El Justo Reclamo

González Parás, récord nacional en veto de leyes

luciano campos garza

Monterrey, N.L., 25 de febrero (apro).- El gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, es el mandatario estatal que más leyes locales ha vetado al Congreso de su estado. Con su rechazo a la Ley de la Familia marcó un récord nacional.En los últimos dos años, González Parás ha regresado al Congreso local 15 leyes y reformas previamente aprobadas por la mayoría panista.Por el contrario, desde que fue promulgada la Constitución en 1917, los presidentes de la República han vetado 14 leyes o decretos. El último fue Vicente Fox, quien en el 2001 regresó al Congreso de la Unión la Ley de Desarrollo Rural.En la presente legislatura, que entró en funciones en el 2006, se han aprobado poco más de 100 modificaciones a ordenamientos legales de Nuevo León como reformas a leyes, a la Constitución del estado, y a diferentes códigos.Las “observaciones” –con las que justifica el veto-- han provocado una parálisis legislativa que impide el avance del estado, afirma el diputado del PAN, José Manuel Guajardo Canales, quien considera que González Parás veta las leyes aprobadas por el Congreso del estado porque no sabe gobernar con una mayoría que no es de su partido.Sin embargo, para el coordinador de la fracción del PRI en el Congreso del estado, Ildefonso Guajardo, lo que ha hecho González Parás es frenar los intentos de la mayoría panista por restarle atribuciones al Poder Ejecutivo. “El PAN se está aferrando a una necedad legislativa que no le conviene a nadie. Buscando acotar el poder del Ejecutivo, se ha metido en propuestas tan inútiles como desgastantes (sic)”.Héctor Gutiérrez de la Garza, jefe de la oficina del gobierno estatal, coincide con la postura del líder de los diputados priistas. Explica que el grupo legislativo del PAN ha buscado acotar el poder del Ejecutivo en por lo menos seis de las leyes que merecieron observaciones.“En seis de esas propuestas se busca disminuir las atribuciones del Ejecutivo relativas al manejo autónomo de los organismos descentralizados, situación que no ocurre en el gobierno federal”, afirma.Ante la que llama cerrazón del gobernador, el PAN planea llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional para que se dirima quién tiene la razón en este atolladero legislativo.

