El Justo Reclamo

Los Pinos de Calderon:Vivir en el Miedo.

Sobreprotección presidencial

Daniel Lizárraga

Con un celo poco usual, el Estado Mayor Presidencial está protegiendo al presidente Felipe Calderón. Desde el año pasado se instalaron cámaras de circuito cerrado en Los Pinos y otros nueve edificios públicos para vigilar todos los movimientos de personal. Lo peculiar de esta medida es que se contrataron los servicios de una empresa privada. Pero también se instaló en el conmutador de Los Pinos un aditamento para escuchar todas las conversaciones telefónicas, sin que los interlocutores se den cuenta de ello.En Los Pinos las llamadas telefónicas pueden intervenirse en cualquier momento –incluidas las que se hacen desde la sala de prensa–, y todo movimiento es registrado por 70 cámaras ocultas colocadas estratégicamente.En el segundo año del gobierno calderonista la prioridad es impedir fugas de información y controlar los datos oficiales, sobre todo si se trata de la estrategia contra el narcotráfico.El responsable de controlar este blindaje es el jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), Jesús Castillo García, un general de brigada Diplomado de Estado Mayor. Tal es su esmero que incluso tomó ya medidas poco comunes, entre éstas alejar de los ventanales del salón Adolfo López Mateos que dan hacia los jardines de Los Pinos el estrado que se utiliza durante las ceremonias oficiales. La mayor parte de los actos se organiza en ese sitio.Así mismo, el general Castillo aceptó la contratación de la empresa Seguridad Privada Hospitalaria y Empresarial para que 40 policías privados custodien 10 edificios públicos, incluido el Palacio Nacional. Serán ellos quienes se encarguen de vigilar todos los movimientos: quiénes entran o salen, así como revisar los bultos, portafolios y paquetes que les parezcan sospechosos.Desde antes de que Calderón llegara a Los Pinos, el general Castillo conoció la estrategia para enfrentar al narcotráfico. Incluso ordenó, en noviembre de 2006, la compra de dos camionetas blindadas, tipo Suburban, las cuales fueron importadas de Estados Unidos por la empresa Centigon. Su costo: 1 millón 714 mil 127 pesos por unidad, según consta en copias de las facturas obtenidas por Proceso.Cuando el EMP se mueve para cubrir las espaldas de Calderón renta salones o sitios equipados con computadoras, faxes, teléfonos fijos y satelitales, proyectores e internet. Los gastos son onerosos. En el período que va del 1 de diciembre de 2006 al 30 de junio de 2007, por ejemplo, se gastaron 28 millones 959 mil 190 pesos, incluyendo el pago de hoteles, la alimentación, así como los transportes aéreos y terrestres para las tropas sólo en territorio nacional.En las giras internacionales, el desembolso llegó a 1 millón 153 mil 815 dólares en el mismo período. A estos datos, obtenidos por Proceso mediante la Ley Federal de Transparencia, habrá que sumar los últimos seis meses de 2007 y los primeros días de 2008.El EMP no escatima esfuerzos ni recursos públicos tratándose del mandatario. Mantiene intacto el blindaje sobre los datos oficiales y el control de la información para enfrentar al narcotráfico, sobre todo a Los Zetas, el brazo armado del cártel del Golfo, a quienes el Ejército y la PGR le decomisó lanzacohetes HE 60 milímetros, cuyo alcance es de entre 400 y 600 metros. La potencia de estos artefactos es tal que incluso pueden derribar aeronaves, según un informe publicado por El Universal.Durante su gestión, Calderón ha recibido tres amenazas de muerte por parte del narcotráfico. La PGR sostiene que no abrieron investigaciones y el asunto está en manos de inteligencia militar. Incluso la semana pasada, Presidencia declaró a la reportera Lilia Saúl que esa información era reservada.

