Fábrica de delincuentes

Luis Hernández Navarro

Ulises Ruiz los detiene y Ulises Ruiz los libera. Ulises Ruiz los envía a cárceles en Nayarit y Ulises Ruiz los regresa a penales en Oaxaca. Ulises Ruiz departe con Felipe Calderón en actos oficiales y Ulises Ruiz recibe el apoyo presidencial. A eso se le llama restaurar el "estado de derecho".

En la tierra de Benito Juárez el respeto al derecho ajeno por parte del poder no es la paz, sino una quimera. Las leyes sirven para impedir que se haga justicia. Los jueces y las policías dejan en libertad a los verdaderos bandidos y se dedican a fabricar delincuentes. El sistema de procuración de justicia está al servicio del gobierno en turno. La protesta social se ha criminalizado. Eso fue lo que sucedió con Ismael Cruz Caballero cuando la policía municipal lo detuvo el pasado 29 de noviembre.

Ismael era un humilde vendedor de Bon Ice, los congelados que tienen como logotipo un pingüino y que se ofrecen en calles y paraderos. Para completar sus ingresos y mantener a su mujer, su bebé y a los tres hijos de su esposa, trabajaba en el crucero de Cinco Señores, en la ciudad de Oaxaca, como traga fuegos, limpia parabrisas y maromero. Pero, según la fuerza pública, Ismael es un peligroso subversivo integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), responsable de la quema de un camión, quien, al ser detenido huyendo, llevaba un cohetón en la mano, una resortera en el cuello y 86 canicas en un calcetín.

Cuando la policía municipal lo aprehendió, Ismael trabajaba en el crucero de Cinco Señores para comprar pañales para su bebé. Lo golpearon, amenazaron y torturaron. Tres horas después, lo presentaron ante el Agente del Ministerio Público de Zimatlán, un municipio que se encuentra a 45 minutos de la ciudad de Oaxaca. Los gendarmes lo obligaron a confesar su culpabilidad. Frente al Ministerio Público negó los hechos. De nada le valió. El Ministerio Público dictó su declaración a una secretaria. Un policía le dobló el brazo hasta que el dolor lo hizo firmar.

A pesar de que violaba la jurisdicción, el Ministerio Público solicitó la consignación de la averiguación previa y la entrega con un juez mixto de primera instancia de Zaachila. Lo correcto habría sido presentarlo ante el juez calificador del centro de la ciudad de Oaxaca, y, en caso de que éste hubiera determinado la comisión de delitos, debería haberlo presentando ante el Ministerio Público adscrito en ese lugar, y posteriormente remitirlo a la procuraduría. Pero eso no importaba. Era necesario fabricar culpables para atemorizar a una población insumisa.

Esa noche, el "peligroso" subversivo fue metido en una jaula de lámina dentro del palacio municipal de Zimatlán. Allí lo encontró un día después el abogado Eduardo Altamirano, quien cuenta que, a las 12 del día, la "jaula era una verdadera parrilla caliente".

El cochinero jurídico para fabricar delincuentes de la que Ismael es damnificado ha creado muchas otras víctimas. Decenas de luchadores sociales han sido encarcelados en los pasados dos meses. Detenidos sin orden de aprehensión y con lujo de violencia, han sufrido torturas y abusos sexuales. Muchos siguen presos con procedimientos irregulares. Otros, como Flavio Sosa, se encuentran en penales de alta peligrosidad al lado de narcotraficantes y secuestradores. Pero aun ellos, a pesar de su desgracia, pueden considerarse afortunados al lado de quienes han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales o se encuentran desaparecidos.

El escándalo ha traspasado nuestras fronteras. La barbarie cometida por Ulises Ruiz y el gobierno federal ha sido ampliamente documentada y difundida por la Comisión Civil Internacional por la Observación de los Derechos Humanos (CCIODH). A pesar de que su informe fue avalado por cientos de firmas de personalidades de indudable prestigio en todo el mundo, la Secretaría de Gobernación trató de menospreciarlo.

Frente a víctimas de la impunidad gubernamental, el pasado 7 de febrero, el representante de Amnistía Internacional aseguró que México es un "país de leyes sin justicia". Cuestionó que Felipe Calderón "aún no haya hecho un pronunciamiento sobre derechos humanos y la importancia que se les dará en su gobierno".

Un día después, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos señaló que es urgente que México transforme sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos en hechos concretos.

Ante ello, Juan de Dios Castro, subprocurador de derechos humanos de la PGR, declaró, "que lamentablemente el gobierno federal, por la estructura muy propia del Estado mexicano, no tiene todavía en sus manos la posibilidad de eliminar totalmente" las violaciones a los derechos humanos. Esa estructura, olvidó decir, ha llevado a Felipe Calderón, a aliarse con Ulises Ruiz y solapar las más sangrientas atrocidades en el nombre de la gobernabilidad.

Amarga ironía: la nación que encabeza la Comisión de Derechos Humanos de la ONU es una de las principales violadoras de las garantías individuales. Sus instituciones de procuración de justicia transforman a luchadores sociales en delincuentes. Su responsable de la política interna ha sido señalado como uno de los peores violadores de derechos humanos. Y sus buenas conciencias callan ante las atrocidades.

Es por eso que el gobierno pudo meter injustamente a la cárcel a Ismael Cruz Caballero, trabajador de la calle, y mantenerlo adentro, sin que nada suceda. Es por eso que su esposa Graciela Esther Avila es ahora vendedora de Bon Ice, mientras su bebé aguarda en una caja y sus otros tres hijos venden chicles en los cruceros, sin que los políticos profesionales se inmuten. Pero es también por agravios como ése que la rebelión oaxaqueña agrupada en la APPO sigue viva y miles de personas, desafiando la represión, han tomado una y otra vez las calles para exigir la caída de Ulises Ruiz.