Ser indio es un delito

Gloria Muñoz Ramírez

Dos heridos de bala, seis presos, más de 30 desalojados, amenazas, persecuciones, heridos y desaparecidos, es el saldo de un mes de hostigamiento gubernamental federal y estatal (militar, paramilitar, policiaco y judicial) en las comunidades indígenas de Chiapas, particularmente en las regiones autónomas zapatistas.

En Chiapas sigue siendo un delito ser indio, y más un indio que, zapatista o no, habita en Montes Azules, la región natural más codiciada de todo el país y que, bajo pretextos gubernamentales “conservacionistas”, pretende ser entregada a trasnacionales que ofrecen proyectos de ecoturismo, autopistas, explotación de hidrocarburos y un sinfín de planes (en algunos casos ya cumplidos o encaminados) que están muy lejos del objetivo de preservar la biosfera.

El pasado 18 de agosto se vivió en las comunidades Buen Samaritano y Nuevo San Manuel un verdadero infierno, en el que unos 39 pobladores, entre ellos 26 niños, fueron desalojados con violencia y trasladados en helicópteros a La Trinitaria, donde fueron depositados en un ex prostíbulo, en condiciones insalubres donde rápidamente se propagaron enfermedades.

“Cuando nos subieron al helicóptero, un policía agarró a mi niño de los pelos, le dio una patada en la espalda. Les dije que no lo golpearan porque estaba herido, pero me agarraron y arrastraron en medio del lodazal con todo y niño”, relata una víctima.

En testimonios recogidos por el Servicio Internacional para la Paz (Sipaz), en el ex prostíbulo de La Trinitaria, cerca de un basurero, una señora relata que los policías llegaron con extrema violencia y a la solicitud de explicaciones respondieron con gritos y patadas: “Nos dijeron: ahorita no hay explicación, no discutan más... te venimos a sacar y ya. Vámonos pa’ dentro”.

Los policías armados, vestidos con uniformes de color azul oscuro y negro, entraron a las casas sin mostrar ningún documento, arrojando todo al piso y ordenando a las familias reunirse en un punto de la comunidad, bajo el engaño de que ahí les darían una explicación. La explicación, por supuesto, no llegó, y de los pelos los subieron a los helicópteros. Tampoco les dejaron llevar ninguna de sus pertenencias.

No les dijeron a dónde las llevaban, como tampoco se los dijeron a los seis hombres que primero fueron trasladados a Tuxtla Gutiérrez y después al penal de El Amate (Cereso 14), acusados de daño en propiedad ajena, atentados contra la ecología del estado, despojo, asociación delictuosa y portación de armas de fuego.

Un resumen de la política gubernamental hacia las comunidades indígenas lo ofreció en el operativo una mujer policía: “Nos dijeron que no tenemos derechos, que es el momento del desalojo y ya. No tenemos derecho ni de hablar”. A cualquier pregunta, relatan, la respuesta se acompañó de golpes en la espalda.

“Ya no aguantamos más... todas las noches las pasamos sentadas y los niños llorando bajo la lluvia. Ya no se puede”, grita el grupo de mujeres que aún esta semana se encontraba en La Trinitaria.