El Hermano Mayor

Las empresas Avantel y Axtel instalaron 2 mil 94 aparatos telefónicos en Los Pinos, así como en los edificios administrativos ubicados sobre avenida Constituyentes, Palacio Nacional y en el Hangar Presidencial. Ambas empresas también entregaron celulares a los mandos medios, que éstos comenzaron a utilizar a partir del 1 de enero. Lo singular de estas líneas es que todas pueden ser intervenidas en cualquier momento, incluso las que están colocadas en la sala de prensa de Los Pinos, donde diariamente acuden los reporteros asignados a la fuente presidencial.El control de las llamadas se hace desde el nuevo conmutador de Los Pinos, sin que el usuario pueda percatarse. El contar con este tipo de servicio, técnicamente conocido como barge in / barge out, fue uno de los requisitos que tuvieron que cubrir las empresas participantes en el concurso: Maxcom, Telmex, Alestra y Sixsigma Networks de México, además de Avantel y Axtel.Todas supieron que deberían ofrecer este tipo de intervención, manejada por computadora y de manera discreta. La orden para colgarse de una línea debe darse desde el EMP o bien desde la Oficina de la Presidencia encabezada por Juan Camilo Mouriño. Estos datos están en el contrato, las bases de licitación y en una versión estenográfica de la junta de aclaraciones hecha antes de designar a las compañías ganadoras, las cuales fueron obtenidas mediante un paquete de solicitudes de acceso a la información mediante la Ley de Transparencia.El 10 de julio de 2007, en la sala de licitaciones, ubicada en uno de los edificios administrativos de la Presidencia sobre avenida Constituyentes, se efectuó la junta. De botepronto, el representante de Telmex, Roberto Villeda, preguntó:“Sobre la intervención de llamadas barge in / barge out, solicitamos a la Presidencia nos aclare a qué se refiere con esta facilidad.”Y la respuesta fue: “El representante de la Dirección General de Tecnologías de la Información manifiesta que se refiere a la intervención de llamadas sin ser detectada por el usuario”.El resto de las empresas no repararon en este punto, registrado en la página 38 de las 81 de que consta la versión. Los representantes continuaron lanzado preguntas sobre cuestiones técnicas.En el manual de operación de los nuevos teléfonos fijos entregado a los reporteros se explica, por ejemplo, que se cuentan las llamadas en espera, así como las transferencias, conferencias, buzón de voz, registro de números y “sígueme”, servicio mediante el cual pueden enlazar su número de la sala de prensa a los celulares personales o cualquier otra línea fija fuera de Los Pinos.Ejecutivos de otras empresas especializadas en esta materia que no participaron en la licitación explicaron a Proceso que sobre el barge in / barge out existen dos posibilidades: Una es que el usuario escuche un zumbido al momento de estar hablando, lo que indica que la línea será intervenida; la otra es que se grabe la conversación sin que los interlocutores se enteren. La Presidencia optó por la segunda.La experiencia sobre este tema dentro del EMP tiene un sabor amargo, ya que durante el sexenio de Fox tuvieron que enterarse por la agencia antidrogas estadunidense, la DEA, que el excoordinador de giras Nahúm Acosta Lugo presuntamente estaba filtrando información confidencial sobre los movimientos del mandatario a miembros del cártel de Sinaloa, concretamente a los capos Héctor Alfredo y Marco Arturo Beltrán Leyva.En el libro Narcotráfico, el gran desafío de Calderón, escrito por el reportero de Proceso Alejandro Gutiérrez, se describe que dos testigos protegidos por la DEA fueron quienes alertaron a la Presidencia sobre la filtración de información al cártel de Sinaloa desde la misma residencia de Los Pinos.Al momento de ser detenido, lo primero que Nahúm Acosta entregó al procurador Rafael Macedo y al entonces jefe de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, fue su teléfono celular.“Seis meses antes, en septiembre de 2004, la DEA prendió su foco de alerta al descubrir que del teléfono que tenía intervenido, propiedad de Héctor Beltrán Leyva, salían llamadas a la casa número uno de México. La agencia estadunidense tenía al menos una llamada de Héctor Beltrán Leyva a Nahúm Acosta”, asegura Gutiérrez en el libro citado.Y agrega: “Los dos testigos protegidos de esta investigación fueron José Martínez Pérez –exaliado del capo Armando Valencia, cuyo seudónimo es José Rodríguez– y Marcelo Peña García, alias Julio, cuñado de El Chapo Guzmán”.El contrato firmado por Avantel y Axtel fue por tres años y tendrá un costo para el erario de 92 millones 747 mil 919 pesos.
Ojos indiscretos