Conviviendo con el enemigo

Hasta antes del 2006, el PRI mantuvo el control del Congreso del estado. Su mayoría legislativa le permitió aprobar leyes que nunca fueron vetadas por el gobernador en turno.El 3 de abril de 2004, González Parás regresó al Congreso del estado las reformas al Código Penal del estado, aprobadas el 26 de marzo del mismo año por la mayoría priista, debido a que, según argumentó entonces, “detectó la necesidad de precisar algunas expresiones de la normatividad aprobada”. Su propuesta fue aceptada de inmediato.Con el cambio de legislatura, en el 2006, el panorama cambió para el mandatario. De los 42 diputados que conforman el Congreso local, 22 son panistas y 15 priistas; dos del PT; dos del Panal y uno del PRD.Para contestar a un veto, el pleno del Congreso debe de acreditar la aprobación de una mayoría calificada de dos terceras partes, es decir, 28 diputados. Como ninguna fracción reúne esa cantidad, las iniciativas están condenadas al archivo.Con esta nueva configuración, González Parás debió de acostumbrarse a convivir con un Congreso que empezó a impugnarle prácticamente todo; pero el gobernador no se dejó presionar.Amparado en el artículo 71 de la Constitución Política de Nuevo León, que le da derecho de veto, en diciembre de 2006, apenas un mes después de que los diputados se sentaran en sus curules, el gobernador envió a la “congeladora” seis reformas aprobadas por el legislativo:La reforma al Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos; Ley de Fomento al Empleo; la reforma a varios artículos de la Ley que crea el Instituto del Agua, a la del Instituto del Control Vehiculary a la de la Red Estatal de Autopistas; así como la reforma a La ley que crea el organismo público Parque Fundidora.Las últimas cinco fueron rechazadas el mismo día, 28 de diciembre. Y los desencuentros siguieron. González Parás se abstuvo de publicar en el periódico oficial, entre mayo y diciembre del año pasado las reformas de las leyes para crear el organismo Parques y Vida Silvestre, y la Institución de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.También vetó la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres de Nuevo león; reformas a la Ley de Fomento a las Actividades Agropecuarias del estado; reformas a los artículos 41 y 157 del Código Fiscal de Nuevo León y la polémica Ley de la Familia de Nuevo León.De las anteriores, dos fueron debidamente aprobadas luego de que el Ejecutivo presentara observaciones: ambas relacionadas con la Ordenamiento Territorial de Asentamientos Humanos.Cuando los vetos generaron crispación entre el gobierno y el Congreso, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo García Maldonado, aprovechó el IV Informe de Gobierno para exhortar a las partes a buscar entendimientos con el fin de que el estado avanzara.“El hecho de que hayamos recibido diez observaciones a reformas de ley, nos reta a destrabar desacuerdos para no caer en la parálisis legislativa ni detener la marcha del gobierno. (…) No se trata de sabes si los vetos son un exceso del gobernador, ni saber quién se cansa, sino de cumplir nuestra tarea legislativa”, señaló el diputado; pero no hubo respuesta a su petición.El veto a la Ley de la Familia provocó la indignación del grupo parlamentario del PAN. El 22 de diciembre a las 4:00 horas, la iniciativa panista fue aprobada; 12 horas después, a las cuatro de la de la tarde, el gobernador la vetó.El diputado Gregorio Hurtado se lanzó en contra del mandatario. Amenazó con demandarlo porque, consideró, al buscar que la ley quedara a su modo, invadía las funciones del Congreso, buscando convertirse en legislador.Los panistas amenazaron con presentar una controversia constitucional para que la Suprema Corte dirima si el gobernador actuó dentro del marco legal.La Ley de la Familia contempla, entre otros asuntos, la creación de un Instituto Estatal de la Familia, y define al núcleo familiar como el que está conformado por papá, mamá e hijos, lo que provocó el rechazo de “parejas mono y homoparentales”.Guajardo Canales observa: “Aceptamos que el gobernador vete, porque está en su derecho, pero nos damos cuenta de que la mayoría de los vetos se dan por razones políticas y no jurídicas. Por ejemplo, en el veto a Desarrollo Urbano, el gobernador nos dice que está de acuerdo con el espíritu de la Ley, pero que posteriormente va a hacer una reforma integral.“Esa no es una observación, porque no hay un respeto al Congreso. Él dice: ‘yo soy aquí el que manda y me voy a imponer’. Y ese ha sido el principal problema. Estamos de acuerdo en que el veto esté consagrado en la Constitución, pero queremos que este se ejerza con responsabilidad. Lo malo es que no hay un mecanismo certero para combatir el veto porque no hay un medio legal que pueda el congreso usar en su contra”, explica.Por su parte, Gutiérrez de la Garza, jefe de la oficina del gobierno estatal, destaca la “cerrazón” del PAN y recuerda que el Ejecutivo también forma parte del proceso legislativo, por lo que no debe de pedírsele que sea ajeno a la creación de leyes en la entidad.“El Ejecutivo interviene tanto con derecho de iniciativa, que en Nuevo León es una iniciativa popular, que no existe a nivel federal, como en la promulgación y publicación del decreto correspondiente. El ejecutivo federal o estatal es parte del proceso legislativo.“Aquí no hay parálisis legislativa. Existen posiciones a veces distintas con el Congreso del estado, pero hay materias como la de seguridad, en la que han avanzado un sinnúmero de reformas tanto en materias de procuración como impartición de justicia, o en justicia familiar o en fomento al empelo, o en muchas otras”, ejemplifica.Ildefonso Guajardo llama a la clase política a no escandalizarse por los vetos, pues son una consecuencia natural de la composición de un Congreso de mayoría diferente a la del gobernador y al desorden interno que tiene Acción Nacional en Nuevo León.“El PAN en Nuevo León actualmente está conformado por una serie de grupos que están enfrentados entre sí y que tienen que guardar equilibrios. Eso los lleva a procesar necedades legislativas que están destinadas a ser vetadas, porque de otra manera representarían retrocesos en el marco legislativo de Nuevo León”, concluye.