MÉXICO, DF, 8 de abril (apro).- En una guerra existen protocolos para actuar, para el trato a los rehenes, para el trato a la prensa, existe, en suma, la Convención de Ginebra que marca la ruta para que uno y otro bandos actúen y tomen decisiones, y existe también La Haya para juzgar a quienes se considere criminales de guerra.
En México existe una guerra de un gobierno contra un sector de la población: los que forman parte del crimen organizado. Hubo una declaración unilateral anunciada el 6 de diciembre del 2006, pero lo que nunca existió fueron los protocolos que permitieran juzgar a quien, en nombre de esta guerra, cometiera abusos, violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos.
Felipe Calderón Hinojosa decidió sacar al Ejército de sus cuarteles y dijo que habría bajas, que cuatro años más tarde recibieron el mote de “daños colaterales”, pero lo que nunca dijo fue cómo evitarlos o quién juzgaría a aquellos que cometieran abusos.
Dejó, por ejemplo, que el Ejército se siga escudando en el fuero militar para que los atropellos de éstos no fueran juzgados. No hizo nada por profesionalizar a los policías federales de Genaro García Luna y sí, en cambio, ha dejado que el titular de la SSP federal siga actuando a pesar los señalamientos en su contra.
El problema no es que se combata al crimen organizado, el punto es que la forma de hacerlo no ha traído nada bueno y, lo peor, no ha disminuido la narcoviolencia. A García Luna se lo repiten legisladores de todos los partidos cada vez que acude a la Cámara de Diputados, pero por otro lado los mismos legisladores no hacen nada para detener el baño de sangre que existe en México.
Todos se llenan la boca diciendo que hacen su parte, que le han dado los instrumentos al Ejecutivo federal para acabar con el crimen organizado, que le aprobaron esta y tal ley, pero han sido incapaces de cuestionar otros aspectos; incluso no han podido ser un contrapeso para, como Poder Legislativo, poner un freno al Ejecutivo. Lo dejan ser omnipotente, como si cada una de sus decisiones no pudiera ser cuestionada o… juzgada.
No ha habido una discusión seria en la Cámara de Diputados para detener este baño de sangre, pero sí muchos momentos para criticar y cuestionar. Hechos que han sido menos que llamados a misa para los funcionarios federales como, por ejemplo, el propio Calderón o García Luna.
Nadie ha puesto sobre la mesa temas como la ausencia de protocolos para detener, para investigar o para combatir el crimen organizado a cargo de las Fuerzas Armadas, porque bien es sabido que éstas se encuentran violando la Constitución al participar en el combate al narcotráfico. No le han dado al Ejército las herramientas legales para actuar y es lo mismo que dejarlos actuar en la impunidad. Y de poner un alto a los abusos de las policías tampoco se habla o se trabaja en el Poder Legislativo.
Uno se pregunta, ¿existen averiguaciones previas contra los 35 mil muertos que lleva esta “guerra” de Calderón? Por supuesto que muchos de los fallecidos han tenido participación en el crimen organizado, pero otros tanto no y también han formado parte de esta masacre. Y como prueba están ahí los más de 70 muertos en San Fernando, Tamaulipas. ¿Quién los asesinó, el crimen organizado, las policías, el Ejército, el Poder Legislativo, el Presidente de la República, quién?
¿Por qué ni diputados ni senadores reparan en todo esto?
En los hechos, los legisladores de esta y la pasada Legislatura son cómplices de lo que está aconteciendo, ya que sólo se quejan y no hacen nada para decirle: “Ya basta, señor Calderón”, “ya basta de que los asesinatos se haya convertido en algo rutinario”.
Los legisladores se la pasan discutiendo asuntos menores frente a lo que vive el país. No se preguntan, por ejemplo, qué hacer, cómo ayudar a los 15 mil niños huérfanos que ha dejado esta guerra en Ciudad Juárez, Chihuahua. No se atreven siquiera a preguntarse cómo evitarán que el rencor de los vivos, que sufrieron alguna pérdida, los lleve a delinquir, a odiar, a golpear, a ver la violencia como algo natural y, por tanto, a reproducirla.
Piensan, quizá, que esta realidad nunca los alcanzará; pero un niño de 10 años al que en el 2000 le mataron a sus padres, ya sea por el fuego cruzado o porque formaban parte del crimen organizado, porque fueron “daño colateral”, porque eran policías que combatían a “los malos” o porque sus padres eran militares y cumplían órdenes del jefe supremo de la Fuerzas Armadas, contará al finalizar este sangriento sexenio con 16 años. Quizá mañana ese niño, hoy huérfano, sea su verdugo.
Legisladores y gobernantes sólo piensan en el 2012, en quién ocupará la silla presidencial. Pero ese año, quien gane, tendrá que lidiar con el odio y rencor que este gobierno ha hecho recrudecer, y se enfrentará con miles de jóvenes que están creciendo en una sociedad vejada.
Quizá mañana quieran llevar a juicio a los militares de este sexenio, quizá quieran llevar a la cárcel a cientos de policías que en medio de esta guerra han abusado del poder y violentado las garantías individuales de cientos de mexicanos. Pero ahora, ¿por qué no hacen nada, por qué no obligar al gobierno federal a detener este baño de sangre?
Si el gobierno federal vive en la indiferencia del clamor de la gente que pide a gritos un cambio en la estrategia anticrimen, en el Poder Legislativo se vive, sin atreverse a aceptarlo, una complicidad. Así fue desde el momento mismo en que permitieron a Felipe Calderón Hinojosa protestar como presidente de la República. Por el bien de la nación, de las instituciones, dijeron los priistas aquel diciembre de 2006; hoy, por esa misma razón, por el bien de la nación, debieran destituirlo y llevarlo a juicio.
Dato: ¿En qué se ocupó el Poder Legislativo esta semana? En ver de qué manera impedían la difusión de la visita de Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados. Senadores de PRI y PAN, de la comisión bicameral del Congreso de la Unión, votaron en contra de que se televisara la visita del tabasqueño. Y en cámara, los priistas afines a Enrique Peña Nieto estallaron en cólera cuando se enteraron que el presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez --también priista--, lo recibiría. Algo más en que se ocuparon los senadores fue en votar para que llegara Marisela Morales a la Procuraduría General de la República, quien en más de una ocasión ha sido acusada de manipular expedientes: por ejemplo, el desafuero de El Peje o el expediente del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Habrá que esperar si en el camino a la Presidencia del 2012 no surgen de PGR “expedientes negros” contra políticos.
¡No más sangre! ¡Alto a la impunidad!
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
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