Sea en la hondonada de Los Pinos –donde recientemente Calderón rompió piñatas con niños de casas hogar–, o en la escalinata de la casa Miguel Alemán –sitio en el cual recibió el viernes 11 al equipo de futbol Atlante–, las 70 cámaras de televisión controladas por el EMP son difíciles de detectar a simple vista.Lo mismo sucede dentro del salón Adolfo López Mateos y el camino que va de la puerta uno a la pluma donde entran los autos, pues los indiscretos artefactos están colocados en las copas de los árboles. Tampoco pueden observarse dentro de la sala de prensa. Pero ahí están, colocados para registrar cualquier movimiento, según consta en el contrato firmado con la empresa Security Network Systems por 20 millones 690 mil 931 pesos.El 22 de marzo de 2007, Proceso solicitó a la Presidencia una copia del acuerdo con esa compañía, cuyo domicilio está en Monterrey, Nuevo León, tras detectar en el portal de compras oficial, Compranet, que existía ese contrato. El EMP se negó, argumentando que se trataba de un asunto de seguridad. No obstante, los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) determinaron que la solicitud era válida puesto que no se pedía la ubicación de las cámaras ni que se revelaran las estrategias para cuidar al presidente.Al estar de por medio el uso de recursos públicos, el contrato tuvo que abrirse. Sin embargo, el litigio se prolongó hasta el 9 de agosto de 2007. Las cámaras –de dos modelos diferentes, con micrófonos incluidos– están funcionando desde la última semana de diciembre de 2006, poco después de que arrancaran los operativos especiales contra el narcotráfico en Michoacán, Tijuana y Guerrero.Security Network Systems fue obligada por el EMP a firmar un acuerdo de confidencialidad sobre la información clasificada y de seguridad nacional a la que tendrían acceso sus técnicos al instalar los equipos.A regañadientes, los altos mandos del EMP entregaron la información solicitada por este semanario, pero mantuvieron firme su postura en el sentido de que este sistema de vigilancia no fue utilizado para registrar actividades relacionadas con la seguridad de Calderón o el robo de información confidencial.La Presidencia rechazó, por ejemplo, haber grabado el último encuentro en Los Pinos entre Calderón y el expresidente Fox, efectuado el 12 de marzo de 2007. De igual forma, arguyó que no cuenta con una lista de los actos potencialmente registrados, según consta en las respuestas entregadas a este reportero.El EMP destacó que las cámaras sólo están ahí para labores de vigilancia.

Seguridad al extremo

La empresa Seguridad Privada y Hospitalaria, registrada en la Ciudad de México desde 1997, propiedad de Leticia Angélica Foullan Gómez y Mónica Zamora Castillo, según el Registro Público de la Propiedad, fue la ganadora de una inédita licitación lanzada el 2 de marzo de 2007 para resguardar los 10 edificios de la Presidencia, incluido el Palacio Nacional.En las bases del concurso y en el contrato –conseguido también con base en la Ley de Transparencia– consta que 40 policías privados vigilan las 24 horas del día las instalaciones presidenciales y utilizan equipo y tecnología moderna, amén de contar con vehículos equipados con aparatos de radiocomunicación.El 11 de marzo de 2007, Proceso publicó que, desde las bases de la licitación quedó establecido que la empresa ganadora tendría que probar su capacidad para impedir el robo de información, expedientes y archivos. En el anexo 1 de la licitación se detalló:“Sin excepción se revisarán portafolios, mochilas, maletas, paquetes, bultos y bolsas, con el objeto de que no salgan materiales de la Presidencia o entren artefactos peligrosos.”Antes de que concluyera el primer semestre de ese año, Seguridad Privada y Hospitalaria ganó el concurso al ofrecer una cobertura en los términos exigidos por la Presidencia por un costo de 5 millones 151 mil 705 pesos.Esta empresa contaba ya con una serie de contratos con el gobierno del Estado de México, así como en delegaciones del ISSSTE, en la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco), en el Instituto Mexicano del Transporte y en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.Aun con esta experiencia a cuestas, la empresa tuvo que garantizar que sus policías contaban con la capacidad para supervisar al personal de la Presidencia en caso de detectar algo extraño en los movimientos de los empleados de esa dependencia.Las labores de esta compañía consisten en un despliegue de 40 elementos en turnos de 24 horas entrenados para enfrentar cualquier emergencia sin utilizar armas de fuego.Entre las oficinas custodiadas se encuentran los inmuebles de avenida constituyentes 161, colonia San Miguel Chapultepec, donde estuvieron las oficinas de Marta Sahagún; el de avenida Constituyentes 750, en la Tercera Sección de Chapultepec, edificio que aloja también las oficinas de Hacienda, así como los ubicados en el primer cuadro de la Ciudad de México.La lista de los 10 edificios con vigilancia privada coincide con los sitios en los cuales se colocaron los teléfonos fijos que pueden ser intervenidos por el Estado Mayor Presidencial.La responsable de esta licitación fue Patricia Flores Elizondo, coordinadora general de administración, quien trabajó como secretaria general de la Cámara de Diputados cuando Calderón era coordinador de la bancada del PAN, durante el primer trienio foxista.El jefe inmediato de Patricia Flores es Juan Camilo Mouriño, titular de la Oficina de la Presidencia, quien en los hechos se desempeña como vicepresidente.La intercepción de llamadas, las cámaras de televisión, la vigilancia privada y del derroche de recursos públicos forman parte del blindaje en Los Pinos, que se ha transformado en una fortaleza para impedir fugas de información.El jefe del EMP, el general Jesús Castillo, sabe de las amenazas de muerte contra Calderón, como la encontrada en las instalaciones policiacas de Acapulco, Guerrero, tras un ataque perpetrado por Los Zetas. l