“El tornado es un castigo de Dios”; “¿qué esperaban, que Dios nos mandara tostaditas de maíz por lo que hacemos?”

Carlos Aguilera, sacerdote de Piedras Negras, Coahuila, tuvo una expresión que ilustra con creces la condición medieval, oscurantista, en que se encuentra la Iglesia católica mexicana: “El tornado es un castigo de Dios”; “¿qué esperaban, que Dios nos mandara tostaditas de maíz por lo que hacemos?”. El cura parroquial se refería a la reciente aprobación de la despenalización del aborto y de la ley para permitir el matrimonio entre homosexuales.

Las palabras del sacerdote Aguilera fueron dignas de aparecer en la primera plana del diario Reforma, no porque sean noticia, sino porque resumen el pensamiento anacrónico de una gran parte del clero nacional.

La aprobación de la despenalización del aborto en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por 46 votos del PRD y PRI, constituye un avance histórico en materia de salud pública y representa, sin duda, la derrota de la Iglesia católica.

¿Por qué?, porque evidenció que la Iglesia católica tiene cada vez menos peso moral en la conciencia ciudadana. Esto no es para que se alegre nadie, ni siquiera los más ateos o escépticos, sino para que comience a preocuparse la curia y se obligue a hacer un examen de conciencia.

Así como los cardenales y obispos le exigen a los políticos y funcionarios probidad y eficacia en su responsabilidad pública, así también la Iglesia debería de comenzar a hacer un serio ejercicio de autocrítica para corregir no sólo sus errores, sino para actualizar sus tesis con respecto a una sociedad que nada tiene que ver con el siglo XII.

Ni el aborto ni la eutanasia deben ser analizados desde la perspectiva religiosa, porque ello implica la fanatización automática de la discusión.

Los cardenales y obispos se encargaron de amenazar con la excomunión a aquellos diputados que votaran por la despenalización del aborto. Pensaron única y exclusivamente en preservar la bandera política del Vaticano, que tanto les ha redituado, mas no en proteger la vida de miles de mujeres, que abortan clandestinamente cada año y que mueren en el intento.

Sacerdotes como el párroco Aguilera ignoran —o se hacen que ignoran— las mediciones aportadas por organismos nacionales e internacionales. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud se inducen más de 50 millones de abortos al año en el mundo, de los cuales, por lo menos veinte millones se practican en condiciones de riesgo que llevan a la muerte a miles de mujeres. También ignoran que casi la totalidad de muertes asociadas al aborto inseguro (99 por ciento) ocurre en regiones y países con altos niveles de pobreza y marginación social. De tal forma que la despenalización, en el caso mexicano, representa un avance evidente en materia de justicia social.

La despenalización debe necesariamente correr en paralelo a la implementación de una política pública sobre educación sexual y prevención de embarazos que ha desaparecido de las agendas gubernamentales, en gran parte, por culpa de la Iglesia.

Para la Iglesia católica y para la derecha prácticamente todo es pecado: el condón, el uso de anticonceptivos y la “píldora del día siguiente”. Debido a esta concepción monacal y por fuertes presiones del catolicismo organizado, el país carece de una estrategia de planificación familiar que impida no sólo el crecimiento de la población, sino el nacimiento de hijos no deseados. Según datos de la Secretaría de Salud, más de 695 mil adolescentes mexicanas entre 12 y 19 años han estado embarazadas alguna vez y el 80 por ciento de ellas no deseaba tener un hijo.

La errada participación de las autoridades eclesiásticas, en un tema tan sensible para las clases más necesitadas, ha dejado exhibida a una plutocracia clerical que sólo sabe pensar en sus privilegios personales y se encuentra cada vez más lejos de la credibilidad nacional.

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