El asunto apesta

Carlos Fernández-Vega

Para ser, sin duda alguna, la decisión de mayor trascendencia nacional en las últimas siete décadas y un asunto de innegable seguridad nacional, gobierno federal, partidos políticos y legisladores han tomado con la mayor ligereza el tema de la “reforma” energética y la eventual privatización del petróleo mexicano.

Meses, años de intenso cabildeo y propaganda por parte de los privatizadores (los de antes y los de ahora, que son los mismos); cientos de discursos sobre el advenimiento del caos si el capital privado no le clava los colmillos al petróleo mexicano; zozobra del “barco de gran calado” (Calderón dixit) si esta industria no abre sus puertas a las trasnacionales, etcétera, etcétera, para que a estas alturas oficialmente nadie tenga el diagnóstico que avale tales ominosos signos, carezca de la iniciativa respectiva, fecha en el calendario y “consensos necesarios”.

Los neocientíficos instalados en el gobierno llevan cinco sexenios consecutivos intentando la privatización de la industria energética nacional por la puerta de atrás (muy adelantados van en el sector eléctrico), y ahora aseguran que “no hay diagnóstico” para la “reforma” respectiva, que nadie sabe de qué se trata, pero que “es en 2008 cuando pueden lograrse dos de las reformas tan anheladas por el gobierno”, como anunció el diputado precioso, Emilio Gamboa.

Es el tradicional juego de la bolita, en el que nadie quiera pagar el costo político de la decisión, ni siquiera aquellos que dicen defender la permanencia del petróleo en manos del Estado, porque han decidido “abstenerse de participar en la discusión y negociación de una eventual reforma al sector energético”, como Graco Ramírez entenderá.

Política de corre-ve-y-dile, de decisiones e intercambios cupulares, más de uno y una dicen en público lo que se le ocurre para evadir una respuesta puntual sobre este delicado asunto: que “para febrero próximo se esperan los proyectos de reformas laboral y energética de parte de la Presidencia de la República” (Ruth Zavaleta, PRD); que “en los próximos dos meses se presentará la iniciativa para la reforma energética integral” (Francisco Labastida, PRI); que “Pemex no presentará alguna iniciativa en la materia, pues será el Ejecutivo y la Sener quienes lo hagan” (Jesús Reyes Heroles, gobierno federal); que “existe certeza sobre la necesidad de la reforma, pero carecemos de diagnóstico”, pero “la reforma es para este periodo de sesiones (aunque) no tenemos prisa en ese tema, estamos analizando toda la situación (Germán Martínez Cázares, PAN); que sean “los actores políticos, sociales y económicos del país” quienes analicen “cuál es la mejor reforma energética que conviene a la nación” (Felipe Calderón, inquilino de Los Pinos); que “serán los senadores quienes impulsarán la reforma energética” (Emilio Gamboa, PRI); que “no existe metodología para evaluar sector energético” (Héctor Larios, PAN) y que, en fin, lo único cierto es que el único patrimonio que conservan los mexicanos tras cinco sexenios de desmantelamiento del aparato productivo del Estado está en riesgo.

En este contexto, la “reforma energética integral” va que vuela para ser hija sin padre (ni madre, desde luego), como sucedió con el reciente impuesto especial a las gasolinas, el gasolinazo, del cual todos fueron culpables (aunque la propuesta original provino del inquilino de Los Pinos), pero nadie quiso asumir la paternidad.

Si “no hay diagnóstico” del sector petrolero, como dicen los panistas, ¿con base en qué sostienen que se requiere capital privado en Pemex y que la paraestatal no puede salir del hoyo por sí misma? Si el proyecto de iniciativa de “reforma energética integral” “se presentará en febrero” (Zavaleta) o “en los próximos dos meses” (Labastida), ¿por qué no se conoce su texto, análisis, argumentación y orientación? Si serán “los actores políticos, sociales y económicos del país” quienes analicen “cuál es la mejor reforma energética que conviene a la nación”, ¿por qué no han sido convocados? Si “nadie pretende cambios constitucionales”, ¿para qué la “reforma”? Y, finalmente, si como dice Germancito Martínez “no tenemos prisa en este tema”, ¿por qué la urgencia de presentar, sin “diagnóstico”, una iniciativa que “no existe”, pero que llegará al Congreso en febrero?

El asunto apesta, y como siempre los únicos perjudicados serán los mexicanos.

Las rebanadas del pastel

Si de cara dura se trata, allí está baby Bush en plena celebración porque “la guerra casi está ganada y la economía bajo control”. La primera se ha “vietnamizado” con un costo humano brutal y económico, hasta ayer, cercano a 490 mil millones de dólares (casi la mitad del PIB mexicano), mientras la segunda va que vuela a la recesión. Por algo será que el 70 por ciento de los estadunidenses lo alucinan. ¡Vas bien, Marcelo!: “a partir del predialazo que el gobierno del DF nos quiere encajar y del cuadro publicado ayer en nuestro periódico La Jornada (P.34), comento que soy una persona de más de 57 años, desempleado y cuando “cae algo” por honorarios tendré que pagar el 16.5 por ciento de IETU. Vivo en un terreno de 93 metros cuadrados y 140 de construcción (con más de 30 años de antigüedad) en dos niveles; no contamos con alberca, ni jardín; en la supuesta cochera sólo cabe un VW o un Chevy, si además valoras el siguiente cuadro, podrás junto con otros ciudadanos medir el desmedido aumento en el predial. Ojo, le están haciendo el caldo al PAN, que ya empezó a promocionar amparos. En mi caso dicho mecanismo significa no pagar como 3 mil 200 pesos ¿Cómo ves? Predial pagado por mí: 2005, 139 pesos; 2006, 129 pesos; 2007, 146 pesos y 2008, 3 mil 500 pesos. En el citado cuadro emitido por la Secretaría de Finanzas pasé del rango A uno que va entre la L y M, o sea el inmueble de un valor catastral de 237 mil pesos pasó a otro de entre 3 y 3.7 millones de pesos. ¿O sea que ya soy rico?, con gusto y a ojos cerrados les firmo por dos millones de pesos, con lo cual aseguraré mi vejez” (Simón Hernández, sfreud2005@yahoo.com.mx).