Si bien por su naturaleza ese lance del aspirante postulado por el PAN no consta en un contrato que sería la prueba irrefutable de la infracción a la ley, hay una prueba presuncional en su contra. A diferencia de lo que la televisora y Sodi han dicho, que la conversación surgió de manera casual, solo porque el candidato se hallaba en el estadio Azteca presenciando un partido de fútbol, en la página web del político (al que todo candidato con pretensiones de modernidad debe solicitarle de aquí en adelante las señas de la empresa que montó su portal a precio de ganga) apareció el encuentro como una cita establecida con anterioridad y con propósito convenido.
Aun si no se incluye la cifra, cercana a un millón de pesos, que se calcula costó la breve pero eficaz conversación y aun si se deja en treinta mil pesos el costo de operación del portal, el gasto de Sodi fue mayor que el permitido por la ley, y así lo hizo constar el Instituto Electoral del D.F., por más que lo hiciera en sesiones desordenadas. El PAN alegará que el dictamen, o por lo menos el reporte técnico de la oficina fiscalizadora tiene un sesgo partidista y por eso carece de objetividad y no es equitativo. Los abogados del PAN deberán formular ese cargo con cuidado, pues se les puede revertir arguyendo el probable conflicto de intereses que permanentemente, pero con mayor razón en este caso particular, afecta a una consejera y al PAN. Ocurre que Carla Humphrey, integrante del consejo del IEDF y Roberto Gil, que representa al PAN en el consejo general del IFE, están casados y poría alegarse que el vínculo matrimonial afecta la independencia del criterio de la consejera.
Cuando apenas se está notificando a las partes la resolución sobre el gasto de Sodi y Orvañanos, sería irresponsible avizorar el sentido del fallo del tribunal electoral del D.F. y el que a su turno, pues seguramente será invocado, expida en última instancia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso no obsta para que la sociedad pueda reprochar a ambos candidatos a delegados su falta de respeto a la legalidad. Aunque Orvañanos alardeó durante su campaña de apoyos especiales que recibía de empresarios de gran poder económico e influencia política, el gastar de más debe serle enrostrado con mayor fuerza a Sodi, poque acaso lo hizo deliberadamente, seguro de no ser pillado en la maniobra.
El año antepasado, meses después de haber perdido la jefatura de gobierno a que aspiró también presentado por el PAN (circunstancia que hay que precisar, pues la veleidad política de Sodi puede inducir a confusión), en una conferencia en la Universidad de Yale Sodi se expresó con gran desparpajo sobre la facilidad de gastar en campaña más de lo autorizado, Reconoció haberlo hecho en 2006. ¿Por qué no en 2009 también?— México, D.F.
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