Abusos militares y cerrazón gobernante

Editorial

Ayer, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, demandó a las autoridades federales el retiro de las fuerzas armadas de la lucha contra el crimen organizado, tras informar que el organismo que él preside comprobó la participación de elementos del Ejército en actos de graves violaciones a las garantías individuales.

Entre los hechos señalados por Soberanes Fernández destacan los ocurridos en julio del año pasado en Castaños, Coahuila, cuando un grupo de militares irrumpió violentamente en la zona de tolerancia de la comunidad y abusó sexualmente de 14 mujeres; el asesinato de una familia en Sinaloa a manos de soldados que se encontraban bajo efectos de estupefacientes, y diversas vejaciones cometidas por efectivos castrenses en contra de habitantes de los municipios michoacanos de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo, en el contexto de los operativos contra el narco realizados en esa entidad. A la vista de tales hechos, el ombudsman nacional instó al titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, a que “asuma su responsabilidad y ordene el castigo para los militares involucrados”, y reiteró la urgencia de que “el gobierno genere un plan para regresar a los militares a los cuarteles y se deje de exponerlos en misiones para las que no están preparados”. Las declaraciones del titular de la CNDH se dieron en el contexto del informe oficial y las recomendaciones correspondientes que ese organismo presentó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En mayo pasado, tras el listado de quejas que la CNDH recibió por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos militares –muchas de las cuales se confirman con el informe de ayer–, Soberanes se había pronunciado ya por que “el Ejército, lo antes posible, sea sacado de las calles y cumpla exclusivamente su función de defensa de la soberanía nacional”.

Días más tarde, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se sumó a la petición de que las fuerzas armadas no sean empleadas en labores que corresponden a instituciones civiles de seguridad pública –como el combate a la delincuencia– y reiteró la necesidad de fortalecer las corporaciones policiales. En respuesta, Felipe Calderón afirmó que no daría marcha atrás en el uso del Ejército para hacer frente al crimen organizado, y cuestionó a los legisladores opositores si lo que ellos pretendían –con la divulgación del exhorto referido– era un panorama dominado por la delincuencia, lo que constituyó una insinuación inaceptable, que dio cuenta de los rasgos de intolerancia, cerrazón y autoritarismo del titular del Ejecutivo.

Sin embargo, los señalamientos hechos ayer por el ombudsman nacional confirman la improcedencia y los riesgos de desplegar a militares en tareas que corresponden exclusivamente a las autoridades civiles: los elementos castrenses están entrenados para recibir órdenes de sus superiores y no están capacitados para enfrentar un problema tan complejo como el narcotráfico, labor que requiere de conocimientos de ciencia criminalística, investigación y procedimientos de la inteligencia policial. Esta circunstancia no resta culpabilidad a los militares involucrados en los sucesos referidos por Soberanes, pero sí pone de manifiesto que, en última instancia, la responsabilidad recae también en los mandos civiles. Asimismo, queda claro que el actual gobierno federal no sólo carece de estrategia viable en materia de combate a la delincuencia organizada, sino también de una política con respecto a la defensa de las garantías individuales.

Diversas organizaciones internacionales, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han manifestado su preocupación por la cadena de violaciones a los derechos humanos cometidas incluso en las postrimerías del foxismo, pero que no han encontrado solución en lo que va del actual sexenio. Por el contrario, la administración calderonista ha arrancado sin incluir siquiera el tema en la agenda gubernamental y antes bien se ha incurrido en prácticas que generalmente propician el atropello masivo de las garantías individuales, como el referido empleo de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia y la criminalización de la protesta social.

En suma, las demandas de Soberanes deben ser atendidas en forma inmediata por el Ejecutivo federal si lo que se quiere es evitar que los abusos persistan. Felipe Calderón debe entender que su empecinamiento porque el Ejército siga en las calles sólo expone a esa institución al encono popular derivado de los agravios cometidos contra civiles, y al poder de infiltración y soborno de los grupos criminales. En ese sentido, una nueva desatención a las recomendaciones de la CNDH confirmaría la falta de voluntad del gobierno para dar respuesta a los reclamos de una sociedad que quiere seguridad, sí, pero no al costo de quedar atrapada entre la violencia del narco y los abusos del Ejército.