PAN y PRI bloquean el sistema de información estadística

Volvemos a los tiempos del maquillaje de cifras que no gustan al poder: Julio Boltvinik

Aceptaron presiones del Ejecutivo federal para que el nuevo órgano no tenga autonomía

Se ocultarán cifras que servirían para evaluar políticas públicas, como de empleo y pobreza

Roberto González Amador

El esfuerzo por crear por primera vez en el país un sistema nacional de información estadística, está a un paso de ir al cesto de la basura. La posibilidad es planteada por expertos en medición económica y en transparencia. Se refieren a la aprobación, que se dará en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), que modificará el marco legal de lo que hoy ha sido y ha hecho el INEGI.

“Estamos volviendo a los tiempos en que desde la Presidencia de la República se maquillan las estadísticas que no gustan al poder”, sostiene Julio Boltvinik, investigador de El Colegio de México.

Explica que en 2006 fue reformado el artículo 26 de la Constitución para crear el SNIEG. Pero en el proceso para crear la ley que reglamente ese artículo, los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional han maniobrado y aceptado presiones del Ejecutivo, para eliminar toda la autonomía al órgano del Estado que deberá estar encargado de generar las estadísticas nacionales, función que hoy cumple de manera parcial el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

“Se trataba de crear un contrapeso al Ejecutivo, y con el dictamen de ley aprobado –que será discutido a partir del martes próximo– se hace lo contrario”, expone John M. Ackerman, especialista en temas de transparencia e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“El asunto está en que se van a ocultar o manipular estadísticas que servirían para evaluar políticas públicas, como las de empleo, pobreza, etcétera”, menciona por su parte la diputada federal Valentina Batres, quien impulsa la propuesta en el ámbito legislativo.

La ley reglamentaria ya fue aprobada en el Senado. Su tránsito por San Lázaro es uno de los temas que está pendiente para ser abordados por los diputados en el periodo de sesiones que inicia en febrero. En diciembre de 2007, días antes que concluyeran las sesiones ordinarias del Congreso, la junta de coordinación política de la Cámara de Diputados recibió un estudio, que había encargado y pagado con dinero público al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, sobre la constitucionalidad del dictamen de la ley del SNIEG.

Es contundente la respuesta que el Instituto dio al órgano de dirección de la Cámara de Diputados. “Después de un examen minucioso del dictamen, así como de las tesis jurisprudenciales y relevantes aplicables, el IIJ-UNAM ha concluido que existen varios artículos que violan tanto la letra como el espíritu del apartado B del artículo 26 de la Constitución. Se recomienda reformar estos artículos antes de aprobar la nueva ley del SNIEG para asegurar mayor coherencia entre el texto de la reforma constitucional y la ley reglamentaria, y así prevenir la posibilidad de una exitosa acción de inconstitucionalidad o controversia controversial”, señala el documento.

Ese estudio del IIJ, aun cuando fue encargado por la junta de coordinación política de la Cámara de Diputados y concluido el 5 de noviembre de 2007, no ha sido entregado por el órgano colegiado a los legisladores, mencionó la diputada Batres.

Los especialistas y la legisladora consultados sobre el tema destacan la relevancia del asunto que está a discusión. Boltvinik apunta: en 2007, el precio de la tortilla subió 33 por ciento, como todo mundo sabe. En el reporte oficial de inflación del Banco de México, se asegura que el aumento sólo fue de 5.8 por ciento. “Tenemos que según las mediciones oficiales la pobreza disminuye en México, aun cuando no hay crecimiento económico, algo que no tiene sentido; o está el caso de la Secretaría de Hacienda, que se niega a hacer públicos datos puntuales sobre recaudación”. Es el tipo de información que un órgano autónomo del Ejecutivo podría generar sin despertar suspicacia.

Abunda: la delimitación de los distritos electorales se realiza con base en indicadores sobre el número de habitantes, y los censos de población los levanta el INEGI. “¿Alguien puede asegurar que el Distrito Federal, una entidad que hasta ahora ha votado por la izquierda, está realmente bien representada en cuanto al número de sus legisladores?”. Añade: las partidas presupuestales a estados y municipios se asignan básicamente con base en el número de habitantes, que se obtiene de los censos. “¿Se reparten bien los recursos a los estados?”.

La diputada Valentina Batres ofrece un botón de muestra. Según el Consejo Nacional de Población, México tiene 106 millones de habitantes. De acuerdo con el INEGI, la población es de 103 millones de habitantes. “Al gobierno y al PAN les da miedo esta reforma, porque temen que se conozcan los verdaderos datos sobre el empleo, la migración, la pobreza; no quieren ver la verdad porque se demostraría la verdadera dimensión del fracaso de la política económica”.

Ackerman advierte sobre la necesidad de que en un ámbito como el de la generación de estadísticas económicas exista una clara separación de los intereses de instancias políticas y de gobierno.

“El órgano de elaboración de estadísticas debe tener un claro vínculo con la ciudadanía y estar totalmente apartado de los intereses del gobierno y la partidocracia. Eso es lo que logró la reforma constitucional y lo que revierte la ley reglamentaria aprobada por los senadores y a discusión con los diputados”.

Un punto llama su atención. El artículo 47 de la ley reglamentaria, como va a ser votado por los diputados, establece que toda la información estadística que se genere en el ámbito oficial puede ser clasificada como confidencial, sin que los ciudadanos puedan obtenerla, incluso si apelan a la Ley de Transparencia. Otro punto es que el titular del Ejecutivo federal tendría poder para relevar a los integrantes de la junta de gobierno, lo que resta autonomía y garantiza que no se publiquen estadísticas incómodas para el gobierno en turno.