Carlos Fernández-Vega
Premian favores con empleos
Con la garantía de que "México es un seguro contra los populismos" y el compromiso presidencial de "no alterar las reglas del juego" para el gran capital, de inmediato y al pie de la letra la trasnacional estadunidense AES, el mayor grupo eléctrico del mundo, actuó en consecuencia y se quedó con una buena rebanada de la generación eléctrica, al comprar dos termoeléctricas en Tamuín, San Luis Potosí, originalmente autorizadas (1996 y 1999) para el "autoabastecimiento" de dos corporativos mexicanos (Cemex y Peñoles), pero que al final de cuentas quedaron en manos de otras trasnacionales (Exelon y Alstom/ Sithe).
Más tardó Calderón en comprometerse (15 días atrás y "a nombre de todos los mexicanos") a no tocarle un pelo al gran capital, que éste en tomarle la palabra y ampliar sus negocios en el país. En este caso, el sector eléctrico, donde el trasiego de permisos, concesiones y autorizaciones de la Comisión Reguladora de Energía parece ser pan de todos los días. Sólo hay que revisar, por ejemplo, la "mudanza" registrada en el caso de la distribución y comercialización del gas natural, sector originalmente cedido a empresas nacionales, pero que al final de cuentas terminó en manos del capital extranjero, con la venia de la CRE.
Ahora, como en el caso de la española Repsol en Bolivia (en 2003 no pudo exportar gas boliviano a México y Estados Unidos, vía Chile, porque cayó el Goni, pero Fox le obsequió el primer "contrato de servicios múltiples" en la Cuenca de Burgos), la trasnacional estadunidense AES encuentra en México la mejor forma de recuperar jugosos negocios cancelados (o cuando menos acotados) por la acción de gobiernos nacionalistas. Sólo cuatro días atrás, el gobierno venezolano adquirió por 739 millones de dólares la mayoría accionaria (82.14 por ciento) en la principal compañía eléctrica del país, Electricidad de Caracas, hasta ese momento propiedad de la trasnacional AES, con lo que el Estado reasume la propiedad.
Eso fue el viernes 9 de febrero. Ayer, AES hizo pública la adquisición (611 millones de dólares en total) de las termoeléctricas del Golfo (TEG) y Peñoles (TEP), ambas en Tamuín, San Luis Potosí. El precio de compra incluye la compra accionaria y la asunción de deuda subordinada, al tiempo que garantiza su recuperación y una jugosa proyección de utilidades, pues suministrará energía eléctrica a los dos consorcios mexicanos originalmente autorizados por el gobierno mexicano (Cemex y Peñoles) para "autoabastecerse" de energía eléctrica.
Le cierran la puerta en Venezuela (mediante el pago justo por sus acciones en Electricidad de Caracas) y la trasnacional AES simplemente hace maletas y sigue con el negocio, pero ahora en México, que "es un seguro contra los populismos" y en donde "no se alteran las reglas del juego". Dos nuevas rebanadas para una trasnacional que ya conoce cómo se hacen los negocios en el país (Mérida III, por ejemplo).
En los permisos originales (1996 para la Termoeléctrica del Golfo, y 1999 para la Termoeléctrica Peñoles) concedidos por la Comisión Reguladora de Energía, los que aparecen registrados como beneficiarios son Cementos Mexicanos (Lorenzo Zambrano) y siete de sus subsidiarias, en el primero de los casos, e Industrias Peñoles, la de Alberto Bailleres, con una veintena de subsidiarias, en el segundo. Para su construcción contaron con un crédito del BID y, desde luego, el aval del gobierno mexicano.
Pero, ¡sorpresa! Años después, como nueva propietaria de ambas termoeléctricas aparece la trasnacional AES, pero no las compra a Cemex y Peñoles, sino a otros dos conglomerados de capital extranjero, beneficiados con anterioridad por el trasiego de permisos, concesiones y conexos otorgados por la CRE. Y todo ello supuestamente en el marco del "autoabastecimiento". Con este tipo de "traslados" y tráfico de autorizaciones, se explica cómo ha sido posible que en una década alrededor de una tercera parte de la generación de energía eléctrica en el país corresponda al capital privado, en un sector que, dicen, "no será privatizado", porque "la Constitución no lo permite".
Y mientras el gobierno chavista va por más empresas (de hecho está por firmar la compra del paquete accionario que Verizon mantiene en CANTV, el que se le fue de las manos a Slim), en México otra trasnacional, la española Iberdrola, se llevó un contrato de 605 millones de dólares para "repotenciar" la central nuclear de Laguna Verde, en México, informó la CFE. Iberdrola va con Alstom (la misma que recién vendió su parte en las citadas termoeléctricas ubicadas en Tamuín).
Pero no todo es pérdida, porque México puede estar satisfecho de sus ex funcionarios públicos: todo indica que Francisco Gil Díaz, el secretario de Hacienda del "cambio" que no termina de deshacer el entuerto de HSBC, parece ser el flamante director de Movistar (Telefónica Española) para México y Centroamérica, mientras la Secretaría de la Función Pública todavía no sabe cómo armar el "expediente administrativo" que prometió iniciar en contra del ahora empleado de trasnacionales (británica e ibérica)
Las rebanadas del pastel
Desde España: "Contra el abuso de las operadoras móviles. Boicot el día primero de marzo. Las operadoras de (teléfonos) móviles ya tienen preparada la nueva tarificación por segundos. La desaparición del redondeo al alza será efectiva a partir del primero de marzo de este año, como exige la nueva Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios aprobada por el pleno del Congreso de los Diputados el pasado 21 de diciembre, (pero) han puesto en marcha su maquinaria comercial y de marketing para ajustar en segundos las distintas tarifas que en la actualidad aplican a cerca de 40 millones de clientes. Para compensar la tarificación por segundos: nos suben el establecimiento de llamada de 12 a 15 céntimos ni más ni menos que 25 por ciento, lo que ni siquiera existe en otros países europeos". Y en México sigue "fallando el software".
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