El Justo Reclamo

Brasil: La tarjeta de crédito de Lula

Luiz Inacio Lula Da Silva

Foto: benjamín flores

pablo giuliano

Sao Paulo (apro).- La revelación de los gastos con las tarjetas de crédito corporativas del gobierno de Brasil ha provocado un nuevo escándalo por presunta corrupción que salpica al presidente Luiz Inacio Lula da Silva.De hecho, legisladores del oficialismo y de la oposición acordaron crear una comisión parlamentaria que investigue los gastos de Lula desde su primera asunción, el 1 de enero de 2003, y del segundo gobierno de Fernando Henrique Cardoso, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) que transcurrió desde el 1 de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2002.Sin embargo, fuera de la investigación quedarán los gastos de las familias de ambos presidentes, según anunciaron los legisladores después que el líder del gobierno en el Senado, Romero Jucá, y el diputado opositor Carlos Sampaio, del PSDB, lograron un acuerdo para realizar dicha investigación.
Gastos personales
El caso que detonó la investigación parlamentaria, y que sacudió el ambiente político después de las fiestas de Carnaval, fue el de la ministra de Igualdad Racial, Matilde Ribeiro, que había realizado una compra personal de 250 dólares en un duty free de un aeropuerto con la tarjeta corporativa del gobierno, con la que además gastó 50 mil dólares durante 2007 en alquiler de automóviles durante sus viajes oficiales y personales.Arrinconada por el escándalo, la funcionaria renunció en un intento por bajar la tensión política y alejar al presidente de eventuales sospechas. Su estrategia resultó fallida, por lo que se vio obligada a admitir públicamente su error, atribuyendo el mismo a la falta de estructura de su ministerio, creado directamente por Lula. En su defensa, la ahora exfuncionaria denunció “cierto prejuicio” en su contra.Igualdad Racial es el nombre del ministerio creado por Lula y a cargo de su partido, el de los Trabajadores, que busca lanzar iniciativas a favor de la población negra e indígena brasileña.Los datos de los gastos de la exministra y del resto de los funcionarios están expuestos ante la mirada pública en el Portal de la Transparencia del gobierno. Entre ellos, figuran también gastos personales con las tarjetas de crédito de la administración otorgadas a los guardaespaldas de Lula y de su familia. Por ejemplo, uno de los guardaespaldas presidenciales utilizó la tarjeta de crédito para pagar el arreglo de una mesa de billar, que suele ser utilizada por los empleados de mantenimiento del Ministerio de Comunicaciones.Otras de las compras registradas y objetadas por la oposición fueron responsabilidad de la custodia de una de la hija del presidente, Lurian Cordero Lula da Silva, quien vive en el paraíso turístico de Florianópolis, capital del estado de Santa Catarina, al sur de Brasil.El jefe de la custodia personal de la mujer, Joao Roberto Fernandes Junior, gastó unos 30 mil dólares en los últimos nueve meses utilizando una tarjeta de crédito gubernamental en tiendas de materiales para la construcción, de repuestos de automóviles, supermercados, librerías y en gasolina y municiones.Los gastos son en apariencia pequeños, pero no aislados. Durante el año pasado la gestión Lula duplicó las erogaciones por medio de las tarjetas corporativas. Los 11 mil 150 funcionarios públicos, entre ellos ministros, poseedores de tarjetas de crédito del gobierno, a nombre del estatal Banco do Brasil, gastaron 44 millones de dólares, el doble que lo gastado en 2006, según informó la Controlaría General de la Unión (CGU), principal órgano fiscalizador del Estado.“El caso es tratado en forma errónea. Es una crisis artificial. Los gastos fueron bien realizados en forma general y con abusos. Lo aún inexplicable es que el gobierno no pueda revelar, por razones de seguridad nacional, los gastos corrientes de la presidencia”, dijo a Apro Walter Abramo, director de la organización no gubernamental Transparencia Brasil.En realidad, los gastos corrientes de la presidencia fueron revelados por el Sistema Integrado de Administración Financiera del propio gobierno, aunque no en detalle. Diez empleados que trabajan para el presidente Lula y su esposa, Marisa Leticia Rocco, gastaron desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de enero pasado unos 2 millones 500 mil dólares en gastos corrientes. La mayoría de las operaciones fueron retiros de dinero en efectivo de cajeros automáticos.“Todos los gastos de la presidencia serán conocidos, pero no necesariamente cotejado lo que gastó o no el presidente y su familia”, dijo el diputado Sampaio.El jefe de asesores de Lula, Gilberto Carvalho, defendió la norma de no divulgar los gastos corrientes de la presidencia en forma detallada. “Entonces habría que publicar todo eso si alguien quiere saber dónde los palacios compran carne, para hacer algún atentado o cosa parecida”, argumentó después que se hizo pública a la lista de gastos realizada por los encargados de proveer servicios de comida, supermercado, limpieza y vestimenta al matrimonio presidencial.
“Conducta generalizada”
Para los analistas este caso está lejos de provocar una crisis en el gobierno, como la que ocurrió 2005, cuando se reveló una cadena de financiamiento ilegal de las campañas electorales de los aliados en el Congreso del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.En aquel año, el Tribunal Superior Electoral acusó a José Dirceu, ministro jefe de la Casa Civil –responsable de la coordinación política del gobierno-- de ser el ideólogo de esa red de financiamiento ilegal. Diceu renunció a su cargo en julio de 2005 y la bancada de su partido lo expulsó bajo acusaciones de corrupción.